Incondicional de Cortázar, siempre soñó con vivir en España y en los últimos años cambió los Aires no tan buenos de Buenos Aires por los de Valencia. Comenzaban a abrirse grandes proyectos ligados al registro de las realidades sociales de España, dos o más ideas para realizar documentales, aunque ahora sí las múltiples dolencias que padecía no le permitieron moverse con la libertad que estaba acostumbrada y en los últimos tiempos tampoco perdió nunca la esperanza de volver a lo suyo a lo que adoraba.
Estas partidas no se superan, nos quedan los largos desvelos produciendo noticias y audiovisuales, hasta que en algún momento el dolor vaya dejando paso a las sonrisas y la dulzura de los recuerdos mismos.
¡Hasta la Victoria Siempre, Querida Compañera Claudia!
Con la excusa de no hacer obra pública, el gobierno abandona las rutas federales (con el repudio de la Justicia y la Auditoría General) mientras promueve eventos elitistas como la Fórmula 1 y sella pactos de entrega extractivista en Vaca Muerta.
Al mismo tiempo, las declaraciones juradas del ejercicio 2025 desnudan que la cúpula del poder asegura su flanco, mientras el ministro Luis Caputo guarda más del 95% de sus ahorros fuera del país.
Lejos de cualquier defensa soberana, el Departamento de Estado norteamericano aprobó la venta de helicópteros militares Black Hawk por 140 millones de dólares, equipando a unas fuerzas cuyos cañones apuntan al control interno.
En paralelo, las asociaciones de Bomberos Voluntarios realizaron un masivo “sirenazo” federal exigiendo los fondos de ley retenidos por la administración libertaria, evidenciando el odio atávico del poder hacia la solidaridad social y comunitaria.
La ecuación del modelo es obscenamente transparente: chequera libre y aumentos por encima de la inflación para blindar el aparato de represión, y miseria planificada para los jubilados, los trabajadores y quienes sostienen la vida en los territorios.
El gobierno de Milei no odia al Estado por abstracto; odia profundamente al pueblo organizado, desprecia al voluntariado y sólo respeta a los usureros y mercenarios de afuera.
La reciente aprobación por parte del Departamento de Estado norteamericano de la venta de cuatro helicópteros militares H-60L Black Hawk y pertrechos tácticos por 140 millones de dólares es presentada por la diplomacia como “asistencia humanitaria”. Sin embargo, la letra chica desmiente el relato: se trata de plataformas de asalto aéreo dotadas de motores de alta potencia, visores nocturnos y equipos de comunicación de frecuencia táctica de la OTAN. El blanco de estas prioridades estratégicas no es externo; la mira apunta hacia adentro.
En paralelo al rearme de las fuerzas federales, los más de 52,000 agentes de los cuarteles de Bomberos Voluntarios sufren la retención de casi 60,000 millones de pesos correspondientes a fondos de ley. Con un costo operativo mensual que supera los subsidios estatales, y en medio de reclamos por reintegros de IVA e insumos, el ajuste asfixia a un servicio esencial mientras se prioriza la disciplina fiscal y el beneficio de los sectores concentrados.
Mientras el Estado disfraza de ayuda humanitaria la adquisición de hardware militar y vacía de recursos a quienes ponen el cuerpo ante las emergencias, queda en evidencia un modelo de subordinación y desprecio por lo público.
El egoísmo institucional no hace más que confirmar que para esta administración la solidaridad es una anomalía y la ayuda a los sectores comunitarios, un gasto inútil que buscan disolver.
En este país los buenos ejemplos no son tenidos en cuenta por el Estado, es más son despreciados. Si la naciente Argentina se olvidó de la pensión de nuestro Libertador General José de San Martín, si los Veteranos de Guerra padecen las promesas de cuanto Gobierno pasó, no podemos pretender que esa banda de delincuentes, que solamente piensa en llenarse la panza, no desprecie a los Bomberos Voluntarios que son su antítesis.
Todos los gobiernos se sacan fotos con ellos por un segundo, pero a la hora de protegerlos se hacen los que no saben y lo hacen a sabiendas de esa diferencia que marcamos. El pensamiento del político es el de si eligieron brindar su vida a los demás que no sean ellos, no van a ser ellos los que le brinden ninguna ayuda a su noble tarea.
Un Bombero es la negación del egoísmo de los políticos, el peor ejemplo, algo que no debería existir si no es para salir en las fotos de campaña o cuando el Estado ante las tragedias se hace el desentendido. Los políticos odian a los Bomberos por que no son unos lamentadores parásitos como ellos, por que cuando el Estado se borra, quedan siempre los Bomberos.
Ya en 2014, en la Plaza Congreso, cuando como de costumbre en este país gobernaba una parásita millonaria, ya cubríamos la noticia de los Bomberos reclamando algún tipo de ayuda a su noble tarea. ¿El resultado? El mismo de siempre se rieron de ellos, se sacaron fotitos, les agradecieron de boquilla y se despidieron para no escucharlos más, hasta que sus ineptitudes volvieran a hacerlos imprescindibles: cuando la catástrofe acecha el Estado desaparece y quedan solamente los Bomberos.
Durante el Gobierno de Milei, donde el egoísmo servil de les polítiques, desprecia a los que más necesitan, no podemos esperar que siquiera cumplan con la Ley, con lo que se dispone, con lo que deben hacer. El Presidente es autor de nauseabundas mentiras como decir que los derechos de los humildes alguien los paga.
Este Eric Cartman en Jefe se olvida que las fortunas “víctimas” de esos derechos que él no quiere pagar son justamente los parásitos que vivieron de la sangre y la marginación de vastos sectores del país de cada recurso económico. Justamente los que producen son los excluidos, ya que todes sabemos que sin trabajo no hay riqueza.
Son claramente los crápulas a los que nuestro primer mandatario sirve esos mismos que lo único que saben hacer es acumularla y despilfarrarla en sus propias personas los únicos que le importan a Milei y sus secuaces. La moral de un narcotraficante no es muy distinta de la de cualquier capitalista, solamente que está última es oficial y la protege el Estado.
A su vez, el texto oficial detalla que el traslado de aeronaves responde a un plan integral de modernización y reorganización de la Aviación Naval (bajo el plan Dédalos), orientado a optimizar recursos, adecuar la infraestructura y reasignar funciones operativas.
Pese a las garantías oficiales de estabilidad para el empleo civil, el arco gremial y político local mantuvo el estado de alerta ante el temor de una pérdida de peso operativo que vacíe de contenido económico al municipio.
Desde nuestro lugar descreemos de toda bondad del Estado y sus Fuerzas Armadas que nunca abandonaron su reivindicación del terrorismo de Estado.
Tanto es así, que todo recordatorio de la existencia del CCD de Punta Indio es vandalizada sin que se sepa aún que consecuencias generó esa conducta a sus responsables.
Pasan los años y la impunidad de los militares vale las monedas que dejan en el aislamiento y la dependencia de los militares a un pueblo entero.
La confirmación oficial llegó a través del embajador norteamericano, Peter Lamelas, quien anunció desde Washington que el Departamento de Estado aprobó la posible venta de material bélico a nuestro país por un total de 140 millones de dólares.
El paquete comprende el envío escalonado de cuatro helicópteros UH-60L Blackhawk reacondicionados (provistos por la firma Sikorsky, de Lockheed Martin), además de dos motores T700-GE-701D, equipos de comunicación avanzados, sistemas IFF de identificación, visores y un completo soporte logístico.
Aquí es donde opera la gran coartada discursiva y donde la retórica oficial intenta encubrir la operación. Tal como lo argumentó públicamente el embajador Peter Lamelas al justificar la transacción, el relato norteamericano insiste en disfrazar la venta bajo la etiqueta marketinera de la “asistencia humanitaria”, la “respuesta ante desastres” y el eslogan de “llegar a tiempo y salvar vidas”.
Sin embargo, esa supuesta vocación solidaria pregonada por Lamelas queda hecha pedazos al contrastarla con el inventario real. La diplomacia de Washington agita la bandera de la ayuda civil para enmascarar una transferencia de plataformas de asalto aéreo.
La letra chica desarma el cuento en segundos: no hay ambulancias aéreas ni equipos de rescate médico, sino motores de alta potencia militar, visores nocturnos, sistemas de identificación de amigo o enemigo y radios de frecuencia táctica propia de la OTAN.
La fachada humanitaria que cacarea Lamelas es solo un eufemismo lavativo para blanquear la inserción de hardware bélico bajo los intereses del Pentágono.
Este movimiento operativo no ocurre en el vacío. Se acopla a la espera del segundo lote de los cuestionados aviones caza F-16 y se da en paralelo a gestos de alineamiento explícito.
La propia administración norteamericana lo admite sin anestesia en sus documentos oficiales: la venta busca respaldar sus objetivos de seguridad nacional y consolidar a la Argentina como un “importante aliado no perteneciente a la OTAN”.
En los hechos, la soberanía se terceriza, el relato solidario de Lamelas choca contra los fierros militares, y las fuerzas quedan atadas a las coordenadas estratégicas del Norte.
En el transcurso de más de 10 años que pasaron desde el inicio de esta causa, el Ex-Gobernador peronista de Entre Ríos, Sergio Urribarri ha recurrido a todo lo que pudo, cuando ya no pudo más y Casación ordenó su detención para que espere el recurso extraordinario federal tras las rejas, lo que ocurrió el 19 de noviembre de 2024.
Al otro día, el reo presentó un Hábeas Corpus para evitar su detención, pero la Jueza Carola Bacaluzzo lo rechaza por improcedente por intentar suprimir la decisión de los jueces naturales. Teniendo en cuenta quienes era sus letrados a la sazón podríamos decir que fue impresentable y un auténtico manotazo de ahogado de esta banda de corruptos.
Así las cosas el 22 de noviembre de 2024, en medio de un majestuoso operativo policial, Urribarri fue escoltado a la Unidad Penal N°1 de Paraná donde gracias a otra movida aún más impresentable fue excarcelado a los 50 días.
En efecto, este señor logró que le habilitaran la Sala de Feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, para por mayoría obtener una escandalosa excarcelación el 8 de enero de 2025 por mayoría, siendo los jueces responsables (mejor les quedaría irresponsables) de tal atropello los Dres. Leonardo Portela y Germán Carlomagno. La excusa de estos señores (si es que puede llamárseles así) fue que no había peligro de fuga. Se sabe que cuando el reo es muy poderoso el descaro supera todos los límites y este, sin dudas fue el caso, En disidencia de votó el Dr. Miguel Giorgio.
Desde ese momento la banda de corruptos no pisó un penal hasta el 5 de septiembre de 2026, en un período de 605 días, Urribarri y sus adláteres lograron burlarse de todo el mundo, esperando el fallo tranquilitos y pudiendo hacer proselitismo de la “injusticia” de su condena.
Obviamente, no lo hicieron por ellos mismos si no a través de los medios parapoliciales del kirchnerismo, cuya tribuna armada aseguró que lo de Urribarri era una causa política y que se hacía en venganza por ser un patriota y todos esos bla blás babosos a los que nos tiene acostumbrado el peronismo al defender a sus corruptos, cuando están hasta las manos.
Causa Malvinas: Humo y monedas de cuero para todo el mundo
La instrumentalización de nuestro reclamo soberano responde hoy a una lógica de especulación y latrocinio geopolítico.
Por un lado, la administración norteamericana utiliza la revisión del respaldo a la ocupación británica como un mecanismo de coerción para disciplinar a Londres y exigirle mayor inversión militar dentro de la OTAN.
Pensar que Washington va a operar a favor de los intereses argentinos en el Atlántico Sur por afinidad ideológica es ignorar por completo el historial de una política exterior estrictamente transaccional.
Por otro lado, en el plano doméstico, el discurso presidencial recicla promesas y anuncios de sanciones que terminan siendo inaplicables o de mero impacto superficial.
Se enarbola una supuesta defensa de la soberanía al tiempo que se minimizan las consecuencias de la explotación petrolera en la cuenca malvinense (como los proyectos de las firmas Rockhopper y Navitas Petroleum) y se apela a un relato efectista que busca mostrar firmeza hacia adentro mientras la realidad geopolítica permanece intacta.
Asociarse a las jugadas tácticas de potencias en decadencia o conformarse con discursos vacíos condena a la Argentina a ser un mero espectador de su propio despojo.
Ninguna causa nacional de descolonización puede sostenerse sobre la base del oportunismo geopolítico y la pirotecnia verbal: se necesitan políticas de Estado firmes y reales, no migajas de especulación ni humo para la tribuna.
De aquí en adelante El Presidente hizo autobombo de los bla blas babosos que hizo anteriormente sobre Malvinas, diciendo que hizo que se aprobaran 18 resoluciones de apoyo al reclamo argentino por las Islas Malvinas y allí, como si hablara de la misma cosa, se refirió a que los Estados Unidos evalúan cambio de posición con respecto a la Causa Malvinas. También habló de 60 quejas formales por las acciones unilaterales del Reino Unido.
Lo notable es que Milei usa una más de las basculantes boconeadas de Donald Trump cada vez que Gran Bretaña no le hace sus berrinches como si las mismas tuvieran importancia o pudieran durar siquiera diez minutos después de que los piratas le griten cuatro frescas.
Pensar que Washington va a operar a favor de los intereses legítimos de Argentina en el Atlántico Sur por mera afinidad ideológica o por considerarnos “socios confiables” es, como mínimo, ignorar el historial de la política exterior estadounidense. Para la Casa Blanca, las alianzas son estrictamente transaccionales: hoy usan el reclamo de Malvinas como un martillo táctico para disciplinar o pasarle factura al Reino Unido en medio de tensiones de la OTAN o disputas globales con otras potencias, y mañana, si cambian las prioridades de su ajedrez geopolítico, archivan el tema sin dudarlo.
Asociarse con Trump (un Presidente que además está de salida) en un tema así, es como asociarse a Drácula en un administrar juntos un Banco de Sangre.
La Declaración Patrimonial de la Familia Presidencial
La presentación formal de las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2025 dejó al descubierto los números patrimoniales del presidente Javier Milei y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia,
Karina Milei. Según los datos oficiales informados ante la Oficina Anticorrupción, los bienes del mandatario treparon hasta los $295,2 millones, lo que representa un incremento nominal del 43,3% en comparación con los cerca de $206 millones declarados al cierre de 2024.
Milei no compró nuevas propiedades ni incorporó flota pesada a su patrimonio. De los casi $89 millones de incremento nominal bruto, unos $73 millones obedecen pura y exclusivamente a diferencias de valuación de los mismos activos que ya poseía al llegar a la Casa Rosada (una casa en la Ciudad de Buenos Aires y dos vehículos: una Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015 y un Peugeot RCZ Coupé modelo 2013).
En la misma línea, sus tenencias en moneda extranjera se mantuvieron prácticamente idénticas (unos 20.000 dólares en efectivo y cerca de 65.500 dólares en una caja de ahorro), por lo que su patrimonio medido en dólares se mantuvo prácticamente inalterable, amortiguado por el salto en la cotización oficial del tipo de cambio.
Por su parte, el patrimonio de Karina Milei registró un salto porcentual mucho más sugestivo y agresivo al triplicarse y alcanzar los $35,3 millones, un incremento impulsado casi en su totalidad por la revaluación de su departamento en territorio porteño y la incorporación de una cuenta en una billetera virtual.
Los dibujos en cuestión muestran que el patrimonio de los dos no aumentó en términos objetivos, si no que casi exclusivamente se revaluó al ritmo de la inflación, con la salvedad de que Karina Milei parece abrir una ventana para en un futuro incorporar un blanqueo de algunos dineros a través de la cajita virtual que puso como novedad en esta declaración.
Más allá del relato de austeridad que suele rodar a estas presentaciones, este comportamiento no constituye un rasgo excepcional de moderación personal, sino el resultado obligado del diseño contable y legal de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, donde las cifras se ajustan de manera automática para reflejar las variaciones de precios y el impacto cambiario sobre un patrimonio preexistente, más que una transformación real en la capacidad de ahorro del Mandatario.
Rolando Figueroa y sus rutas para el saqueo imperial
El gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó una gira por Houston (Estados Unidos) para seducir a las principales corporaciones hidrocarburíferas y abrochar un esquema de inversiones destinado al desarrollo de infraestructura vial.
El eje central de la misión fue sellar un pacto con las operadoras petroleras que garantice el financiamiento y la construcción de rutas clave, diseñadas a la medida de la industria para acelerar la salida de los recursos.
Bajo la coartada de potenciar la competitividad de Vaca Muerta y descomprimir el colapso del tránsito pesado, el Ejecutivo provincial consolida una alianza estratégica donde las empresas privadas ponen las condiciones y el Estado local terceriza la soberanía territorial.
No hay allí ninguna planificación soberana ni desarrollo integral para las comunidades que sufren la destrucción sistemática del entorno: solo asfalto financiado para facilitar la extracción intensiva, el fracking descontrolado y la profundización de un modelo extractivista que vacía los bienes comunes mientras deja el pasivo ambiental a cuenta de las futuras generaciones.
La utilización de las Islas Malvinas por parte de Washington no responde a un repentino interés por la justicia histórica o el derecho de soberanía de la República Argentina, sino a una palanca de especulación geopolítica.
Informes recientes de medios británicos (como The Telegraph) y su réplica en la prensa internacional revelaron que la administración de Donald Trump introdujo la revisión del respaldo histórico a la ocupación británica de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como un mecanismo de coerción.
El motivo central de esta amenaza no es altruista: se enmarca en las exigencias de Washington a los aliados de la OTAN —y particularmente al Reino Unido— respecto al incremento del gasto militar (exigiendo metas ambiciosas como el 5% del PBI) y el alineamiento absoluto en la política exterior y de defensa norteamericana.
Cuando Londres muestra reticencias o desacuerdos tácticos, la Casa Blanca desliza la posibilidad de retirar su neutralidad benévola o su respaldo diplomático a las “posesiones imperiales” británicas.
Todo sigue igual de mal entre las castas argentinas y brasileñas: total, pagás vos
El viaje relámpago de la comitiva presidencial argentina a Brasil de este 25 de julio de 2026 para participar en actos partidarios del Partido Liberal pone en evidencia una grave distorsión en la gestión de la política exterior.
Mientras el Estado financia con fondos públicos desplazamientos aéreos y operativos logísticos para intervenir en la interna de un país vecino, omite abordar asuntos estratégicos de vital importancia para la soberanía nacional y la protección de sus ciudadanos.
En primer lugar, el gobierno ignora la red de apoyo logístico que Brasil brinda a la ocupación militar británica en las Islas Malvinas, permitiendo el reabastecimiento de buques de la Royal Navy en sus puertos sin un reclamo diplomático enérgico.
Paralelamente, el Estado permanece ausente ante la sistemática “argentinofobia” y los abusos de la policía militar brasileña contra turistas y ciudadanos argentinos, dejando a los compatriotas desprotegidos frente a detenciones arbitrarias y violencia institucional.
Este viaje no representó un acto de diplomacia, sino una malversación de recursos públicos destinada al proselitismo, priorizando la agenda personal por sobre la defensa efectiva de los intereses nacionales.
Sea como sea, a pesar de que los bribones de la grieta nos quieran vender, el panorama electoral en Brasil se perfila como una encrucijada donde la soberanía regional queda relegada.
Lejos de proponer una reconfiguración hacia la autonomía, tanto el oficialismo de Lula da Silva como la oposición bolsonarista mantienen una inercia de subordinación a los intereses de la OTAN.
Esta complicidad geopolítica se manifiesta en la cooperación logística con la Royal Navy y el soporte a la ocupación británica en el Atlántico Sur, ignorando los acuerdos históricos de desmilitarización.
A esto se suma el alarmante silencio de ambos sectores ante el hostigamiento institucional, la persecución y los abusos judiciales y policiales que sufren los ciudadanos argentinos en suelo brasileño, utilizando causas arbitrarias como herramienta de control y segregación.
Milei pone en peligro a los argentinos que bastantes calvarios pasan en el Brasil por que su selección no le hace un gol ni al arco iris, pero ni Lula ni Bolsonaro están dispuestos a no seguir cobrándole a los argentinos de a pie los fracasos futbolísticos.
Los personajes de la casta siguen siendo protegidos por todos los medios al alcance del Poder Político y que a tal efecto son ilimitados.
El descaro y los linchamientos mediáticos de las víctimas a través de los propios parapoliciales del sistema, ya lo estamos viendo en el Caso de Melody Rakauskas en su lucha por Justicia tras el abuso sexual del depredador Barón del Conurbano, Fernando Espinoza.
Lo mismo ha ocurrido con el Caso de Candela Arizaga, que tuvo la desgracia de caer en manos de un hijo “sano” del Patriarcado como Facundo Moyano.
Allí, la velocidad de los medios del sistema, sin distinción de grietas, para defenderlo fue sideral. Todos los encubrimientos que tuvieron a mano los aprovecharon para revictimizar a Candela Arizaga.
Por desgracia para este “nenito de mami”, nosotros registramos de entrada las barbaridades que se llevaron a cabo, que fueron el preludio de otra rapacidad impune de los “machitos” del Poder.
Milei, su Soberbia Criminal y la Suma de Todos los Odios
Durante su exposición del 20 de agosto de 2026 en la 23ª edición de la conferencia organizada por la Americas Society – Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el presidente utilizó la asimetría del atril para validar las pulsiones punitivas de su base más fiel.
Lejos de limitarse a la presentación de indicadores macroeconómicos, el mandatario operó con absoluta displicencia hacia los sectores populares, ratificando un modelo donde la exclusión del adversario no es un daño colateral, sino un pilar fundamental.
Bajo la retórica de la “destrucción creativa”, el relato oficial naturaliza la quiebra de unidades productivas y la precarización laboral. Cualquier actor incapaz de sostenerse en el esquema vigente es estigmatizado como un “prebendario” merecedor de la marginación, clausurando el pluralismo y reduciendo la complejidad social a una disputa maníquea de índole moral entre el mercado y el Estado.
En el mismo foro, el mandatario recurrió a ataques contra la interrupción voluntaria del embarazo para culpar a las conquistas de género de la caída en la natalidad, desatendiendo por completo la crisis material que su propio plan económico provoca. El Estado despliega un intervencionismo punitivo para forzar nacimientos, pero desaparece al momento de garantizar las condiciones mínimas para una infancia digna, transformando la crianza en un privilegio de clase.
Esta soberbia discursiva encuentra su correlato institucional en la abierta desobediencia al orden legal. La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con rectores del CIN, gremios y la Secretaría de Políticas Universitarias) desnudó una anomalía peligrosa: el Ejecutivo ha decidido que su agenda está por encima de la Ley de Financiamiento Universitario y de los fallos de la Corte Suprema que exigen actualizar salarios docentes y recomponer programas como el Progresar.
Desafiar al Congreso y desoír los mandatos judiciales no es liberalismo; es una regresión despótica que pisotea el contrato social.
La soberbia institucional y el ensañamiento económico no hacen más que evidenciar la fragilidad de un experimento que confunde autoridad con autoritarismo.
Cuando el Poder Ejecutivo decide qué leyes cumple y cuáles desecha, no está saneando las cuentas públicas: está demoliendo las bases de la convivencia democrática.
La historia demuestra que ningún orden sostenido sobre el desprecio y la exclusión permanente puede perdurar sin fracturar definitivamente la Nación que asegura representar.
Lejos de tratarse de una excepción, este beneficio se suma a una cadena de ventajas previas obtenidas durante el ejercicio de sus cargos.
Antes de que el expediente penal escalara en los tribunales, el propio aparato estatal le otorgó un paraguas administrativo: la Oficina Anticorrupción dictó prórrogas generales sucesivas —como la de abril y su posterior extensión a mediados de año— que estiraron los plazos para la presentación y revisión de las declaraciones juradas del gabinete.
Con dos prórrogas administrativas en su haber y esta reciente concesión judicial por parte de Lijo, el ex-funcionario acumula tres flexibilizaciones de plazos destinadas a maquillar o justificar las más de veinte inconsistencias detectadas por la Fiscalía.
La historia reciente del movimiento invalida cualquier pretensión de pureza antiimperialista, evidenciando que el alineamiento con las corporaciones multinacionales atraviesa todas sus etapas de gobierno:
El hito de Monsanto (2012): Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el propio Poder Ejecutivo anunció con entusiasmo desde Nueva York la instalación de una megaplanta de la corporación estadounidense Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). Aquel proyecto extractivista no se frenó por decisión política oficial, sino porque las asambleas socioambientales y los vecinos organizados la echaron a patadas tras años de acciones directas en todo el país, donde el peronismo en todas sus formas brilló por su ausencia si no estuvo del lado de Monsanto.
El desfile por Washington D.C.: Durante la gestión de Alberto Fernández, la cúpula gubernamental mantuvo una presencia asidua en los despachos del Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos. Las misiones oficiales entregaban metas macroeconómicas a cambio de avales financieros, configurando una sumisión explícita al orden financiero internacional.
La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con la participación de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios y representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias) ha desnudado una anomalía peligrosa para nuestra democracia: el Ejecutivo nacional ha decidido que su propia agenda está por encima del Imperio de la Ley.
El encuentro, impulsado tras los recovecos judiciales que siguieron al veto presidencial al Decreto 759/25, confirmó que el Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir por motu proprio la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), a pesar de que la norma fue ratificada por el Congreso de la Nación y de que la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que exige aplicar de manera inmediata los artículos referidos a la actualización salarial docente y la recomposición de programas estudiantiles como el Progresar.
El Rule of Law es, por definición, la supremacía del derecho sobre la voluntad de los hombres. Como bien sostenía el pensamiento constitucionalista clásico, el “Imperio de la Ley” significa que el gobierno está sujeto a normas preestablecidas, no que el gobierno utiliza la norma como un obstáculo a remover según su capricho administrativo. Al ignorar una ley ratificada por el Congreso (tras el debido proceso de insistencia) y desoír los mandatos judiciales, el Poder Ejecutivo no está aplicando una política económica, está ejerciendo arbitrariedad.
La postura jacobina aquí no es un llamado al caos, sino una exigencia de igualdad ante la ley. Si el ciudadano de a pie debe cumplir con el ordenamiento jurídico, con mayor razón debe hacerlo el primer mandatario, pues él es el primer depositario de la legalidad constitucional. Cuando un gobierno decide qué leyes “le gustan” y cuáles debe “desobedecer”, el contrato social se rompe.
La libertad que proclama este gobierno carece de sustento si no se sostiene sobre el pilar del Derecho. Sin el Imperio de la Ley, no hay propiedad, no hay contratos, no hay República: solo queda el despotismo del decreto. Desafiar el financiamiento universitario (que es, en última instancia, el financiamiento del futuro del país) pisoteando los fallos judiciales y la voluntad legislativa no es liberalismo. Es, lisa y llanamente, una regresión a formas de poder absoluto que nuestra Constitución vino a enterrar.
La soberanía no está en la Casa Rosada; reside en la ley y en la voz del pueblo expresada en sus instituciones. Quienes desprecian la norma, no están salvando a la patria del gasto; están desmantelando las bases del orden democrático que nos permite convivir.
En todo momento el Presidente Javier Milei se mostró despectivo hacia el Pueblo que lo llevó al Poder y sumiso con los explotadores y vividores que en el lugar le hacían la claque.
Aunque sus barbaridades ya cansaron y no le hacen gracia a nadie, el Primer Magistrado insistirá en mantenerse firme en sus “ejes doctrinarios” a saber:
La Inversión del Rencor Político y la Hostilidad desde el Atril
El foro empresarial fue reconfigurado como una trinchera ideológica. Amparado por la asimetría del atril presidencial, el mandatario optó por validar las pulsiones punitivas de su base más fiel mediante la descalificación personal y el escarnio hacia economistas, periodistas y opositores ausentes, transformando la deliberación pública en un ejercicio de hostilidad y exclusión discursiva.
La Indiferencia Social y el Triunfalismo Macroeconómico
Frente a los indicadores críticos de contracción y el impacto sobre los sectores vulnerables, la exposición respondió con un triunfalismo fiscal abstracto. La desestimación sistemática de los datos que contradicen el relato oficial permitió justificar un ajuste asimétrico, rotulando las advertencias sobre la pérdida de bienestar social como meras falacias de “enemigos” o sectores rezagados.
El Darwinismo de Mercado y la Naturalización del Descarte
A través de analogías simplificadas sobre la “destrucción creativa” aplicada a disputas industriales, el discurso naturalizó la quiebra de unidades productivas locales y la precarización laboral. Bajo esta óptica, cualquier actor incapaz de sostenerse en el nuevo esquema no es visto como víctima de un shock recesivo, sino como un “prebendario” legítimamente merecedor del destierro económico y la marginación.
La Teología del Libre Mercado y la Clausura del Pluralismo
En su cierre, el relato presidencial redujo la compleja realidad socioeconómica a una disputa maniquea de índole moral entre los “valores judeocristianos” del mercado y la supuesta inmoralidad estatista. Al plantear la gestión como una lucha absoluta entre el bien y el mal, se clausura el debate democrático plural: el disenso deja de ser un contrapeso institucional para convertirse en un obstáculo moral que debe ser marginado.
Una agenda de saqueo, abandono y relaciones carnales
La geología neuquina ha respondido a la ambición desmedida. Con 57 sismos registrados en lo que va de 2026, la correlación entre la fractura hidráulica y la inestabilidad sísmica es ineludible. A pesar de los eventos recientes en el sector de El Trapial, operado por Chevron, el poder político y las petroleras insisten en negar el costo socioambiental, priorizando una “soberanía energética” que, en realidad, es una hipoteca geológica para las generaciones futuras.
Mientras tanto, el horizonte electoral brasileño no ofrece alternativa alguna. Tanto el oficialismo como el bolsonarismo mantienen una inercia de subordinación a los intereses de la OTAN. El suministro logístico a buques de la Royal Navy confirma que Brasil funciona como un colaborador de facto de la ocupación británica en el Atlántico Sur. Esta agenda se completa con la hostilidad institucional hacia los argentinos en ciudades como Río de Janeiro, donde el racismo y la violencia policial se utilizan como cortina de humo ante la ausencia de una postura regional soberana.
Finalmente, el embajador estadounidense Peter Ramelas utiliza el Visa Waiver no como un beneficio, sino como una herramienta de chantaje diplomático. La promesa de viajar sin visa se utiliza como “anestésico” para presionar por la exclusión de proveedores asiáticos en sectores estratégicos. No se trata de criterios técnicos de seguridad, sino de forzar una subordinación planificada donde el precio de nuestra “libertad” migratoria es la entrega absoluta de nuestra soberanía estratégica.
La coherencia entre estos tres frentes es absoluta. Mientras nos obligan a vender nuestra infraestructura tecnológica, Brasil nos da la espalda logística en Malvinas y nuestras propias tierras tiemblan bajo el peso de una extracción que no deja beneficio alguno para el pueblo, queda claro que el establishment regional opera bajo una misma lógica de entrega.
La naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación, y el suelo argentino comienza a exigir respuestas. ¿Cuánto más podrá sostenerse este mito de control antes de que la realidad termine de fracturar los cimientos de este modelo de sumisión?
La soberanía no se negocia, pero parece que las élites actuales están decididas a rematarla al mejor postor.
El juicio político ante el Consejo de la Magistratura, impulsado por el senador Luis Juez y el Dr. Alberto Maques, dejó al desnudo lo que este juzgado intentó ocultar bajo una fachada de legalidad. López no fue destituido por sus opiniones, sino por un patrón sistemático de mal desempeño que incluyó:
Hostigamiento racial: La difusión de mensajes cargados de judeofobia, que incluyeron el uso de terminología de corte nazi, la deshumanización de ciudadanos y la promoción de mitos conspirativos medievales que la propia Iglesia Católica ha superado hace décadas.
Abuso de poder: La utilización de la firma “Juez Federal López” en redes sociales para amparar su discurso de odio, rompiendo toda apariencia de imparcialidad y decoro.
Obstrucción y sedición: Su historial incluye el uso espurio de medidas cautelares para boicotear políticas públicas nacionales (como la Ley de IVE) y la apología explícita de intentos de golpe de Estado en la región, como el asalto a las instituciones democráticas en Brasil el 8 de enero de 2023.
Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.
Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.
La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.
Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.
Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la reclamar de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.
La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.
Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.
La complicidad geopolítica con la ocupación británica en el Atlántico Sur
La política de Lula da Silva: Bajo el discurso de la integración regional, el actual gobierno brasileño ha mantenido y profundizado la cooperación logística y de reabastecimiento con las fuerzas armadas británicas. La asistencia a buques de la Royal Navy confirma que el aparato militar e industrial brasileño continúa prestando servicios funcionales a la potencia ocupante de las Islas Malvinas, consolidando un esquema de colaboración con la OTAN que vulnera los acuerdos históricos de desmilitarización y soberanía austral.
El alineamiento de Jair Bolsonaro: Por su parte, el sector bolsonarista representa un sometimiento explícito y subordinado al imperialismo norteamericano y a sus aliados occidentales. Su visión geopolítica carece de cualquier atisbo de autonomía nacional, replicando una agenda de alineamiento automático con los intereses británicos y estadounidenses en el hemisferio que descarta de plano cualquier solidaridad con el reclamo soberano argentino.
11 AÑOS DEL NI UNA MENOS: ATRAVESADAS POR EL ABERRANTE FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA
A once años de aquel grito fundacional, el Ni Una Menos vuelve a las calles no como un aniversario, sino como un grito de guerra frente a un Estado que abandona y un sistema judicial que encubre.
El femicidio de Agostina Vega, de apenas 14 años, en Córdoba, es la radiografía del fracaso: un crimen anunciado, permitido por la desidia institucional y envuelto en una campaña mediática de saturación para ocultar la responsabilidad política detrás de la tragedia.
Queremos resaltar los aspectos que desarrollaremos en los informes sobre el particular:
La desaparición de Agostina el 23 de mayo y su posterior hallazgo en barrio Ampliación Ferreira no fue producto del azar, sino de la impunidad garantizada. El principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier (empleado municipal, con vínculos en la barra brava de Instituto y conexiones políticas) tenía antecedentes claros: en mayo de 2025 ya había sido detenido por secuestrar a otra joven en el mismo domicilio. Que haya recuperado la libertad en apenas 20 días gracias al pago de una fianza es la prueba contundente de un Poder Judicial que le abrió la puerta al asesino para que volviera a actuar.
En medio del dolor, el caso ha sido utilizado para una “operación de saturación informativa”. La aparición de un manuscrito (misteriosamente hallado por la abuela materna) y la filtración de declaraciones de la madre mientras estaba sedada en una clínica, no son casualidades. Son maniobras cínicas para desviar el eje de un femicidio ejecutado con extrema violencia hacia un laberinto de disputas familiares. Esta operación busca agotar la atención pública y proteger a los responsables políticos y judiciales que permitieron que un peligroso violento estuviera en la calle.
El sistema educativo provincial también expone sus grietas. Agostina no asistía a clases desde el 8 de mayo debido a amenazas externas. Aunque la institución activó llamados preventivos, la menor quedó desprotegida durante tres semanas críticas, lejos de la rutina escolar que, en muchos contextos, funciona como el último anillo de contención. La desconexión entre los avisos preventivos y la respuesta estatal para garantizar la seguridad de la joven es, sencillamente, criminal.
Lo ocurrido con Agostina Vega no es un “suceso policial” más; es un síntoma de un Estado que ha hecho de la justicia una opción, no una obligación. El poder judicial asiste a que “se filtren” secretos de sumario para ensuciar a la familia de la víctima con la lentitud que tuvo para lanzar el Alerta Sofía.
Desde Locomoción TV y El Estado de las Luchas, nuestra línea es clara: no serviremos de vehículos para las campañas que buscan enterrar la verdad bajo el ruido de la grieta.
La impunidad tiene nombres, apellidos y responsabilidades políticas claras. Exigimos que la justicia se centre en lo único que importa: el rigor de las pericias científicas para condenar a los responsables.
El Gobierno con el PRO en el armado 2027, sin pensar en el 2026
El Gobierno entró en modo de armar el escenario de recomposición táctica. La necesidad de crear la rosca de la supervivencia los llevo a que Karina Milei y Mauricio Macri (tras meses de distancia y tensiones) abrieran un canal de diálogo que derivó en una “mesa de trabajo” en Balcarce 50.
Así las cosas, el 13 de agosto a las 11 se reunieron en la Casa Rosada los operadores de la Libertad Avanza y el PRO: Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis se sentaron a la misma mesa, lugar desde el cual el Gobierno busca no solo asegurar los votos para su agenda parlamentaria, sino también pavimentar el camino hacia un acuerdo electoral para el próximo año.
No trascendió nada más que el mensaje de la foto de ver a ambas fuerzas políticas, representadas por sus delegados. Volver a mostrarse juntos no fue lo más importante: fue lo único importante.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.
Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.
Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.
El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.
En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.
El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.
