Los Mercaderes de la Muerte ahora cuentan con la complicidad criminal del SENASA

La furia homicida del capital no conoce matices ni piedad; cuando las corporaciones del agronegocio exigen maximizar su tasa de ganancia a costa de la vida ajena, el Estado siempre moviliza su maquinaria para hacerles el trabajo sucio.

La Resolución 869/2026 del SENASA no es una simple travesura burocrática ni un ajuste técnico menor: es la habilitación formal de un circuito de experimentación criminal que toma a los pequeños productores, a las economías familiares y a los territorios rurales como conejillos de indias de los nuevos venenos.

Quienes ya plantamos bandera contra las multinacionales del ecocidio sabemos perfectamente cómo opera esta lógica mercenaria. En su momento, los gigantes de la biotecnología intentaron arrasar Córdoba y nos tuvieron en frente plantados en Malvinas Argentinas hasta frenarles la planta y echarlos con la fuerza organizada de los vecinos, sin caer en su trampa ni regalarles excusas para la represión. Los derrotamos enteros, de pie y sin heridos ni detenidos, porque a los mercaderes de la muerte se los combate con convicción, memoria y la firmeza de no darles un solo tranco de ventaja.

Hoy, la administración actual reedita esa misma infamia bajo nuevos ropajes formales, demostrando que los cipayos de turno están dispuestos a entregar hasta la última gota de agua y la salud de nuestros pibes con tal de aplaudir ante los grandes pools de siembra.

El laboratorio a cielo abierto: Las claves de la infamia estatal

• Vía libre exprés para la experimentación toxicológica: Al fijar un plazo irrisorio de apenas 90 días para aprobar nuevos usos de agrotóxicos en “cultivos menores”, el SENASA terceriza el riesgo sanitario. Las corporaciones no gastan en estudios de impacto acumulativo a largo plazo: descargan la molécula nueva directamente sobre las chacras de producción familiar y las huertas regionales, usándolas como territorio de prueba.
• Fumigación de precisión para la masacre sistemática: La legalización de los drones (Vehículos Aéreos No Tripulados) bajo este régimen exprés es la zanahoria tecnológica con la que pretenden enmascarar la deriva letal. Ya no necesitan disimular las distancias: ahora pulverizan por aire, directo sobre las escuelas rurales, las viviendas precarias y las fuentes de agua comunitaria, consolidando un esquema de exterminio silencioso.
• La trampa contra el eslabón más débil: Apuntar deliberadamente a los “cultivos menores” (el refugio de la horticultura diversificada y de las familias que trabajan la tierra sin subsidios ni espaldas financieras) es una jugada cobarde. Saben perfectamente que el pequeño productor está solo, desprotegido por las políticas oficiales y obligado a aceptar cualquier migaja con tal de producir, convirtiéndolo en el blanco perfecto de un cóctel químico cuya toxicidad real nos ocultan sistemáticamente.

La impunidad de los gerentes del desastre

La connivencia entre los funcionarios de turno y las patronales del campo profundo revela la catadura moral de una clase dirigente que solo entiende de negocios sobre cajones de muertos.

No les importa si el suelo queda devorado, si las napas se pudren de arsénico y glifosato, o si la vida en el interior rural se vuelve insostenible.

Para ellos, la vida humana y la soberanía alimentaria son variables descartables en las planillas de Excel de la especulación financiera.

A los venenos los conocemos de memoria, y a los corruptos que los avalan también. La historia demuestra que cuando los pueblos se organizan y no se tragan los buzones del relato corporativo, los sacudimos hasta debajo de las encías.

La dignidad de quienes trabajan la tierra no se negocia en ninguna mesa de oficina estatal, y la memoria de las luchas pasadas nos marca el único camino posible: enfrentar el saqueo, desenmascarar a los sirvientes del poder económico y defender cada metro de nuestro suelo con la misma fiereza de siempre.

A modo de cierre (por ahora)

Lo que intenta encubrir la letra chica de esta resolución estatal no es más que la desesperación de un modelo extractivo que necesita seguir expandiéndose a sangre y fuego sobre los territorios. Pretenden institucionalizar el envenenamiento sistemático como si fuera una simple optimización logística, creyendo que el pueblo tiene memoria corta y que las luchas del pasado fueron excepciones aisladas.

Se equivocan de pe a pa. Los pueblos que ya aprendimos a organizarnos, a poner el cuerpo sin caer en provocaciones y a frenar a las multinacionales en sus propios escritorios y en las calles, sabemos muy bien que ningún decreto ministerial está por encima de la defensa de la vida. Esta medida es apenas una nueva afrenta, pero también la confirmación de que el agronegocio y sus cómplices gubernamentales tiemblan cada vez que las bases populares se plantan.

Esto recién empieza. Tomamos aire, ajustamos las herramientas y nos ponemos a la orden del día, porque la tierra no se vende, se defiende.