¡¡¡Que digan dónde están lxs nietxs!!!: Casación revocó la mordaza de Ercolini y ordenó reabrir la búsqueda
Introducción al Informe
Finalmente en Comodoro Py, en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, este 12 de noviembre a las 11:45 se llevó a cabo la Audiencia por los Hábeas Corpus de lxs nietxs desaparecidxs por la última Dictadura Militar en la causa “Baravalle s/ recurso de casación”.
La Cámara Federal de Casación Penal y sus jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo escucharon los planteos técnicos de la defensa (representada por los doctores Gabriela Mónica Conder, Claudia Carolina Bareiro Vidallet y Luis Fernando Zamora, Claudia Agüero y Verónica Heredia) y los testimonios de Estela Gualdero, Ricardo Sergio Baravalle y Margarita Noia, y en horas de la tarde revocaron el rechazo in limine de la resolución injusta e históricamente repudiable del Juzgado 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini.
Lo que ocurrió en esa sala puso en acto lo que el antropólogo Marshall Sahlins definía como el principio de reciprocidad equilibrada, que aquí operó en su forma más pura de justicia: darle a cada cual lo suyo. Frente a un juzgado de primera instancia que había clausurado el expediente de plano, negándoles a los familiares el derecho básico a ser oídos en audiencia, Casación invirtió por completo la ecuación.
Al abrir el micrófono para sumar voces en vivo y anular el cierre arbitrario del expediente, el tribunal le impuso límites institucionales a la mordaza de Ercolini y les devolvió la palabra a las víctimas y a sus representantes.
La causa iniciada por Mirta Baravalle, que tras medio siglo de lucha ha vuelto a tomar estado tribunalicio, obligará al Estado a defenderse ahora por sus atrocidades. Es algo que les polítiques tienen muy aceitado poniendo en sus filas a Milanis o a Prestis, porque en la superficie nomás se les nota que están cortados por la misma tijera de cinismo.
Esta Audiencia y esta resolución tienen carácter histórico, ya que no quedan caminos para más dilaciones: la cuestión está en marcha y el Estado y el Poder Judicial tendrán que dar respuestas a las demandas de toda una vida de las Abuelas.
Lo que dejó la audiencia en la Sala IV
La jornada comenzó puntual a las 11:45 con una audiencia de carácter eminentemente técnico, donde la Dra. Gabriela Conder llevó la voz cantante de la querella para desarmar los argumentos del rechazo inicial. Durante su exposición, la letrada denunció la arbitrariedad de la resolución de Cámara y señaló que no existió un verdadero “doble conforme”, desvirtuando por completo la figura constitucional del hábeas corpus al impedir su continuidad.
Conder remarcó ante los magistrados una falla grave del fallo inferior: el caso de María del Carmen Gualdero ni siquiera figura en la sentencia previa a la que se pretendía remitir el expediente, y tampoco se investiga de manera efectiva la desaparición forzada de Ana María Baravalle, Julio César Galizzi y su bebé apropiado.
En esa línea, advirtió que rechazar y no analizar la desaparición en cautiverio reedita el crimen mediante una falsedad ideológica, negando el carácter de delito permanente y continuado de lesa humanidad.
“No responder el hábeas corpus es la continuidad del crimen de lesa humanidad”, enfatizó Conder ante el tribunal, cuestionando que el Estado pretenda esperar pasivamente a que la víctima apropiada se presente por sus propios medios, poniendo toda la carga sobre ella.
Recordó que Mirta Baravalle nunca recibió respuesta en vida y cerró con un petitorio contundente: la admisión formal del hábeas corpus y una búsqueda efectiva por parte del Estado.
Luego fue el turno de los familiares y los testimonios en la sala. Ricardo Sergio Baravalle tomó la palabra para avalar en todos sus términos la exposición técnica de la Dra. Conder.
A continuación, Estela Gualdero expresó el impacto humano de la dilación judicial, señalando que el rechazo del hábeas corpus resulta profundamente doloroso y que la Justicia no debería tener margen para negarlo.
Por último, se sumó el testimonio de Margarita Noia, quien manifestó su acompañamiento total frente a 50 años de negación estatal, recordando que las familias siguen esperando una respuesta como la que buscó Mirta Baravalle, quien se fue de este mundo sin poder encontrar a su nietx, un reclamo indispensable para todas las Abuelas.
En el estrado, las actitudes de los jueces marcaron el pulso del debate: mientras el Dr. Gustavo Hornos permaneció en silencio sin formular preguntas, el Dr. Mariano Borinsky intervino activamente indagando sobre los alcances del reclamo, en una sala donde el Dr. Javier Carbajo habilitó la escucha amplia de los testimonios antes de anunciar que el tribunal pasaría a deliberar para dictar su resolución en tiempo procesal.
Medio Siglo de Lucha
El expediente que hoy sacude los pasillos de Comodoro Py tiene su raíz en el terrorismo de Estado de 1976. El 7 de junio de ese año fue secuestrada María del Carmen Gualdero, quien cursaba un embarazo de ocho meses y medio.
Dos meses más tarde, el 27 de agosto de 1976, corrieron la misma suerte Ana María Baravalle (embarazada de cinco meses) y su pareja, Julio César Galizzi. Desde entonces, sus familias iniciaron una búsqueda ininterrumpida para conocer el destino de los tres adultos y restituir la identidad de los dos hijos nacidos en cautiverio: Camila o Ernesto Galizzi Baravalle y el bebé de la pareja García-Gualdero.
Durante cincuenta años, esa persistencia estuvo encarnada en figuras como Mirta Baravalle y hoy continúa a través de Ricardo Sergio Baravalle y Estela Gualdero. Con el patrocinio de un equipo jurídico integrado por los doctores Gabriela Mónica Conder, Claudia Carolina Bareiro Vidallet, Luis Fernando Zamora, Claudia Alejandra Agüero y Verónica Heredia, las familias presentaron un hábeas corpus el 27 de agosto de 2026.
El reclamo buscaba romper la parálisis estatal utilizando herramientas científicas actuales (como los exámenes genéticos masivos y el cruce de registros) para dar finalmente con el paradero de los nietos apropiados.
Sin embargo, el 1 de septiembre de 2026, el Juez Federal Julián Ercolini rechazó la acción in limine, es decir, sin siquiera abrir el trámite ni escuchar a los familiares.
Argumentó que el hábeas corpus no era la vía adecuada para hechos ocurridos hacía cinco décadas y derivó el planteo a otras causas penales donde ni siquiera se investigaba el destino de los niños.
Tras la rápida confirmación de ese rechazo por parte de la Sala I de la Cámara Federal, la querella acudió en queja a la Cámara Federal de Casación Penal, logrando abrir la puerta a la audiencia oral donde los testimonios de los familiares y allegados recordaron ante los jueces que medio siglo de búsqueda no prescribe ni pierde vigencia.
A Modo de Cierre (por ahora)
El fallo unánime firmado el 12 de noviembre de 2026 por la Sala IV de Casación (integrada por los doctores Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo) marca un punto de inflexión procesal y jurídico que obliga a reabrir lo que la primera instancia intentó archivar. A partir de esta resolución, el escenario deja las siguientes conclusiones y pasos concretos a seguir:
- La vigencia permanente del delito. Casación derrumbó el argumento del paso del tiempo. El tribunal dejó en claro que la desaparición forzada y la sustitución de identidad son delitos de ejecución continuada que se renuevan cada vez que el Estado omite buscar a las víctimas o emite documentación con datos adulterados.
- Autonomía frente a los juicios penales. El fallo estableció que las causas de lesa humanidad destinadas a condenar represores no reemplazan al hábeas corpus. Esta acción constitucional tiene un fin urgente, autónomo y específico: encontrar a las personas desaparecidas y restituir la identidad de los nietos.
- Regreso obligado al Juzgado Federal N° 10. El expediente vuelve mediante pase digital al despacho del Dr. Julián Ercolini, quien ya no tiene margen para rechazar el planteo de plano ni derivarlo a otros tribunales.
- Convocatoria urgente a audiencia oral. Por mandato expreso de Casación, el juzgado debe citar de manera inmediata a la audiencia prevista en los artículos 14 y 17 de la Ley 23.098, garantizando la presencia y el derecho a ser oídos de los familiares, sus letrados y el fiscal.
- Batería de medidas de prueba en debate. En esa próxima audiencia, la querella exigirá la producción efectiva de la prueba ofrecida, incluyendo la apertura de archivos públicos y privados, los oficios a organismos clave (CONADI, Banco Nacional de Datos Genéticos, EAAF, Abuelas de Plaza de Mayo, RENAPER y Migraciones) y la discusión técnica sobre los análisis genéticos para personas nacidas entre junio de 1976 y febrero de 1977.
Apéndice Documental: el Fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
