Este movimiento táctico evoca antecedentes directos donde la Causa Malvinas es agitada coyunturalmente para luego diluirse en función de acuerdos corporativos o diplomáticos de mayor jerarquía para las potencias. La utilización de un tema tan sensible para el pueblo argentino como un “aviso” o “correo de presión” demuestra una instrumentalización utilitaria:
Presión y Extorsión: Se mercantiliza una causa de descolonización para disciplinar a un socio estratégico (el Reino Unido) en disputas presupuestarias y militares globales.
Falsas Expectativas: En la región, sectores diplomáticos y gubernamentales suelen tomar estas advertencias con extrema cautela (e incluso escepticismo), entendiendo que forman parte de fricciones internas del bloque occidental y de pujas de poder, más que de un cambio genuino en la doctrina de la diplomacia de Estados Unidos hacia el Atlántico Sur.
Un Gobierno que solamente respeta a los que tienen más Poder
En este bloque trataremos lo que ultimamente y sin tapujo alguno está siendo la política de Estado del Presidente Javier Milei, culpabilizando a los que menos tienen de los problemas del país, sirviendo y respetando de solemnidad manifiesta a los más poderosos.
El gobierno de Javier Milei atribuye la caída de la natalidad en Argentina a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ignorando que las estadísticas oficiales muestran un descenso sostenido desde 2014.
Mientras el oficialismo intensifica el control punitivo sobre los cuerpos para forzar nacimientos, desmantela simultáneamente los mecanismos de sostén a la niñez y la salud pública.
Esta contradicción transforma la crianza en un privilegio de clase: al eliminar la asistencia social y privatizar los costos de vida, el modelo empuja a los hogares a absorber el ajuste en solitario, saboteando en la práctica el propio objetivo demográfico del gobierno.
La casta no se destierra; se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas. Mientras el discurso oficial agita banderas de austeridad y motosierra, la realidad es otra: una geografía secreta donde las leyes de la física fiscal se anulan para beneficiar a los mismos de siempre.
Desnudaremos la doble cara de un poder que se reparte la torta entre familiares y amigos:
El feudo municipal: Cómo se transforma el Estado en una pyme familiar con sueldos millonarios pagados por el contribuyente.
El negocio de la Nación: La entrega de Tecnópolis por 25 años, con canon condonado y una generosidad sospechosa para el consorcio de La Nación y Live Nation.
Se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de la voracidad endogámica que gobierna la cosa pública.
La reciente audiencia judicial por la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) dejó en evidencia que el Ejecutivo nacional se niega a acatar una norma ratificada por el Congreso y un fallo firme de la Corte Suprema.
Desoír el ordenamiento jurídico bajo la lógica del capricho gubernamental dinamita el Rule of Law y reemplaza la República por el despotismo del decreto.
El Depredador Peronista, si es un descarado, dos veces impune
El Festín del Depredador no tiene fin. Mientras el sentido común se desangra, el sistema judicial y estatal premia a los personajes más oscuros de la casta.
Veremos la radiografía del Caso de Pedro Brieger: tras embolsar 78 millones de pesos de RTA en un acuerdo exprés, el “hombre fuerte de la geopolítica” ahora reclama una actualización de intereses que elevaría la cifra a más de 400 millones.
Hagamos memoria: 19 mujeres denunciaron acoso y agresión sexual sistemática. La respuesta del Estado no fue proteger a las víctimas, sino soltar la billetera para los amigos del poder.
La impunidad tiene precio, y lo pagamos todos los contribuyentes.
AdorniGate: el deslomado y sus privilegios de casta
El juez federal Ariel Lijo le concedió al exjefe de gabinete Manuel Adorni una prórroga de 15 días hábiles (estirando el plazo hasta el 15 de septiembre de 2026) para intentar justificar un incremento patrimonial familiar del 119% que no cierra por ningún lado.
Esta concesión frena el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y se suma a las sucesivas prórrogas administrativas que la Oficina Anticorrupción ya le había otorgado previamente.
La radiografía que investiga la fiscalía deja al descubierto más de 20 puntos objetados y un volumen de recursos que choca de frente con los ingresos lícitos declarados.
Se registraron gastos por más de 272 millones de pesos frente a ingresos de 229 millones, dejando un bache inexplicable de más de 43 millones. A esto se suman operaciones inmobiliarias y de vehículos de alta gama (como un Jeep Compass valuado en más de 402.000 dólares pagados en efectivo y refacciones en un country) sin un correlato documental sólido, además de un incremento exponencial y llamativo en la facturación de su cónyuge a partir de 2024.
Entre chicanas procesales, pedidos de copias y defensas técnicas milimétricas, el mecanismo judicial opera con precisión de relojería para dilatar los tiempos.
Para los poderosos investigados por corrupción, la justicia aplica un régimen de paciencia infinita donde los privilegios de clase aseguran que el tiempo juegue siempre a su favor.
El “AdorniGate” desnuda la farsa estructural del relato libertario: la casta no solo se recicla en el poder, sino que utiliza los resortes del Estado y los favores de Comodoro Py para blindar su patrimonio.
Cuando la ley se vuelve flexible para los amigos del poder y implacable para el ciudadano de a pie, la República deja de ser tal para convertirse en el club privado de los intocables.
La radiografía patrimonial que investiga la Justicia deja al descubierto un volumen de recursos que choca de frente con los ingresos lícitos declarados por el grupo familiar:
Diferencia en consumos: Se registraron gastos por más de 272 millones de pesos frente a ingresos de 229 millones, dejando un bache inexplicable de más de 43 millones.
Operaciones en moneda extranjera: Adquisiciones de inmuebles, refacciones integrales en el Country Indio Cuá, un departamento en Caballito (Miró 550) y un vehículo Jeep Compass que suman más de 402.000 dólares pagados en efectivo sin un correlato documental sólido.
Saltos de facturación: Un incremento exponencial y atípico en la facturación de su cónyuge, Bettina Angeletti, concentrada en un puñado de clientes a partir de 2024.
Para garantizar la viabilidad de cualquier negociación con el empresariado extranjero, la administración bonaerense ofrece como ofrenda la intangibilidad del agronegocio convencional. En la provincia de Buenos Aires, el esquema de “soja o muerte” funciona como el verdadero ordenador económico y fiscal:
El Sostén del Modelo
El Mecanismo de Convalidación
El Impacto Real
Garantía al Capital
Permanencia irrestricta del uso de glifosato para mantener los rendimientos exigidos por el mercado.
Beneficio directo para las grandes cerealeras norteamericanas (Cargill, Bunge) asociadas al Council.
Eternas Prórrogas
Postergación sistemática de la regulación de agroquímicos a través del Ministerio de Desarrollo Agrario.
Se evita fijar por ley distancias de exclusión estrictas para no afectar los márgenes de ganancia de los productores.
Zona de Sacrificio
Desatención provincial de los impactos en la salud humana, delegando el conflicto a fallos judiciales municipio por municipio.
Las comunidades rurales quedan expuestas a las fumigaciones mientras el Estado garantiza la continuidad del flujo de divisas.
La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con la participación de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios y representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias) ha desnudado una anomalía peligrosa para nuestra democracia: el Ejecutivo nacional ha decidido que su propia agenda está por encima del Imperio de la Ley.
El encuentro, impulsado tras los recovecos judiciales que siguieron al veto presidencial al Decreto 759/25, confirmó que el Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir por motu proprio la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), a pesar de que la norma fue ratificada por el Congreso de la Nación y de que la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que exige aplicar de manera inmediata los artículos referidos a la actualización salarial docente y la recomposición de programas estudiantiles como el Progresar.
El Rule of Law es, por definición, la supremacía del derecho sobre la voluntad de los hombres. Como bien sostenía el pensamiento constitucionalista clásico, el “Imperio de la Ley” significa que el gobierno está sujeto a normas preestablecidas, no que el gobierno utiliza la norma como un obstáculo a remover según su capricho administrativo. Al ignorar una ley ratificada por el Congreso (tras el debido proceso de insistencia) y desoír los mandatos judiciales, el Poder Ejecutivo no está aplicando una política económica, está ejerciendo arbitrariedad.
La postura jacobina aquí no es un llamado al caos, sino una exigencia de igualdad ante la ley. Si el ciudadano de a pie debe cumplir con el ordenamiento jurídico, con mayor razón debe hacerlo el primer mandatario, pues él es el primer depositario de la legalidad constitucional. Cuando un gobierno decide qué leyes “le gustan” y cuáles debe “desobedecer”, el contrato social se rompe.
La libertad que proclama este gobierno carece de sustento si no se sostiene sobre el pilar del Derecho. Sin el Imperio de la Ley, no hay propiedad, no hay contratos, no hay República: solo queda el despotismo del decreto. Desafiar el financiamiento universitario (que es, en última instancia, el financiamiento del futuro del país) pisoteando los fallos judiciales y la voluntad legislativa no es liberalismo. Es, lisa y llanamente, una regresión a formas de poder absoluto que nuestra Constitución vino a enterrar.
La soberanía no está en la Casa Rosada; reside en la ley y en la voz del pueblo expresada en sus instituciones. Quienes desprecian la norma, no están salvando a la patria del gasto; están desmantelando las bases del orden democrático que nos permite convivir.
Durante su exposición en el Council of the Americas, el Presidente recurrió a una de sus habituales embestidas al mofarse de los “pañuelitos verdes” y culpar cínicamente a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la caída en la natalidad, desatendiendo por completo la profunda crisis material generada por su propio plan económico.
Esta postura deja al descubierto una hipocresía estructural:
Intervencionismo punitivo: El Estado despliega todo su poder normativo para restringir la autonomía corporal y forzar nacimientos, utilizando una retórica moralista que culpa a las conquistas de género por los desequilibrios demográficos.
Abandono y privatización: Una vez nacido el niño, el dogma libertario se desentiende de cualquier responsabilidad social. Bajo la premisa de que “el Estado no tiene por qué mantener a nadie”, se desmantelan las redes de contención y se traslada el costo total de la subsistencia a los hogares.
La familia como fusible: Al eliminar la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar como un amortiguador precario. Esto obliga a las familias a postergar o cancelar la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando paradójicamente el propio deseo demográfico del Gobierno.
En definitiva, mientras desde el atril corporativo se promueve el escarnio ideológico y se exige procreación a fuerza de dogma, el Estado desaparece al momento de garantizar condiciones mínimas para una infancia digna, transformando la crianza en un privilegio más de clase.
Los privilegios de la pertenencia a las castas dominantes
Lo ocurrido en Avellaneda es la radiografía del poder feudal más rancio. La intendenta Magdalena Sierra y su esposo, Jorge Ferraresi, han convertido la gestión pública en una empresa familiar bicéfala.
Tras “licenciarse” de su cargo, el ex-Intendente regresa mediante un decreto de su propia pareja a un puesto de asesoramiento creado a medida, con un salario millonario pagado por los vecinos. No es gestión, es la administración de la cosa pública como un negocio conyugal.
La voracidad no distingue escalas. El reciente decreto que entrega Tecnópolis al “Consorcio de la Nación” y la multinacional Live Nation pone en evidencia que los vetos y las disputas presidenciales son apenas teatro para la tribuna.
Tras bambalinas, se condonan cánones millonarios y se regalan 54 hectáreas de infraestructura estratégica por 25 años. La lección es clara: el “austericidio” es solo para el ciudadano de a pie; para los grandes amigos del poder, siempre hay un contrato jugoso esperando.
El caso de Pedro Brieger no es solo una cuestión de ética, es una prueba de la protección institucional a los verdugos de la decencia. Tras haber sido señalado por 19 mujeres por conductas de acoso y agresión sexual, el Estado, a través de RTA, no solo le pagó una fortuna millonaria para evitar el juicio, sino que ahora permite que el sistema laboral lo habilite a reclamar cientos de millones adicionales en concepto de “intereses”.
Mientras las víctimas son abandonadas, el Estado abre la billetera para financiar la impunidad de los suyos.
El patético show que presenciamos no es una crisis de gestión, es la consolidación de un sistema de privilegios donde la moralidad es un costo descartable y el Estado es el financista hasta de los depredadores pertenecientes a la casta del Poder.
Ya sea en un despacho municipal, en un predio nacional o en los pasillos de los medios públicos, la matriz es idéntica: se estatizan las pérdidas, se tercerizan las responsabilidades y se premia la lealtad de la casta con el esfuerzo de la sociedad.
La casta no se fue; simplemente se mudó de sillón y actualizó sus honorarios a costa de una ciudadanía que, aparentemente, está condenada a sostener con sus impuestos este festín de impunidad y cinismo.
El proceso de destitución puso en evidencia la desesperación de los sectores más radicalizados de la ultraderecha. Al verse acorralados por pruebas irrefutables, intentaron recurrir a la prepotencia física dentro del recinto y a una coreografía de victimización en redes sociales.
La patota (encabezada por agitadores como Raúl Padró y Chinda Brandolino) intentó camuflar su antisemitismo tras una falsa bandera de “defensa de la causa palestina”. Esta pirueta retórica es, en realidad, una cortina de humo: una impostura que busca ocultar su alianza histórica con los sectores neofascistas de la sociedad argentina.
Como quedó demostrado el 29 de noviembre de 2025 en Plaza de Mayo, cuando la movilización popular les hizo frente, estos grupos pasaron de la bravuconada digital a la cobardía operativa, buscando refugio detrás de los cordones de seguridad del Estado.
Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.
Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.
La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.
Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.
Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la reclamar de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.
La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.
Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.
Silencio absoluto ante la persecución y los abusos hacia los argentinos
Uno de los aspectos más alarmantes del debate público es la total omisión por parte de ambos espacios políticos respecto a la situación de los ciudadanos argentinos en Brasil.
Se multiplican los episodios de hostigamiento institucional y detenciones arbitrarias, junto a la persistente aplicación de causas por supuesta injuria racial, utilizadas de manera desmedida por autoridades locales y cuerpos de seguridad en ciudades como Río de Janeiro. Como hemos demostrado en vastos informes, para los argentinos ir al Brasil a ver fútbol o pasear se transforma en un calvario y en un peligro para la libertad y la vida.
Casualmente desde que la Selección Brasileña no puede ganarle un partido a su similar de la Argentina en el Maracaná se reforzaron las violencias de la PMERJ, por ejemplo. Sí, la misma PMERJ que tiene abatidos de pura coincidencia un 86% de personas como ellos definen “negras o pardas” y un 98% pertenecen a las favelas o áreas pobres. Tal la hipocresía de un poder que trata de enmascarar sus propias políticas racistas, creando un enemigo externo cual Alcalde Diamante con el Acta 24.
Ni el oficialismo ni la oposición han emitido propuestas o garantías diplomáticas orientadas a frenar esta persecución sistemática ni a revisar los abusos judiciales y policiales que sufren los argentinos en el país vecino.
Violencias hacia las mujeres con sostén del sistema y creciendo
Suponer que las aberrantes violencias hacia las mujeres son cosas que el Poder no tolera, es pecar como mínimo de una ingenuidad suicida. Cuanto más poderoso es el macho, mayor es el encubrimiento del Estado y sus medios adictos.
En El Irreverente ya venimos tratando en tres informes los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga, en los que el sistema se esmera para defender a los popes revictimizando a las víctimas.
Para cerrar el cuadro de situación de las violencias a las mujeres por parte del Estado, les mostraremos como responde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuando las mujeres reclaman que son víctimas de violencia de género.
El Peronismo comienza a desarrollar la Unidad en la Rosca
En el Peronismo, la misma necesidad de supervivencia y la manutención de sus muertos de hambre obligó a una tregua impensada y el 11 de agosto en el Hotel Emperador de Retiro se juntaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, junto a gobernadores y jefes legislativos.
El objetivo central no fue cerrar una reconciliación definitiva, sino acordar una defensa cerrada de las PASO, la única herramienta capaz de contener el caos interno de un peronismo fracturado desde la derrota de 2025, que como todas ellas no tiene padres.
A pesar del clima de cordialidad en la rosca los participantes se despacharon fuerte contra los gobernadores peronistas “colaboracionistas” con el Gobierno Nacional, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.
Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.
Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.
El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.
En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.
El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.
Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.
Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.
Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.
Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.
RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.
Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.
Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.
Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.
Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.
Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.
La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.
El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.
En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.
La acumulación de 57 sismos en menos de ocho meses no es una cifra que pueda esconderse bajo la alfombra de la soberanía energética. Es una señal de advertencia que el poder político y las petroleras parecen decididos a ignorar en favor de su avaricia que es lo único que no tiene límites.
El problema es que la naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación. La industria del fracking jamás podrá ser de beneficio para la estabilidad geológica y la seguridad operativa lo único importante es ganar dinero y ya.
Neuquén podría terminar enfrentando daños irreversibles. La pregunta que queda es cuánto tiempo más podrá sostenerse el mito de que en Vaca Muerta todo está bajo control, antes de que el suelo empiece a exigir respuestas que ninguna inversión pueda o quiera compensar.
Las barbaridades de un Presidente que se cree un Monarca
La gestión de Milei se mueve en una contradicción perversa: el intervencionismo absoluto sobre los cuerpos y la libertad de los ciudadanos, frente al abandono total de sus responsabilidades materiales.
La represión como método de gobierno: El pasado 6 de agosto, durante el tratamiento de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el despliegue policial frente al Congreso no fue una respuesta a un peligro real, sino un acto de exhibición de fuerza contra manifestantes pacíficos. Mientras el presidente permite la libre circulación de fuerzas extranjeras en nuestros mares (como los navíos británicos Forth y Medway), saca las tanquetas chinas Don Feng Mengji CSK131 a la calle para amedrentar a su propia gente. El objetivo es claro: construir un enemigo imaginario para justificar la represión y el control social, mientras los medios masivos (con TN a la cabeza) validan el libreto oficial con imágenes editadas que intentan justificar lo injustificable.
La hipocresía sobre la vida: Por otro lado, Milei y su equipo promueven un discurso moralista sobre la natalidad, culpando a las leyes de derechos reproductivos de una crisis demográfica que, en realidad, comenzó hace una década. Exigen que la población tenga hijos pero, al mismo tiempo, desfinancian la Asignación Universal por Hijo, recortan la salud pública y abandonan a las familias a su suerte en un mercado privatizado,. Es la perversión del modelo libertario: el Estado se vuelve un monarca inquisidor que controla la reproducción, pero se retira por completo cuando se trata de garantizar que esos niños tengan comida, educación y salud.
Javier Milei no está destruyendo al Estado; lo está convirtiendo en una herramienta de coerción al servicio de pocos. La paradoja es total: un gobierno que pregona la “libertad” pero que necesita de tanquetas en la puerta del Congreso para sentirse seguro, y que exige que el Pueblo se multiplique mientras desmantela todas las condiciones materiales para que esa vida sea posible.
El “anarcocapitalista” resultó ser un monarca que confunde el ejercicio del poder con el derecho a aplastar las disidencias. Pero la realidad, tarde o temprano, termina desarmando los relatos digitales.
La plaza, los heridos por la represión y la caída en la calidad de vida de las familias argentinas no son “enemigos imaginarios”: son las huellas reales de una gestión que ha decidido darle la espalda al Pueblo para sostener sus propios delirios de grandeza.
Dentro del marco procesal penal argentino (y específicamente en los delitos de enriquecimiento ilícito contemplados en el Código Penal), el paso dado por el fiscal Gerardo Pollicita no es una imputación directa ni un llamado a indagatoria inmediato, sino un requerimiento de justificación patrimonial previo y obligatorio por ley.
Su dinámica jurídica y los posibles escenarios se despliegan de la siguiente manera:
La naturaleza del requerimiento: El artículo 268 (párrafo tercero) del Código Penal establece que, antes de avanzar con una acusación formal o un llamado a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito, el fiscal debe dar la oportunidad al investigado para que justifique la procedencia legítima de sus bienes o del incremento patrimonial advertido. No se trata de una simple formalidad, sino de una garantía legal que le otorga al funcionario la posibilidad de demostrar con documentación fehaciente de dónde provienen los fondos observados.
El plazo y la carga probatoria: Adorni cuenta con un plazo perentorio de 15 días corridos o hábiles según los términos del juzgado para presentar las pruebas y descargos correspondientes. En esta instancia, la carga probatoria recae fuertemente sobre el imputado: es él quien debe desvirtuar las inconsistencias detectadas por la fiscalía (como los 43 millones de pesos de rojo financiero o los 402.000 dólares en desembolsos no declarados o de origen dudoso) aportando papeles, contratos, extractos bancarios o registros criptográficos verificables.
Escenario A (Justificación satisfactoria): Si la documentación aportada por Adorni logra respaldar de manera legal y coherente cada uno de los 20 puntos señalados en el documento de 207 páginas, el fiscal dictaminará en favor de la regularidad de los bienes y la causa penal se archivará en lo que respecta a ese tramo.
Escenario B (Falta de justificación o silencio): Si vencido el plazo el exfuncionario no logra respaldar sus números, las explicaciones resultan insuficientes o decide no responder, el fiscal Pollicita interpretará que se configuran los elementos de sospecha necesarios para avanzar. En ese caso, formulará el pedido formal de declaración indagatoria.
El rol del juez Ariel Lijo: Es fundamental remarcar que el fiscal no tiene la potestad de convocar a indagatoria por sí solo; solo los fiscales requieren y los jueces federales citan. Por lo tanto, si Pollicita eleva el pedido de indagatoria tras vencerse los 15 días sin una justificación válida, la decisión final recaerá sobre el juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar si convoca formalmente a Adorni a presentarse en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.
El Núcleo de la Hipocresía: Obligación moral, desamparo material y la familia como “fusible”
La contradicción fundamental de la gestión de La Libertad Avanza se manifiesta en el violento contraste entre su intervencionismo regulatorio y su abandono socioeconómico:
Intervencionismo en lo reproductivo: El oficialismo promueve la derogación del aborto legal y defiende la “protección de la vida desde la concepción”, utilizando todo el peso normativo y punitivo del Estado para restringir la autonomía de las personas y forzar los nacimientos.
Abandono en la crianza y privatización del costo: Una vez que el niño nace, el dogma económico libertario desplaza toda responsabilidad social bajo la premisa de que “el Estado no tiene por qué mantener a tus hijos”. Se desmantelan las redes de contención, se recortan los presupuestos de salud y educación pública, y se privatiza el 100% del costo de la vida.
La familia como sustituto del Estado: Al destruir la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar tradicional como un amortiguador de la crisis. Se pretende que los hogares absorban de forma privada los impactos del ajuste económico (pagando salud, educación y subsistencia alimentaria por su cuenta), lo que genera un fortísimo incentivo negativo: las familias de clase media y baja postergan o cancelan la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando directamente el deseo demográfico del propio Gobierno.
El quiebre de la jornada ocurrió en las pantallas mediante una sincronización discursiva perfecta. Alrededor de las 18:00 horas del jueves, los principales canales de televisión sintonizaron un mismo libreto en continuado. Señales como TN (Todo Noticias) lanzaron coberturas de urgencia bajo zócalos tajantes: “Los manifestantes rompieron baldosas y bancos para hacer piedras. Así quedó el Congreso después de los incidentes”. Más tarde, ya entrada la noche, las cámaras de la misma señal mostraban la Avenida Rivadavia sembrada de pedazos de mampostería y escombros sueltos para validar la idea de una batalla campal.
Sin embargo, la propia prueba visual del canal (un video de 53 segundos de origen ajeno pero editado con la marca de agua de la señal) termina desarmando el relato oficial bajo un análisis forense cuadro por cuadro. En el segundo 12 de la filmación nocturna, mientras el asfalto húmedo muestra escombros genéricos de mampostería, se recorta con total claridad el mobiliario patrimonial al borde de la plaza: el banco de hormigón está entero, de pie y sin una sola marca de impacto. El encuadre cerrado del plano busca fundir los cascotes de la calle con la estructura fija para inducir a la audiencia a creer que el cemento salió de ahí, pero la mentira técnica queda al descubierto ante el ojo de quien no tiene que realizar mucho esfuerzo para encontrar la verdad.
La realidad del territorio corrobora la farsa temporal. Apenas una hora antes de los primeros informes mediáticos, a las 17:00, la plaza era un escenario pacífico donde la gente descansaba. “Hasta las 17:00 horas estuve sentado pacíficamente en uno de esos mismos bancos de la plaza, buscando una salida cuando la situación se volvió insostenible”, relata un testigo directo.
La Plaza de los Dos Congresos fue tomada y ocupada por la tropa federal en menos de media hora, un movimiento relámpago que no le dio tiempo a la gente ni de reaccionar. Si los bancos hubiesen sido destruidos para generar munición, los únicos que quedaron en control absoluto del espacio público para realizar o documentar semejante destrozo fueron las propias fuerzas de seguridad, que además contaban con decenas de domos de videovigilancia perimetral en la zona y nunca mostraron una sola filmación del momento de la supuesta rotura.
El relato de las piedras y las baldosas funcionó como una pantalla de humo necesaria para legitimar una represión planificada de antemano.
En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.
El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.
El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.
No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.
EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.
El modus operandi desplegado en las últimas horas en portales como Página/12 (cuyos feeds RSS evidencian manipulaciones de prefechado cronológico para instalar su relato antes de que la verdad salga a la luz) replica de manera idéntica las fases de desgaste denunciadas en causas de abusadores del poder político. En su intento por blindar al acusado, la prensa adicta al presupuesto difundió la siguiente construcción informativa:
“Candela Arizaga, la influencer de 23 años que fue vista caminando semidesnuda y visiblemente desorientada por Avenida del Libertador, negó este martes que el exdiputado Facundo Moyano la haya golpeado y también descartó que hubiera existido una privación ilegítima de la libertad. Según su testimonio ante la Unidad de Violencia de Género, en la madrugada de este martes se encontraba reunida con Moyano y la situación “se descontroló” luego de que ambos consumieran drogas. Sin embargo, de acuerdo con su declaración, el hijo del histórico dirigente de Camioneros Hugo Moyano “no la golpeó” ni “le hizo nada”. El informe de la médica legista incorporado a la causa consignó una lesión en la rodilla de la influencer, compatible con una caída que la mujer habría sufrido en la calle, sin que se registraran otras lesiones.”
La Marcha contra la Entrega de Javier Milei y el Acampe Ambientalista de Córdoba
La intención del Estado es habilitar la venta masiva de tierras a capitales nacionales y extranjeros. Para lograrlo, necesitan sublimar la canallada de arrasar el bosque nativo (como ocurrió en el valle de Punilla) para que la soja y el extractivismo avancen sin freno.
Haciendo punta en esta resistencia, las comunidades indígenas y la militancia en defensa del ambiente montaron un acampe permanente en el Parque Autóctono de Córdoba, ubicado a metros de Canal 12.
¿El objetivo? Denunciar a las pantallas masivas como cómplices de la destrucción territorial y exigir que se visibilicen las más de 140 causas ambientales cajoneadas por el Poder Judicial cordobés, mientras se preparan para confluir en la gran marcha nacional del 6 de agosto contra la extranjerización de la tierra y la supuesta Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Como es habitual en estos tiempos, las mezquindades y los sectarismos de sectores que pretenden adueñarse de la lucha no tardaron en aparecer para poner palos en la rueda. Pero a esos especuladores de siempre se les responde con convicción y trabajo territorial, dejando atrás el lastre de su miseria política.
Este próximo 6 de agosto, la marea popular debe hacerse sentir en toda la Argentina: contra la voracidad extractivista, por la defensa innegociable de la Pacha y de los bienes comunes, y repudiando cualquier subordinación a los dictados de los organismos financieros internacionales.
La historia se construye desde abajo, sin pedirle permiso a ningún pope del Estado.
