Pollicita no ve enriquecimiento ilícito y avala los dibujos de Adorni

Una fortuna invisible para la lupa fiscal

El 6 de noviembre de 2026, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en Comodoro Py dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario Manuel Adorni. La investigación relevó un salto patrimonial y una serie de gastos monumentales del matrimonio formado por Adorni y Bettina Angeletti entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Entre los desembolsos fuera del sistema bancario o mediante terceras personas destacaban:

• Gastos por USD 402.578, de los cuales la friolera de USD 374.081 se abonó en efectivo.
• La adquisición de un lote en el country Indio Cuá, la escrituración de un inmueble en la calle Miró (Caballito), refacciones, mobiliario de lujo, viajes y alquileres temporarios.
• Una brecha no justificada de $43.068.549 entre ingresos declarados y gastos de subsistencia.

La “Justificación Bitcoin” y una ceguera sospechosamente extrema

Frente a la intimación patrimonial, la defensa de Adorni recurrió a una coartada fantástica: argumentó que todo ese dinero en efectivo provenía de ganancias obtenidas por supuestas inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Según este relato:

1. Habría comprado criptomonedas en efectivo por unos USD 200.000 distribuidas en 8 billeteras virtuales de autocustodia.
2. Al liquidarlas, obtuvo USD 591.544, los cuales —según el curioso relato— guardó bajo el colchón en efectivo durante casi diez años.

Las fallas técnicas que el fiscal decidió ignorar con una indulgencia alarmante:

• El informe de la Policía Federal Argentina (PFA): Los peritos confirmaron únicamente que la defensa posee hoy las claves privadas de esas 8 billeteras y que sufrieron movimientos entre 2014 y 2018. Sin embargo, advirtieron algo elemental que Pollicita optó por minimizar: la blockchain no permite saber quién controlaba realmente esas claves en el pasado ni con quién, cuándo ni a qué precio se operó.
• Criptoactivos ocultos: El análisis pasó por alto que las billeteras registraban tenencias y ventas de otros activos digitales (por unos USD 60.000) que ni siquiera figuraban en el descargo original.
• Un acto de fe judicial: Con una laxitud notable, Pollicita concluyó que, al no poder refutar de manera absoluta una versión tan antojadiza, optaba por no acusar por enriquecimiento ilícito, regalándole el beneficio de la duda a una explicación inverosímil.

Lavado de manos y desvío de atención

• Desestimación por Enriquecimiento Ilícito: Al negarse a ver la desproporción patrimonial, consideró que no existían elementos punibles en el fuero federal por este delito.
• Pase al Fuero Penal Económico: Pidió declarar la incompetencia de Comodoro Py y mandar el expediente a investigar una posible evasión tributaria y ocultación maliciosa ante el fisco (ARCA), reduciendo un escándalo de enriquecimiento a una mera cuestión impositiva.
• Daños colaterales a terceros: Solicitó investigar penalmente al contratista Matías Tabar, a los desarrolladores inmobiliarios Pablo Feijoo y Leandro Miano, y reportar a la escribana Adriana Nechevenko ante el Colegio de Escribanos, buscando desviar el foco mientras convalida la coartada central del exfuncionario.

El peligroso precedente de mirar para otro lado

1. Inversión de la Carga de la Prueba: La justicia federal abdica de su rol al exigirle a la sociedad que le demuestre el origen espurio de los fondos a un funcionario, cuando el incremento patrimonial injustificado saltaba a la vista.
2. Un antecedente a medida para los “dibujos”: Avalar la tenencia de una clave privada de origen incierto como prueba de ingresos abre una puerta escandalosa. De ahora en adelante, cualquier funcionario atrapado con dinero negro podrá justificarlo alegando que “vendió Bitcoins en efectivo hace 10 años”.
3. Estado Actual: El dictamen quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, encargado de definir si avala esta visión notablemente miope de la fiscalía o si le pone freno al festival de justificaciones.