Los/as abajo firmantes, organizaciones sociales, intelectuales, académicos/as, militantes, activistas, defensores/as de los DDHH, feministas, profesionales, miembros de la sociedad civil, organizaciones políticas, solicitamos al gobierno argentino presidido por Alberto Fernández la no realización de negociaciones comerciales con el Estado paraguayo hasta tanto se proceda con el esclarecimiento del crimen perpetrado por las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de las niñas argentinas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, de tan solo 11 años de edad, en Yby Yaú, Concepción, Paraguay, el pasado 2 de septiembre de 2020, aparezca con vida ya Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años de edad, desaparecida desde el 30 de noviembre.
En esa misma dirección, se requiere el cese inmediato de la persecución a la familia Villalba, que tiene en este momento a Laura Villalba, madre de una de las niñas masacradas, detenida ilegalmente en la cárcel militar de Viñas Cué. Tanto Carmen Elizabeth como Laura son testigos de la captura de las niñas en Yby Yau el 2 de septiembre. Por lo tanto, el apresamiento de una y la desaparición de la otra están íntimamente relacionados con la voluntad del Estado terrorista de Paraguay de borrar las pruebas y disciplinar con saña a los familiares frente a un hecho que es de conocimiento internacional.
Laura, María Carmen, Lilian Mariana y Carmen Elizabeth se encontraban residiendo en la localidad misionera de Puerto Rico (Argentina) y estaban en Paraguay en situación de varadas por la pandemia del COVID 19. El Estado paraguayo tenía la obligación de protegerlas y de regresarlas sanas. Por el contrario, las fuerzas represivas de ese país violentaron sus vidas celebrando el operativo en términos de exitoso por el mismo presidente de la Nación, Mario Abdo Benítez.
Los cuerpos de las niñas no fueron sometidos a autopsia y fueron rápidamente enterrados, divulgándose desde las fuentes oficiales información falsa acerca de la edad y las condiciones en las que se encontraban las niñas al momento de ser asesinadas. Las supuestas ropas que llevaban las niñas fueron incineradas como operativo preventivo del COVID 19, hecho que carece de sustento y de sentido. La segunda autopsia que se realizó por presión de la sociedad civil determinó la edad de las niñas y sumó más confusión a la forma en las que fueron ejecutadas, por lo que entendemos que sigue siendo necesaria una investigación imparcial que determine lo sucedido y que permita avanzar en un proceso de reparación y justicia. Aunque el gobierno paraguayo supuestamente ha respondido afirmativamente al pedido de investigación realizado por el Estado argentino, nada ha hecho en esa dirección y por el contrario le ha retirado su apoyo a la ONU frente a su pronunciamiento por este caso, ha perseguido a los manifestantes que reclaman por justicia, ha criminalizado a los/as niños/as, adolescentes y a las comunidades indígenas de la región, ha responsabilizado a la familia de las víctimas como también a los/as parientes que sufren una tenaz persecución, ha fomentado hipótesis descabelladas sobre la Argentina como lugar de “guardería de guerrilleros”, ha querido prohibir la difusión de información sobre las niñas asesinadas pretendiendo con ello ocultar el hecho de que #eranniñas y llevar el caso al olvido, ha continuado con su política de militarización de la región del norte del país. Por si todo esto fuera poco, observamos también una intención -reforzada por los medios hegemónicos de comunicación y las redes sociales- de negar la nacionalidad argentina de las niñas María Carmen y Lilian Mariana, para retirar la incidencia al Estado argentino, lo cual nos preocupa doblemente: primero, porque se pretende despojarnos de la herramienta del derecho internacional; segundo, porque de esa manera el Estado paraguayo demuestra que se arroga la facultad de asesinar a niñas sí así lo desea.
El Estado paraguayo tiene un historial de atropellos que se hacen constar con 6 sentencias de la CIDH, de las que solo ha cumplido parcialmente con una de ellas, por lo que hablamos de un violador serial de los derechos humanos. Bajo ningún punto de vista podemos confiarle el esclarecimiento de la masacre de nuestras niñas a quien las asesinó. Tal es la impunidad, que por semejante atropello no hay ninguna persona imputada, investigada o detenida, como sí sucede con las personas que participaron de las protestas en las que se reclamaron justicia por las niñas, para lo cual hay citaciones, detenciones y pedidos de captura internacional. Estos hechos recientes contrastados dan cuenta no solo de un ensañamiento desproporcional sino también de la dirección que asume el poder judicial paraguayo.
Si el Estado argentino está comprometido con la defensa de los derechos humanos, de ningún modo puede hacer caso omiso a tamaño atropello que arremete con fuerza sobre el cuerpo de las niñas, las mujeres y los/las luchadores sociales. Es por ello que mediante esta carta exhortamos al gobierno argentino que: Exija al gobierno paraguayo que autorice el ingreso inmediato del Equipo Argentino de Antropología Forense para la realización de la autopsia en el marco de una investigación imparcial que pueda garantizar justicia para las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba.
Exija al gobierno paraguayo la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años de edad, desaparecida desde el 30 de noviembre de 2020. Exija al gobierno paraguayo la inmediata liberación de Laura Villalba, quien se encuentra presa ilegalmente en una prisión militar, probablemente sometida a torturas.
Otorgue refugio político para la familia Villalba que se encuentra en Argentina, constantemente acechada y criminalizada por el gobierno paraguayo. Estamos convencidos/as que no se puede hacer negocios con un Estado infanticida comandado por Mario Abdo Benítez, heredero directo de la dictadura de Stroessner.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, saludamos a usted atentamente.
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