El Irreverente #69
Hola amigas y amigos:
Sean bienvenides a la sexagésima novena Emisión Regular de El Irreverente.
Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 26 días desde nuestro último encuentro por estos medios.
Casi seiscientos mil dólares guardados en efectivo, supuestamente cosechados en encuentros anónimos cara a cara vendiendo bitcoins entre 2017 y 2018. Esa es la fantástica coartada contable con la que Manuel Adorni pretendió cerrar el bache millonario de su patrimonio en Comodoro Py.
Pero el truco de magia duró poco: tras estirar los plazos procesales mediante la elasticidad de los calendarios judiciales, la Fiscalía de Gerardo Pollicita desestimó las explicaciones de papel y exigió una batería de peritajes técnicos, criptográficos y fiscales que acorralan al exfuncionario.
Cuando la prestidigitación financiera choca contra la trazabilidad real de la prueba, el relato oficial se desmorona.
Cuando un magistrado con pasado militante y cargos electivos bajo el esquema de Gildo Insfrán utiliza el aparato de la justicia provincial para perseguir el ejercicio del periodismo, la división de poderes deja de existir.
La resolución dictada en Formosa no es una decisión judicial ordinaria: configura un brutal mecanismo de censura previa que pisotea garantías constitucionales básicas.
Atacar a la prensa crítica desde un despacho judicial no es impartir justicia, es utilizar el código de procedimiento como garrote político para blindar al poder feudal y amedrentar a quienes investigan las irregularidades del régimen.
La furia homicida del capital no conoce matices ni piedad cuando las corporaciones del agronegocio exigen maximizar sus ganancias a costa de la vida ajena.
La Resolución 869/2026 del SENASA no es una simple travesura burocrática ni un ajuste técnico menor: es la habilitación formal de un circuito de experimentación criminal que toma a los pequeños productores, a las economías familiares y a los territorios rurales como conejillos de indias de los nuevos venenos.
Pretenden institucionalizar el envenenamiento sistemático como si fuera una optimización logística, pero la memoria de las luchas populares demuestra que la dignidad y el territorio no se negocian.
ADORNIGATE: cada vez más flojo de papeles, cada más cerca de la indagatoria
El “AdorniGate” expone una vez más cómo operan los tiempos y las coartadas en los tribunales federales.
Todo comenzó con la expectativa pública puesta en la rendición de cuentas sobre un desfasaje superior a los 43 millones de pesos y consumos injustificados.
Mientras la estrategia inicial apostó a jugar con el almanaque (estirando los plazos procesales de septiembre bajo sutiles interpretaciones de días hábiles para enfriar la placa roja) la respuesta de la defensa terminó consistiendo en un escrito de 78 páginas presentado ante el juez Ariel Lijo que desafía toda lógica contable.
Para justificar los dólares con los que adquirió propiedades y afrontó refacciones siderales, el exfuncionario apeló a la mística de los “bitcoins fantasma”: un supuesto atesoramiento de 591.544 dólares liquidados en efectivo y fuera del sistema bancario. Sin embargo, la Fiscalía consideró que las explicaciones no cierran y profundizó la investigación con requerimientos concretos que desarman el relato:
- Peritaje criptográfico: Se ordenó a la Policía Federal una verificación técnica sobre ocho direcciones de Bitcoin para corroborar la titularidad y correspondencia de los fondos declarados.
- El careo de los ladrillos: Las contradicciones sobre las refacciones en el barrio privado Indio Cuá (donde un contratista declaró haber cobrado 245.000 dólares frente a los escasos 17.000 que argumenta la defensa por un supuesto “error aritmético”) quedaron bajo la lupa.
- Cruce financiero total: Se pidieron informes formales a la ANSES para reconstruir la historia laboral completa desde 1998, se requirió a la ARCA detalle de operaciones cambiarias y se evalúa la facturación y los contratos del entorno familiar directo.
¡Vamos a los Informes!
Montar un personaje de austeridad y fiscalizador de la moral pública desde un atril es sumamente sencillo cuando se cuenta con el blindaje del poder y la complicidad de los tiempos judiciales.
Lo complejo es sostener esa máscara cuando la auditoría exige números, comprobantes y trazabilidad real. Pretender que la ciudadanía asimile como normales fortunas de origen fantasma guardadas al margen del sistema es una falta de respeto institucional.
El expediente avanza, las inconsistencias se acumulan y los márgenes se agotan: la rendición de cuentas ante la ley tarde o temprano llega.
Juez gildista avasalla la Constitución para perseguir periodistas
El fallo judicial en Formosa marca un precedente sumamente peligroso para la libertad de expresión. Un juez alineado con el oficialismo provincial dictó una medida que busca restringir de manera directa la labor periodística, intentando prohibir menciones, ordenar la remoción de contenidos y frenar investigaciones en curso sobre funcionarios de la provincia.
Esta resolución vulnera de forma flagrante los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, los cuales prohíben taxativamente la censura previa y restringen cualquier acción estatal que impida la libre emisión del pensamiento o la libertad de imprenta.
Bajo el pretexto de proteger el honor o evitar supuestos perjuicios, el fuero provincial pretende arrogarse la facultad de controlar qué se puede y qué no se puede publicar.
El accionar de este magistrado deja al descubierto cómo se instrumenta la justicia local al servicio de los intereses políticos de la provincia, transformando a los tribunales en herramientas de presión contra la prensa independiente y cercenando el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada.
¡Vamos a las Imágenes!
La libertad de prensa no es una concesión de los gobernantes de turno ni un beneficio negociable en un tribunal provincial: es la columna vertebral de la República.
Pretender acallar el trabajo periodístico mediante resoluciones a medida del poder político solo demuestra el grado de impunidad de quienes le temen al escrutinio público.
Cuando la Justicia se distorsiona para convertirse en un engranaje de persecución, la respuesta de la sociedad debe ser la denuncia firme y la defensa irrenunciable de la Constitución.
Los Mercaderes de la Muerte ahora cuentan con la complicidad criminal del SENASA
La nueva normativa del SENASA revela los mecanismos con los que el Estado moviliza su maquinaria para hacerle el trabajo sucio a las multinacionales del agronegocio, estableciendo tres ejes centrales de desprotección y riesgo sanitario:
- Vía libre express para la experimentación toxicológica: Al fijar un plazo irrisorio de apenas 90 días para aprobar nuevos usos de agrotóxicos en cultivos menores, el organismo estatal terceriza el riesgo sanitario. Las corporaciones se ahorran los costos de estudios de impacto acumulativo a largo plazo y descargan las nuevas moléculas directamente sobre las chacras de producción familiar y huertas regionales.
- Fumigación de precisión para la masacre sistemática: La legalización de la pulverización con drones o vehículos aéreos no tripulados bajo este régimen express funciona como la zanahoria tecnológica para enmascarar la deriva letal. Sin distancias de resguardo, se habilita la pulverización sobre escuelas rurales, viviendas precarias y fuentes de agua comunitaria.
- Ataque al eslabón más débil: La medida apunta deliberadamente a los cultivos menores, refugio de la horticultura diversificada y de familias que trabajan la tierra sin subsidios ni espaldas financieras, forzándolas a convertirse en el territorio de prueba de un cóctel químico cuya toxicidad real se oculta deliberadamente.
Esta connivencia entre funcionarios y patronales reitera viejas lógicas mercenarias que ya se han frenado en el pasado, como ocurrió con la resistencia organizada que impidió la instalación de multinacionales en Malvinas Argentinas, Córdoba.
¡Vamos a las Imágenes!
Para los administradores del agronegocio y los funcionarios serviles, la salud pública, el agua potable y la soberanía alimentaria son meras variables descartables en las planillas de Excel de la especulación financiera.
Sin embargo, ningún decreto ministerial está por encima de la defensa de la vida. La historia demuestra que cuando los pueblos se organizan, desenmascaran a los sirvientes del poder económico y se plantan sin regalar excusas, las corporaciones tiemblan.
¡La tierra no se vende, se defiende!
Cierre de la Emisión #69
Gracias, amigas y amigos, por estar ahí. Nos vemos en la próxima emisión, la septuagésima, si es que todavía no vendieron el aire que respiramos.
Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.