El Estado Nacional a través de su Ministra de Seguridad ha mantenido con los años una política de protección descarada hacialos que disparan contra los civiles, por el motivo que sea, esta funcionaria, que llegó al Ministerio luego que su único antecedente en seguridas es el de manejar en estado de ebriedad y ser descubierta, dirá que ella no puede “tirar a la basura” a una fuerza de seguridad por los caprichos de los simples plebeyos que somos nosotros y nosotras los ciudadanos. Este despropósito sostenido por el mismo Secretario de Derechos Humanos, parece tener una vuelta de rosca por parte del Poder Judicial.

Decimos sólo una vuelta de rosca por que sabemos que desde el Poder Judicial el servilismo al poder económico y a los otros poderes del Estado es la ley suprema. En efecto, la Cámara Federal de General Roca descartó la figura del exceso de legítima defensa y todas las hipótesis que daban por sentado un enfrentamiento entre la tropa de Prefectura y civiles cuyas armas ni siquiera pudieron plantarselas como prueba para tal afirmación. El cabo primero Francisco Javier Pintos será juzgado entonces por el homicidio agravado de Rafael Nahuel, ya que el Tribunal acreditó que no hubo enfrentamiento y si una persecución. En términos comunes determinó que los sufrió el asesinado joven mapuche fue una cacería por parte del personal de Prefectura.

Así las cosas, si bien es un avance en la causa y el en la Rosada lo leen como una derrota a su doctrina Chocobar, no se esperaque en este caso la Justicia llegue del Poder Judicial ya que nunca lo hace y se inclina siempre por defender y proteger la integridad del Estado y sus sicarios a la primera de cambios.

Asistimos con relativo entusiasmo este giro en la causa, pero no perdemos de vista que jueces, por más que se llamen Bonadío, Ramos Padilla o Juan de los Palotes son y siempre serán siervos de los políticos que los designan manteniendo así un perverso esquema de protección mutua que atenta siempre contra los derechos de la ciudadanía.

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