Incondicional de Cortázar, siempre soñó con vivir en España y en los últimos años cambió los Aires no tan buenos de Buenos Aires por los de Valencia. Comenzaban a abrirse grandes proyectos ligados al registro de las realidades sociales de España, dos o más ideas para realizar documentales, aunque ahora sí las múltiples dolencias que padecía no le permitieron moverse con la libertad que estaba acostumbrada y en los últimos tiempos tampoco perdió nunca la esperanza de volver a lo suyo a lo que adoraba.
Estas partidas no se superan, nos quedan los largos desvelos produciendo noticias y audiovisuales, hasta que en algún momento el dolor vaya dejando paso a las sonrisas y la dulzura de los recuerdos mismos.
¡Hasta la Victoria Siempre, Querida Compañera Claudia!
Juez gildista avasalla la Constitución para perseguir periodistas
La resolución dictada por el magistrado formoseño (un exconcejal peronista con antecedentes de incompatibilidad constitucional confirmados por el Superior Tribunal de Justicia provincial) vulnera de forma flagrante los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.
Exigir permisos administrativos o matriculación obligatoria para ejercer el periodismo contradice los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la doctrina de la Corte Interamericana, que desde la Opinión Consultiva OC-5/85 estableció que tales requisitos limitan indebidamente la libertad de expresión.
Lo más alarmante del cuadro institucional no provino únicamente del feudo formoseño de Gildo Insfrán, sino de la propia cúspide del Ejecutivo nacional.
Lejos de repudiar el avasallamiento a las garantías constitucionales, el presidente Javier Milei celebró públicamente la condena a los comunicadores a través de sus redes sociales, validando el criterio punitivo y ratificando la hostilidad sistemática hacia el periodismo de investigación bajo el tristemente célebre lema oficial de desprecio a la labor de prensa.
El atropello en Las Lomitas deja en evidencia una peligrosa convergencia de intereses entre el modelo feudal provincial y la administración nacional: la intolerancia absoluta hacia el disenso y el rechazo visceral a la fiscalización pública.
Cuando el aparato estatal se alía con la arbitrariedad judicial para perseguir a quienes investigan, la libertad de expresión deja de ser un derecho garantizado para convertirse en blanco móvil de un autoritarismo transversal que no tolera ser interpelado por los hechos.
Manuel Adorni vuelve a quedar en el centro de la tormenta judicial: tras su descargo, la fiscalía de Gerardo Pollicita consideró que sus explicaciones no cierran y exigió una batería de medidas técnicas y financieras concretas para auditar su patrimonio.
Ante las explicaciones aportadas por la defensa sobre el origen de sus fondos y la evolución de sus bienes, la fiscalía profundizó la investigación con requerimientos específicos que apuntan directamente al circuito financiero y fiscal del ex-Funcionario.
Las diligencias solicitadas incluyen medidas contundentes:
Peritaje criptográfico: Una verificación técnica a cargo de la Policía Federal sobre ocho direcciones de Bitcoin para corroborar la existencia, titularidad y correspondencia de los fondos declarados por la venta de criptoactivos.
Antecedentes laborales y previsionales: Pedidos formales a la ANSES para reconstruir la historia laboral completa de Adorni (desde 1998) y de su pareja (desde 2000), abarcando remuneraciones, aportes y actividades autónomas.
Información fiscal y cambiaria: Requerimientos a organismos como ARCA para detallar operaciones de compra de moneda extranjera, además del análisis de inmuebles, vehículos y la eventual participación en sociedades o asociaciones.
Cuando las justificaciones patrimoniales se chocan con peritajes a billeteras virtuales, cruces de datos fiscales y rastreos de ingresos históricos, el relato oficial se debilita. La Justicia demuestra que la rendición de cuentas exige pruebas materiales y no meros descargos de papel.
Más allá de la formalidad institucional y la gravedad innegable de la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur, resulta ineludible analizar la jugada en su tablero político real.
Este tipo de despliegues discursivos y jurídicos operan, en el fondo, como un montaje electoralista y de distracción para un Gobierno que necesita imperiosamente mostrar una supuesta épica patriótica y una fibra nacionalista de ocasión, justo cuando debe justificar y sostener un programa de ajuste implacable que ahoga a las mayorías.
La selección quirúrgica de los blancos (como el foco puesto exclusivamente en Thales UK o el proyecto Sea Lion) contrasta llamativamente con las omisiones deliberadas sobre otros actores clave de la matriz colonial, como la socia israelí Navitas Petroleum.
Queda en evidencia que las grandes pancartas de soberanía suelen agitarse al compás de la conveniencia táctica y de la necesidad de blindar una gestión que naufraga en lo económico, utilizando la causa más cara al sentimiento argentino como un simple fusible de marketing político.
Lo que intenta encubrir la letra chica de esta resolución estatal no es más que la desesperación de un modelo extractivo que necesita seguir expandiéndose a sangre y fuego sobre los territorios. Pretenden institucionalizar el envenenamiento sistemático como si fuera una simple optimización logística, creyendo que el pueblo tiene memoria corta y que las luchas del pasado fueron excepciones aisladas.
Se equivocan de pe a pa. Los pueblos que ya aprendimos a organizarnos, a poner el cuerpo sin caer en provocaciones y a frenar a las multinacionales en sus propios escritorios y en las calles, sabemos muy bien que ningún decreto ministerial está por encima de la defensa de la vida. Esta medida es apenas una nueva afrenta, pero también la confirmación de que el agronegocio y sus cómplices gubernamentales tiemblan cada vez que las bases populares se plantan.
Esto recién empieza. Tomamos aire, ajustamos las herramientas y nos ponemos a la orden del día, porque la tierra no se vende, se defiende.
En lugar de señalar el avasallamiento institucional cometido en Las Lomitas o respaldar las garantías constitucionales de libre circulación y prensa (Art. 14 de la CN), el presidente Javier Milei celebró públicamente la condena impuesta al equipo de La Nación.
A través de sus canales oficiales en redes sociales, el jefe de Estado justificó el accionar de la justicia provincial de Formosa atacando directamente a los profesionales condenados:
«TIRO POR LA CULATA. Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas. CIAO!»
No es que esperáramos mucho del Señor Presidente de la Nación, siendo además el lider de la campaña difamatoria que dió en llamar NOLSALP (No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas), pero ni siquiera por faccioso pudo repudiar la barbaridad del Juez Omar Padilla, se atrevió a hacer siquiera lo decente, siquiera lo correcto.
Entre náuseas podríamos destacar tres supremas groserías al menos en el tuit de Milei:
Validación del atropello punitivo: Al festejar un fallo dictado por un Juez de Paz exoficialista que exige licencias estatales y permisos locales para ejercer la prensa, el Poder Ejecutivo convalidó en los hechos la aplicación de mecanismos que la doctrina jurídica clasifica como censura previa e injerencia estatal.
Priorización del enfrentamiento con el periodismo sobre la división de poderes: La respuesta oficial antepuso la hostilidad contra los medios de comunicación por encima de la denuncia de la arbitrariedad judicial en Formosa.
Validación del estatismo provincial: Pese a enarbolar una plataforma de libertades individuales y combate a los regímenes corporativos, la reacción avaló un fallo fundado en la obligatoriedad de la colegiación y el control burocrático sobre el libre ejercicio del trabajo periodístico.
La Gira para Servir a los Millonarios en el Saqueo
Mientras en los discursos públicos ensayaba su habitual pirotecnia ideológica y sus actos de subordinación geopolítica, en la trastienda neoyorquina Javier Milei desplegó la verdadera razón de ser de su viaje: la entrega llave en mano de los recursos estratégicos de la Argentina al gran capital financiero internacional.
Lejos del escrutinio de la opinión pública, la agenda del mandatario se estructuró en una seguidilla de reuniones privadas, mesas redondas a puertas cerradas y encuentros de trabajo ante los mayores fondos de inversión y magnates de Wall Street.
Un itinerario reservado diseñado con un solo propósito: certificarle a los mercados que el país se encuentra en liquidación y con garantías de impunidad para el extractivismo más despiadado.
En cada una de esas exposiciones exclusivas, el Presidente actuó como el mejor vendedor de un remate patrimonial. Ante un auditorio de ejecutivos que manejan cajas de escala planetaria, Milei no ofreció un plan de desarrollo soberano ni la generación de valor agregado local, sino el desmantelamiento de cualquier traba normativa, ambiental o laboral que ose entorpecer la maximización de sus ganancias.
Amparado en la arquitectura del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), les garantizó exenciones impositivas extraordinarias, libre disponibilidad de divisas y un marco de sometimiento legal que blinda los intereses transnacionales frente a los derechos del propio Estado argentino.
La puesta en escena dejó al descubierto la hipocresía del relato oficial sobre la “libertad”: una libertad entendida exclusivamente para que los fondos buitre y las corporaciones mineras, energéticas y petroleras saqueen a gusto dejándole al Pueblo las cicatrices de su avaricia.
Frente a las mesas ejecutivas de la Gran Manzana, el Presidente ofreció al país en bandeja de plata, ratificando que su proyecto político no es más que la garantía institucional para una nueva era de expolio colonial, donde el esfuerzo de los argentinos financia las rentas de los multimillonarios del Norte.
El desastre comunicacional de la Gira del Gobernador
El eterno múltiple discurso del peronismo que Kicillof llevo al extremo más ridículo en su Historia. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires como buen político argentino te plantea que si no te gustan tus principios, tiene otros. Esta jugada a mil bandas tiene muchas complicaciones y las peores son las inherentes al verticalismo militar del peronismo. Todos tratan de compensar las barbaridades de los de arriba.
El viaje desnudó las capacidades de Kicillof para resolver cosas obvias y en su ánimo peronista le endilga a una periodista que le hizo una emboscada. Si uno de sus objetivos era que se hablara de él, lo logró. Se dedicó a hacer que la vida de Les ParaKes de la Ultra fuera una fuente eterna de papelones por parte del Gobernador bonaerense.
El paralelismo con la histórica frase “me quiero ir” de Lorenzino se reavivó debido al tenso momento que vivió Axel Kicillof en la Universidad de Columbia, donde intentó apuradamente evadir las preguntas dela corresponsal argentina Silvina Sterin Pensel, cuando abordó al gobernador para consultarle directamente sobre su postura respecto al conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza.
Ahí a Kicillof le estalló la cabeza y reclamó frenar la grabación diciendo “Pará un cachito, te contesto, pero pará un cachito“. Cuando la periodista insistió en que hablara “desde el corazón”, el Gobernador argumentó que ya se había expresado antes y que tenía a su equipo de prensa esperando afuera, buscando una salida rápida para abandonar el intercambio.
La insistencia por frenar la cámara y la prisa por dejar el pasillo generaron el mismo impacto político y un fuerte cuestionamiento a su manejo de la prensa internacional.
Con total desvergüenza, luego de mandar a cubrirlo a Jessica Rey, el Gobernador bonaerense alegó que lo que le hizo la periodista no fue una pregunta, sino una emboscada.
¡Vamos a las imágenes!
Hasta a la hora de la cena con los saqueadores los desastres organizativos de sus manzanillos obedientes dando indicaciones de simular diálogo (“Hacé como que hablás. Quietos, quietos. Dale“) para capturar una imagen destinada a las redes sociales y gacetillas oficiales.
Se les filtró el backstage del montaje a ellos mismos, mientras el Gobernador le juraba a los buitres que sus ganancias del saqueo estaban seguras. Este tipo de puestas en escena son una práctica común en la comunicación política global, lo que no es común es que “se filtre” de una manera tan vergonzosa es como demasiada improvisación de la cosa.
Al abordar la irrupción de la IA (luciendo de manera simbólica una corbata inspirada en Adam Smith), comparó su impacto potencial con la histórica “fábrica de alfileres”. Advirtió que el miedo no debe usarse como excusa para otorgar al Estado un control desmedido sobre la innovación tecnológica.
Como cada vez que no tiene mucho que decir, usa cuestiones profundamente banalizadas, le mete una “anécdotica” a lo Chávez y termina diciendo nada. Nuestro Presidente es erudito en cosas que ignora y lo volvió a demostrar.
Ratificó su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, quizás por ese motivo y por las ridículas defensas no solictadas de Milei, se olvidó de mencionar la traición del Estado de Israel en la Causa Malvinas, asociándose con Rockhopper para hacer extractivismo de la ocupación.
Haciendo su show internacional defendió el capitalismo de libre empresa como el único motor para la prosperidad y se cansó de hablar bien de su propio gobierno con el mesianisno de siempre.
Hasta aquí llegamos con esta trigésima quinta Emisión regular de El Heraldo Furioso, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.
La Marcha de la “B”ronca: otro clímax proselitista del sistema
El desfile callejero y sus trastiendas políticas expusieron las costuras de un sistema que fagocita la protesta:
El circo electoralista y los globitos: Con columnas del PTS y estética de comité, la marcha funcionó como un escaparate de autopromoción partidaria más que como un plan de lucha real. Insisten con exigirle un paro a la CGT y a la CTA, sabiendo perfectamente que la burocracia sindical jamás moverá un dedo.
El sainete policial: La Policía de la Ciudad aportó su cuota de grotesco burocrático. Con el absurdo pretexto de evitar que una bandera “golpee a una mujer” o retirar un container de escombros en plena columna principal, los agentes demostraron una celosa inutilidad para acosar manifestantes mientras dejan pasar lo importante.
La trinchera de los que no claudican: Frente al ala puramente electoral, en los margenes de la movilización se visibilizó la autogestión de los sectores combativos. Con más de 120 compañeros procesados por luchar, la construcción colectiva desde las bases y la memoria de la clase trabajadora siguen siendo las únicas herramientas genuinas frente a la ofensiva estatal.
La Marcha de la Bronca confirmó que el sistema prefiere canalizar el descontento hacia urnas y comités de aplauso.
Seguir esperando que la burocracia sindical llame a un paro general o que el progresismo electoral defienda los derechos del pueblo es una pérdida de tiempo.
La bronca obrera y popular es legítima, pero no se agota en un acto de campaña con globos de colores.
Mientras sigan apostando a la comodidad de los sillones y al circo institucional, el verdadero cambio seguirá naciendo desde abajo, con asambleas, autodefensa y organización de base.
La coartada del almanaque y la narrativa de los bitcoins invisibles buscan blindar al poder con el mismo libreto de siempre: subestimar a la ciudadanía, naturalizar lo injustificable y transformar la función pública en una cueva de prestidigitadores.
Los números siguen sin cerrar, la opacidad es total y la complicidad de los engranajes judiciales opera como salvavidas de plomo para los intocables. No nos toman por distraídos; nos toman directamente por idiotas.
La Policía de la Ciudad no fue violenta, fue grotesca
Esta vez la Policía de la Ciudad no hizo mucha más violencia que la de la grosería de andar metiéndose ellos a ver donde avanza o no la marcha, si no que acosaron a los pequeños grupos de manifestantes que no podía abrir banderas, con los hipócritas argumentos de evitar “accidentes”, con mujeres interponiéndose ante a hombres con banderas: un auténtico papelón.
Como hecho gracioso de tanta inimputabilidad de esta gente, una Oficial de la Ciudad decía que no se podían abrir banderas por que si con una de esas le pegaban a una mujer que pasa con un perrito sería una tragedia. En ese sentido a este cronista le extraña mucho que esta señora no evaluara que hay más probabilidades de que caiga un meteorito y nos mate a todos de que ocurra la barbaridad que se le ocurrió a esta señora.
Podríamos ponerlo como lo más ridículo de esta gente, que no dudo en hacer hasta lo imposible para poder pegarle a la gente, pero se quedaron con las ganas. Luego la señora Oficial se encargó de molestarme en persona, diciéndome que me corriera que me podía lastimar, como si un servidor fuera un desvalido que además empezó ayer. Así se lo manifestamos y seguimos filmando el “no vas más” de la estupidez que fue retirar un container en la Esquina de Avenida de Mayo al momento que el grueso de la Marcha comenzaba a pasar por ahí. Como la señora no se separaba de mi, le dije si quería mirara la cámara sin que yo ya necesitara enfocar, con unos segundos que reflejen lo que estes mentecates hacían a un servidor le alcanzaba y sobraba. Sí sacaron un container de escombros a esas horas. Inutilidad al palo y esta gente posee un arma y hasta la facultad de molestar o provocar a los ciudadanos, lo que además pagamos todes.
Hace trece años, el 17 de septiembre de 2013 en horas de la tarde, partíamos desde la Autónoma con destino a Malvinas Argentinas (Córdoba) para unirnos al golpe más duro e incruento que se le haya asestado a la envenenadora Monsanto.
Los meses anteriores fueron de de idas y vueltas, planes, ideas a destiempo, vientos a contrapelo y, al final, evitando identificaciones y demás molestias llegamos en la madrugada del 18 de septiembre de 2013 a Malvinas Argentinas donde nos esperaban, entre otres: Lucas Vaca, Sofía Gatica, Oscar Di Vincensi, Rosi Montoya Alber, Tito Toloza, Ester y Eduardo Quispe, los Mazzalay, Perro Verde, Gise Alarcón y unos pocos más de los que seguramente me olvido y espero sepan perdonarme.
Para quienes quieran ver como se hacen algunas cosas en crudo les brindamos a continuación el Derrotero de los Indeseables, como llamamos al momento en que a las 6:49, casi sin luces para no dar aviso al enemigo, ingresaba el convoy de gente que tomaría de sorpresa a los criminales de Monsanto.
¡Vamos a las imágenes!
A las 7:30 de la mañana del 18 de septiembre se habían establecido los bloqueos de las dos entradas de la que nunca iba a ser la Planta de Monsanto en Malvinas Argentinas.
La acción se hizo con celeridad, colocando dos vehículos en el puente principal de acceso a la Planta, antes de que la Policía de Córdoba, ahora sí alertada por la concreción de la Toma apareció como siempre para salvarle las papas a la multinacional, tarea en la que fracasaron vilmente.
Intentó la tropa del orden amedrentar a los que allí estábamos, pidiendo documentos y tratando de decir que iban a multar y meter preso a dios y maría, pero se fueron sin haber obtenido más que risas por parte de los presentes.
A las 11:30, con el bloqueo ya consolidado, Lucas Vaca nos contaba lo que allí estaba pasando.
¡Vamos a las imágenes!
Así las cosas, el principio del fin había llegado para Monsanto, con un bloqueo sostenido en el tiempo y otras muchísimas acciones en las que tuvimos el honor de participar y ejecutar como el Acampe Congreso.
La planta de la que la dos veces ex-Presidenta, Cristina Elisabet Kirchner, estaba orgullosa quedó hecha una tapera sin que se generan en las filas de los que lucharon contra ella ni heridos ni detenidos.
Unos pocos meses después y con el empuje de estas luchas, daríamos a luz este Discurso de El Estado de las Luchas.
No queriamos dejar pasar esta fecha son recordar esta gesta que demostró por millonésima vez que las victorias crecen desde el pie y se hacen a mano y sin permiso y, sobre todo sin depender de los energúmenos de arriba para nada.
Mientras los números del patrimonio de Adorni siguen sin cerrar (con desfasajes inocultables en gastos corrientes, operaciones inmobiliarias y tenencia de efectivo) el Poder Judicial demuestra una vez más su habilidad para manejar los tiempos con absoluta discrecionalidad.
Entre notificaciones que se cajonean, plazos que se estiran bajo sutiles interpretaciones del calendario y una dinámica tribunalera pensada para enfriar cualquier placa roja de noticiero, la sensación es siempre la misma: juegan con la paciencia de la gente y nos toman por idiotas.
Los 43 millones siguen ahí, las explicaciones brillan por su ausencia, pero la coartada del almanaque, al menos por unos días más, les salvó las papas.
El despropósito final: el Circo de la Imputación Falsa
Por si faltara un número en este circo itinerante, la defensa de la ex-Presidenta salió a dar una conferencia de prensa digna de ilusionistas de feria para cuestionar la condena por la causa Vialidad. Con el libreto a cargo de Carlos Beraldi y compañía, ahora descubrieron el agua tibia: argumentan que el famoso decreto 54/2009 era de “alcance general” y que de los más de 2.000 millones de dólares del fideicomiso de obra pública, menos del 1% fue a parar a las manos de Lázaro Báez.
Al grito de “la imputación fue absolutamente falsa” y preparando un nuevo raid de quejas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la cofradía legal busca instalar un relato de ingeniería fantástica para disimular lo indefendible.
Pretenden hacernos creer que una década y media de armado serial de cajas negras fue un malentendido administrativo o un error de tipeo en las planillas de Excel.
Mientras los embargos millonarios avanzan sobre las propiedades y la realidad les desarma los argumentos en los tribunales criollos, el defensismo serial recurre al manual del inocente perseguido global.
A esta altura, con el expediente cerrado y la chicana a cuestas, no hay Power Point internacional que logre tapar el fondo de la olla.
La defensa del ex-Gobernador de Entre Ríos recurrió a toda clase de artimañas durante años, incluyendo un Jury escandaloso contra la fiscal, el apoyo corporativo de 180 funcionarios entrerrianos y el uso de una feria judicial para conseguir una escandalosa excarcelación en enero de 2025.
Esto le permitió al reo y a sus adláteres, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, mantenerse en libertad y hacer proselitismo político bajo el falso relato de la “persecución”.
El 3 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por inadmisible el recurso extraordinario federal, dejando firme la condena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para Urribarri, así como las penas de seis años y seis meses para Aguilera y Báez.
Tras un último intento fallido de la defensa por conseguir la prisión domiciliaria alegando un cuadro de estrés postraumático, las órdenes de detención se efectivizaron y los imputados fueron ingresados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
Definitivamente el corrupto y sus cómplices enfrentan el freno de la justicia, aunque en estos niveles del poder el margen de duda sobre posibles privilegios de guante blanco siempre está latente.
Queda por ver si cumplirán su pena en reclusión efectiva o si buscarán nuevas grietas en un sistema acostumbrado a proteger a los suyos.
Mientras las estadísticas del Registro Único de Bomberos (RUBA) acumulan más de 150.000 servicios en lo que va del año (donde el 60% corresponden a emergencias críticas) el Estado continúa descargando sobre los hombros de voluntarios la responsabilidad de sostener un servicio público esencial sin los recursos mínimos garantizados.
La tensión entre el rigor fiscal del Ejecutivo y la supervivencia operativa de los cuarteles marca un límite crítico donde la vocación de servicio ya no alcanza para cubrir el rojo financiero.
El deseo de Milei y de toda La Libertad Avanza es que los Bomberos (y más los Voluntarios) desaparezcan ya que son un gasto inútil, algo que no le reporta (ni a él ni a sus jefes chupasangres) ningún saldo operativo.
Sabe y conoce la importancia de estas nobles personas, pero también sabe las diferencias entre los Bomberos y la Casta que esta muy bien representada en el Gobierno.
Odia plenamente a todo aquello cuyo objetivo en la vida no sea pisotear al otro y sobre todo a los más humildes. Lo que odia su casta infame es un “gasto” y ,como con la Universidad Pública, ese patético y vil sentimiento de odio atávico no hay Ley que le ponga freno.
Este episodio revive las críticas históricas sobre la matriz cultural y política del peronismo, que cuestionamos y cuestionaremos siempre, por su arraigada lógica de “conducción” centralizada y su cercanía estructural con los cuarteles.
En Verónica, esa dependencia de la estructura militar (exhibida a flor de piel cuando se prioriza la preservación de la base por sobre cualquier revisión ética de su pasado) demuestra que, a la hora de defender los privilegios y la subsistencia corporativa, las banderas de los derechos humanos quedan guardadas en el cajón, priorizando el cálculo electoral y gremial por encima de cualquier convicción profunda.
Nos hablan de salvar vidas y de ayuda humanitaria que es el cuento cínico bajado por el embajador Peter Lamelas en los comunicados oficiales del Departamento de Estado y en los despachos diplomáticos de Washington para enmascarar la venta de pertrechos militares bajo un rótulo de supuesta beneficencia civil.
Detrás de un eufemismo lavado para la tribuna internacional, la realidad es inocultable: cada tornillo que entra bajo este esquema consolida un modelo de dependencia donde las prioridades de nuestras fuerzas se deciden en despachos extranjeros.
No hay solidaridad ni defensa soberana; hay adaptación colonial, subordinación a pulso militar y un andamiaje listo para apuntar los cañones hacia adentro.
Esto que parecía el guion de una novela de narcos de esas en las que el Capo al final se escapa, se acabó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se tomara 681 días para expedirse y rechazar por inadmisible (en términos más populares, por bochornoso) el recurso federal extraordinario el 3 de septiembre de 2026.
De esta manera la condena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos de Sergio Urribarri y las de 6 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para Juan Pablo Aguilera y Pedro Ángel Báez quedan en firme por delitos de peculado y administración fraudulenta.
Como el “no va más” de la desfachatez, el Dr. Leopoldo Cappa pidió al Tribunal de Justicia y Apelaciones que le fuera otorgado el privilegio de la prisión domiciliaria para Urribarri debido a que según alegó “atraviesa un estrés postraumático con síntomas disociativos y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y farmacológico”.
Obviamente, el Tribunal la rechazó por improcedente y emitió la orden de detención del reo la que se empezó a hacer efectiva en la noche del 4 de septiembre cuando lo fueron a buscar a su domicilio en Concordia desde donde fue trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, en la que finalmente fue alojado el 5 de septiembre.
Queda, por último, esperar si el Tribunal finalmente determina que Urribarri y sus adláteres cumplan su pena allí donde se encuentran ahora o si serán alojados en otro penal para cumplir la totalidad de su condena.
La Casta crece y asegura palos para proteger el privilegio
La presentación formal de las declaraciones juradas del ejercicio 2025 dejó al descubierto los números patrimoniales de la cúpula del poder. Los bienes del Presidente Javier Milei treparon a casi 295 millones de pesos, mientras que el patrimonio de su hermana Karina Milei se triplicó, impulsado por la revaluación de inmuebles y la incorporación de cuentas virtuales que abren la puerta a futuros blanqueos.
Sin embargo, el escándalo mayor recae sobre el ministro de Economía, Luis Caputo: el 95,3% de sus ahorros están depositados fuera del país, demostrando que predica una confianza en la economía nacional que él mismo jamás convalida con su dinero.
En paralelo a este festival de privilegios y contabilidad protegida, el gobierno implementa aumentos salariales para el personal militar y las fuerzas federales de seguridad que superan la pauta inflacionaria prevista.
Mientras se desfinancian las necesidades básicas de jubilados, docentes y trabajadores estatales, el Estado prioriza la inversión en “palos y balas” para blindar el modelo de ajuste frente al descontento social.
La contabilidad oficial y el relato oficialista se empeñan en mostrar una normalidad inexistente mientras la calle sufre las consecuencias del ahogo económico.
La ecuación del poder es obscena: se ajusta con crueldad a los sectores vulnerables bajo el dogma del equilibrio fiscal, pero el presupuesto se vuelve flexible y patriótico cuando se trata de asegurar el músculo represivo y garantizar la seguridad financiera de los propios funcionarios.
En el aspecto militar, si es que lo hubo, anunció que en ese otro DNU que habilitará la construcción de una Base Naval en Tierra del Fuego y que le dotará de medios que mejoren las telecomunicaciones. Sobre este particular no mencionó nada de la Base cuya piedrita fundacional inauguró el peronismo ni sobre el radar británico de Alberto y Cristina instalaron y aún recibe energía del peronismo fueguino que se mostró muy generoso con el imperialismo en sus años de Gobierno.
Ya como quien está vendiendo humo a lo Solanas aseguró que esa base, de la que no dijo si será solamente argentina siquiera “nos convertirá en el Polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina.”
Luego, siguiendo su línea de no explicar nada y dejar más dudas que certezas, el Presidente de la Nación dijo que enviará al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a los efectos de las sanciones enunciadas antes y de la implementación del juicio en ausencia a los efectos de aplicar las mismas.
Esa Ley también creará un Consejo de Seguridad Nacional (que tiene connotaciones nefastas en nuestra historia reciente y que siempre terminó en argentinos muertos) el que según él “definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía” y cuyas facultades pedirá al Congreso que le habilite.
En el mismo sentido, Milei pidió rearmar a las Fuerzas Armadas lo que, coincidiendo con su expresión de deseos de usarlas para reprimir o matar argentinos, es un peligro latente para los civiles de la Argentina.
Cerrando este discurso, solicitó un Frente Unido como Nación e invitó a todos los actores políticos de la Argentina a sumarse a este reclamo.
Lo cierto es que no podemos ver más que expresiones de deseos donde debe haber políticas claras y en donde se mencionan peligros son solamente para los ciudadanos de a pie y nunca para los piratas invasores.
El Presidente Milei oficializó un esquema de incrementos salariales destinados al personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad que ubica las subas por encima de la pauta inflacionaria proyectada para el tramo final del año.
En el caso específico del sector militar, se fijó un esquema acumulativo que contempla una mejora del 12,22% para los últimos cuatro meses, acompañada por actualizaciones en adicionales específicos como los servicios en la Antártida y las remuneraciones de la Curia Castrense.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal y los distintos cuerpos operativos de seguridad también percibirán ajustes complementarios mediante compensaciones por variabilidad de vivienda, función ejecutiva, zona sur y títulos académicos.
Mientras el poder central desfinancia obras sociales del sector y pulveriza el poder adquisitivo de docentes, médicos y trabajadores de la administración pública (cuyos acuerdos son firmados a la baja o directamente rechazados por las bases) la chequera estatal se abre sin titubeos para blindar el aparato de represión y control interno.
El Gobierno pone millones de reparos presupuestarios para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero no duda ni por un segundo de establecer como única relación del Estado con ellos la inversión en palos y balas.
Para la Argentina y para los políticos los caminos son distintos. Vaca Muerta no es solamente la mejor fuente de ingresos de los Estados argentinos, según parece se encamina a que sus beneficiarios saqueadores sean además los encargados de lo que alguna vez fue la obra pública.
Al parecer, los funcionarios están para llevarse su parte del saqueo y nada más. Gobernar no es algo de lo que se sientan concernidos estos señores
El pacto vial firmado en los Estados Unidos por Figueroa no es más que la constatación de una subordinación colonial explícita. Convierte a la Provincia del Neuquén en un simple corredor de sacrificio al servicio de las multinacionales, donde la infraestructura y el progreso se miden exclusivamente en barriles exportados a costa de la devastación de la Madre Tierra.
En el caso del Presidente Milei, la decisión de promover la Fórmula 1 en medio de una crisis de infraestructura vial es un insulto a la inteligencia y seguridad de los argentinos.
Javier Milei vuelve a demostrar que su brújula política apunta a satisfacer a los sectores más pudientes y a los grandes eventos corporativos, mientras abandona a su suerte a los ciudadanos que sufren a diario el estado calamitoso de las rutas.
No está interesado en ningún plan de desarrollo federal, solo en reafirmar de una gestión elitista que prioriza el espectáculo sobre la vida y el bienestar de la población.
