Incondicional de Cortázar, siempre soñó con vivir en España y en los últimos años cambió los Aires no tan buenos de Buenos Aires por los de Valencia. Comenzaban a abrirse grandes proyectos ligados al registro de las realidades sociales de España, dos o más ideas para realizar documentales, aunque ahora sí las múltiples dolencias que padecía no le permitieron moverse con la libertad que estaba acostumbrada y en los últimos tiempos tampoco perdió nunca la esperanza de volver a lo suyo a lo que adoraba.
Estas partidas no se superan, nos quedan los largos desvelos produciendo noticias y audiovisuales, hasta que en algún momento el dolor vaya dejando paso a las sonrisas y la dulzura de los recuerdos mismos.
¡Hasta la Victoria Siempre, Querida Compañera Claudia!
Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.
Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.
La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.
Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.
Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la exigencia de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.
La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.
Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.
Silencio absoluto ante la persecución y los abusos hacia los argentinos
Uno de los aspectos más alarmantes del debate público es la total omisión por parte de ambos espacios políticos respecto a la situación de los ciudadanos argentinos en Brasil.
Se multiplican los episodios de hostigamiento institucional y detenciones arbitrarias, junto a la persistente aplicación de causas por supuesta injuria racial, utilizadas de manera desmedida por autoridades locales y cuerpos de seguridad en ciudades como Río de Janeiro. Como hemos demostrado en vastos informes, para los argentinos ir al Brasil a ver fútbol o pasear se transforma en un calvario y en un peligro para la libertad y la vida.
Casualmente desde que la Selección Brasileña no puede ganarle un partido a su similar de la Argentina en el Maracaná se reforzaron las violencias de la PMERJ, por ejemplo. Sí, la misma PMERJ que tiene abatidos de pura coincidencia un 86% de personas como ellos definen “negras o pardas” y un 98% pertenecen a las favelas o áreas pobres. Tal la hipocresía de un poder que trata de enmascarar sus propias políticas racistas, creando un enemigo externo cual Alcalde Diamante con el Acta 24.
Ni el oficialismo ni la oposición han emitido propuestas o garantías diplomáticas orientadas a frenar esta persecución sistemática ni a revisar los abusos judiciales y policiales que sufren los argentinos en el país vecino.
Violencias hacia las mujeres con sostén del sistema y creciendo
Suponer que las aberrantes violencias hacia las mujeres son cosas que el Poder no tolera, es pecar como mínimo de una ingenuidad suicida. Cuanto más poderoso es el macho, mayor es el encubrimiento del Estado y sus medios adictos.
En El Irreverente ya venimos tratando en tres informes los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga, en los que el sistema se esmera para defender a los popes revictimizando a las víctimas.
Para cerrar el cuadro de situación de las violencias a las mujeres por parte del Estado, les mostraremos como responde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuando las mujeres reclaman que son víctimas de violencia de género.
El Peronismo comienza a desarrollar la Unidad en la Rosca
En el Peronismo, la misma necesidad de supervivencia y la manutención de sus muertos de hambre obligó a una tregua impensada y el 11 de agosto en el Hotel Emperador de Retiro se juntaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, junto a gobernadores y jefes legislativos.
El objetivo central no fue cerrar una reconciliación definitiva, sino acordar una defensa cerrada de las PASO, la única herramienta capaz de contener el caos interno de un peronismo fracturado desde la derrota de 2025, que como todas ellas no tiene padres.
A pesar del clima de cordialidad en la rosca los participantes se despacharon fuerte contra los gobernadores peronistas “colaboracionistas” con el Gobierno Nacional, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.
Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.
Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.
El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.
En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.
El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.
Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.
Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.
Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.
Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.
RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.
Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.
Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.
Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.
Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.
Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.
La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.
El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.
En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.
La acumulación de 57 sismos en menos de ocho meses no es una cifra que pueda esconderse bajo la alfombra de la soberanía energética. Es una señal de advertencia que el poder político y las petroleras parecen decididos a ignorar en favor de su avaricia que es lo único que no tiene límites.
El problema es que la naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación. La industria del fracking jamás podrá ser de beneficio para la estabilidad geológica y la seguridad operativa lo único importante es ganar dinero y ya.
Neuquén podría terminar enfrentando daños irreversibles. La pregunta que queda es cuánto tiempo más podrá sostenerse el mito de que en Vaca Muerta todo está bajo control, antes de que el suelo empiece a exigir respuestas que ninguna inversión pueda o quiera compensar.
Las barbaridades de un Presidente que se cree un Monarca
La gestión de Milei se mueve en una contradicción perversa: el intervencionismo absoluto sobre los cuerpos y la libertad de los ciudadanos, frente al abandono total de sus responsabilidades materiales.
La represión como método de gobierno: El pasado 6 de agosto, durante el tratamiento de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el despliegue policial frente al Congreso no fue una respuesta a un peligro real, sino un acto de exhibición de fuerza contra manifestantes pacíficos. Mientras el presidente permite la libre circulación de fuerzas extranjeras en nuestros mares (como los navíos británicos Forth y Medway), saca las tanquetas chinas Don Feng Mengji CSK131 a la calle para amedrentar a su propia gente. El objetivo es claro: construir un enemigo imaginario para justificar la represión y el control social, mientras los medios masivos (con TN a la cabeza) validan el libreto oficial con imágenes editadas que intentan justificar lo injustificable.
La hipocresía sobre la vida: Por otro lado, Milei y su equipo promueven un discurso moralista sobre la natalidad, culpando a las leyes de derechos reproductivos de una crisis demográfica que, en realidad, comenzó hace una década. Exigen que la población tenga hijos pero, al mismo tiempo, desfinancian la Asignación Universal por Hijo, recortan la salud pública y abandonan a las familias a su suerte en un mercado privatizado,. Es la perversión del modelo libertario: el Estado se vuelve un monarca inquisidor que controla la reproducción, pero se retira por completo cuando se trata de garantizar que esos niños tengan comida, educación y salud.
Javier Milei no está destruyendo al Estado; lo está convirtiendo en una herramienta de coerción al servicio de pocos. La paradoja es total: un gobierno que pregona la “libertad” pero que necesita de tanquetas en la puerta del Congreso para sentirse seguro, y que exige que el Pueblo se multiplique mientras desmantela todas las condiciones materiales para que esa vida sea posible.
El “anarcocapitalista” resultó ser un monarca que confunde el ejercicio del poder con el derecho a aplastar las disidencias. Pero la realidad, tarde o temprano, termina desarmando los relatos digitales.
La plaza, los heridos por la represión y la caída en la calidad de vida de las familias argentinas no son “enemigos imaginarios”: son las huellas reales de una gestión que ha decidido darle la espalda al Pueblo para sostener sus propios delirios de grandeza.
Dentro del marco procesal penal argentino (y específicamente en los delitos de enriquecimiento ilícito contemplados en el Código Penal), el paso dado por el fiscal Gerardo Pollicita no es una imputación directa ni un llamado a indagatoria inmediato, sino un requerimiento de justificación patrimonial previo y obligatorio por ley.
Su dinámica jurídica y los posibles escenarios se despliegan de la siguiente manera:
La naturaleza del requerimiento: El artículo 268 (párrafo tercero) del Código Penal establece que, antes de avanzar con una acusación formal o un llamado a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito, el fiscal debe dar la oportunidad al investigado para que justifique la procedencia legítima de sus bienes o del incremento patrimonial advertido. No se trata de una simple formalidad, sino de una garantía legal que le otorga al funcionario la posibilidad de demostrar con documentación fehaciente de dónde provienen los fondos observados.
El plazo y la carga probatoria: Adorni cuenta con un plazo perentorio de 15 días corridos o hábiles según los términos del juzgado para presentar las pruebas y descargos correspondientes. En esta instancia, la carga probatoria recae fuertemente sobre el imputado: es él quien debe desvirtuar las inconsistencias detectadas por la fiscalía (como los 43 millones de pesos de rojo financiero o los 402.000 dólares en desembolsos no declarados o de origen dudoso) aportando papeles, contratos, extractos bancarios o registros criptográficos verificables.
Escenario A (Justificación satisfactoria): Si la documentación aportada por Adorni logra respaldar de manera legal y coherente cada uno de los 20 puntos señalados en el documento de 207 páginas, el fiscal dictaminará en favor de la regularidad de los bienes y la causa penal se archivará en lo que respecta a ese tramo.
Escenario B (Falta de justificación o silencio): Si vencido el plazo el exfuncionario no logra respaldar sus números, las explicaciones resultan insuficientes o decide no responder, el fiscal Pollicita interpretará que se configuran los elementos de sospecha necesarios para avanzar. En ese caso, formulará el pedido formal de declaración indagatoria.
El rol del juez Ariel Lijo: Es fundamental remarcar que el fiscal no tiene la potestad de convocar a indagatoria por sí solo; solo los fiscales requieren y los jueces federales citan. Por lo tanto, si Pollicita eleva el pedido de indagatoria tras vencerse los 15 días sin una justificación válida, la decisión final recaerá sobre el juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar si convoca formalmente a Adorni a presentarse en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.
El Núcleo de la Hipocresía: Obligación moral, desamparo material y la familia como “fusible”
La contradicción fundamental de la gestión de La Libertad Avanza se manifiesta en el violento contraste entre su intervencionismo regulatorio y su abandono socioeconómico:
Intervencionismo en lo reproductivo: El oficialismo promueve la derogación del aborto legal y defiende la “protección de la vida desde la concepción”, utilizando todo el peso normativo y punitivo del Estado para restringir la autonomía de las personas y forzar los nacimientos.
Abandono en la crianza y privatización del costo: Una vez que el niño nace, el dogma económico libertario desplaza toda responsabilidad social bajo la premisa de que “el Estado no tiene por qué mantener a tus hijos”. Se desmantelan las redes de contención, se recortan los presupuestos de salud y educación pública, y se privatiza el 100% del costo de la vida.
La familia como sustituto del Estado: Al destruir la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar tradicional como un amortiguador de la crisis. Se pretende que los hogares absorban de forma privada los impactos del ajuste económico (pagando salud, educación y subsistencia alimentaria por su cuenta), lo que genera un fortísimo incentivo negativo: las familias de clase media y baja postergan o cancelan la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando directamente el deseo demográfico del propio Gobierno.
El quiebre de la jornada ocurrió en las pantallas mediante una sincronización discursiva perfecta. Alrededor de las 18:00 horas del jueves, los principales canales de televisión sintonizaron un mismo libreto en continuado. Señales como TN (Todo Noticias) lanzaron coberturas de urgencia bajo zócalos tajantes: “Los manifestantes rompieron baldosas y bancos para hacer piedras. Así quedó el Congreso después de los incidentes”. Más tarde, ya entrada la noche, las cámaras de la misma señal mostraban la Avenida Rivadavia sembrada de pedazos de mampostería y escombros sueltos para validar la idea de una batalla campal.
Sin embargo, la propia prueba visual del canal (un video de 53 segundos de origen ajeno pero editado con la marca de agua de la señal) termina desarmando el relato oficial bajo un análisis forense cuadro por cuadro. En el segundo 12 de la filmación nocturna, mientras el asfalto húmedo muestra escombros genéricos de mampostería, se recorta con total claridad el mobiliario patrimonial al borde de la plaza: el banco de hormigón está entero, de pie y sin una sola marca de impacto. El encuadre cerrado del plano busca fundir los cascotes de la calle con la estructura fija para inducir a la audiencia a creer que el cemento salió de ahí, pero la mentira técnica queda al descubierto ante el ojo de quien no tiene que realizar mucho esfuerzo para encontrar la verdad.
La realidad del territorio corrobora la farsa temporal. Apenas una hora antes de los primeros informes mediáticos, a las 17:00, la plaza era un escenario pacífico donde la gente descansaba. “Hasta las 17:00 horas estuve sentado pacíficamente en uno de esos mismos bancos de la plaza, buscando una salida cuando la situación se volvió insostenible”, relata un testigo directo.
La Plaza de los Dos Congresos fue tomada y ocupada por la tropa federal en menos de media hora, un movimiento relámpago que no le dio tiempo a la gente ni de reaccionar. Si los bancos hubiesen sido destruidos para generar munición, los únicos que quedaron en control absoluto del espacio público para realizar o documentar semejante destrozo fueron las propias fuerzas de seguridad, que además contaban con decenas de domos de videovigilancia perimetral en la zona y nunca mostraron una sola filmación del momento de la supuesta rotura.
El relato de las piedras y las baldosas funcionó como una pantalla de humo necesaria para legitimar una represión planificada de antemano.
En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.
El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.
El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.
No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.
EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.
El modus operandi desplegado en las últimas horas en portales como Página/12 (cuyos feeds RSS evidencian manipulaciones de prefechado cronológico para instalar su relato antes de que la verdad salga a la luz) replica de manera idéntica las fases de desgaste denunciadas en causas de abusadores del poder político. En su intento por blindar al acusado, la prensa adicta al presupuesto difundió la siguiente construcción informativa:
“Candela Arizaga, la influencer de 23 años que fue vista caminando semidesnuda y visiblemente desorientada por Avenida del Libertador, negó este martes que el exdiputado Facundo Moyano la haya golpeado y también descartó que hubiera existido una privación ilegítima de la libertad. Según su testimonio ante la Unidad de Violencia de Género, en la madrugada de este martes se encontraba reunida con Moyano y la situación “se descontroló” luego de que ambos consumieran drogas. Sin embargo, de acuerdo con su declaración, el hijo del histórico dirigente de Camioneros Hugo Moyano “no la golpeó” ni “le hizo nada”. El informe de la médica legista incorporado a la causa consignó una lesión en la rodilla de la influencer, compatible con una caída que la mujer habría sufrido en la calle, sin que se registraran otras lesiones.”
La Marcha contra la Entrega de Javier Milei y el Acampe Ambientalista de Córdoba
La intención del Estado es habilitar la venta masiva de tierras a capitales nacionales y extranjeros. Para lograrlo, necesitan sublimar la canallada de arrasar el bosque nativo (como ocurrió en el valle de Punilla) para que la soja y el extractivismo avancen sin freno.
Haciendo punta en esta resistencia, las comunidades indígenas y la militancia en defensa del ambiente montaron un acampe permanente en el Parque Autóctono de Córdoba, ubicado a metros de Canal 12.
¿El objetivo? Denunciar a las pantallas masivas como cómplices de la destrucción territorial y exigir que se visibilicen las más de 140 causas ambientales cajoneadas por el Poder Judicial cordobés, mientras se preparan para confluir en la gran marcha nacional del 6 de agosto contra la extranjerización de la tierra y la supuesta Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Como es habitual en estos tiempos, las mezquindades y los sectarismos de sectores que pretenden adueñarse de la lucha no tardaron en aparecer para poner palos en la rueda. Pero a esos especuladores de siempre se les responde con convicción y trabajo territorial, dejando atrás el lastre de su miseria política.
Este próximo 6 de agosto, la marea popular debe hacerse sentir en toda la Argentina: contra la voracidad extractivista, por la defensa innegociable de la Pacha y de los bienes comunes, y repudiando cualquier subordinación a los dictados de los organismos financieros internacionales.
La historia se construye desde abajo, sin pedirle permiso a ningún pope del Estado.
La historia se construye desde abajo y en las calles. Hacemos un llamado fraternal y combativo a articular esfuerzos, superar sectarismos y marchar con la convicción intacta de que un futuro con justicia social es imperativo e irrenunciable.
Sabemos que muchas organizaciones se habrán de movilizar cuando han apoyado (y aún lo hacen) a gobiernos extractivistas y desde ese lugar malsano han cuestionado y justificado represiones y acciones de amedrentamiento de las luchas. Igualmente les damos la bienvenida a estas luchas por la Pachamama y los recibimos con los brazos abiertos, ya que postergamos esa bronca suntuaria hasta 48 horas después de la victoria, por lo menos.
Ya vendrán otros tiempos en los que la Lucha nos lleve por distintos senderos, pero no será este 6 de agosto, fecha en la que un grito unitario deberá poner de rodillas a la Burocracia del Estado y sus adláteres y mecenas extractivistas.
Nulidad de origen: El DNU 681/2026 padece de vicios formales insalvables al haber sido dictado en bypass al Congreso de la Nación en plena etapa de sesiones ordinarias.
Inconstitucionalidad material: La vaguedad de sus tipos y la gravedad de sus sanciones (expulsión y prohibición de ingreso por opiniones) colisionan frontalmente con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Inaplicabilidad práctica ante el control judicial: Si bien la norma goza de vigencia formal y dota a la administración de un poder de policía discrecional, constituye un instrumento jurídica y constitucionalmente defenestrable, cuya aplicación arbitraria deberá ser frenada inexorablemente mediante el control de constitucionalidad y las acciones de amparo correspondientes.
Finalmente, y tal cual se venía anunciando, este 31 de julio el Acampe Ambientalista se plantó frente a Canal 12 de Córdoba para visibilizar las Luchas por la Pacha en esa Provincia. La permanencia en el Parque Autóctono de la Docta será hasta el día 6 de agosto cuando se incorporarán a la marcha nacional contra la extranjerización de la tierra.
Sabido es que los medios en todo el país, esconden la pauta informativa relacionada con la Pacha, respondiendo solamente a la pauta publicitaria estatal y, por eso mismo, este grupo de cordobeses han decidido enfrentar el problema y encarar a los principales cultores de este mercenario accionar.
La iniciativa de la gente de la Provincia de Córdoba contará como es habitual con nuestro apoyo y nuestra difusión, ya que SIEMPRE estaremos en la calle con les que luchan. Fieles a nuestro lema: ¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!
Como era de esperar, hubo sectores del ambientalismo local, los mismos que para luchar tienen que pedirle permiso a sus asentaderas, que por mezquindades o sectarismos ridículos no apoyan esta lucha y siguen con sus extemporáneos reclamos de copyright. Algunos, con una caradurez que no es nueva, exigieron que digan quiénes son para diferenciarse de les que luchan y no los confundan a ellos con su burocracia y su policíaca facción.
A tal efecto consultamos a los militantes allí presentes sobre el particular y a continuación les brindamos lo que nos contaron de esa primera jornada de lucha.
La iniciativa enviada al Congreso no se agota en una mera modificación técnica o contable de la autoridad monetaria; representa una jugada de profunda ingeniería política con la que el Ejecutivo busca rediseñar el mapa de poder en la Argentina. Bajo el pretexto de clausurar una etapa histórica, la norma explicita la voluntad del Poder Central de erigirse en un poder tutelar e inflexible, capaz de atar de manos no sólo a las administraciones venideras, sino también a las autonomías provinciales y municipales.
Al imponer la prohibición absoluta de asistencia financiera y condicionar la estabilidad institucional a mayorías parlamentarias extremas, el Estado nacional consolida un mecanismo de coerción macroeconómica: traslada por completo el peso del ajuste y la escasez de recursos hacia los distritos subnacionales, despojándolos de herramientas de colchón financiero y subordinándolos de manera directa a la caja central.
El aspecto más crítico de este andamiaje normativo radica en su absoluta desatención hacia los sectores desposeídos. Al consagrar por ley la imposibilidad de que el Estado utilice instrumentos de expansión o asistencia monetaria (y al despojar al Banco Central de cualquier mandato vinculado al empleo, la producción o el bienestar social), el proyecto naturaliza una matriz de exclusión sistemática.
En lugar de resolver las vulnerabilidades estructurales de los sectores más postergados, la norma los confina a una lógica de ajuste permanente, donde la estabilidad cambiaria y el equilibrio fiscal se convierten en dogmas inquebrantables sostenidos a expensas del desamparo social.
Se consolida así un modelo donde el Estado se repliega de su rol protector y abandona a su suerte a los sectores populares, transformando la austeridad fiscal en un corset definitivo que profundiza la desigualdad bajo el ropaje de la modernización financiera.
Lamentablemente, por el miedo o por razones que no llegamos a comprender, las mezquindades aparecen justo antes de estas convocatorias, empujadas por sectores que pretenden ser la personificación de la Lucha. Aunque lo que correspondería hacer con esta gente es pedirle que consulten a un profesional sobre el particular, preferimos ver el lado positivo de estas reacciones, nunca tan bien puesto el nombre.
Decimos que quizás el miedo los inspire por que oponerse a iniciativas de Lucha y pedir el copyright de las mismas es por lo menos descarado. Ese miedo lleva al odio como único argumento para detener lo inevitable, que alguien salga a luchar sin pedirle permiso a nadie más, sin rendirle honores a ningún Pope y mucho menos al Estado.
Un servidor vivió esto mismo cuando hicimos el Acampe Congreso en apoyo a la Toma de Monsanto en Malvinas Argentinas en 2013. Las excusas en ese momento fueron que “nos habíamos cortado solos”, ningunearon la Lucha más importante en materia ambiental de las últimas décadas, solamente por que ellos no recibían nada a cambio por ella. Entre otras cosas nos acusaban de lúmpenes y servicios, o más bien proyectaban actuando de forma policíaca hacia los compañeros que estaban en Lucha, solamente por que no podían explicar como ellos eran ajenos a ella. Nuestro mensaje para estos despreciables seres es el mismo de siempre: no contamos con ellos para nada- Contar con ellos sería simplemente inútil.
El 22 de septiembre de 1894, José Martí dijo en el períódico Patria que “Los que no tienen el valor de sacrificarse han de tener, a lo menos, el pudor de callar ante los que se sacrifican”, refiriéndose a quienes desde la comodidad o la pasividad ante la injusticia criticaban a quienes luchaban por la libertad de Cuba. Hoy les repetimos eso mismo y los llamamos a la reflexión, por que este tipo de conductas no nos generan más que asco.
Desde El Estado de la Luchas, acompañaremos la lucha con la decencia de que quienes se ponen al servicio de la victoria de los Luchadores por la Pacha y no del lado del Estado y las patronales opresoras y extractivistas. Seremos eco y trinchera de aquellos que se deciden a tomar una iniciativa que lejos de evitarse deberían imitarse.
A las compañeras y los compañeros que participen activamente nuestro respeto y compromiso de apoyo y comunicarles que estas miserias son siempre dolorosas, pero también son esperables. Nada de ello tiene que amedrentarles, es mejor echar el lastre donde moleste a Lucha y seguir el camino con los objetivos claros y la mente alerta. Que la pólvora de la palabra del inerte no puede detener a nadie.
Los nazis también pasan por el banquillo sin remedio
El proceso ante el Consejo de la Magistratura contra Alfredo López no responde a opiniones abstractas, sino a una acumulación insostenible de abusos funcionales: desde el freno inconstitucional a leyes de soberanía sanitaria hasta su abierta celebración de los intentos de golpe en la región, como el asalto a los tres poderes en Brasilia.
Sin embargo, el núcleo de la destitución expone la peor calaña: un patrón sistemático de judeofobia militante, encuestas de lealtad racial y ataques deshumanizantes contra ciudadanos y autoridades de la comunidad judía.
Al verse acorralados por las pruebas y los alegatos técnicos, los sectores neofascistas activaron su aparato de choque y posverdad. Por un lado, intentaron montar un esperpento en los tribunales con la irrupción del exconcejal y operador Raúl Padró, agrediendo a legisladores y escupiendo consignas vacías. Por el otro, apelaron al manual de la falacia: disfrazar un bochorno neonazi de defensa solidaria al pueblo palestino, una pantalla cínica que descansa en las mismas bibliotecas marginales donde guardan el Mein Kampf.
La bravuconería de internet choca de frente con la calle: el 29 de noviembre de 2025, ante la movilización popular que tomó la Plaza de Mayo, el agitador costero Carlos Pampillón terminó confinado en el área de seguridad del Estado y pidiendo clemencia, mientras su socio Padró brillaba por su total ausencia.
La cobardía operativa de esta patota desnuda su absoluta falta de sustento real.
¿Será el final de las aberraciones para protegerlo a Espinoza?
Toda esta batería de agresiones tuvo un solo objetivo: evitar que el “Kapo” del municipio enfrente a un Tribunal.
Como sentenció la propia víctima en sus apariciones públicas: “A mí me trataron de loca, de prostituta, pidieron internarme en un psiquiátrico, dijeron que extorsionaba hombres y nada era verdad”.
El fallo de Casación que revoca el sobreseimiento express y ordena fijar fecha para el debate oral no solo es un triunfo de la denunciante, sino un mamarracho para los “komunikagadores” y operadores que usaron sus espacios para proteger al poder.
Todo el aparato que montaron durante años para ensuciarla choca hoy contra una realidad ineludible: el expediente está intacto y Espinoza tendrá que sentarse en el banquillo.
Si llegaron a estos extremos dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciando y revictimizando a Melody Rakauskas, es más creemos que el ninguneo de los últimos meses dejará paso a más virulentos y aberrantes intentos de revictimizarla.
Lo que nos vendieron como una flotación pura fue, en los hechos, una devaluación encubierta y dosificada. Al permitir que el techo y el piso se desplazasen mes a mes, el Banco Central devaluó el peso de forma sistemática para evitar el costo político de un salto de golpe, alimentando una inercia inflacionaria constante que machacó el poder adquisitivo.
Hoy, con un esquema recesivo que agotó las divisas genuinas y con una nueva flexibilización del blanqueo de capitales lanzada para intentar rascar los dólares del colchón, aquellas risas quedaron atrás. El sincericidio de Ravier confirma que la supuesta “flotación libre” era un ancla mentirosa que acumuló un atraso monumental, dejando al descubierto que la devaluación que “no iba a existir” ya no hay relato capaz de ocultarla.
LA AGENDA OMITIDA I: LA LOGÍSTICA BRITÁNICA Y LA CAUSA MALVINAS
La prioridad diplomática en el vínculo bilateral con Brasilia debió haberse centrado en la defensa del Atlántico Sur y el cumplimiento de los tratados del Mercosur y Unasur respecto del bloqueo a la ocupación colonial en Malvinas.
Escalas técnicas y reabastecimiento de la Royal Navy: en Río de Janeiro son bienvenidos y repostan los buques HMS Forth y HMS Medway cuyo única misión es matar argentinos y sostener la ocupación británica de las Islas Malvinas, que de otra manera sería costosísima. Lula se pasa por el traste los reclamos argentinos sobre el particular y es hora de hablar las cosas cara a cara. Aunque sea con estos farsantes que siguen hablando mucho de solidaridad en el Mercosur, mientras reciben a nuestros enemigos con alfombra roja por la argentinofobia que tiene Planalto sea quién sea el que gobierne. Aún y sobre todo los Bolsonaro.
El costo del silencio oficial: Estas operaciones garantizan el sostén logístico y el recambio de personal militar de la base británica de Monte Agradable (Mount Pleasant). La ausencia de un reclamo enérgico de Estado a Estado para suspender estas facilidades logísticas debilita la posición histórica de la Argentina y convalida la militarización británica en la región. Aunque a priori sabemos del servilismo imperial de Brasilia al Reino Unido, la diplomacia argentina no debería quedarse de brazos cruzados esperando el milagro de que algún día Lula tenga remordimientos por al altísima traición.
Mientras esto no tenga solución, el enemigo Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte seguirá aprovechando el Corredor Bioceánico de la Muerte en el que participan no solamente Brasil, si no también España, Uruguay, Chile y Colombia.
EL MUNDIAL DEL ODIO LO GANARON LOS QUE LUCRAN CON ÉL
En este tercer bloque exponemos cómo el negocio del fútbol y la industria del entretenimiento explotan el racismo, la violencia y la censura moral para facturar millones mientras persiguen el sentimiento popular y la memoria soberana.
En primer lugar, analizamos las tristes reacciones del trollaje y las usinas digitales oficialistas tras la final del Mundial de Fútbol. Ante la derrota frente a España, los pauteros del Estado salieron en tropel a buscar chivos expiatorios: teorías mufas, ataques racistas dirigidos a futbolistas europeos e insultos al arbitraje. Una pirotecnia del odio pensada para distraer de la miseria económica cotidiana y no asumir la realidad material, prefiriendo la trinchera del prejuicio antes que aceptar los hechos desnudos.
En segundo término, abordamos el negocio de las celebridades del Star System hollywoodense y europeo, como Samuel Jackson y Javier Bardem, quienes utilizan las luchas contra el racismo y los estereotipos para engordar sus cuentas bancarias mientras emiten lecciones morales sobre la Argentina. Un modelo mercantil de «postureo ético» que choca de frente con la lealtad y la soberanía cultural que demostró en su momento Ricardo Darín al rechazar los papeles clisé de la industria imperial.
Por último, desenmascaramos la hipocresía de los escritorios del fútbol sudamericano y nacional. Por un lado, la CONMEBOL muestra un celo censor e implacable contra la hinchada de Tigre por colgar una bandera de la Causa Malvinas —mientras hace la vista gorda ante el tiroteo a los micros de sus hinchas en Uruguay—, y por el otro, la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta en Estados Unidos severas investigaciones judiciales e incautaciones del FBI por tramas opacas de lavado y contratos millonarios.
Desde las usinas del trollaje estatal hasta las alfombras rojas de Hollywood y los sillones corruptos de Luque y Viamonte, el patrón es idéntico: lucrar con las pasiones, lucrar con el odio y perseguir a todo aquel que no se someta a su libreto.
Venden diversidad pero cobran en dólares, persiguen pancartas de Malvinas por «políticas» mientras miran para otro lado cuando corren balas contra la gente en la ruta, y se envuelven en la bandera para tapar causas penales e incautaciones de la justicia internacional.
A este cartel de mercenarios del espectáculo y dirigentes de escritorio hay que cantarles falta envido con la verdad: el negocio de la desinformación y el saqueo popular se les está empezando a desmoronar.
