La furia homicida del capital no conoce matices ni piedad; cuando las corporaciones del agronegocio exigen maximizar su tasa de ganancia a costa de la vida ajena, el Estado siempre moviliza su maquinaria para hacerles el trabajo sucio.

La Resolución 869/2026 del SENASA no es una simple travesura burocrática ni un ajuste técnico menor: es la habilitación formal de un circuito de experimentación criminal que toma a los pequeños productores, a las economías familiares y a los territorios rurales como conejillos de indias de los nuevos venenos.

Quienes ya plantamos bandera contra las multinacionales del ecocidio sabemos perfectamente cómo opera esta lógica mercenaria. En su momento, los gigantes de la biotecnología intentaron arrasar Córdoba y nos tuvieron en frente plantados en Malvinas Argentinas hasta frenarles la planta y echarlos con la fuerza organizada de los vecinos, sin caer en su trampa ni regalarles excusas para la represión. Los derrotamos enteros, de pie y sin heridos ni detenidos, porque a los mercaderes de la muerte se los combate con convicción, memoria y la firmeza de no darles un solo tranco de ventaja.

Hoy, la administración actual reedita esa misma infamia bajo nuevos ropajes formales, demostrando que los cipayos de turno están dispuestos a entregar hasta la última gota de agua y la salud de nuestros pibes con tal de aplaudir ante los grandes pools de siembra.

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exfuncionario Manuel Adorni (en la que se investiga un bache millonario entre ingresos y gastos que supera holgadamente los 43 millones de pesos, además de cientos de miles de dólares sin justificación clara) sumó un nuevo capítulo al catálogo de las grandes comedias burocráticas de los tribunales federales.

Todo el arco informativo y la opinión pública tenían marcada a fuego una fecha en el calendario: el 16 de septiembre. Era el supuesto día clave en el que el exjefe de Gabinete debía dar la cara y presentar el descargo exigido por el fiscal Gerardo Pollicita.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos judicial, el vencimiento mutó mágicamente hacia adelante y se estiró hasta el 22 de septiembre.

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