En una resolución dictada este 16 de octubre de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal otorgó una descarada bocanada de aire al Poder Ejecutivo.

Los camaristas hicieron lugar a un recurso de queja presentado por el Ministerio de Capital Humano, concediendo con efecto suspensivo la apelación contra las sanciones conminatorias que pesaban sobre la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida deja en pausa el contador económico que había ejecutado el juez de primera instancia, Martín Cormick, quien intimó a Diego Santilli con una multa diaria de cien mil pesos por la desobediencia sistemática ante las cautelares firmes que exigen la actualización presupuestaria para la educación superior.

Para fundar este salvavidas judicial, la alzada recurrió al trillado argumento de evitar un presunto gravamen irreparable al Estado. Sin embargo, los propios magistrados debieron asentar en el fallo que su resolución no implica dar por cumplida la medida cautelar ni avalar la conducta del Ejecutivo.

En los hechos, se trata de una maniobra dilatoria y servil que busca aplacar la indignación popular mientras la sociedad civil se moviliza masivamente. Al parecer, el poder político y sobre todo el Poder Ejecutivo nunca debe dejar de contar con aliados en el Poder Judicial, de esos agradecidos por los beneficios de pertenecerle.

Duró poco la severidad del fallo original. Habrá que ver si aquí terminaron los problemas para el Gobierno, porque si continúa sin cumplir la ley, que se olvide: no le quedan más chances ni atajos procesales que efectivizar lo adeudado de forma tan miserable por Milei y su caterva.

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Introducción a la Emisión #120

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la centésima vigésima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 13 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

Mientras el Primer Magistrado de la República prefiere profugarse a los Estados Unidos para sacarse fotos de utilería, la realidad institucional de la Argentina estalla en su propio frente interno.

La Quinta Marcha Federal Universitaria desbordó las calles y plazas de todo el país, pero el verdadero masaso no vino solo del asfalto: el fuero Contencioso Administrativo Federal le puso nombre, apellido y un contador en efectivo a la desobediencia oficial.

Al gobierno del veto y el decreto permanente se le acaba el margen: cuando la ley se pisa, el costo se vuelve patrimonial y la resistencia popular se transforma en un mandato histórico.

Cuando un operador paraestatal se filmó desde las entrañas del Palacio de Itamaraty rompiendo un decreto argentino, no ejecutaba una simple patotería de redes: activaba el código rojo de Planalto para tapar las derrotas del régimen brasileño.

Entre la frustración de perder la paternidad futbolística en el propio Maracaná y la complicidad logística con la ocupación británica en las Islas Malvinas, el aparato de Lula da Silva envía a sus mercenarios digitales a sembrar odio antiargentino.

Frente al acoso sistemático y la agitación paraestatal, el Estado argentino responde con el circo de la deportación y un decreto inconstitucional que atenta contra las libertades individuales.

Ni la diplomacia de salón ni el show del garrote libertario van a tapar la matriz patriarcal y colonial de una misma cloaca política.

Pasen y vean que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exfuncionario Manuel Adorni (en la que se investiga un bache millonario entre ingresos y gastos que supera holgadamente los 43 millones de pesos, además de cientos de miles de dólares sin justificación clara) sumó un nuevo capítulo al catálogo de las grandes comedias burocráticas de los tribunales federales.

Todo el arco informativo y la opinión pública tenían marcada a fuego una fecha en el calendario: el 16 de septiembre. Era el supuesto día clave en el que el exjefe de Gabinete debía dar la cara y presentar el descargo exigido por el fiscal Gerardo Pollicita.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos judicial, el vencimiento mutó mágicamente hacia adelante y se estiró hasta el 22 de septiembre.

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