Por Jorge Altamira
Es completamente natural que se haya desatado el debate acerca de los “presos políticos”. Una pieza fundamental del acuerdo para lanzar la candidatura del binomio presidencial de los Fernández consistió en el compromiso de revertir los procesos judiciales contra el kirchnerismo, especialmente los que afectaban a la expresidenta y a su familia. Alberto Fernández se tomó el trabajo de viajar a Curitiba, para solidarizarse con Lula, quien se consideraba un preso político, aunque estaba preso como consecuencia de dos condenas judiciales sucesivas. El abrazo al expresidente de Brasil desató una crisis política con Bolsonaro. AF no fue a Brasil para condenar una “arbitrariedad” del Tribunal Superior de ese país, sino para repudiar una condena política. Lo mismo hizo con Milagro Sala, quien acumula más condenas que Lula. El argumento de que los presos políticos sólo existen bajo dictaduras desluce los pergaminos académicos de AF e incluso constituyen un antecedente peligroso para su gestión de gobierno: hay miles de procesados por participación en luchas sociales y sindicales y la Constitución admite detenciones bajo el estado de sitio, o sea políticas. La judicialización de las luchas y las protestas constituyen una máscara de la penalización de la lucha política. En este momento, un preso político de altura internacional, Julián Assange, enfrenta la amenaza de una extradición a Estados Unidos, donde Trump le ha prometido entre la perpetua y la pena de muerte.
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