Incondicional de Cortázar, siempre soñó con vivir en España y en los últimos años cambió los Aires no tan buenos de Buenos Aires por los de Valencia. Comenzaban a abrirse grandes proyectos ligados al registro de las realidades sociales de España, dos o más ideas para realizar documentales, aunque ahora sí las múltiples dolencias que padecía no le permitieron moverse con la libertad que estaba acostumbrada y en los últimos tiempos tampoco perdió nunca la esperanza de volver a lo suyo a lo que adoraba.
Estas partidas no se superan, nos quedan los largos desvelos produciendo noticias y audiovisuales, hasta que en algún momento el dolor vaya dejando paso a las sonrisas y la dulzura de los recuerdos mismos.
¡Hasta la Victoria Siempre, Querida Compañera Claudia!
Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.
Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.
La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.
Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.
Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la exigencia de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.
La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.
Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.
Al evaluar los modelos en pugna, resulta evidente que no existe una ruptura con el paradigma de dependencia que Brasil sostiene respecto al poder colonial y el imperialismo financiero y militar global.
La inercia diplomática frente al enclave colonial: La continuidad de los protocolos de soporte a los buques británicos en el Atlántico Sur demuestra que el establishment brasileño opera bajo una lógica de servicios a la ocupación en Malvinas. Esta actitud no solo deslegitima los esfuerzos diplomáticos argentinos, sino que consolida al Brasil como un colaborador estratégico de facto para la permanencia de la base militar en el archipiélago.
La persecución como política tácita: La ausencia de propuestas para revertir la criminalización de ciudadanos argentinos no es un olvido accidental, sino un componente más de la agenda de sumisión. La utilización de acusaciones de racismo como instrumento de hostigamiento refleja la ausencia de un compromiso serio con la equidad regional, permitiendo que las fuerzas de seguridad actúen con total impunidad.
El desafío de una alternativa soberana: En última instancia, ambos candidatos han demostrado que la protección de la integridad de los argentinos y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur no forman parte de sus prioridades. Este vacío de agenda obliga a reflexionar sobre la necesidad de construir una soberanía regional que no dependa de la voluntad de las élites electorales que hoy dominan el panorama político brasileño.
El Festín de este Depredador no tiene fin. Mientras el sentido común se desangra, el sistema judicial y estatal premia a los personajes más oscuros de la Casta.
Analizamos la radiografía del Caso de Pedro Brieger: tras embolsar 78 millones de pesos de RTA en un acuerdo exprés, el “hombre fuerte de la geopolítica” del peronismo ahora reclama una actualización de intereses que elevaría la cifra a más de 400 millones.
Hagamos memoria: 19 mujeres denunciaron acoso y agresión sexual sistemática. La respuesta del Estado no fue proteger a las víctimas, sino soltar la billetera para los amigos del poder.
El no va más del cinismo y la avaricia combinadas en un solo machito.
La coincidencia temporal de estos movimientos muestra la verdadera naturaleza de la política: cuando las reglas del juego tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la “realpolitik”. Ese eufemismo con el cual pretenden convencernos de que las necesidades de los de arriba son, en realidad, los problemas de todos nosotros.
El peronismo se une para no desaparecer del mapa institucional, y el oficialismo teje puentes con el PRO para consolidar su bloque de poder antes de que comience formalmente la disputa nacional.
La gran incógnita es si estos armazones de cúpula lograrán sobrevivir a sus propias contradicciones internas o si son apenas treguas efímeras en una crisis que a la gente no le da ninguna.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.
Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.
Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.
El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.
En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.
El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.
Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.
Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.
Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.
Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.
RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.
Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.
Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.
Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.
Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.
Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.
La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.
El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.
En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.
La acumulación de 57 sismos en menos de ocho meses no es una cifra que pueda esconderse bajo la alfombra de la soberanía energética. Es una señal de advertencia que el poder político y las petroleras parecen decididos a ignorar en favor de su avaricia que es lo único que no tiene límites.
El problema es que la naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación. La industria del fracking jamás podrá ser de beneficio para la estabilidad geológica y la seguridad operativa lo único importante es ganar dinero y ya.
Neuquén podría terminar enfrentando daños irreversibles. La pregunta que queda es cuánto tiempo más podrá sostenerse el mito de que en Vaca Muerta todo está bajo control, antes de que el suelo empiece a exigir respuestas que ninguna inversión pueda o quiera compensar.
ADORNIGATE: Intimación judicial por papeles flojos
Mientras el salario neto de Adorni se presentaba ante la opinión pública como “congelado” o austero (por debajo de los 3 millones de pesos), los datos de la justicia revelan un tren de vida incompatible con esos ingresos: viajes a Aruba en efectivo, refacciones millonarias en dólares y operaciones financieras de origen incierto. La narrativa de la “austeridad” se derrumba al contrastarla con los 402,000 dólares detectados en gastos no justificados.
El argumento de las ganancias explosivas a través de criptoactivos es un recurso trillado por la nueva casta política para justificar incrementos patrimoniales imposibles de explicar por la vía convencional. La justicia ha puesto el foco exactamente ahí: en la opacidad de los movimientos y la imposibilidad de verificar una trazabilidad real de los fondos, lo que huele a una cortina de humo para legitimar dinero de origen desconocido.
Es fundamental advertir que este paso inicial no es la condena, sino un requerimiento de justificación. La carga de la prueba ahora recae sobre Adorni, quien tiene 15 días para presentar lo que, hasta hoy, ha omitido deliberadamente. Si los papeles están “flojos”, como bien titula la causa, el escenario de una declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo es el único camino lógico.
El “Adornigate” es el espejo de una gestión que pregonó el fin de la corrupción pero que, ante la primera auditoría seria de la fiscalía, presenta fisuras estructurales.
El exfuncionario no solo debe responder por números que no cierran, sino por el engaño sistemático a una sociedad a la que se le exigió sacrificio mientras, desde las altas esferas, se tejía un entramado financiero opaco.
La pelota está en la cancha de Comodoro Py. El desenlace determinará si, finalmente, la justicia se atreve a avanzar más allá del requerimiento administrativo o si este caso terminará siendo otro expediente cajoneado en los pasillos del poder.
Dentro del marco procesal penal argentino (y específicamente en los delitos de enriquecimiento ilícito contemplados en el Código Penal), el paso dado por el fiscal Gerardo Pollicita no es una imputación directa ni un llamado a indagatoria inmediato, sino un requerimiento de justificación patrimonial previo y obligatorio por ley.
Su dinámica jurídica y los posibles escenarios se despliegan de la siguiente manera:
La naturaleza del requerimiento: El artículo 268 (párrafo tercero) del Código Penal establece que, antes de avanzar con una acusación formal o un llamado a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito, el fiscal debe dar la oportunidad al investigado para que justifique la procedencia legítima de sus bienes o del incremento patrimonial advertido. No se trata de una simple formalidad, sino de una garantía legal que le otorga al funcionario la posibilidad de demostrar con documentación fehaciente de dónde provienen los fondos observados.
El plazo y la carga probatoria: Adorni cuenta con un plazo perentorio de 15 días corridos o hábiles según los términos del juzgado para presentar las pruebas y descargos correspondientes. En esta instancia, la carga probatoria recae fuertemente sobre el imputado: es él quien debe desvirtuar las inconsistencias detectadas por la fiscalía (como los 43 millones de pesos de rojo financiero o los 402.000 dólares en desembolsos no declarados o de origen dudoso) aportando papeles, contratos, extractos bancarios o registros criptográficos verificables.
Escenario A (Justificación satisfactoria): Si la documentación aportada por Adorni logra respaldar de manera legal y coherente cada uno de los 20 puntos señalados en el documento de 207 páginas, el fiscal dictaminará en favor de la regularidad de los bienes y la causa penal se archivará en lo que respecta a ese tramo.
Escenario B (Falta de justificación o silencio): Si vencido el plazo el exfuncionario no logra respaldar sus números, las explicaciones resultan insuficientes o decide no responder, el fiscal Pollicita interpretará que se configuran los elementos de sospecha necesarios para avanzar. En ese caso, formulará el pedido formal de declaración indagatoria.
El rol del juez Ariel Lijo: Es fundamental remarcar que el fiscal no tiene la potestad de convocar a indagatoria por sí solo; solo los fiscales requieren y los jueces federales citan. Por lo tanto, si Pollicita eleva el pedido de indagatoria tras vencerse los 15 días sin una justificación válida, la decisión final recaerá sobre el juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar si convoca formalmente a Adorni a presentarse en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.
La hipocresía gubernamental radica en exigirle a la sociedad que procree “por el futuro de la nación” mientras se le quitan las condiciones materiales mínimas para garantizar una infancia digna. El Estado se agranda y se vuelve moralista para controlar los cuerpos y prohibir derechos (apoyado por un coro digital de Les Parakes de la Ultra que deforma la realidad), pero se achica y desaparece a la hora de financiar la vida de los niños ya nacidos, transformando la paternidad en un privilegio de clase.
El accionar criminal de las fuerzas de seguridad de tomar las calles de Congreso con bandas armadas y bloquear el acceso civil al perímetro del Palacio Legislativo marca la consolidación de una doctrina de seguridad que prioriza la demostración de fuerza bruta como única respuesta institucional ante el descontento civil.
La foto enviada por los manifestantes a la medianoche es el signo más claro de esta dinámica: un despliegue de recursos bélicos costosos que permaneció sitiando el barrio mucho después de que la concentración civil se hubiera dispersado por completo.
El operativo contra la movilización por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada desnudó la distancia insalvable que existe entre la narrativa de los incidentes construida a las 18:00 horas en los estudios de televisión y la vivencia de quienes a las 17:00 sostenían la plaza con el cuerpo, sentados en los bloques de cemento que el relato periodístico oficial necesitó romper idealmente para poder justificar los gases.
En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.
El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.
El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.
No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.
EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.
Frente a esta burda operación, la realidad técnica del caso destruye el relato del medio revictimizante punto por punto:
Fabricación de “Declaraciones” Inexistentes: Hoy la prensa oficialista intenta clausurar el debate judicial transformando actas de intervención policial tomadas de urgencia en la vía pública en una supuesta “declaración testimonial formal”. Candela Arizaga NO prestó declaración formal ratificada ante el fiscal de la causa. Su propio abogado, Diego Storto, descalificó de forma tajante el accionar mediático advirtiendo en televisión: “¿Cómo le van a tomar declaración a una persona así? No puede ser válida una declaración, sea cual fuere, a menos de 24 horas de lo que pasó”.
Complicidad y Comisión de Delito: Aún si esta versión fuera real, la difusión deliberada de actas de procedimiento o supuestas declaraciones en sede judicial (que forman parte de una etapa de investigación reservada) constituye un delito penal grave por violación del secreto de sumario. Esto demuestra que el aparato mediático no tiene escrúpulos en quebrar la legalidad con tal de ejecutar su estrategia de encubrimiento.
Explotación de la Vulnerabilidad Médica: Utilizar el estado de confusión, shock o desorientación de una víctima asistida para instalar que ella misma “negó los golpes” equivale a la misma estrategia de patologización utilizada en el pasado para restarle validez a un testimonio. La defensa técnica confirmó públicamente que la joven “está en shock”, bajo tratamiento médico y que “no recordaba con exactitud” lo sucedido por haber atravesado una noche de extrema gravedad, por lo que el armado periodístico que busca fijar un prematuro “testimonio de inocencia” carece de todo sustento fáctico y legal.
Tergiversación Invertida de la Defensa: En una maniobra de cinismo explícito, los operadores mediáticos pretenden presentar las aclaraciones del abogado de la víctima (quien remarcó que la joven no estaba en condiciones de lucidez legal al momento del procedimiento policial) como si fuera una validación o convalidación del relato de inocencia del agresor.
La Operación del “Vicio Procesal” a través de la Filtración Provocada: El eslabón más sofisticado de esta estrategia es el que expone la perversión absoluta del aparato de defensa, que lejos de ocultarlo, dejaron trascender de manera masiva y coordinada que Facundo Moyano se negó a someterse a los peritajes de sangre y orina. Al inundar las redacciones con esta pieza clave de la intimidad penal mientras el acusado permanecía formalmente detenido, los operadores buscaron forzar un quiebre explícito del secreto de sumario. Esta maniobra persigue un doble propósito corporativo: por un lado, licuar la gravedad instalando la versión de la “alucinación” colectiva; por el otro, y fundamentalmente, sembrar las bases para hacer caer toda la causa penal mediante un planteo de nulidad técnica. La estrategia consiste en utilizar la ilegalidad de sus propias filtraciones mediáticas como un bumerán judicial, argumentando una contaminación irreversible del expediente que anula las garantías procesales del imputado.
Mientras el periodismo parapolicial peronista monta operaciones de madrugada modificando horarios digitales para blindar a sus referentes, el expediente judicial avanza de oficio sostenido por las pruebas materiales, las cámaras de seguridad de Belgrano y los peritajes tecnológicos recopilados por las autoridades judiciales independientes. La verdad no se tapa con cables de prensa editados a conveniencia. Con esta cobertura, queda demostrado que Página/12 ha inaugurado una nueva variante editorial: la perspectiva de género “Siempre firme junto al Macho”.
La revictimización y amedrentamiento del Peronismo sobre Melody Rakauskas
Un ciudadano común con causas por abuso sexual y desobediencia estaría tras las rejas. Pero como el acusado es Fernando Espinoza (Barón fuerte del peronismo y jefe de la Federación Argentina de Municipios), la maquinaria estatal, judicial y mediática se activó para protegerlo y destruir a la víctima.
Para forzar su silencio, Melody Rakauskas sufrió una brutal campaña en cuatro fases: difamación moral instalando que era una extorsionadora, intentos de patologización para tildarla de inestable, amedrentamiento territorial con seguimientos y un violento siniestro vial, y una asfixia procesal mediante causas armadas y falta de recursos.
Toda esta batería de agresiones tuvo un único propósito: evitar que el capo del municipio enfrente a un tribunal. Como sentenció la propia Rakauskas, la trataron de loca, de prostituta, pidieron internarla en un psiquiátrico y nada de eso era verdad.
El fallo de Casación que revoca el sobreseimiento express y ordena fijar fecha para el debate oral es un golpe letal a los operadores que usaron sus espacios para proteger al poder.
Conociendo los métodos de la corporación, dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciándola; es más, el ninguneo institucional dejará paso a intentos de revictimización aún más virulentos. La causa llegó a puerto, pero la impunidad estructural sigue al acecho.
La historia se construye desde abajo y en las calles. Hacemos un llamado fraternal y combativo a articular esfuerzos, superar sectarismos y marchar con la convicción intacta de que un futuro con justicia social es imperativo e irrenunciable.
Sabemos que muchas organizaciones se habrán de movilizar cuando han apoyado (y aún lo hacen) a gobiernos extractivistas y desde ese lugar malsano han cuestionado y justificado represiones y acciones de amedrentamiento de las luchas. Igualmente les damos la bienvenida a estas luchas por la Pachamama y los recibimos con los brazos abiertos, ya que postergamos esa bronca suntuaria hasta 48 horas después de la victoria, por lo menos.
Ya vendrán otros tiempos en los que la Lucha nos lleve por distintos senderos, pero no será este 6 de agosto, fecha en la que un grito unitario deberá poner de rodillas a la Burocracia del Estado y sus adláteres y mecenas extractivistas.
Nulidad de origen: El DNU 681/2026 padece de vicios formales insalvables al haber sido dictado en bypass al Congreso de la Nación en plena etapa de sesiones ordinarias.
Inconstitucionalidad material: La vaguedad de sus tipos y la gravedad de sus sanciones (expulsión y prohibición de ingreso por opiniones) colisionan frontalmente con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Inaplicabilidad práctica ante el control judicial: Si bien la norma goza de vigencia formal y dota a la administración de un poder de policía discrecional, constituye un instrumento jurídica y constitucionalmente defenestrable, cuya aplicación arbitraria deberá ser frenada inexorablemente mediante el control de constitucionalidad y las acciones de amparo correspondientes.
Finalmente, y tal cual se venía anunciando, este 31 de julio el Acampe Ambientalista se plantó frente a Canal 12 de Córdoba para visibilizar las Luchas por la Pacha en esa Provincia. La permanencia en el Parque Autóctono de la Docta será hasta el día 6 de agosto cuando se incorporarán a la marcha nacional contra la extranjerización de la tierra.
Sabido es que los medios en todo el país, esconden la pauta informativa relacionada con la Pacha, respondiendo solamente a la pauta publicitaria estatal y, por eso mismo, este grupo de cordobeses han decidido enfrentar el problema y encarar a los principales cultores de este mercenario accionar.
La iniciativa de la gente de la Provincia de Córdoba contará como es habitual con nuestro apoyo y nuestra difusión, ya que SIEMPRE estaremos en la calle con les que luchan. Fieles a nuestro lema: ¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!
Como era de esperar, hubo sectores del ambientalismo local, los mismos que para luchar tienen que pedirle permiso a sus asentaderas, que por mezquindades o sectarismos ridículos no apoyan esta lucha y siguen con sus extemporáneos reclamos de copyright. Algunos, con una caradurez que no es nueva, exigieron que digan quiénes son para diferenciarse de les que luchan y no los confundan a ellos con su burocracia y su policíaca facción.
A tal efecto consultamos a los militantes allí presentes sobre el particular y a continuación les brindamos lo que nos contaron de esa primera jornada de lucha.
La iniciativa enviada al Congreso no se agota en una mera modificación técnica o contable de la autoridad monetaria; representa una jugada de profunda ingeniería política con la que el Ejecutivo busca rediseñar el mapa de poder en la Argentina. Bajo el pretexto de clausurar una etapa histórica, la norma explicita la voluntad del Poder Central de erigirse en un poder tutelar e inflexible, capaz de atar de manos no sólo a las administraciones venideras, sino también a las autonomías provinciales y municipales.
Al imponer la prohibición absoluta de asistencia financiera y condicionar la estabilidad institucional a mayorías parlamentarias extremas, el Estado nacional consolida un mecanismo de coerción macroeconómica: traslada por completo el peso del ajuste y la escasez de recursos hacia los distritos subnacionales, despojándolos de herramientas de colchón financiero y subordinándolos de manera directa a la caja central.
El aspecto más crítico de este andamiaje normativo radica en su absoluta desatención hacia los sectores desposeídos. Al consagrar por ley la imposibilidad de que el Estado utilice instrumentos de expansión o asistencia monetaria (y al despojar al Banco Central de cualquier mandato vinculado al empleo, la producción o el bienestar social), el proyecto naturaliza una matriz de exclusión sistemática.
En lugar de resolver las vulnerabilidades estructurales de los sectores más postergados, la norma los confina a una lógica de ajuste permanente, donde la estabilidad cambiaria y el equilibrio fiscal se convierten en dogmas inquebrantables sostenidos a expensas del desamparo social.
Se consolida así un modelo donde el Estado se repliega de su rol protector y abandona a su suerte a los sectores populares, transformando la austeridad fiscal en un corset definitivo que profundiza la desigualdad bajo el ropaje de la modernización financiera.
Lamentablemente, por el miedo o por razones que no llegamos a comprender, las mezquindades aparecen justo antes de estas convocatorias, empujadas por sectores que pretenden ser la personificación de la Lucha. Aunque lo que correspondería hacer con esta gente es pedirle que consulten a un profesional sobre el particular, preferimos ver el lado positivo de estas reacciones, nunca tan bien puesto el nombre.
Decimos que quizás el miedo los inspire por que oponerse a iniciativas de Lucha y pedir el copyright de las mismas es por lo menos descarado. Ese miedo lleva al odio como único argumento para detener lo inevitable, que alguien salga a luchar sin pedirle permiso a nadie más, sin rendirle honores a ningún Pope y mucho menos al Estado.
Un servidor vivió esto mismo cuando hicimos el Acampe Congreso en apoyo a la Toma de Monsanto en Malvinas Argentinas en 2013. Las excusas en ese momento fueron que “nos habíamos cortado solos”, ningunearon la Lucha más importante en materia ambiental de las últimas décadas, solamente por que ellos no recibían nada a cambio por ella. Entre otras cosas nos acusaban de lúmpenes y servicios, o más bien proyectaban actuando de forma policíaca hacia los compañeros que estaban en Lucha, solamente por que no podían explicar como ellos eran ajenos a ella. Nuestro mensaje para estos despreciables seres es el mismo de siempre: no contamos con ellos para nada- Contar con ellos sería simplemente inútil.
El 22 de septiembre de 1894, José Martí dijo en el períódico Patria que “Los que no tienen el valor de sacrificarse han de tener, a lo menos, el pudor de callar ante los que se sacrifican”, refiriéndose a quienes desde la comodidad o la pasividad ante la injusticia criticaban a quienes luchaban por la libertad de Cuba. Hoy les repetimos eso mismo y los llamamos a la reflexión, por que este tipo de conductas no nos generan más que asco.
Desde El Estado de la Luchas, acompañaremos la lucha con la decencia de que quienes se ponen al servicio de la victoria de los Luchadores por la Pacha y no del lado del Estado y las patronales opresoras y extractivistas. Seremos eco y trinchera de aquellos que se deciden a tomar una iniciativa que lejos de evitarse deberían imitarse.
A las compañeras y los compañeros que participen activamente nuestro respeto y compromiso de apoyo y comunicarles que estas miserias son siempre dolorosas, pero también son esperables. Nada de ello tiene que amedrentarles, es mejor echar el lastre donde moleste a Lucha y seguir el camino con los objetivos claros y la mente alerta. Que la pólvora de la palabra del inerte no puede detener a nadie.
No hay Mundial ni Milagro que salve al gobierno de sus ineptitudes
Las sucesivas emisiones y coberturas de Locomoción TV dejan en evidencia que la crisis no es un accidente, sino el resultado deliberado de un modelo diseñado para rascar el fondo de la olla a costa del hambre popular.
Desde la escenificación propagandística en la histórica Casa de la Independencia en Tucumán hasta las mesas de streaming donde los voceros del régimen naturalizan un dólar a mil ochocientos pesos, el poder opera con total desprecio por el tejido social, entregando recursos estratégicos y desregulando el saqueo ambiental y extractivista.
El colapso del relato se despliega en varios frentes innegables. Por un lado, la farsa de la transparencia explota en los tribunales con el escándalo judicial que salpica a los hermanos Adorni, acorralados por los requerimientos de la justicia sobre créditos hipotecarios millonarios, propiedades dudosas y rectificaciones de herencias tardías que no cierran ni con la complicidad de su propia familia. Por el otro, el sinceridio del vocero Adrián Ravier admitiendo que el dólar a 1800 pesos es una posibilidad concreta, sepultando de una vez por todas la mentira de la flotación libre y confirmando que nos preparan para una nueva devaluación que pulverizará los magros ingresos que quedan.
Todo esto aderezado con discursos presidenciales que celebran el ajuste a los jubilados y la destrucción de las economías regionales mientras festejan el blindaje para los capitales golondrina.
Ninguna épica de cartón pintado ni ningún desvío de atención podrá maquillar el fracaso de una gestión que se sostiene sobre la mentira y el desamparo.
El modelo de la crueldad institucional llegó a su límite operativo.
Cuando las reservas se agotan y las causas judiciales avanzan, el único destino que les aguarda es el repudio de un pueblo que ya les perdió el miedo.
¿Será el final de las aberraciones para protegerlo a Espinoza?
Toda esta batería de agresiones tuvo un solo objetivo: evitar que el “Kapo” del municipio enfrente a un Tribunal.
Como sentenció la propia víctima en sus apariciones públicas: “A mí me trataron de loca, de prostituta, pidieron internarme en un psiquiátrico, dijeron que extorsionaba hombres y nada era verdad”.
El fallo de Casación que revoca el sobreseimiento express y ordena fijar fecha para el debate oral no solo es un triunfo de la denunciante, sino un mamarracho para los “komunikagadores” y operadores que usaron sus espacios para proteger al poder.
Todo el aparato que montaron durante años para ensuciarla choca hoy contra una realidad ineludible: el expediente está intacto y Espinoza tendrá que sentarse en el banquillo.
Si llegaron a estos extremos dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciando y revictimizando a Melody Rakauskas, es más creemos que el ninguneo de los últimos meses dejará paso a más virulentos y aberrantes intentos de revictimizarla.
Lo que nos vendieron como una flotación pura fue, en los hechos, una devaluación encubierta y dosificada. Al permitir que el techo y el piso se desplazasen mes a mes, el Banco Central devaluó el peso de forma sistemática para evitar el costo político de un salto de golpe, alimentando una inercia inflacionaria constante que machacó el poder adquisitivo.
Hoy, con un esquema recesivo que agotó las divisas genuinas y con una nueva flexibilización del blanqueo de capitales lanzada para intentar rascar los dólares del colchón, aquellas risas quedaron atrás. El sincericidio de Ravier confirma que la supuesta “flotación libre” era un ancla mentirosa que acumuló un atraso monumental, dejando al descubierto que la devaluación que “no iba a existir” ya no hay relato capaz de ocultarla.
LA AGENDA OMITIDA II: ARGENTINOFOBIA Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El segundo eje ineludible que debió formar parte de la mesa de negociación bilateral es la desprotección y sistemática persecución que sufren los ciudadanos argentinos en territorio brasileño.
Violencia policial e imputaciones arbitrarias: La escalada de violencia por parte de la Policía Militar en espectáculos masivos y eventos deportivos —que inició con episodios represivos en el Estadio Maracaná y se extendió a la persecución de hinchas y turistas— exige un protocolo claro entre Cancillerías y Ministerios de Seguridad. No solamente eso, los argentinos en Río de Janeiro tienen derecho a permanecer callados y dejarse humillar en vacaciones por parte la peor calaña del lumpenproletariado del país hermano.
Falta de contención consular: En lugar de desplegar recursos del Estado para garantizar el debido proceso, la asistencia jurídica y la protección de los derechos humanos de compatriotas frente a detenciones arbitrarias y acusaciones sumarias, el aparato estatal permanece ausente. Así no hay persuasión que valga y los políticos brasileños podrán seguir ofreciendo a sus más embrutecidos ciudadanos cabezas de argentinos al por mayor.
Mientras la Selección Brasileña no le gane a la Argentina en el Maracaná, las agresiones y la argentinofobia irán in crescendo y tendrán un efecto contagio como ocurrió en el último Mundial de Fútbol.
La falta de firmeza de la República Argentina en este sentido es tomado por la República Federativa del Brasil para seguir inventando racismo en la Argentina mientras la PMERJ sigue matando un 86% de negros y pardos y un 98% de pobres.
Hasta aquí llegamos con esta centésima undécima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.
