Incondicional de Cortázar, siempre soñó con vivir en España y en los últimos años cambió los Aires no tan buenos de Buenos Aires por los de Valencia. Comenzaban a abrirse grandes proyectos ligados al registro de las realidades sociales de España, dos o más ideas para realizar documentales, aunque ahora sí las múltiples dolencias que padecía no le permitieron moverse con la libertad que estaba acostumbrada y en los últimos tiempos tampoco perdió nunca la esperanza de volver a lo suyo a lo que adoraba.
Estas partidas no se superan, nos quedan los largos desvelos produciendo noticias y audiovisuales, hasta que en algún momento el dolor vaya dejando paso a las sonrisas y la dulzura de los recuerdos mismos.
¡Hasta la Victoria Siempre, Querida Compañera Claudia!
Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.
Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.
La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.
Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.
Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la exigencia de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.
La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.
Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.
La complicidad geopolítica con la ocupación británica en el Atlántico Sur
La política de Lula da Silva: Bajo el discurso de la integración regional, el actual gobierno brasileño ha mantenido y profundizado la cooperación logística y de reabastecimiento con las fuerzas armadas británicas. La asistencia a buques de la Royal Navy confirma que el aparato militar e industrial brasileño continúa prestando servicios funcionales a la potencia ocupante de las Islas Malvinas, consolidando un esquema de colaboración con la OTAN que vulnera los acuerdos históricos de desmilitarización y soberanía austral.
El alineamiento de Jair Bolsonaro: Por su parte, el sector bolsonarista representa un sometimiento explícito y subordinado al imperialismo norteamericano y a sus aliados occidentales. Su visión geopolítica carece de cualquier atisbo de autonomía nacional, replicando una agenda de alineamiento automático con los intereses británicos y estadounidenses en el hemisferio que descarta de plano cualquier solidaridad con el reclamo soberano argentino.
11 AÑOS DEL NI UNA MENOS: ATRAVESADAS POR EL ABERRANTE FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA
A once años de aquel grito fundacional, el Ni Una Menos vuelve a las calles no como un aniversario, sino como un grito de guerra frente a un Estado que abandona y un sistema judicial que encubre.
El femicidio de Agostina Vega, de apenas 14 años, en Córdoba, es la radiografía del fracaso: un crimen anunciado, permitido por la desidia institucional y envuelto en una campaña mediática de saturación para ocultar la responsabilidad política detrás de la tragedia.
Queremos resaltar los aspectos que desarrollaremos en los informes sobre el particular:
La desaparición de Agostina el 23 de mayo y su posterior hallazgo en barrio Ampliación Ferreira no fue producto del azar, sino de la impunidad garantizada. El principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier (empleado municipal, con vínculos en la barra brava de Instituto y conexiones políticas) tenía antecedentes claros: en mayo de 2025 ya había sido detenido por secuestrar a otra joven en el mismo domicilio. Que haya recuperado la libertad en apenas 20 días gracias al pago de una fianza es la prueba contundente de un Poder Judicial que le abrió la puerta al asesino para que volviera a actuar.
En medio del dolor, el caso ha sido utilizado para una “operación de saturación informativa”. La aparición de un manuscrito (misteriosamente hallado por la abuela materna) y la filtración de declaraciones de la madre mientras estaba sedada en una clínica, no son casualidades. Son maniobras cínicas para desviar el eje de un femicidio ejecutado con extrema violencia hacia un laberinto de disputas familiares. Esta operación busca agotar la atención pública y proteger a los responsables políticos y judiciales que permitieron que un peligroso violento estuviera en la calle.
El sistema educativo provincial también expone sus grietas. Agostina no asistía a clases desde el 8 de mayo debido a amenazas externas. Aunque la institución activó llamados preventivos, la menor quedó desprotegida durante tres semanas críticas, lejos de la rutina escolar que, en muchos contextos, funciona como el último anillo de contención. La desconexión entre los avisos preventivos y la respuesta estatal para garantizar la seguridad de la joven es, sencillamente, criminal.
Lo ocurrido con Agostina Vega no es un “suceso policial” más; es un síntoma de un Estado que ha hecho de la justicia una opción, no una obligación. El poder judicial asiste a que “se filtren” secretos de sumario para ensuciar a la familia de la víctima con la lentitud que tuvo para lanzar el Alerta Sofía.
Desde Locomoción TV y El Estado de las Luchas, nuestra línea es clara: no serviremos de vehículos para las campañas que buscan enterrar la verdad bajo el ruido de la grieta.
La impunidad tiene nombres, apellidos y responsabilidades políticas claras. Exigimos que la justicia se centre en lo único que importa: el rigor de las pericias científicas para condenar a los responsables.
El Gobierno con el PRO en el armado 2027, sin pensar en el 2026
El Gobierno entró en modo de armar el escenario de recomposición táctica. La necesidad de crear la rosca de la supervivencia los llevo a que Karina Milei y Mauricio Macri (tras meses de distancia y tensiones) abrieran un canal de diálogo que derivó en una “mesa de trabajo” en Balcarce 50.
Así las cosas, el 13 de agosto a las 11 se reunieron en la Casa Rosada los operadores de la Libertad Avanza y el PRO: Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis se sentaron a la misma mesa, lugar desde el cual el Gobierno busca no solo asegurar los votos para su agenda parlamentaria, sino también pavimentar el camino hacia un acuerdo electoral para el próximo año.
No trascendió nada más que el mensaje de la foto de ver a ambas fuerzas políticas, representadas por sus delegados. Volver a mostrarse juntos no fue lo más importante: fue lo único importante.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.
Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.
Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.
El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.
En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.
El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.
Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.
Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.
Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.
Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.
RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.
Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.
Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.
Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.
Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.
Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.
La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.
El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.
En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.
Los hechos superan las peores previsiones socioambientales
Los registros indican dos eventos recientes: uno el 6 de agosto (magnitud 2,8 ML) y otro el pasado miércoles 12 (magnitud 2,6 ML), ambos con epicentros a escasos kilómetros de profundidad en áreas operadas por Chevron, específicamente en el sector de El Trapial. El Observatorio de Sismicidad Inducida los vincula directamente a las operaciones de fractura hidráulica, una correlación que se vuelve ineludible tras contabilizar casi sesenta eventos en un solo año.
Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se suma a un clima de tensión operativa en la misma área, marcado recientemente por un estallido en la Batería 1 de El Trapial que dejó tres trabajadores heridos. La simultaneidad de fallas estructurales y movimientos sísmicos encendió las alertas sobre las medidas de seguridad y el impacto ambiental de una industria que presiona los límites técnicos de la cuenca neuquina.
El Gobierno nacional y las operadoras apuestan todo al potencial de exportación de gas y petróleo, la recurrencia de estos “pequeños” temblores actúa como un recordatorio constante de que la extracción no convencional conlleva riesgos que no figuran en las proyecciones de rentabilidad.
Es tal la dependencia del Kapital y el Estado sobre el beneficio pecuniario de estas barbaridades que se cometen en contra de la Madre Tierra, que están dispuestos a jugarse la vida de las poblaciones del territorio en pos de la causa. Y si hay que negar o esconder muertes y enfermedades lo harán sin ningún pudor.
La metodología de amedrentamiento se despliega en dos frentes que, aunque parezcan distantes, comparten la misma matriz de protección al poderoso.
El brazo represivo del Estado: En La Plata, el gobernador Axel Kicillof ha demostrado que su lealtad no está con las víctimas, sino con la lógica patronal. En vísperas de una protesta social, desplegó tropas de infantería contra trabajadoras del Astillero Río Santiago que habían sido despedidas precisamente por denunciar violencia de género. La respuesta al reclamo pacífico fue el hostigamiento policial, confirmando que para el peronismo bonaerense, cuando el agresor es de su facción, la violencia institucional es la herramienta de respuesta preferida.
El blindaje mediático: Paralelamente, el aparato informativo (con Página/12 a la cabeza) perfecciona la “revictimización preventiva”. En el caso que involucra a Facundo Moyano, el medio no dudó en utilizar su portada para desviar la atención bajo titulares bizarros, transformando una denuncia por violencia en un “final de fiesta”. La estrategia es clara: explotar el estado de shock de la víctima para instalar falsas declaraciones, filtrar actas reservadas y sembrar dudas que eventualmente busquen la nulidad de la causa. No es periodismo, es una operación para salvar al macho de turno, utilizando el secreto de sumario como un arma de encubrimiento.
Lo que vemos en estos casos no es una suma de errores aislados, sino un sistema aceitado. Desde la infantería que rodea a las denunciantes en La Plata hasta los portales que “reeditan” la realidad digital para proteger a un dirigente, la finalidad es única: el sostenimiento del privilegio masculino.
El poder político, sin importar su color, y los medios que viven de su pauta, han comprendido que la mejor manera de mantener el status quo es deslegitimar a la mujer que se atreve a denunciar.
Mientras el expediente judicial intenta avanzar sobre pruebas físicas, el poder mediático ya dictó su sentencia de impunidad. La pregunta que queda, y que el sistema busca evitar a toda costa, es: ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que el poder utilice la violencia contra las mujeres como un daño colateral de sus propios negocios?
El fiscal Pollicita ha solicitado al exfuncionario explicaciones concretas sobre 20 puntos específicos relacionados con su patrimonio y movimientos financieros detectados durante los últimos dos años y medio. Adorni dispone de un plazo de 15 días para presentar la documentación que acredite el origen de los fondos cuestionados.
Entre los aspectos más relevantes que la Justicia busca esclarecer, destacan:
Inconsistencias patrimoniales: El fiscal detectó que, durante su gestión, Adorni habría tenido ingresos totales por 229 millones de pesos, mientras que sus gastos registrados ascienden a 272 millones de pesos, arrojando una diferencia negativa de 43 millones de pesos.
Gastos y adquisiciones en dólares: Se han detectado desembolsos por un total de 402.000 dólares. Entre ellos se encuentran:
Propiedad en “Indio Cua”: Refacciones con un costo extra de 245.000 dólares.
Viajes al exterior: Se investiga el origen de los fondos para el viaje a Aruba, el cual registró un gasto de 15.000 dólares en efectivo.
Otras operaciones: Adquisición de un departamento en la calle Miró (Caballito) y gastos operativos diversos.
Operaciones con criptomonedas: Se exige el detalle pormenorizado de las inversiones, fechas de compra, movimientos y depósitos relacionados con operaciones en criptoactivos, mediante las cuales Adorni alegó haber pasado de una inversión inicial de 200.000 dólares a una ganancia de 300.000 dólares.
Pagos adicionales: Detalles sobre el pago de viáticos y honorarios a escribanos, así como la determinación de qué parte de un préstamo de 200.000 dólares otorgado por terceros fue efectivamente devuelto.
Para sostener este relato oficial frente a la contundencia de los datos científicos, el gobierno se apoya en una estructura de desinformación y hostigamiento en redes sociales:
Validación de lo anecdótico sobre lo científico: Medios oficialistas como La Derecha Diario y militantes digitales (como el “Gordo Dan” o “Fran Fijap”) viralizan testimonios aislados o recortes sin contexto (como el caso de la enfermera del tuit) para instalar la idea falsa de que los nacimientos cayeron un 50% “por culpa del aborto”.
Aparato de disciplinamiento: Estas terminales operan de forma coordinada para atacar a demógrafos, científicos y periodistas que exponen las estadísticas reales del sector salud, buscando silenciar el debate técnico mediante el acoso virtual.
Construcción de realidades paralelas: El uso de estas milicias digitales busca desviar la atención pública de la crisis socioeconómica real, transformando un problema de falta de recursos para criar en una supuesta “guerra cultural”.
El saldo de la violencia estatal en la zona de Congreso
La represión estatal (obra del tándem criminal entre el okupa Jorge Macri y Javier Milei) durante la movilización frente al Congreso del 6 de agosto de 2026, en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dejó un saldo alarmante de violencia institucional, según los registros recabados por los organismos de DD.HH. y nuestra propia cobertura en el lugar:
Detenidos: Se registraron inicialmente 12 detenciones en el operativo represivo de las tropas federales y la Policía de la Ciudad. No obstante, al cotejar los datos en la zona con otros medios, la cifra de personas privadas de su libertad ascendió a 29 casos. Ante la posibilidad de duplicidad de nombres en la vorágine de la jornada, nos mantenemos cautos con el número final, pero constatamos que la cifra real supera largamente la información oficial difundida. Tres de ellas fueron capturadas por las tropas federales bajo los cargos de “atentado y resistencia a la autoridad” —la figura de siempre para criminalizar la protesta—, mientras que las restantes fueron tomadas como rehenes por las fuerzas gubernamentales de la Ciudad.
Heridos por la represión a Manifestantes y Prensa: La cantidad total de heridos es difícil de cuantificar debido a la magnitud de la ofensiva. Informes preliminares contabilizaron una gran cantidad de afectados por el impacto de postas de goma, golpes y los efectos de los gases lacrimógenos y gas pimienta arrojados por las tropas federales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma. Según pudimos constatar en el lugar, el nivel de agresividad fue selectivo contra quienes registraban la represión, superando ampliamente el centenar de personas con cuadros de asfixia y contusiones leves que fueron atendidas de forma autogestiva por brigadas sanitarias voluntarias, ante la ausencia total de asistencia estatal.
Casos de gravedad: Según lo verificado in situ, entre los heridos de mayor consideración destacó una fotoperiodista que recibió un fuerte golpe en la cabeza, provocándole abundante sangrado y lesiones que exigieron su derivación de urgencia al Hospital Argerich para estudios de imagenología. Además, verificamos otros tres manifestantes con heridas de consideración que requirieron traslado inmediato a centros hospitalarios, sin colaboración las ambulancias que debían estar allí para asistir a los damnificados. Reservamos la identidad de los mismos por estrictos motivos de seguridad, ante el accionar criminal de las tropas federales y gubernamentales.
Entre el cúmulo de desinformación difundido por los medios masivos, llamó la atención que las cifras de efectivos heridos difundidas fueran sospechosamente equivalentes a la cantidad de personas que las fuerzas reconocían tener detenidas. Asimismo, se encargaron de instalar el relato de tres uniformados con lesiones de gravedad; una narrativa basada en lágrimas de cocodrilo que carece de cualquier corroboración o evidencia real, utilizada únicamente para armar una simetría falsa y justificar su violencia inusitada.
En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.
El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.
El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.
No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.
EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.
Final de fiesta: el cinismo gráfico con el que ocultaron la violencia de género
La prueba física de esta complicidad corporativa quedó plasmada de manera obscena en la edición impresa de este miércoles: el caso que involucra al exdiputado fue prolijamente camuflado y lavado en la portada principal. En lugar de tratar el hecho con la gravedad institucional de una denuncia por violencia de género y privación de la libertad, el pasquín utilizó el recuadro superior izquierdo para catalogar el calvario de la víctima bajo un título bizarro e indignante: “Final de fiesta”.
Debajo de esa carátula de impunidad que intenta reducir una persecución criminal a un simple descontrol nocturno, el texto de tapa sepulta y desvía la noticia enviando al lector a las páginas interiores bajo el condescendiente resumen de que el dirigente “fue demorado y luego liberado”.
Allí, una vez ejecutado el desvío, el diario sepulta la noticia en la página 14 (Sección Sociedad) bajo otro titular escandalosamente protector que pretende victimizar al propio agresor: “Día difícil para Facundo Moyano”. En el interior del pasquín impreso mantuvieron de forma permanente la nota que instala la supuesta “alucinación” de la víctima, demostrando que no fue un error digital de madrugada, sino una decisión editorial deliberada desde el cierre de la edición en papel para condicionar la agenda del amanecer. El espacio en tapa no se define por el valor de la noticia ni por la protección de las mujeres; se administra como un escudo lingüístico de impunidad para los propios.
Un Gobierno en marcha hacia la marginación y la entrega
La comitiva presidencial viajó al Brasil para participar en una convención partidaria del Partido Liberal y respaldar a Flavio Bolsonaro, financiando con el erario público (combustible, viáticos y seguridad oficial) un despliegue proselitista privado.
Mientras tanto, la agenda bilateral ignoró dos cuestiones imperdonables: el apoyo logístico que la administración de Lula da Silva le brinda a la ocupación británica en las Islas Malvinas (permitiendo el reabastecimiento de los buques usurpadores HMS Forth y HMS Medway que acosan a argentinos en el Atlántico Sur) y la flagrante desprotección consular ante la escalada de argentinofobia y violencia policial contra ciudadanos argentinos en territorio brasileño.
El Estado argentino prioriza la interna ajena mientras convalida el corredor bioceánico de la muerte.
A pocos días de una nueva visita del Fondo Monetario Internacional, el vocero oficialista Adrián Ravier protagonizó un sinceridio al admitir que un dólar a $1.800 es una posibilidad latente.
Intentan disfrazar esta inminente devaluación del 20% como una corrección menor, dejando al desnudo que el esquema económico colapsó.
Aquellos shows desaforados de mediados de 2025 donde Milei, Caputo y Bausili gritaban frente a las cámaras que “el dólar flota” eran solo una farsa para encubrir una devaluación dosificada y constante que machacó el poder adquisitivo de los trabajadores.
A través de una cadena nacional grabada en el Salón Blanco, el Ejecutivo presentó un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Con cifras astronómicas sobre la inflación histórica y los desfalcos de la herencia kirchnerista, la iniciativa consagra cinco pilares: monopolio de objetivos, prohibición total de financiamiento al Estado, blindaje de autoridades con mayoría de dos tercios, regulación de resultados y baja de letras intransferibles.
Detrás de la fachada técnica, se esconde un mecanismo de coerción macroeconómica que asfixia a los distritos subnacionales y confina a los sectores populares a un ajuste permanente, eliminando cualquier rol protector del Estado.
Publicado a fines de julio, el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 modifica la Ley de Migraciones para castigar con expulsión y prohibición de ingreso a quienes emitan supuestos “mensajes de odio”, actos de hostilidad por nacionalidad o ultraje de símbolos patrios.
Con el Congreso en plenas funciones, este DNU padece de una nulidad de origen insalvable y vulnera frontalmente el principio de legalidad y la libertad de expresión. Lejos de ser una defensa soberana, es una respuesta tardía e improvisada para armar una disidencia imaginaria y habilitar un poder de policía de la palabra.
Los hechos son contundentes y no admiten eufemismos. Estamos ante una administración que vacía de contenido la palabra soberanía: viaja a rendirle pleitesía a foreign lobbies y aliados ideológicos mientras entrega el Atlántico Sur al aprovisionamiento pirata; pulveriza los ingresos con devaluaciones encubiertas mientras recita dogmas financieros abstractos; y legisla por decreto para perseguir la opinión ajena mientras confina al pueblo a la miseria planificada.
La Argentina no se reconstruye con shows de streaming ni con motosierras aplicadas sobre las costillas de los desposeídos. Sin coartadas ni subordinación, el tiempo histórico exige poner las cosas en su lugar: un gobierno que gobierna contra su propia gente no hace otra cosa que pavimentar el camino hacia la entrega definitiva.
Desde este, nuestro humilde lugar, reconocemos los reclamos que nos unifican, los únicos importantes en la jornada de Lucha de este 6 de agosto en toda la Argentina:
Defensa de la Soberanía Popular: Rechazo categórico a cualquier forma de injerencia, dependencia económica y subordinación a los dictados de los organismos financieros internacionales.
Justicia Social y Laboral: Lucha frontal contra la flexibilización, la precarización laboral, la inflación y las políticas de ajuste que descargan la crisis sobre las espaldas de las y los trabajadores.
Sustentabilidad y Vida Digna: Protección de los territorios comunitarios, bienes comunes, recursos naturales y el derecho fundamental a una Vida Digna frente a la voracidad extractivista. Sin lugar a dudas, este es el eje central de toda la cuestión, defender una vez más a la Madre Tierra, de las expoliaciones del Kapital y el Estado.
Democracia Real y Participativa: Profundización de los mecanismos de decisión popular y fortalecimiento del tejido social frente a los avances del conservadurismo y el autoritarismo.
Un mar de incongruencias en el DNU que lo hacen tan inválido como inaplicable
La inexistencia del presupuesto de “Necesidad y Urgencia” con el Congreso en funciones
El uso de un DNU para reformar una ley formal del Congreso (Ley de Migraciones) exige circunstancias de fuerza mayor insalvables que impidan el trámite ordinario de sanción de leyes. A la fecha del dictado del decreto, el Congreso de la Nación se encuentra en pleno funcionamiento y sesionando. La existencia de un parlamento operativo fulmina de nulidad insanable el presupuesto fáctico de urgencia, configurando una usurpación de potestades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
Violación del Principio de Legalidad y Tipicidad (Lex Certa)
La “norma” (ya que al no haber sido declarada nula por ningún poder está vigente) introduce términos elásticos y subjetivos como “mensajes de odio”, “actos de hostilidad” o “ultraje de símbolos”. Al no tipificar esas conductas precisas, se delega en la autoridad de aplicación un poder de policía de la palabra y del pensamiento, habilitando la arbitrariedad en la selección de los sujetos pasibles de sanción. Es decir queda a discreción de quién el Estado se disponga a aplicarla la punición.
Afectación directa a la Libertad de Expresión (Chilling Effect)
Sancionar con el desarraigo y la expulsión a personas por sus opiniones o expresiones públicas (aún bajo el ropaje de proteger el “honor nacional”) vulnera los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y expresión (Artículo 13 de la CADH), generando un efecto amedrentador sobre el disenso.
Prohibición absoluta de Retroactividad
Por aplicación de los principios del derecho administrativo sancionador y las garantías penales mínimas (Artículo 18 de la Constitución Nacional), el DNU no puede aplicarse bajo ningún concepto a hechos, declaraciones o expresiones emitidas con anterioridad a su entrada en vigencia (31 de julio de 2026). Pretender juzgar actos pasados bajo una norma creada ex post facto constituye una vía de hecho ilegal.
El mito de la defensa soberana y la realidad punitiva
El considerando del decreto apela a una supuesta “campaña antiargentina” o a la defensa de los símbolos patrios para justificar una reacción inflexible del Estado. Sin embargo, en el plano práctico, la norma funciona como un mecanismo de selectividad punitiva, ya que el Estado se reserva el derecho de elegir arbitrariamente a quién sancionar y a quién ignorar bajo idénticas expresiones. Es además una norma de persecución a disidencias, solamente un instrumento de contenido simbólico e intimidatorio más cercano al derecho penal de autor que a una regulación migratoria orientada al orden público y la convivencia democrática.
Finalmente, y tal cual se venía anunciando, este 31 de julio el Acampe Ambientalista se plantó frente a Canal 12 de Córdoba para visibilizar las Luchas por la Pacha en esa Provincia. La permanencia en el Parque Autóctono de la Docta será hasta el día 6 de agosto cuando se incorporarán a la marcha nacional contra la extranjerización de la tierra.
Sabido es que los medios en todo el país, esconden la pauta informativa relacionada con la Pacha, respondiendo solamente a la pauta publicitaria estatal y, por eso mismo, este grupo de cordobeses han decidido enfrentar el problema y encarar a los principales cultores de este mercenario accionar.
La iniciativa de la gente de la Provincia de Córdoba contará como es habitual con nuestro apoyo y nuestra difusión, ya que SIEMPRE estaremos en la calle con les que luchan. Fieles a nuestro lema: ¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!
Como era de esperar, hubo sectores del ambientalismo local, los mismos que para luchar tienen que pedirle permiso a sus asentaderas, que por mezquindades o sectarismos ridículos no apoyan esta lucha y siguen con sus extemporáneos reclamos de copyright. Algunos, con una caradurez que no es nueva, exigieron que digan quiénes son para diferenciarse de les que luchan y no los confundan a ellos con su burocracia y su policíaca facción.
A tal efecto consultamos a los militantes allí presentes sobre el particular y a continuación les brindamos lo que nos contaron de esa primera jornada de lucha.
Según el Ejecutivo esta Reforma, que girará en lo inmediato al Congreso, busca modificar de raíz los cimientos operativos y legales del sistema financiero a través de cinco ejes centrales:
Monopolio de objetivos: Se despoja al organismo de la multiplicidad de funciones acumuladas en mandatos previos para focalizar toda su estructura en una única misión excluyente: preservar el valor de la moneda.
Prohibición total de financiamiento: Se veta de manera terminante la impresión de billetes o el otorgamiento de adelantos y préstamos al Tesoro nacional, provincial o municipal, prohibiendo asimismo la compra primaria de títulos públicos.
Blindaje de autoridades: Se elevan los requerimientos institucionales para remover al presidente o al directorio del Banco Central, exigiendo una mayoría calificada de dos tercios de los votos en ambas cámaras legislativas para evitar destituciones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Regulación estricta de resultados: Se acotan los mecanismos de distribución de utilidades ficticias, destinando los ingresos extraordinarios por tenencia y cartera a reservas técnicas y a la cancelación de compromisos públicos.
Baja definitiva de las Letras Intransferibles: Se suprimen los instrumentos contables de asistencia fiscal incorporados en reformas pasadas, blindando las reservas internacionales frente al uso discrecional del Palacio de Hacienda.
A continuación, el Heraldo Furioso dará lectura a la convocatoria en cuestión de nuestros hermanos cordobeses, a los que les deseamos el mayor de los éxitos en este iniciativa digna de imitar.
¡Adelante, Heraldo con la Convocatoria!
A TODA LA POBLACIÓN:
Se informa que este viernes 31 de julio, a partir de las 10 hs, comunidades indígenas de Córdoba en la Multisectorial en Defensa del Ambiente daremos inicio a un acampe permanente de una semana (hasta la marcha del 6 de agosto) en el Parque Autóctono, a media cuadra del Canal 12.
La principal función de este acampe es denunciar a este medio masivo como cómplice directo de la entrega y destrucción de nuestros territorios. Exigimos que se informe a la población sobre las más de 140 causas ambientales cajoneadas por el Poder Judicial de Córdoba, así como los intereses ocultos que hay detrás de la llamada “Ley de extranjerización de la tierra”.
Llamamos a todos los movimientos y organizaciones sociales a acompañar nuestra protesta. También llamamos a toda la población de Córdoba y de Argentina en general.
Las comunidades indígenas somos las últimas guardianas del bosque, el agua y la vida. No permitamos que siga avanzando el saqueo y el despojo.
Juntos podemos decir BASTA.
Te esperamos. Te necesitamos para seguir protegiendo el agua y poder dejarles un futuro a nuestros hijos y nietos. Los invitamos de corazón a sumarse a este acampe en defensa de la vida. Vení a traer tu música, tus banderas, tus colores.
EL SUQUÍA NACE EN LOS CERROS.
LOS TERRITORIOS Y LA SOBERANÍA NO SE ENTREGAN.
LA TIERRA NO SE VENDE, NO SE QUEMA, NO SE DESALOJA.
31 de julio, a partir de las 10 hs Parque Autóctono de Córdoba Av. Rafael Núñez esq. Av. Sagrada Familia (Bajada del Cerro)
Revés de los Poderosos en el Caso de Melody Rakauskas
Desde mayo de 2021, cuando se consumó la agresión sexual a la Secretaria Privada bajo opacidad e identidades de fantasía, se puso en marcha una maquinaria implacable de desgaste. No se trató de un hecho aislado, sino de la utilización coordinada de todo un andamiaje político, judicial y mediático para salvar al jefe comunal.
El expediente expone con crudeza el rol de los operadores que actuaron en sintonía con la defensa. Por un lado, la asfixia procesal y los intentos de declarar la falta de acción de la víctima aprovechando su situación de extrema vulnerabilidad e indigencia letrada. Por el otro, el arsenal de la revictimización: campañas de prensa parapolicial para tildarla de extorsionadora, operaciones psiquiátricas para patologizarla, y un persistente acoso territorial que incluyó seguimientos con vehículos sin patente y un siniestro vial que la dejó al borde de la muerte.
Ni la complicidad de ciertos despachos de la fiscalía ni el blindaje de la Federación Argentina de Municipios pudieron sostener el fraude procesal. El fallo de la Sala Tercera destapó la farsa del sobreseimiento express y ratificó la validez de las pruebas, los peritajes y el delito de desobediencia judicial por violar las restricciones de acercamiento.
El camino hacia el Tribunal Oral N°16 es un hito ineludible, pero no nos engañemos: si llegaron hasta aquí vulnerando todas las reglas elementales de la decencia, no van a detenerse ahora. El aparato de difamación seguirá intentando ensuciar a la denunciante. Sin embargo, la verdad judicial ya encontró un límite que ningún blindaje político puede comprar. La impunidad patronal parece tener fecha de vencimiento.
¿Será el final de las aberraciones para protegerlo a Espinoza?
Toda esta batería de agresiones tuvo un solo objetivo: evitar que el “Kapo” del municipio enfrente a un Tribunal.
Como sentenció la propia víctima en sus apariciones públicas: “A mí me trataron de loca, de prostituta, pidieron internarme en un psiquiátrico, dijeron que extorsionaba hombres y nada era verdad”.
El fallo de Casación que revoca el sobreseimiento express y ordena fijar fecha para el debate oral no solo es un triunfo de la denunciante, sino un mamarracho para los “komunikagadores” y operadores que usaron sus espacios para proteger al poder.
Todo el aparato que montaron durante años para ensuciarla choca hoy contra una realidad ineludible: el expediente está intacto y Espinoza tendrá que sentarse en el banquillo.
Si llegaron a estos extremos dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciando y revictimizando a Melody Rakauskas, es más creemos que el ninguneo de los últimos meses dejará paso a más virulentos y aberrantes intentos de revictimizarla.
Esta admisión actual expone la falsedad estructural del régimen de bandas cambiarias que Ravier y el oficialismo defendieron desde el principio bajo el dogma de la “libertad de mercado”.
Mientras los trabajadores sufrían la licuación de sus ingresos, la respuesta desde la cúspide del poder había sido la soberbia y la burla. En un recordado número de streaming a mediados de 2025, el propio presidente Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili montaron un show desaforado gritando a coro frente a las cámaras: “¡El dólar flota!”, transformando la angustia social por el costo de vida en un meme oficialista para blindar el relato de la supuesta “mano invisible” y tildar de ignorantes a quienes advertían la devaluación.
EL USO DEL ERARIO PÚBLICO AL SERVICIO DE LA AGENDA PARTIDARIA
El desplazamiento del Poder Ejecutivo argentino (acompañado por una comitiva oficial desproporcionada) se realizó utilizando aeronaves de la flota oficial, lo que implicó erogaciones directas en combustible, viáticos, tasas aeroportuarias y logística de seguridad.
Alineación ideológica vs. Interés nacional: La actividad central consistió en brindar un discurso de campaña partidaria en apoyo a un espacio político local. La agenda institucional no incluyó reuniones de trabajo diplomáticas ni negociaciones económicas con el Poder Ejecutivo de la nación anfitriona.
El contraste presupuestario: En el marco de un ajuste estricto sobre las cuentas públicas locales y recortes a servicios esenciales, el Estado financia traslados para proyección política individual, sentando un precedente de malversación indirecta de recursos y falta de ética pública.
NAZIS, CORRUPTOS Y ABUSADORES DEL PODER A TRIBUNALES
El primer bloque de esta emisión expone con pruebas y sin concesiones cómo los hilos de la impunidad y la reacción autoritaria intentan blindar a sus piezas clave, desde la ultraderecha judicial hasta los feudos del conurbano.
En primer término, abordamos el juicio de destitución en el Consejo de la Magistratura contra el suspendido juez federal de Mar del Plata, Alfredo López. El acorralamiento legal contra este magistrado provocó la irrupción violenta en los tribunales porteños de viejos agitadores de la ultraderecha, encabezados por el exconcejal peronista Raúl Padró. Esta patota, articulada con el procesado Carlos Pampillón, intentó montar un show agresivo e impostar una falsa defensa del pueblo palestino para encubrir lo que en realidad son causas gravísimas por mal desempeño, hostigamiento judeófobo en redes sociales, apología de golpes de Estado y bloqueos sistemáticos a leyes nacionales. Una opereta de postverdad que contrasta con la cobardía demostrada por estos mismos personajes cuando la movilización popular les plantó cara en la calle.
En segundo lugar, repasamos el triste papelón de los parapoliciales digitales del oficialismo tras la final del Mundial de Fútbol. A minutos de la derrota frente a España, las usinas de trolls y tuiteros pauteros de la ultraderecha salieron en tropel a buscar culpables, esgrimiendo teorías mufas, ataques racistas a futbolistas europeos e insultos contra el arbitraje. Una narrativa del odio diseñada para tapar la miseria cotidiana y no asumir la realidad material, prefiriendo la trinchera del prejuicio antes que aceptar los hechos desnudos.
Por último, registramos un golpe demoledor al blindaje feudal en la provincia de Buenos Aires: la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el escandaloso sobreseimiento dictado a comienzos de año a favor del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La justicia anuló las maniobras de impunidad que pretendían dejar indefensa a la víctima, Melody Rakauskas, y le ordenó al Tribunal Oral N° 16 sentar de forma inmediata a Espinoza en el banquillo de los acusados para responder por los delitos de abuso sexual y desobediencia judicial. Se le termina la protección al caudillismo patronal.
Ya sea en los pasillos de Comodoro Py, en las guaridas digitales del trollaje oficialista o en las intendencias eternas del conurbano, la matriz es la misma: la utilización del poder y la prepotencia para garantizar la impunidad de los propios y perseguir al disidente.
Pretenden camuflar su odio racial con banderas ajenas, tapar la miseria económica con racismo deportivo y liquidar causas judiciales apretando a las víctimas.
Los archivos no se queman y las pruebas quedan. A esta casta de procesados, nazis de utilería y abusadores con fuero, la verdad los va a sentar en el banquillo, porque la memoria popular ni perdona ni olvida.
