Hola amigas y amigos:
Sean bienvenides a la sexagésima novena Emisión Regular de El Irreverente.
Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 26 días desde nuestro último encuentro por estos medios.
Casi seiscientos mil dólares guardados en efectivo, supuestamente cosechados en encuentros anónimos cara a cara vendiendo bitcoins entre 2017 y 2018. Esa es la fantástica coartada contable con la que Manuel Adorni pretendió cerrar el bache millonario de su patrimonio en Comodoro Py.
Pero el truco de magia duró poco: tras estirar los plazos procesales mediante la elasticidad de los calendarios judiciales, la Fiscalía de Gerardo Pollicita desestimó las explicaciones de papel y exigió una batería de peritajes técnicos, criptográficos y fiscales que acorralan al exfuncionario.
Cuando la prestidigitación financiera choca contra la trazabilidad real de la prueba, el relato oficial se desmorona.
Cuando un magistrado con pasado militante y cargos electivos bajo el esquema de Gildo Insfrán utiliza el aparato de la justicia provincial para perseguir el ejercicio del periodismo, la división de poderes deja de existir.
La resolución dictada en Formosa no es una decisión judicial ordinaria: configura un brutal mecanismo de censura previa que pisotea garantías constitucionales básicas.
Atacar a la prensa crítica desde un despacho judicial no es impartir justicia, es utilizar el código de procedimiento como garrote político para blindar al poder feudal y amedrentar a quienes investigan las irregularidades del régimen.
La furia homicida del capital no conoce matices ni piedad cuando las corporaciones del agronegocio exigen maximizar sus ganancias a costa de la vida ajena.
La Resolución 869/2026 del SENASA no es una simple travesura burocrática ni un ajuste técnico menor: es la habilitación formal de un circuito de experimentación criminal que toma a los pequeños productores, a las economías familiares y a los territorios rurales como conejillos de indias de los nuevos venenos.
Pretenden institucionalizar el envenenamiento sistemático como si fuera una optimización logística, pero la memoria de las luchas populares demuestra que la dignidad y el territorio no se negocian.
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