Milei intima al Reino Unido por la explotación del Mar Argentino
Introducción al Informe
Frente al accionar ilegítimo del Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el gobierno argentino avanzó con una intimación formal y un pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera inconsulta en la Cuenca Malvinas Norte, exigiendo el cese de los atropellos unilaterales sobre el Atlántico Sur.
Las provocaciones británicas, unidas a la de Chile, Uruguay, Colombia y Brasil, como colaboradores en el mantenimiento de la ocupación británica de nuestras Islas Malvinas, son hechos conocidos, ya tratados en estas páginas anteriormente. Esta comunicación solamente se refiere a la Ruta Malvinas – Pünta Arenas por la que el Gobierno de Chile está desesperado para servir a sus invasores bian amados.
Sigue sin mencionarse desde el Estado argentino la participación de la israelí Navitas Petroleum, la que parece no será sancionada por más que sea el socio número uno de los británicos en la brutalidad de Sea Lion.
Esta comunicación tiene un plazo de dos semanas que se le dará al Reino Unido para que desmonte le Proyecto Sea Lion y de no cumplir la Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Los puntos salientes de la intimación argentina
Desde hace décadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas (a través de hitos como la Resolución 2065 y la Resolución 31/49) reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambos Gobiernos a negociar, prohibiendo expresamente modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso.
El Reino Unido persiste en su política de hecho. Ante esto, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la Nación detalla que se instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), apuntando directamente contra el proyecto petrolero “Sea Lion” y el otorgamiento de nuevos permisos en la Plataforma Continental Argentina.
Además, se fijó un plazo perentorio de dos semanas para que el Reino Unido frene estas actividades, advirtiendo que, de lo contrario, se acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar por medidas provisionales.
En la misiva se rechazó la respuesta británica ante la Asamblea General de la ONU respecto al estatus de las islas y se ordenó accionar penal y administrativamente contra la empresa Thales UK Limited por operar sin autorización argentina en la ruta aérea Malvinas – Punta Arenas.
Comunicado oficial completo:
Ciudad de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2026. — La Oficina del Presidente informa que, frente al accionar ilegítimo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del gobierno a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado “Sea Lion”, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina.
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones.
A su vez, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó expresamente a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General.
La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina.
En ese marco, la República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina. De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental.
Por otra parte, la República Argentina manifiesta su rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido frente a la declaración pronunciada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
Finalmente, se informa que, en función de haberse detectado operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas – Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas, el Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes.
La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional.
Las Malvinas son argentinas.
Javier G. Milei
Presidente de la Nación
A modo de cierre (por ahora)
Más allá de la formalidad institucional y la gravedad innegable de la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur, resulta ineludible analizar la jugada en su tablero político real.
Este tipo de despliegues discursivos y jurídicos operan, en el fondo, como un montaje electoralista y de distracción para un Gobierno que necesita imperiosamente mostrar una supuesta épica patriótica y una fibra nacionalista de ocasión, justo cuando debe justificar y sostener un programa de ajuste implacable que ahoga a las mayorías.
La selección quirúrgica de los blancos (como el foco puesto exclusivamente en Thales UK o el proyecto Sea Lion) contrasta llamativamente con las omisiones deliberadas sobre otros actores clave de la matriz colonial, como la socia israelí Navitas Petroleum.
Queda en evidencia que las grandes pancartas de soberanía suelen agitarse al compás de la conveniencia táctica y de la necesidad de blindar una gestión que naufraga en lo económico, utilizando la causa más cara al sentimiento argentino como un simple fusible de marketing político.
Apéndice: La sombra del Comunicado 166.
Para los memoriosos o los fanáticos de las ironías involuntarias de la historia oficial, un detalle numérico no menor sobrevuela este nuevo parte de la Cancillería.
El documento difundido por la Oficina del Presidente lleva, de manera pura y exclusiva por capricho de los casilleros digitales del Estado, el número de registro 166.
Difícil es pensar en una premeditación poética o en un guiño cifrado de los trolls del poder hacia el histórico parte militar de la rendición en Puerto Argentino de 1982, o hacia el himno punk con el que Los Violadores retrataron la desidia y la derrota de la dictadura.
Más bien parece una brutal casualidad burocrática. Pero en un país donde la tragedia institucional y la farsa discursiva se entrelazan todo el tiempo, que la épica patriótica de ocasión caiga justo bajo el fatídico número del Comunicado 166 no deja de ser, como mínimo, una sincronicidad demasiado cinematográfica para dejar pasar por alto.
