En un país en el que la Pandemia dejá a miles de personas al borde de a desesperación, a merced de un empresariado genocida y sin posibilidades nos enteramos que el el Estado tiene una Secretaría de Derechos Humanos, pero no para ocuparse de esos temas, si no para defender corruptos y pedirles prision domiciliaria. Aparte de parecernos una tomadura una Secretaría de Estado de Derechos Humanos, ya que es es Estado el principal violador de esos derechos. Aún así podría ser también un espacio donde reclamar, aunque ese rol lo cumpliría la Defensoría del Pueblo de la Nación. Lo cierto es que ante los avances sobre las garantías individuales, los despidos y suspensiones y las practicas abusivas de unas empoderadas tropas federales, esa Secretaría está muda.
La Secretaría funciona en le predio de los que fuera la ESMA, donde hoy los militares en vez de usarla como campo de concentración la usarán como factoría y logística para atender la fabricación de barbijos. No se los ve a la gente de la Secretaría muy activos ante los atropellos del Estado en medio de la Pandemia y sí se los ve muy atentos a lo que los poderes judiciales hagan para salir a hacer control de daños y defender a los privilegiados y presos por corrupción. Las cárceles están atestadas de personas que también están dentro de grupos de riesgo y ya hay en ellas casos de Coronavirus y aún esta gente no se ha expedido sobre ellos tan decididamente como con el caso del corrupto Ricardo Jaime, uno de los responsables de la Tragedia de Once y cuyo prontuario frondoso prontuario en materia de recepción de dádivas completan un panorama siniestro.
Según consta en el Comunicado de la Secretaría, ellos no actuaron de oficio cuando utilizaron el amicus curiae para solicitar las excarcelación de Jaime. Y explican extensamente los pormenores de por que salieron a defender a liberación de Jaime, si no que fue por pedido de la misma defensa. Alegan muchas cosas, en forma muy poco creíble. Dicen allí mismo que la Secretaría ha actuado a pedido de partes en otros casos, pero lo más llamativo es cuando cierra con responder ante una amenaza al Estado Argentino por parte de la CIDH. Rezan en el texto: “Es por eso que cada presentación realizada –incluida la del Sr. Jaime- es elaborada señalando antecedentes de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina por casos similares, para evitar que el Estado sea sancionado nuevamente.” Y sí, por si fuera poco nos enrostran que su defensa es por la seguridad del Estado ante la “presión” de la CIDH. Suena parecido a la dictadura resistiendo los informes y poniendo calcomanías en todos los autos que decían “los argentinos somos derechos y humanos”. ¿Estarán justificando que los represores consiguen prisión domiciliaria? No tenemos pruebas de ello, pero algunas palabras del comunicado van en ese rumbo.
En cuanto a la política de control de daños de esta Secretaría podemos citar el caso de Chubut, provincia gobernada por el desfachatado e incumplidor serial de Mariano Arcioni. Allí este señor se da el gusto de hacer lo que sea, antes de imponer un virtual toque de queda que rigió desde el 24 de marzo. La Secretaría, tomando como excepción lo ocurrido en Chubut y haciendo caso omiso a los reclamos por las condiciones carcelarias de la vida dentro y fuera de los penales en el resto del país, decidió avalar un habeas corpus colectivo ante la Justicia provincial, según cuenta Página/12. Estuvieron en silencio ante los sucesivos incumplimientos en los pagos de salarios, pero la olla estaba por estallar y ellos se encargaron de darle oxígeno al Gobierno de Arcioni en donde el Frente de Todos puso como Ministro de Gobierno y Justicia a José María Grazzini quien el año pasado logró aprobar el proyecto contra el uso de Glifosato en toda la Provincia que fuera seguido por este canal. Alegan como siempre que no son lo mismo, pero vaya que sí lo son.
Si bien debe usarse a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como instrumento de denuncia contra el abuso institucional no debemos albergar muchas esperanzas, ya que sabemos que la misma siempre tomará el supremo interés del Gobierno por encima del interés del Pueblo cuyos derechos dice proteger.
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