La utilización de las Islas Malvinas por parte de Washington no responde a un repentino interés por la justicia histórica o el derecho de soberanía de la República Argentina, sino a una palanca de especulación geopolítica.
Informes recientes de medios británicos (como The Telegraph) y su réplica en la prensa internacional revelaron que la administración de Donald Trump introdujo la revisión del respaldo histórico a la ocupación británica de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como un mecanismo de coerción.
El motivo central de esta amenaza no es altruista: se enmarca en las exigencias de Washington a los aliados de la OTAN —y particularmente al Reino Unido— respecto al incremento del gasto militar (exigiendo metas ambiciosas como el 5% del PBI) y el alineamiento absoluto en la política exterior y de defensa norteamericana.
Cuando Londres muestra reticencias o desacuerdos tácticos, la Casa Blanca desliza la posibilidad de retirar su neutralidad benévola o su respaldo diplomático a las “posesiones imperiales” británicas.
Todo sigue igual de mal entre las castas argentinas y brasileñas: total, pagás vos
El viaje relámpago de la comitiva presidencial argentina a Brasil de este 25 de julio de 2026 para participar en actos partidarios del Partido Liberal pone en evidencia una grave distorsión en la gestión de la política exterior.
Mientras el Estado financia con fondos públicos desplazamientos aéreos y operativos logísticos para intervenir en la interna de un país vecino, omite abordar asuntos estratégicos de vital importancia para la soberanía nacional y la protección de sus ciudadanos.
En primer lugar, el gobierno ignora la red de apoyo logístico que Brasil brinda a la ocupación militar británica en las Islas Malvinas, permitiendo el reabastecimiento de buques de la Royal Navy en sus puertos sin un reclamo diplomático enérgico.
Paralelamente, el Estado permanece ausente ante la sistemática “argentinofobia” y los abusos de la policía militar brasileña contra turistas y ciudadanos argentinos, dejando a los compatriotas desprotegidos frente a detenciones arbitrarias y violencia institucional.
Este viaje no representó un acto de diplomacia, sino una malversación de recursos públicos destinada al proselitismo, priorizando la agenda personal por sobre la defensa efectiva de los intereses nacionales.
Sea como sea, a pesar de que los bribones de la grieta nos quieran vender, el panorama electoral en Brasil se perfila como una encrucijada donde la soberanía regional queda relegada.
Lejos de proponer una reconfiguración hacia la autonomía, tanto el oficialismo de Lula da Silva como la oposición bolsonarista mantienen una inercia de subordinación a los intereses de la OTAN.
Esta complicidad geopolítica se manifiesta en la cooperación logística con la Royal Navy y el soporte a la ocupación británica en el Atlántico Sur, ignorando los acuerdos históricos de desmilitarización.
A esto se suma el alarmante silencio de ambos sectores ante el hostigamiento institucional, la persecución y los abusos judiciales y policiales que sufren los ciudadanos argentinos en suelo brasileño, utilizando causas arbitrarias como herramienta de control y segregación.
Milei pone en peligro a los argentinos que bastantes calvarios pasan en el Brasil por que su selección no le hace un gol ni al arco iris, pero ni Lula ni Bolsonaro están dispuestos a no seguir cobrándole a los argentinos de a pie los fracasos futbolísticos.
Los personajes de la casta siguen siendo protegidos por todos los medios al alcance del Poder Político y que a tal efecto son ilimitados.
El descaro y los linchamientos mediáticos de las víctimas a través de los propios parapoliciales del sistema, ya lo estamos viendo en el Caso de Melody Rakauskas en su lucha por Justicia tras el abuso sexual del depredador Barón del Conurbano, Fernando Espinoza.
Lo mismo ha ocurrido con el Caso de Candela Arizaga, que tuvo la desgracia de caer en manos de un hijo “sano” del Patriarcado como Facundo Moyano.
Allí, la velocidad de los medios del sistema, sin distinción de grietas, para defenderlo fue sideral. Todos los encubrimientos que tuvieron a mano los aprovecharon para revictimizar a Candela Arizaga.
Por desgracia para este “nenito de mami”, nosotros registramos de entrada las barbaridades que se llevaron a cabo, que fueron el preludio de otra rapacidad impune de los “machitos” del Poder.
Milei, su Soberbia Criminal y la Suma de Todos los Odios
Durante su exposición del 20 de agosto de 2026 en la 23ª edición de la conferencia organizada por la Americas Society – Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el presidente utilizó la asimetría del atril para validar las pulsiones punitivas de su base más fiel.
Lejos de limitarse a la presentación de indicadores macroeconómicos, el mandatario operó con absoluta displicencia hacia los sectores populares, ratificando un modelo donde la exclusión del adversario no es un daño colateral, sino un pilar fundamental.
Bajo la retórica de la “destrucción creativa”, el relato oficial naturaliza la quiebra de unidades productivas y la precarización laboral. Cualquier actor incapaz de sostenerse en el esquema vigente es estigmatizado como un “prebendario” merecedor de la marginación, clausurando el pluralismo y reduciendo la complejidad social a una disputa maníquea de índole moral entre el mercado y el Estado.
En el mismo foro, el mandatario recurrió a ataques contra la interrupción voluntaria del embarazo para culpar a las conquistas de género de la caída en la natalidad, desatendiendo por completo la crisis material que su propio plan económico provoca. El Estado despliega un intervencionismo punitivo para forzar nacimientos, pero desaparece al momento de garantizar las condiciones mínimas para una infancia digna, transformando la crianza en un privilegio de clase.
Esta soberbia discursiva encuentra su correlato institucional en la abierta desobediencia al orden legal. La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con rectores del CIN, gremios y la Secretaría de Políticas Universitarias) desnudó una anomalía peligrosa: el Ejecutivo ha decidido que su agenda está por encima de la Ley de Financiamiento Universitario y de los fallos de la Corte Suprema que exigen actualizar salarios docentes y recomponer programas como el Progresar.
Desafiar al Congreso y desoír los mandatos judiciales no es liberalismo; es una regresión despótica que pisotea el contrato social.
La soberbia institucional y el ensañamiento económico no hacen más que evidenciar la fragilidad de un experimento que confunde autoridad con autoritarismo.
Cuando el Poder Ejecutivo decide qué leyes cumple y cuáles desecha, no está saneando las cuentas públicas: está demoliendo las bases de la convivencia democrática.
La historia demuestra que ningún orden sostenido sobre el desprecio y la exclusión permanente puede perdurar sin fracturar definitivamente la Nación que asegura representar.
Lejos de tratarse de una excepción, este beneficio se suma a una cadena de ventajas previas obtenidas durante el ejercicio de sus cargos.
Antes de que el expediente penal escalara en los tribunales, el propio aparato estatal le otorgó un paraguas administrativo: la Oficina Anticorrupción dictó prórrogas generales sucesivas —como la de abril y su posterior extensión a mediados de año— que estiraron los plazos para la presentación y revisión de las declaraciones juradas del gabinete.
Con dos prórrogas administrativas en su haber y esta reciente concesión judicial por parte de Lijo, el ex-funcionario acumula tres flexibilizaciones de plazos destinadas a maquillar o justificar las más de veinte inconsistencias detectadas por la Fiscalía.
La historia reciente del movimiento invalida cualquier pretensión de pureza antiimperialista, evidenciando que el alineamiento con las corporaciones multinacionales atraviesa todas sus etapas de gobierno:
El hito de Monsanto (2012): Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el propio Poder Ejecutivo anunció con entusiasmo desde Nueva York la instalación de una megaplanta de la corporación estadounidense Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). Aquel proyecto extractivista no se frenó por decisión política oficial, sino porque las asambleas socioambientales y los vecinos organizados la echaron a patadas tras años de acciones directas en todo el país, donde el peronismo en todas sus formas brilló por su ausencia si no estuvo del lado de Monsanto.
El desfile por Washington D.C.: Durante la gestión de Alberto Fernández, la cúpula gubernamental mantuvo una presencia asidua en los despachos del Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos. Las misiones oficiales entregaban metas macroeconómicas a cambio de avales financieros, configurando una sumisión explícita al orden financiero internacional.
La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con la participación de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios y representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias) ha desnudado una anomalía peligrosa para nuestra democracia: el Ejecutivo nacional ha decidido que su propia agenda está por encima del Imperio de la Ley.
El encuentro, impulsado tras los recovecos judiciales que siguieron al veto presidencial al Decreto 759/25, confirmó que el Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir por motu proprio la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), a pesar de que la norma fue ratificada por el Congreso de la Nación y de que la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que exige aplicar de manera inmediata los artículos referidos a la actualización salarial docente y la recomposición de programas estudiantiles como el Progresar.
El Rule of Law es, por definición, la supremacía del derecho sobre la voluntad de los hombres. Como bien sostenía el pensamiento constitucionalista clásico, el “Imperio de la Ley” significa que el gobierno está sujeto a normas preestablecidas, no que el gobierno utiliza la norma como un obstáculo a remover según su capricho administrativo. Al ignorar una ley ratificada por el Congreso (tras el debido proceso de insistencia) y desoír los mandatos judiciales, el Poder Ejecutivo no está aplicando una política económica, está ejerciendo arbitrariedad.
La postura jacobina aquí no es un llamado al caos, sino una exigencia de igualdad ante la ley. Si el ciudadano de a pie debe cumplir con el ordenamiento jurídico, con mayor razón debe hacerlo el primer mandatario, pues él es el primer depositario de la legalidad constitucional. Cuando un gobierno decide qué leyes “le gustan” y cuáles debe “desobedecer”, el contrato social se rompe.
La libertad que proclama este gobierno carece de sustento si no se sostiene sobre el pilar del Derecho. Sin el Imperio de la Ley, no hay propiedad, no hay contratos, no hay República: solo queda el despotismo del decreto. Desafiar el financiamiento universitario (que es, en última instancia, el financiamiento del futuro del país) pisoteando los fallos judiciales y la voluntad legislativa no es liberalismo. Es, lisa y llanamente, una regresión a formas de poder absoluto que nuestra Constitución vino a enterrar.
La soberanía no está en la Casa Rosada; reside en la ley y en la voz del pueblo expresada en sus instituciones. Quienes desprecian la norma, no están salvando a la patria del gasto; están desmantelando las bases del orden democrático que nos permite convivir.
En todo momento el Presidente Javier Milei se mostró despectivo hacia el Pueblo que lo llevó al Poder y sumiso con los explotadores y vividores que en el lugar le hacían la claque.
Aunque sus barbaridades ya cansaron y no le hacen gracia a nadie, el Primer Magistrado insistirá en mantenerse firme en sus “ejes doctrinarios” a saber:
La Inversión del Rencor Político y la Hostilidad desde el Atril
El foro empresarial fue reconfigurado como una trinchera ideológica. Amparado por la asimetría del atril presidencial, el mandatario optó por validar las pulsiones punitivas de su base más fiel mediante la descalificación personal y el escarnio hacia economistas, periodistas y opositores ausentes, transformando la deliberación pública en un ejercicio de hostilidad y exclusión discursiva.
La Indiferencia Social y el Triunfalismo Macroeconómico
Frente a los indicadores críticos de contracción y el impacto sobre los sectores vulnerables, la exposición respondió con un triunfalismo fiscal abstracto. La desestimación sistemática de los datos que contradicen el relato oficial permitió justificar un ajuste asimétrico, rotulando las advertencias sobre la pérdida de bienestar social como meras falacias de “enemigos” o sectores rezagados.
El Darwinismo de Mercado y la Naturalización del Descarte
A través de analogías simplificadas sobre la “destrucción creativa” aplicada a disputas industriales, el discurso naturalizó la quiebra de unidades productivas locales y la precarización laboral. Bajo esta óptica, cualquier actor incapaz de sostenerse en el nuevo esquema no es visto como víctima de un shock recesivo, sino como un “prebendario” legítimamente merecedor del destierro económico y la marginación.
La Teología del Libre Mercado y la Clausura del Pluralismo
En su cierre, el relato presidencial redujo la compleja realidad socioeconómica a una disputa maniquea de índole moral entre los “valores judeocristianos” del mercado y la supuesta inmoralidad estatista. Al plantear la gestión como una lucha absoluta entre el bien y el mal, se clausura el debate democrático plural: el disenso deja de ser un contrapeso institucional para convertirse en un obstáculo moral que debe ser marginado.
Una agenda de saqueo, abandono y relaciones carnales
La geología neuquina ha respondido a la ambición desmedida. Con 57 sismos registrados en lo que va de 2026, la correlación entre la fractura hidráulica y la inestabilidad sísmica es ineludible. A pesar de los eventos recientes en el sector de El Trapial, operado por Chevron, el poder político y las petroleras insisten en negar el costo socioambiental, priorizando una “soberanía energética” que, en realidad, es una hipoteca geológica para las generaciones futuras.
Mientras tanto, el horizonte electoral brasileño no ofrece alternativa alguna. Tanto el oficialismo como el bolsonarismo mantienen una inercia de subordinación a los intereses de la OTAN. El suministro logístico a buques de la Royal Navy confirma que Brasil funciona como un colaborador de facto de la ocupación británica en el Atlántico Sur. Esta agenda se completa con la hostilidad institucional hacia los argentinos en ciudades como Río de Janeiro, donde el racismo y la violencia policial se utilizan como cortina de humo ante la ausencia de una postura regional soberana.
Finalmente, el embajador estadounidense Peter Ramelas utiliza el Visa Waiver no como un beneficio, sino como una herramienta de chantaje diplomático. La promesa de viajar sin visa se utiliza como “anestésico” para presionar por la exclusión de proveedores asiáticos en sectores estratégicos. No se trata de criterios técnicos de seguridad, sino de forzar una subordinación planificada donde el precio de nuestra “libertad” migratoria es la entrega absoluta de nuestra soberanía estratégica.
La coherencia entre estos tres frentes es absoluta. Mientras nos obligan a vender nuestra infraestructura tecnológica, Brasil nos da la espalda logística en Malvinas y nuestras propias tierras tiemblan bajo el peso de una extracción que no deja beneficio alguno para el pueblo, queda claro que el establishment regional opera bajo una misma lógica de entrega.
La naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación, y el suelo argentino comienza a exigir respuestas. ¿Cuánto más podrá sostenerse este mito de control antes de que la realidad termine de fracturar los cimientos de este modelo de sumisión?
La soberanía no se negocia, pero parece que las élites actuales están decididas a rematarla al mejor postor.
El juicio político ante el Consejo de la Magistratura, impulsado por el senador Luis Juez y el Dr. Alberto Maques, dejó al desnudo lo que este juzgado intentó ocultar bajo una fachada de legalidad. López no fue destituido por sus opiniones, sino por un patrón sistemático de mal desempeño que incluyó:
Hostigamiento racial: La difusión de mensajes cargados de judeofobia, que incluyeron el uso de terminología de corte nazi, la deshumanización de ciudadanos y la promoción de mitos conspirativos medievales que la propia Iglesia Católica ha superado hace décadas.
Abuso de poder: La utilización de la firma “Juez Federal López” en redes sociales para amparar su discurso de odio, rompiendo toda apariencia de imparcialidad y decoro.
Obstrucción y sedición: Su historial incluye el uso espurio de medidas cautelares para boicotear políticas públicas nacionales (como la Ley de IVE) y la apología explícita de intentos de golpe de Estado en la región, como el asalto a las instituciones democráticas en Brasil el 8 de enero de 2023.
Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.
Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.
La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.
Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.
Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la reclamar de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.
La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.
Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.
La complicidad geopolítica con la ocupación británica en el Atlántico Sur
La política de Lula da Silva: Bajo el discurso de la integración regional, el actual gobierno brasileño ha mantenido y profundizado la cooperación logística y de reabastecimiento con las fuerzas armadas británicas. La asistencia a buques de la Royal Navy confirma que el aparato militar e industrial brasileño continúa prestando servicios funcionales a la potencia ocupante de las Islas Malvinas, consolidando un esquema de colaboración con la OTAN que vulnera los acuerdos históricos de desmilitarización y soberanía austral.
El alineamiento de Jair Bolsonaro: Por su parte, el sector bolsonarista representa un sometimiento explícito y subordinado al imperialismo norteamericano y a sus aliados occidentales. Su visión geopolítica carece de cualquier atisbo de autonomía nacional, replicando una agenda de alineamiento automático con los intereses británicos y estadounidenses en el hemisferio que descarta de plano cualquier solidaridad con el reclamo soberano argentino.
11 AÑOS DEL NI UNA MENOS: ATRAVESADAS POR EL ABERRANTE FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA
A once años de aquel grito fundacional, el Ni Una Menos vuelve a las calles no como un aniversario, sino como un grito de guerra frente a un Estado que abandona y un sistema judicial que encubre.
El femicidio de Agostina Vega, de apenas 14 años, en Córdoba, es la radiografía del fracaso: un crimen anunciado, permitido por la desidia institucional y envuelto en una campaña mediática de saturación para ocultar la responsabilidad política detrás de la tragedia.
Queremos resaltar los aspectos que desarrollaremos en los informes sobre el particular:
La desaparición de Agostina el 23 de mayo y su posterior hallazgo en barrio Ampliación Ferreira no fue producto del azar, sino de la impunidad garantizada. El principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier (empleado municipal, con vínculos en la barra brava de Instituto y conexiones políticas) tenía antecedentes claros: en mayo de 2025 ya había sido detenido por secuestrar a otra joven en el mismo domicilio. Que haya recuperado la libertad en apenas 20 días gracias al pago de una fianza es la prueba contundente de un Poder Judicial que le abrió la puerta al asesino para que volviera a actuar.
En medio del dolor, el caso ha sido utilizado para una “operación de saturación informativa”. La aparición de un manuscrito (misteriosamente hallado por la abuela materna) y la filtración de declaraciones de la madre mientras estaba sedada en una clínica, no son casualidades. Son maniobras cínicas para desviar el eje de un femicidio ejecutado con extrema violencia hacia un laberinto de disputas familiares. Esta operación busca agotar la atención pública y proteger a los responsables políticos y judiciales que permitieron que un peligroso violento estuviera en la calle.
El sistema educativo provincial también expone sus grietas. Agostina no asistía a clases desde el 8 de mayo debido a amenazas externas. Aunque la institución activó llamados preventivos, la menor quedó desprotegida durante tres semanas críticas, lejos de la rutina escolar que, en muchos contextos, funciona como el último anillo de contención. La desconexión entre los avisos preventivos y la respuesta estatal para garantizar la seguridad de la joven es, sencillamente, criminal.
Lo ocurrido con Agostina Vega no es un “suceso policial” más; es un síntoma de un Estado que ha hecho de la justicia una opción, no una obligación. El poder judicial asiste a que “se filtren” secretos de sumario para ensuciar a la familia de la víctima con la lentitud que tuvo para lanzar el Alerta Sofía.
Desde Locomoción TV y El Estado de las Luchas, nuestra línea es clara: no serviremos de vehículos para las campañas que buscan enterrar la verdad bajo el ruido de la grieta.
La impunidad tiene nombres, apellidos y responsabilidades políticas claras. Exigimos que la justicia se centre en lo único que importa: el rigor de las pericias científicas para condenar a los responsables.
El Gobierno con el PRO en el armado 2027, sin pensar en el 2026
El Gobierno entró en modo de armar el escenario de recomposición táctica. La necesidad de crear la rosca de la supervivencia los llevo a que Karina Milei y Mauricio Macri (tras meses de distancia y tensiones) abrieran un canal de diálogo que derivó en una “mesa de trabajo” en Balcarce 50.
Así las cosas, el 13 de agosto a las 11 se reunieron en la Casa Rosada los operadores de la Libertad Avanza y el PRO: Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis se sentaron a la misma mesa, lugar desde el cual el Gobierno busca no solo asegurar los votos para su agenda parlamentaria, sino también pavimentar el camino hacia un acuerdo electoral para el próximo año.
No trascendió nada más que el mensaje de la foto de ver a ambas fuerzas políticas, representadas por sus delegados. Volver a mostrarse juntos no fue lo más importante: fue lo único importante.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.
Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.
Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.
El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.
En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.
El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.
Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.
Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.
Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.
Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.
RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.
Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.
Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.
Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.
Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.
Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.
La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.
El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.
En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.
Los hechos superan las peores previsiones socioambientales
Los registros indican dos eventos recientes: uno el 6 de agosto (magnitud 2,8 ML) y otro el pasado miércoles 12 (magnitud 2,6 ML), ambos con epicentros a escasos kilómetros de profundidad en áreas operadas por Chevron, específicamente en el sector de El Trapial. El Observatorio de Sismicidad Inducida los vincula directamente a las operaciones de fractura hidráulica, una correlación que se vuelve ineludible tras contabilizar casi sesenta eventos en un solo año.
Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se suma a un clima de tensión operativa en la misma área, marcado recientemente por un estallido en la Batería 1 de El Trapial que dejó tres trabajadores heridos. La simultaneidad de fallas estructurales y movimientos sísmicos encendió las alertas sobre las medidas de seguridad y el impacto ambiental de una industria que presiona los límites técnicos de la cuenca neuquina.
El Gobierno nacional y las operadoras apuestan todo al potencial de exportación de gas y petróleo, la recurrencia de estos “pequeños” temblores actúa como un recordatorio constante de que la extracción no convencional conlleva riesgos que no figuran en las proyecciones de rentabilidad.
Es tal la dependencia del Kapital y el Estado sobre el beneficio pecuniario de estas barbaridades que se cometen en contra de la Madre Tierra, que están dispuestos a jugarse la vida de las poblaciones del territorio en pos de la causa. Y si hay que negar o esconder muertes y enfermedades lo harán sin ningún pudor.
La metodología de amedrentamiento se despliega en dos frentes que, aunque parezcan distantes, comparten la misma matriz de protección al poderoso.
El brazo represivo del Estado: En La Plata, el gobernador Axel Kicillof ha demostrado que su lealtad no está con las víctimas, sino con la lógica patronal. En vísperas de una protesta social, desplegó tropas de infantería contra trabajadoras del Astillero Río Santiago que habían sido despedidas precisamente por denunciar violencia de género. La respuesta al reclamo pacífico fue el hostigamiento policial, confirmando que para el peronismo bonaerense, cuando el agresor es de su facción, la violencia institucional es la herramienta de respuesta preferida.
El blindaje mediático: Paralelamente, el aparato informativo (con Página/12 a la cabeza) perfecciona la “revictimización preventiva”. En el caso que involucra a Facundo Moyano, el medio no dudó en utilizar su portada para desviar la atención bajo titulares bizarros, transformando una denuncia por violencia en un “final de fiesta”. La estrategia es clara: explotar el estado de shock de la víctima para instalar falsas declaraciones, filtrar actas reservadas y sembrar dudas que eventualmente busquen la nulidad de la causa. No es periodismo, es una operación para salvar al macho de turno, utilizando el secreto de sumario como un arma de encubrimiento.
Lo que vemos en estos casos no es una suma de errores aislados, sino un sistema aceitado. Desde la infantería que rodea a las denunciantes en La Plata hasta los portales que “reeditan” la realidad digital para proteger a un dirigente, la finalidad es única: el sostenimiento del privilegio masculino.
El poder político, sin importar su color, y los medios que viven de su pauta, han comprendido que la mejor manera de mantener el status quo es deslegitimar a la mujer que se atreve a denunciar.
Mientras el expediente judicial intenta avanzar sobre pruebas físicas, el poder mediático ya dictó su sentencia de impunidad. La pregunta que queda, y que el sistema busca evitar a toda costa, es: ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que el poder utilice la violencia contra las mujeres como un daño colateral de sus propios negocios?
El fiscal Pollicita ha solicitado al exfuncionario explicaciones concretas sobre 20 puntos específicos relacionados con su patrimonio y movimientos financieros detectados durante los últimos dos años y medio. Adorni dispone de un plazo de 15 días para presentar la documentación que acredite el origen de los fondos cuestionados.
Entre los aspectos más relevantes que la Justicia busca esclarecer, destacan:
Inconsistencias patrimoniales: El fiscal detectó que, durante su gestión, Adorni habría tenido ingresos totales por 229 millones de pesos, mientras que sus gastos registrados ascienden a 272 millones de pesos, arrojando una diferencia negativa de 43 millones de pesos.
Gastos y adquisiciones en dólares: Se han detectado desembolsos por un total de 402.000 dólares. Entre ellos se encuentran:
Propiedad en “Indio Cua”: Refacciones con un costo extra de 245.000 dólares.
Viajes al exterior: Se investiga el origen de los fondos para el viaje a Aruba, el cual registró un gasto de 15.000 dólares en efectivo.
Otras operaciones: Adquisición de un departamento en la calle Miró (Caballito) y gastos operativos diversos.
Operaciones con criptomonedas: Se exige el detalle pormenorizado de las inversiones, fechas de compra, movimientos y depósitos relacionados con operaciones en criptoactivos, mediante las cuales Adorni alegó haber pasado de una inversión inicial de 200.000 dólares a una ganancia de 300.000 dólares.
Pagos adicionales: Detalles sobre el pago de viáticos y honorarios a escribanos, así como la determinación de qué parte de un préstamo de 200.000 dólares otorgado por terceros fue efectivamente devuelto.
Para sostener este relato oficial frente a la contundencia de los datos científicos, el gobierno se apoya en una estructura de desinformación y hostigamiento en redes sociales:
Validación de lo anecdótico sobre lo científico: Medios oficialistas como La Derecha Diario y militantes digitales (como el “Gordo Dan” o “Fran Fijap”) viralizan testimonios aislados o recortes sin contexto (como el caso de la enfermera del tuit) para instalar la idea falsa de que los nacimientos cayeron un 50% “por culpa del aborto”.
Aparato de disciplinamiento: Estas terminales operan de forma coordinada para atacar a demógrafos, científicos y periodistas que exponen las estadísticas reales del sector salud, buscando silenciar el debate técnico mediante el acoso virtual.
Construcción de realidades paralelas: El uso de estas milicias digitales busca desviar la atención pública de la crisis socioeconómica real, transformando un problema de falta de recursos para criar en una supuesta “guerra cultural”.
El saldo de la violencia estatal en la zona de Congreso
La represión estatal (obra del tándem criminal entre el okupa Jorge Macri y Javier Milei) durante la movilización frente al Congreso del 6 de agosto de 2026, en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dejó un saldo alarmante de violencia institucional, según los registros recabados por los organismos de DD.HH. y nuestra propia cobertura en el lugar:
Detenidos: Se registraron inicialmente 12 detenciones en el operativo represivo de las tropas federales y la Policía de la Ciudad. No obstante, al cotejar los datos en la zona con otros medios, la cifra de personas privadas de su libertad ascendió a 29 casos. Ante la posibilidad de duplicidad de nombres en la vorágine de la jornada, nos mantenemos cautos con el número final, pero constatamos que la cifra real supera largamente la información oficial difundida. Tres de ellas fueron capturadas por las tropas federales bajo los cargos de “atentado y resistencia a la autoridad” —la figura de siempre para criminalizar la protesta—, mientras que las restantes fueron tomadas como rehenes por las fuerzas gubernamentales de la Ciudad.
Heridos por la represión a Manifestantes y Prensa: La cantidad total de heridos es difícil de cuantificar debido a la magnitud de la ofensiva. Informes preliminares contabilizaron una gran cantidad de afectados por el impacto de postas de goma, golpes y los efectos de los gases lacrimógenos y gas pimienta arrojados por las tropas federales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma. Según pudimos constatar en el lugar, el nivel de agresividad fue selectivo contra quienes registraban la represión, superando ampliamente el centenar de personas con cuadros de asfixia y contusiones leves que fueron atendidas de forma autogestiva por brigadas sanitarias voluntarias, ante la ausencia total de asistencia estatal.
Casos de gravedad: Según lo verificado in situ, entre los heridos de mayor consideración destacó una fotoperiodista que recibió un fuerte golpe en la cabeza, provocándole abundante sangrado y lesiones que exigieron su derivación de urgencia al Hospital Argerich para estudios de imagenología. Además, verificamos otros tres manifestantes con heridas de consideración que requirieron traslado inmediato a centros hospitalarios, sin colaboración las ambulancias que debían estar allí para asistir a los damnificados. Reservamos la identidad de los mismos por estrictos motivos de seguridad, ante el accionar criminal de las tropas federales y gubernamentales.
Entre el cúmulo de desinformación difundido por los medios masivos, llamó la atención que las cifras de efectivos heridos difundidas fueran sospechosamente equivalentes a la cantidad de personas que las fuerzas reconocían tener detenidas. Asimismo, se encargaron de instalar el relato de tres uniformados con lesiones de gravedad; una narrativa basada en lágrimas de cocodrilo que carece de cualquier corroboración o evidencia real, utilizada únicamente para armar una simetría falsa y justificar su violencia inusitada.
En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.
El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.
El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.
No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.
EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.
Final de fiesta: el cinismo gráfico con el que ocultaron la violencia de género
La prueba física de esta complicidad corporativa quedó plasmada de manera obscena en la edición impresa de este miércoles: el caso que involucra al exdiputado fue prolijamente camuflado y lavado en la portada principal. En lugar de tratar el hecho con la gravedad institucional de una denuncia por violencia de género y privación de la libertad, el pasquín utilizó el recuadro superior izquierdo para catalogar el calvario de la víctima bajo un título bizarro e indignante: “Final de fiesta”.
Debajo de esa carátula de impunidad que intenta reducir una persecución criminal a un simple descontrol nocturno, el texto de tapa sepulta y desvía la noticia enviando al lector a las páginas interiores bajo el condescendiente resumen de que el dirigente “fue demorado y luego liberado”.
Allí, una vez ejecutado el desvío, el diario sepulta la noticia en la página 14 (Sección Sociedad) bajo otro titular escandalosamente protector que pretende victimizar al propio agresor: “Día difícil para Facundo Moyano”. En el interior del pasquín impreso mantuvieron de forma permanente la nota que instala la supuesta “alucinación” de la víctima, demostrando que no fue un error digital de madrugada, sino una decisión editorial deliberada desde el cierre de la edición en papel para condicionar la agenda del amanecer. El espacio en tapa no se define por el valor de la noticia ni por la protección de las mujeres; se administra como un escudo lingüístico de impunidad para los propios.
Un Gobierno en marcha hacia la marginación y la entrega
La comitiva presidencial viajó al Brasil para participar en una convención partidaria del Partido Liberal y respaldar a Flavio Bolsonaro, financiando con el erario público (combustible, viáticos y seguridad oficial) un despliegue proselitista privado.
Mientras tanto, la agenda bilateral ignoró dos cuestiones imperdonables: el apoyo logístico que la administración de Lula da Silva le brinda a la ocupación británica en las Islas Malvinas (permitiendo el reabastecimiento de los buques usurpadores HMS Forth y HMS Medway que acosan a argentinos en el Atlántico Sur) y la flagrante desprotección consular ante la escalada de argentinofobia y violencia policial contra ciudadanos argentinos en territorio brasileño.
El Estado argentino prioriza la interna ajena mientras convalida el corredor bioceánico de la muerte.
A pocos días de una nueva visita del Fondo Monetario Internacional, el vocero oficialista Adrián Ravier protagonizó un sinceridio al admitir que un dólar a $1.800 es una posibilidad latente.
Intentan disfrazar esta inminente devaluación del 20% como una corrección menor, dejando al desnudo que el esquema económico colapsó.
Aquellos shows desaforados de mediados de 2025 donde Milei, Caputo y Bausili gritaban frente a las cámaras que “el dólar flota” eran solo una farsa para encubrir una devaluación dosificada y constante que machacó el poder adquisitivo de los trabajadores.
A través de una cadena nacional grabada en el Salón Blanco, el Ejecutivo presentó un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Con cifras astronómicas sobre la inflación histórica y los desfalcos de la herencia kirchnerista, la iniciativa consagra cinco pilares: monopolio de objetivos, prohibición total de financiamiento al Estado, blindaje de autoridades con mayoría de dos tercios, regulación de resultados y baja de letras intransferibles.
Detrás de la fachada técnica, se esconde un mecanismo de coerción macroeconómica que asfixia a los distritos subnacionales y confina a los sectores populares a un ajuste permanente, eliminando cualquier rol protector del Estado.
Publicado a fines de julio, el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 modifica la Ley de Migraciones para castigar con expulsión y prohibición de ingreso a quienes emitan supuestos “mensajes de odio”, actos de hostilidad por nacionalidad o ultraje de símbolos patrios.
Con el Congreso en plenas funciones, este DNU padece de una nulidad de origen insalvable y vulnera frontalmente el principio de legalidad y la libertad de expresión. Lejos de ser una defensa soberana, es una respuesta tardía e improvisada para armar una disidencia imaginaria y habilitar un poder de policía de la palabra.
Los hechos son contundentes y no admiten eufemismos. Estamos ante una administración que vacía de contenido la palabra soberanía: viaja a rendirle pleitesía a foreign lobbies y aliados ideológicos mientras entrega el Atlántico Sur al aprovisionamiento pirata; pulveriza los ingresos con devaluaciones encubiertas mientras recita dogmas financieros abstractos; y legisla por decreto para perseguir la opinión ajena mientras confina al pueblo a la miseria planificada.
La Argentina no se reconstruye con shows de streaming ni con motosierras aplicadas sobre las costillas de los desposeídos. Sin coartadas ni subordinación, el tiempo histórico exige poner las cosas en su lugar: un gobierno que gobierna contra su propia gente no hace otra cosa que pavimentar el camino hacia la entrega definitiva.
