Locomoción TV – Noticias #120
Introducción a la Emisión #120
Hola amigas y amigos:
Sean bienvenides a la centésima vigésima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.
Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 13 días desde nuestro último encuentro por estos medios.
Mientras el Primer Magistrado de la República prefiere profugarse a los Estados Unidos para sacarse fotos de utilería, la realidad institucional de la Argentina estalla en su propio frente interno.
La Quinta Marcha Federal Universitaria desbordó las calles y plazas de todo el país, pero el verdadero masaso no vino solo del asfalto: el fuero Contencioso Administrativo Federal le puso nombre, apellido y un contador en efectivo a la desobediencia oficial.
Al gobierno del veto y el decreto permanente se le acaba el margen: cuando la ley se pisa, el costo se vuelve patrimonial y la resistencia popular se transforma en un mandato histórico.
Cuando un operador paraestatal se filmó desde las entrañas del Palacio de Itamaraty rompiendo un decreto argentino, no ejecutaba una simple patotería de redes: activaba el código rojo de Planalto para tapar las derrotas del régimen brasileño.
Entre la frustración de perder la paternidad futbolística en el propio Maracaná y la complicidad logística con la ocupación británica en las Islas Malvinas, el aparato de Lula da Silva envía a sus mercenarios digitales a sembrar odio antiargentino.
Frente al acoso sistemático y la agitación paraestatal, el Estado argentino responde con el circo de la deportación y un decreto inconstitucional que atenta contra las libertades individuales.
Ni la diplomacia de salón ni el show del garrote libertario van a tapar la matriz patriarcal y colonial de una misma cloaca política.
Pasen y vean que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.
La embestida judicial y la calle acorralan al absolutismo de Javier Milei
El conflicto por el financiamiento de la educación superior escaló a un punto de no retorno. Ante el desprecio sistemático por la recomposición salarial docente y el vaciamiento presupuestario, la justicia federal intervino tras la demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La declaración de inconstitucionalidad de las maniobras del Ejecutivo y la inaplicabilidad de la excusa del “déficit cero” para suspender mandatos republicanos dejaron al descubierto una estrategia de gobierno basada únicamente en la dilación y el desacato.
- La llave de las astreintes: En una resolución determinante, el juez Martín Cormik impuso sanciones conminatorias de $100.000 diarios sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por desobedecer las cautelares vigentes. Las astreintes (figura procesal del artículo 804 del Código Civil y Comercial) no son indemnizaciones ni penas fijas: son un medio de coerción económica acumulativo, diseñado para doblar la voluntad del rebelde procesal. La rebeldía ya no sale gratis.
- El coro mediático y la represión: En paralelo al despliegue en las calles, el aparato mediático oficialista y la corrección burguesa activaron el mismo libreto perimido: la cacería del infiltrado y la estigmatización de los manifestantes. El saldo de detenidos en las movilizaciones expone a un Estado que utiliza las fuerzas de seguridad no bajo el control republicano, sino como el brazo armado de su propia ilegalidad.
- Invalidez de la “obediencia debida”: Bajo el marco normativo y los tratados internacionales, ningún protocolo dictado entre gallos y medianoche ampara la ejecución de órdenes manifiestamente ilegales contra el pueblo. El efectivo o funcionario que ejecuta el atropello inconstitucional se convierte en coautor y cómplice punible de la tiranía estatal.
- Obsesión contra la UBA: El ensañamiento contra la Universidad de Buenos Aires y el sistema universitario nacional trasciende el debate presupuestario. Revela una fijación patológica por desmantelar la soberanía intelectual y la estructura misma del Estado de derecho.
¡Vamos a los informes!
El intento de someter las instituciones al capricho de un decreto perpetuo encuentra su límite infranqueable en dos frentes: el taxímetro implacable de la justicia sobre el bolsillo de sus funcionarios y la marea humana que desborda las plazas de todo el país.
Ningún viaje de propaganda, ninguna cacería mediática ni ningún garrote policial van a torcer la convicción de un pueblo que entiende que la universidad pública no se negocia en el mostrador del ajuste.
Frente a las arbitrariedades monárquicas y los atropellos de la autocracia, la defensa de la legalidad y la resistencia en las calles son el único mandato soberano.
En una resolución dictada este 16 de octubre de 2026, la Sala Tres de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le otorgó una bocanada de aire al Gobierno nacional al suspender de manera provisoria las astreintes contra el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El tribunal hizo lugar al recurso de queja presentado por Capital Humano luego de que el juez Martín Cormick ordenara hacer efectiva la multa diaria de cien mil pesos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Al parecer, el Poder Político y sobre todo el Poder Ejecutivo nunca debe dejar de contar con aliados en el Poder Judicial, de esos agradecidos por los beneficios de pertenecerle. Duró poco.
Habrá que ver si aquí terminaron los problemas para el Gobierno, porque si no cumple, que se olvide: no le quedan más chances que efectivizar lo adeudado de forma tan miserable por Milei y su caterva.
Otra vergüenza más que involucra a políticos y jueces que recuerdan lo que dice el Talmud y sobre todo lo de: “¡Ay, de la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados!”.
El Caso de Rogério Tomaz Jr., la Frustración en el Maracaná y el Código Rojo de Planalto
El 12 de octubre de 2026, el militante del Partido dos Trabalhadores (PT) y operador digital Rogério Tomaz Jr. fue reembarcado hacia Brasil tras notificársele en el Aeroparque Jorge Newbery la cancelación de su residencia y la prohibición de reingreso por 5 años.
Sin embargo, su accionar venía desplegándose tiempo atrás mediante campañas de hostigamiento contra la divulgadora mendocina Kalípolis, amedrentamiento territorial y la fabricación de falsas denuncias sobre persecución a estudiantes brasileños en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, sin aportar un solo testimonio o prueba material.
- La cortina de humo sobre Malvinas y el Maracaná: El encendido de las campañas de denigración antiargentina por parte del aparato de Planalto coincide matemáticamente con dos frentes de humillación: la pérdida de la supremacía deportiva de Brasil al caer consecutivamente ante la Selección Argentina en el Maracaná, y la necesidad de desviar la atención sobre la servidumbre logística del gobierno de Lula a la Royal Navy británica, permitiendo el reabastecimiento en Río de Janeiro de los buques que sostienen la usurpación en Malvinas.
- Violencia de género y encubrimiento ideológico: La agresión en redes del operador brasileño (“E ainda voltó a molar en Mendoza”) constituyó un acoso territorial directo contra Kalípolis. Tanto la derecha libertaria —que manipuló las traducciones para montar un circo patriotero sobre el “insulto a la patria”— como la bancada oficialista brasileña desestimaron la gravedad del acoso, refugiando al agresor en la impunidad de la disputa ideológica.
- El DNU 681/2026 y el garrote liberticida: El uso del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026 para fundamentar la expulsión constituye una aberración jurídica. La introducción de tipos penales elásticos como “mensajes de odio” viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos e instaura un peligroso derecho penal de autor. Validar este instrumento de censura porque hoy se descargue sobre un esbirro de Planalto implica aceptar la herramienta con la que mañana el Estado perseguirá a cualquier disidente.
- La matriz delatora del ciberpatrullaje: La actuación de estos operadores responde a la misma genética represiva de los delatores estatales de los años 70: cambiaron las patotas de la dictadura por el linchamiento digital y el ciberpatrullaje, buscando la destrucción civil del adversario bajo el amparo y el financiamiento del Estado extranjero.
¡Vamos a las imágenes!
Reducir todo este montaje a la figura de un provocador reembarcado en Aeroparque sería morder el anzuelo más elemental del espectáculo político. Rogério Tomaz Jr. no es más que un fusible intercambiable, un peón de bajo presupuesto que sale a jactarse en Guarulhos de su propia deportación para alimentar la narrativa victimista de su empleador.
El responsable intelectual y estratégico de este dispositivo de amedrentamiento es Luiz Inácio Lula da Silva y el aparato de poder de Planalto, que utilizan la argentinofobia para tapar su servilismo colonial ante la corona británica y la carnicería cotidiana de sus fuerzas de seguridad en las favelas.
Del otro lado, el gobierno argentino responde con la mediocridad de un decreto liberticida que viola libertades fundamentales en lugar de ejercer una verdadera soberanía nacional.
La soberanía no se defiende imitando la lógica persecutoria del enemigo ni validando herramientas de censura; se defiende denunciando sin eufemismos a las potencias usurpadoras, a sus colaboradores regionales y a los aparatos paraestatales que sirven de fachada a la impunidad.
Cierre de la Emisión #120
Hasta aquí llegamos con esta centésima vigésima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.
Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.