¡Libertad Inmediata para Enéas Gallo y Milton Tolomeo!

La historia de Milton Tolomeo y Eneas Gallo se ha convertido en un caso testigo urgente para las organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda en Argentina y también para este medio, quienes vemos claramente que son presos políticos detenidos en el marco de la criminalización de la protesta social, sostenida y fomentada por el mismísimo Presidente de la Nación, que en su nube de odio no desea ser molestado por nadie.

Ambos se encuentran detenidos bajo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, tras las manifestaciones del 11 de febrero en el Congreso de la Nación contra el tratamiento de la Reforma Laboral. Una barbaridad por donde se lo mire o se lo quiera morigerar.

El Estado escarmentará a quienes se opongan a sus excentricidades peligrosas y de allí el ensañamiento estatal con Milton y Enéas. Mantendrán las condiciones de secuestro legalizado de los compañeros y desde allí intentar marcar el paso de todo lo que ose oponerse a los arbitrios y arbitrariedades del Javo y Adorni, su profeta.

¿Quiénes son y de qué los acusa el Poder?

Los presos políticos Milton Tolomeo y Enéas Gallo serán ejemplificados por el Poder para ver si así ganan algo de sumisión a las medidas retrógradas y represivas del Gobierno de Javier Milei.

• Milton Tolomeo (39 años): Operario de maestranza. Fue privado de su Libertad el 15 de febrero de 2026. El Poder lo acusa de haber arrojado elementos incendiarios contra el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad durante la masiva movilización del 11 de febrero, día en que se debatía la reforma en el Senado.
• Eneas Gallo (36 años): Trabajador de delivery (repartidor de la app Pedidos Ya). Solía acompañar activamente distintas movilizaciones, entre ellas las marchas de los jubilados. Fue detenido un mes después, el 18 de marzo de 2026.

Las brutales condiciones que el Estado les impone como venganza

Las defensas de los detenidos (con la participación de abogadas de organismos como CORREPI, entre ellas María del Carmen Verdú) y agrupaciones como la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs han denunciado públicamente que el trato judicial y penitenciario que reciben es desmedido y violatorio de los derechos humanos básicos:

• Aislamiento extremo: Se denunció que fueron ingresados bajo regímenes de “alto riesgo” (en el sector conocido como Sigpplar), permaneciendo incomunicados durante las primeras semanas, bajo un esquema de encierro de hasta 20 horas diarias en sus celdas y con restricciones severas para recibir encomiendas o visitas de sus familiares.
• Obstáculos a la defensa: Su abogada denunció que los primeros encuentros debieron realizarse con presencia física de personal policial, rompiendo el principio de confidencialidad entre defensor y asistido. Además, señalaron que el Servicio Penitenciario Federal bloqueó de manera irregular el ingreso de veedores de organismos de Derechos Humanos al penal.
• Magnitud de las carátulas: Las organizaciones denuncian un “operativo político” donde se aplican figuras penales agravadas y asimilables al terrorismo a manifestantes independientes de a pie, con el objetivo de disciplinar y desincentivar la protesta callejera frente a las medidas de ajuste.

Acciones por la Libertad de Milton y Enéas

Durante los meses de abril y mayo de 2026, la campaña por su liberación escaló a los ámbitos institucionales. Diputados y legisladores del Frente de Izquierda (FIT-U), junto a gremios docentes como Ademys, sectores de la CTA y agrupaciones de jubilados, impulsaron:

• Audiencias Públicas: El 29 de abril de 2026 se llevó a cabo una audiencia pública y conferencia de prensa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar el caso, exigir el cese de las prisiones preventivas y denunciar las condiciones de detención, a las que catalogaron de “estilo Bukele o Guantánamo”.
• Proyectos de repudio: Se presentaron iniciativas parlamentarias para que los cuerpos legislativos rechacen formalmente el procesamiento y encarcelamiento de ambos trabajadores.

Al día de hoy, el reclamo de los comités de solidaridad se condensa en la exigencia del cierre de las causas judiciales y su inmediata libertad, sosteniendo que manifestarse en el espacio público no constituye un delito federal que justifique la cárcel común.