Incondicional de Cortázar, siempre soñó con vivir en España y en los últimos años cambió los Aires no tan buenos de Buenos Aires por los de Valencia. Comenzaban a abrirse grandes proyectos ligados al registro de las realidades sociales de España, dos o más ideas para realizar documentales, aunque ahora sí las múltiples dolencias que padecía no le permitieron moverse con la libertad que estaba acostumbrada y en los últimos tiempos tampoco perdió nunca la esperanza de volver a lo suyo a lo que adoraba.
Estas partidas no se superan, nos quedan los largos desvelos produciendo noticias y audiovisuales, hasta que en algún momento el dolor vaya dejando paso a las sonrisas y la dulzura de los recuerdos mismos.
¡Hasta la Victoria Siempre, Querida Compañera Claudia!
Mientras las estadísticas del Registro Único de Bomberos (RUBA) acumulan más de 150.000 servicios en lo que va del año (donde el 60% corresponden a emergencias críticas) el Estado continúa descargando sobre los hombros de voluntarios la responsabilidad de sostener un servicio público esencial sin los recursos mínimos garantizados.
La tensión entre el rigor fiscal del Ejecutivo y la supervivencia operativa de los cuarteles marca un límite crítico donde la vocación de servicio ya no alcanza para cubrir el rojo financiero.
El deseo de Milei y de toda La Libertad Avanza es que los Bomberos (y más los Voluntarios) desaparezcan ya que son un gasto inútil, algo que no le reporta (ni a él ni a sus jefes chupasangres) ningún saldo operativo.
Sabe y conoce la importancia de estas nobles personas, pero también sabe las diferencias entre los Bomberos y la Casta que esta muy bien representada en el Gobierno.
Odia plenamente a todo aquello cuyo objetivo en la vida no sea pisotear al otro y sobre todo a los más humildes. Lo que odia su casta infame es un “gasto” y ,como con la Universidad Pública, ese patético y vil sentimiento de odio atávico no hay Ley que le ponga freno.
Este episodio revive las críticas históricas sobre la matriz cultural y política del peronismo, que cuestionamos y cuestionaremos siempre, por su arraigada lógica de “conducción” centralizada y su cercanía estructural con los cuarteles.
En Verónica, esa dependencia de la estructura militar (exhibida a flor de piel cuando se prioriza la preservación de la base por sobre cualquier revisión ética de su pasado) demuestra que, a la hora de defender los privilegios y la subsistencia corporativa, las banderas de los derechos humanos quedan guardadas en el cajón, priorizando el cálculo electoral y gremial por encima de cualquier convicción profunda.
Nos hablan de salvar vidas y de ayuda humanitaria que es el cuento cínico bajado por el embajador Peter Lamelas en los comunicados oficiales del Departamento de Estado y en los despachos diplomáticos de Washington para enmascarar la venta de pertrechos militares bajo un rótulo de supuesta beneficencia civil.
Detrás de un eufemismo lavado para la tribuna internacional, la realidad es inocultable: cada tornillo que entra bajo este esquema consolida un modelo de dependencia donde las prioridades de nuestras fuerzas se deciden en despachos extranjeros.
No hay solidaridad ni defensa soberana; hay adaptación colonial, subordinación a pulso militar y un andamiaje listo para apuntar los cañones hacia adentro.
Esto que parecía el guion de una novela de narcos de esas en las que el Capo al final se escapa, se acabó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se tomara 681 días para expedirse y rechazar por inadmisible (en términos más populares, por bochornoso) el recurso federal extraordinario el 3 de septiembre de 2026.
De esta manera la condena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos de Sergio Urribarri y las de 6 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para Juan Pablo Aguilera y Pedro Ángel Báez quedan en firme por delitos de peculado y administración fraudulenta.
Como el “no va más” de la desfachatez, el Dr. Leopoldo Cappa pidió al Tribunal de Justicia y Apelaciones que le fuera otorgado el privilegio de la prisión domiciliaria para Urribarri debido a que según alegó “atraviesa un estrés postraumático con síntomas disociativos y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y farmacológico”.
Obviamente, el Tribunal la rechazó por improcedente y emitió la orden de detención del reo la que se empezó a hacer efectiva en la noche del 4 de septiembre cuando lo fueron a buscar a su domicilio en Concordia desde donde fue trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, en la que finalmente fue alojado el 5 de septiembre.
Queda, por último, esperar si el Tribunal finalmente determina que Urribarri y sus adláteres cumplan su pena allí donde se encuentran ahora o si serán alojados en otro penal para cumplir la totalidad de su condena.
En el aspecto militar, si es que lo hubo, anunció que en ese otro DNU que habilitará la construcción de una Base Naval en Tierra del Fuego y que le dotará de medios que mejoren las telecomunicaciones. Sobre este particular no mencionó nada de la Base cuya piedrita fundacional inauguró el peronismo ni sobre el radar británico de Alberto y Cristina instalaron y aún recibe energía del peronismo fueguino que se mostró muy generoso con el imperialismo en sus años de Gobierno.
Ya como quien está vendiendo humo a lo Solanas aseguró que esa base, de la que no dijo si será solamente argentina siquiera “nos convertirá en el Polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina.”
Luego, siguiendo su línea de no explicar nada y dejar más dudas que certezas, el Presidente de la Nación dijo que enviará al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a los efectos de las sanciones enunciadas antes y de la implementación del juicio en ausencia a los efectos de aplicar las mismas.
Esa Ley también creará un Consejo de Seguridad Nacional (que tiene connotaciones nefastas en nuestra historia reciente y que siempre terminó en argentinos muertos) el que según él “definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía” y cuyas facultades pedirá al Congreso que le habilite.
En el mismo sentido, Milei pidió rearmar a las Fuerzas Armadas lo que, coincidiendo con su expresión de deseos de usarlas para reprimir o matar argentinos, es un peligro latente para los civiles de la Argentina.
Cerrando este discurso, solicitó un Frente Unido como Nación e invitó a todos los actores políticos de la Argentina a sumarse a este reclamo.
Lo cierto es que no podemos ver más que expresiones de deseos donde debe haber políticas claras y en donde se mencionan peligros son solamente para los ciudadanos de a pie y nunca para los piratas invasores.
La contabilidad oficial se empeña en mostrar subas nominales impulsadas por la macroeconomía y la revaluación de activos fijos, la radiografía patrimonial expone una gestión que se refugia en lo viejo conocido mientras la calle sufre el ajuste.
No hay saltos por producción ni inversiones audaces: hay una ingeniería de papeles donde los números se inflan en pesos mientras la economía real sigue asfixiada.
Lo mismo ocurre con las declaraciones patrimoniales de la Familia Presidencial, todo parece estar más que bien, no importa lo que el Pueblo padezca cada día, lo importante es mostrar “normalidad”.
La decisión del propio Ministro de Economía de mantener más del 95% de los ahorros a salvo fuera de las fronteras no es un detalle técnico menor, es la confesión silenciosa del fracaso del propio modelo.
No hay relato, ni Ley de Bases, ni pedido de paciencia que pueda sostenerse éticamente cuando quienes diseñan las reglas del juego financiero demuestran que prefieren la seguridad de los bancos extranjeros antes que arriesgar un solo centavo en el país que gobiernan y vacían.
La ecuación económica del poder es obscenamente transparente. Se ajusta con crueldad a jubilados y trabajadores bajo el dogma del equilibrio fiscal, pero el déficit se vuelve flexible y patriótico cuando se trata de comprar tranquilidad interna y asegurar el músculo represivo del Estado.
Más recursos para las fuerzas no es seguridad ciudadana: es la inversión preventiva para blindar el saqueo.
Para la Argentina y para los políticos los caminos son distintos. Vaca Muerta no es solamente la mejor fuente de ingresos de los Estados argentinos, según parece se encamina a que sus beneficiarios saqueadores sean además los encargados de lo que alguna vez fue la obra pública.
Al parecer, los funcionarios están para llevarse su parte del saqueo y nada más. Gobernar no es algo de lo que se sientan concernidos estos señores
El pacto vial firmado en los Estados Unidos por Figueroa no es más que la constatación de una subordinación colonial explícita. Convierte a la Provincia del Neuquén en un simple corredor de sacrificio al servicio de las multinacionales, donde la infraestructura y el progreso se miden exclusivamente en barriles exportados a costa de la devastación de la Madre Tierra.
En el caso del Presidente Milei, la decisión de promover la Fórmula 1 en medio de una crisis de infraestructura vial es un insulto a la inteligencia y seguridad de los argentinos.
Javier Milei vuelve a demostrar que su brújula política apunta a satisfacer a los sectores más pudientes y a los grandes eventos corporativos, mientras abandona a su suerte a los ciudadanos que sufren a diario el estado calamitoso de las rutas.
No está interesado en ningún plan de desarrollo federal, solo en reafirmar de una gestión elitista que prioriza el espectáculo sobre la vida y el bienestar de la población.
El uso de la Causa Malvinas por parte de Donald Trump opera bajo una lógica de especulación y latrocinio geopolítico: se manipula una herida colonial abierta y un reclamo legítimo de soberanía argentina no para reparar una injusticia histórica, sino para coaccionar a Londres en la repartición de costos militares y geopolíticos globales.
Para la Argentina, subirse acríticamente a estas jugadas sin una estrategia soberana firme implica quedar expuesto a una manipulación donde los intereses nacionales son pisoteados en función de los tableros de ajedrez de las superpotencias.
AdorniGate: las prórrogas de casta como vía hacia la impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita emitió el 10 de agosto un requerimiento de justificación patrimonial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, solicitando explicaciones sobre 20 puntos clave tras detectar una diferencia negativa de 43 millones de pesos entre sus ingresos y gastos registrados.
El ex-funcionario tenía un plazo de 15 días para presentar la documentación que respalde adquisiciones en dólares, operaciones con criptomonedas y gastos en viajes, como el realizado a Aruba. Pesaba sobre él, en el caso que no justificarse estos fondos, el pedido de declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo.
Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo le concedió al ex-Jefe de Gabinete Manuel Adorni una prórroga de 15 días hábiles (estirando el plazo hasta el 15 de septiembre de 2026) para intentar justificar un incremento patrimonial familiar del 119% que presenta graves inconsistencias en consumos, operaciones en moneda extranjera y saltos de facturación.
El AdorniGate promete extenderse sécula seculorum, gracias a las prórrogas que recibe este señor para no responder por sus números y papeles más flojos que el de un Fitito de los años 60.
Entre chicanas procesales, pedidos de copias de extracciones forenses y defensas técnicas milimétricas, el mecanismo de protección corporativa opera con precisión de relojería.
A este ritmo burocrático, da la impresión de que Manuel Adorni llegará a una citación a indagatoria recién dentro de un siglo.
Mientras tanto, el expediente se dilata en los despachos judiciales, confirmando la regla de siempre en la Argentina: para los poderosos investigados por corrupción, la ley tiene un régimen de paciencia infinita, donde los privilegios de clase aseguran que el tiempo juegue siempre a su favor.
La sumisión al financista de turno como único rumbo
La coexistencia de una severa fiscalización a nivel local contra plataformas digitales domésticas (Mercado Pago, Ualá) y una mesa cordial con los representantes de Wall Street expone la ausencia de una postura ideológica real.
La premisa que rige la administración del territorio es netamente financiera: el peronismo acepta de manera previsible y pragmática la tutela de cualquier actor internacional capaz de proveer fondos o divisas, convalidando a cambio un esquema extractivista que reduce la estructura productiva al monocultivo y la degradación ambiental.
La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con la participación de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios y representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias) ha desnudado una anomalía peligrosa para nuestra democracia: el Ejecutivo nacional ha decidido que su propia agenda está por encima del Imperio de la Ley.
El encuentro, impulsado tras los recovecos judiciales que siguieron al veto presidencial al Decreto 759/25, confirmó que el Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir por motu proprio la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), a pesar de que la norma fue ratificada por el Congreso de la Nación y de que la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que exige aplicar de manera inmediata los artículos referidos a la actualización salarial docente y la recomposición de programas estudiantiles como el Progresar.
El Rule of Law es, por definición, la supremacía del derecho sobre la voluntad de los hombres. Como bien sostenía el pensamiento constitucionalista clásico, el “Imperio de la Ley” significa que el gobierno está sujeto a normas preestablecidas, no que el gobierno utiliza la norma como un obstáculo a remover según su capricho administrativo. Al ignorar una ley ratificada por el Congreso (tras el debido proceso de insistencia) y desoír los mandatos judiciales, el Poder Ejecutivo no está aplicando una política económica, está ejerciendo arbitrariedad.
La postura jacobina aquí no es un llamado al caos, sino una exigencia de igualdad ante la ley. Si el ciudadano de a pie debe cumplir con el ordenamiento jurídico, con mayor razón debe hacerlo el primer mandatario, pues él es el primer depositario de la legalidad constitucional. Cuando un gobierno decide qué leyes “le gustan” y cuáles debe “desobedecer”, el contrato social se rompe.
La libertad que proclama este gobierno carece de sustento si no se sostiene sobre el pilar del Derecho. Sin el Imperio de la Ley, no hay propiedad, no hay contratos, no hay República: solo queda el despotismo del decreto. Desafiar el financiamiento universitario (que es, en última instancia, el financiamiento del futuro del país) pisoteando los fallos judiciales y la voluntad legislativa no es liberalismo. Es, lisa y llanamente, una regresión a formas de poder absoluto que nuestra Constitución vino a enterrar.
La soberanía no está en la Casa Rosada; reside en la ley y en la voz del pueblo expresada en sus instituciones. Quienes desprecian la norma, no están salvando a la patria del gasto; están desmantelando las bases del orden democrático que nos permite convivir.
Durante su exposición en el Council of the Americas, el Presidente recurrió a una de sus habituales embestidas al mofarse de los “pañuelitos verdes” y culpar cínicamente a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la caída en la natalidad, desatendiendo por completo la profunda crisis material generada por su propio plan económico.
Esta postura deja al descubierto una hipocresía estructural:
Intervencionismo punitivo: El Estado despliega todo su poder normativo para restringir la autonomía corporal y forzar nacimientos, utilizando una retórica moralista que culpa a las conquistas de género por los desequilibrios demográficos.
Abandono y privatización: Una vez nacido el niño, el dogma libertario se desentiende de cualquier responsabilidad social. Bajo la premisa de que “el Estado no tiene por qué mantener a nadie”, se desmantelan las redes de contención y se traslada el costo total de la subsistencia a los hogares.
La familia como fusible: Al eliminar la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar como un amortiguador precario. Esto obliga a las familias a postergar o cancelar la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando paradójicamente el propio deseo demográfico del Gobierno.
En definitiva, mientras desde el atril corporativo se promueve el escarnio ideológico y se exige procreación a fuerza de dogma, el Estado desaparece al momento de garantizar condiciones mínimas para una infancia digna, transformando la crianza en un privilegio más de clase.
La Casta Política a la Caza del Voto de dentro de un año
La necesidad de recomposición táctica llevó a Karina Milei y Mauricio Macri a habilitar un canal de diálogo. El pasado 13 de agosto, operadores como Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se reunieron en la Casa Rosada. Este encuentro buscó no solo votos para la agenda legislativa, sino pavimentar un camino electoral para 2027, utilizando la foto como único mensaje estratégico ante la inminencia de la disputa nacional.
El 11 de agosto, en el Hotel Emperador, se encontraron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. El objetivo fue acordar la defensa cerrada de las PASO como única herramienta para contener el caos interno tras la derrota de 2025. En medio de la rosca, no faltaron las críticas hacia gobernadores “colaboracionistas” como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), dejando en evidencia que el objetivo es evitar la desaparición del mapa institucional, más allá de cualquier supuesta reconciliación.
La coincidencia temporal de estos movimientos desnuda la verdadera naturaleza de la política: cuando el poder siente que las reglas tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la Realpolitik.
Nos intentan vender que las necesidades de los de arriba son nuestros problemas, cuando en realidad se trata de una tregua efímera entre cúpulas que intentan sobrevivir a sus propias contradicciones.
La gran incógnita es cuánto tiempo resistirán estos armazones precarios frente a una crisis que, para el ciudadano de a pie, no ofrece ninguna salida ni respuesta.
El fallo del Jurado de Enjuiciamiento es una señal de que la paciencia democrática frente al uso de cargos públicos para la incitación al odio tiene un límite. Este no es un momento de celebración, sino un acto de estricta JUSTICIA, en donde un racista, con muchos contactos en esos núcleos criminales ha debido abandonar su miserable cuota de poder.
El sistema ha demostrado que, aunque lento, el derecho puede prevalecer sobre la prepotencia de quienes creen que la investidura judicial es una patente de corso para el fascismo.
Alfredo López ha dejado de ser Juez. Con esta sentencia, se pone fin a una etapa de impunidad y se reafirma que, en la Argentina, los funcionarios que apuestan por la destrucción de la convivencia democrática deben volver al ostracismo.
Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.
Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.
La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.
Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.
Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la reclamar de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.
La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.
Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.
Al evaluar los modelos en pugna, resulta evidente que no existe una ruptura con el paradigma de dependencia que Brasil sostiene respecto al poder colonial y el imperialismo financiero y militar global.
La inercia diplomática frente al enclave colonial: La continuidad de los protocolos de soporte a los buques británicos en el Atlántico Sur demuestra que el establishment brasileño opera bajo una lógica de servicios a la ocupación en Malvinas. Esta actitud no solo deslegitima los esfuerzos diplomáticos argentinos, sino que consolida al Brasil como un colaborador estratégico de facto para la permanencia de la base militar en el archipiélago.
La persecución como política tácita: La ausencia de propuestas para revertir la criminalización de ciudadanos argentinos no es un olvido accidental, sino un componente más de la agenda de sumisión. La utilización de acusaciones de racismo como instrumento de hostigamiento refleja la ausencia de un compromiso serio con la equidad regional, permitiendo que las fuerzas de seguridad actúen con total impunidad.
El desafío de una alternativa soberana: En última instancia, ambos candidatos han demostrado que la protección de la integridad de los argentinos y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur no forman parte de sus prioridades. Este vacío de agenda obliga a reflexionar sobre la necesidad de construir una soberanía regional que no dependa de la voluntad de las élites electorales que hoy dominan el panorama político brasileño.
Así llegamos al cierre de la trigésima Emisión Regular de este Discurso de El Estado de las Luchas.
Les rogamos como siempre que no dejen de registrar, nadie puede prohibírtelo, absolutamente nadie. Mientras exista el artículo 14 de la Constitución Nacional, se van a tener que apañar los mentecatos que nos dominan. Podés registrar todo, pero mucho ojo. Al momento de publicar te caben las generales de la Ley.
Hagamos lo Imposible sin heridos ni detenidos. Cuídense mucho que para la Revolución les necesitamos a todes. Sin más que contarles, les abrazamos con el cariño de siempre.
La coincidencia temporal de estos movimientos muestra la verdadera naturaleza de la política: cuando las reglas del juego tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la “realpolitik”. Ese eufemismo con el cual pretenden convencernos de que las necesidades de los de arriba son, en realidad, los problemas de todos nosotros.
El peronismo se une para no desaparecer del mapa institucional, y el oficialismo teje puentes con el PRO para consolidar su bloque de poder antes de que comience formalmente la disputa nacional.
La gran incógnita es si estos armazones de cúpula lograrán sobrevivir a sus propias contradicciones internas o si son apenas treguas efímeras en una crisis que a la gente no le da ninguna.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.
Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.
Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.
El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.
En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.
El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.
Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.
Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.
Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.
Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.
RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.
Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.
Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.
