Un golpe de opacidad militar ante un Pueblo dormido
Introducción al Informe
Hay que empezar parándose de frente al micrófono y rompiendo la muletilla más peligrosa, demagógica y anestésica de la política moderna: esa mentira edulcorada que repite que “el Pueblo nunca se equivoca”.
Como militantes de la memoria y de la Historia, sabemos que es exactamente al revés. El Pueblo se equivoca, y se equivoca feo. Se equivoca cuando compra discursos de sálvese quien pueda, se equivoca cuando entrega sus conquistas a cambio de promesas vacías y, sobre todo, se equivoca cuando se duerme.
Hoy no hay una marea humana rodeando los ministerios ni una pueblada exigiendo explicaciones frente a la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 1205/2026, una medida que viene a reinstalar el “Secreto Militar” sobre todas las contrataciones, compras de armas, pertrechos y tecnología destinadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa.
La trágica realidad de este momento es que una trenza corporativa de militares, políticos y jueces montó un golpe de opacidad en la cara de millones de personas, resucitando el Decreto Ley 9390 de 1963 dictado durante la dictadura de José María Guido para saltearse las licitaciones públicas, eliminar la fiscalización de la Auditoría General de la Nación y anular la Ley de Acceso a la Información Pública.
Y ante semejantes maniobras, la sociedad civil se quedó mirando con ojos de huevo, paralizada, distraída y en silencio.
Ese aletargamiento no es “sabiduría popular incomprendida”; es una equivocación histórica trágica por omisión. Los bribones de siempre conocen perfectamente la psicología del cansancio social. Saben que cuando la gente está abrumada tratando de sobrevivir al día a día, se genera el escenario idóneo para meter un golazo de media cancha, desempolvar normativa de dictaduras pasadas, cerrar los libros de contabilidad del Estado y privatizar el manejo de las armas sin que nadie mueva un solo dedo.
Reconocer este adormecimiento no es derrotismo: es el diagnóstico indispensable para cualquier lucha real. El primer paso para romper una cadena es admitir que nos durmieron como los mejores hace por lo menos 63 años.
El Decreto 1205/2026 y la resurrección de la escoria autoritaria
Es en este marco de pasividad y equivocación colectiva donde el Poder Ejecutivo asestó el golpe institucional con el Decreto 1205/2026. Con una firma de trazo grueso, el Estado declaró bajo la categoría de Secreto Militar todas las contrataciones, compras y adquisiciones de equipamiento destinadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa.
Para armar semejante cerrojo presupuestario sin pasar por el Congreso Nacional, la burocracia desenterró el Decreto Ley 9390 de 1963 y lo empalmó con las excepciones de la Ley de Defensa Nacional. Bajo la pantalla formal de “resguardar la capacidad operativa” y “cumplir con cláusulas de confidencialidad de corporaciones extranjeras”, se le otorgó al aparato militar la potestad absoluta de eliminar las licitaciones públicas, habilitando la compra directa, la adjudicación a dedo y la discrecionalidad total en el manejo de las partidas presupuestarias.
Al mismo tiempo, se oculta la trazabilidad de los fondos, clausurando el acceso público a los montos en dólares comprometidos, las cantidades de material, los países de origen y la identidad de las empresas o intermediarios beneficiados.
Todo esto se hace extrayendo estas operaciones de la órbita de la Ley de Acceso a la Información Pública y neutralizando la fiscalización de la Auditoría General de la Nación y del Poder Legislativo.
El peligro operativo de este decreto no se agota en la corrupción económica. Al ocultarle a la sociedad qué se compra, se pierde de vista si el material adquirido es para la defensa soberana de las fronteras o si se están importando tecnologías de ciberpatrullaje, equipamiento de inteligencia y material de disuasión pensado para la contención de la protesta social interna cuando el hambre aprieta.
La falacia del Secreto Militar y el negocio de la sombra
La coartada oficial repite hasta el cansancio que el secreto es necesario para “no alertar a las potencias enemigas”. Esa es una mentira infantil diseñada para incautos. En el mercado geopolítico real, los satélites, las agencias de inteligencia globales y el propio complejo industrial-militar angloamericano conocen al detalle cada tornillo, cada radar y cada munición que se compra en el Atlántico Sur antes de que se seque la tinta del contrato.
Muchos de los proveedores a los que se les compra responden de manera directa o indirecta a la estructura de la OTAN. Por lo tanto, el Reino Unido y sus aliados tienen la planilla de embarque sobre la mesa mucho antes que cualquier legislador argentino. La pared del Secreto Militar no se levanta para taparle los ojos al enemigo externo: se levanta para taparle los ojos al Pueblo argentino.
Se le oculta a la ciudadanía para que no pueda ejercer el control de la caja; se le oculta a los trabajadores para que no sepan cuánto dinero se desvía del presupuesto social hacia los negocios de la defensa; y se le oculta al periodismo de investigación para blindar las comisiones millonarias que cobran los intermediarios de siempre.
El Secreto Militar en el manejo de las partidas públicas nunca protegió la soberanía de la Patria; siempre protegió el bolsillo del funcionario que firma y la impunidad del negociante que cobra.
La memoria de la traición: de los noventa a Río Tercero
Esta opacidad resucitada conecta de forma directa con la herida más vergonzosa de nuestra historia reciente: el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia en la década de los noventa. En aquel momento, bajo el amparo de Decretos Secretos firmados entre gallos y medianoche, las cúpulas políticas y militares desmantelaron los arsenales de Fabricaciones Militares para venderle armamento a Ecuador mientras ese país se desangraba en el conflicto del Cenepa contra el Perú.
Esa maniobra no solo significó una traición vil a la Patria Grande y al hermano pueblo peruano (que había puesto el pecho y sus propios aviones por la Argentina durante la Gesta de Malvinas), sino que terminó costando vidas argentinas en nuestro propio suelo. Para tapar los faltantes de los arsenales y borrar las huellas del contrabando amparado en el secreto de Estado, no dudaron en hacer volar por los aires la ciudad de Río Tercero, sembrando la muerte y el terror entre la población civil.
Aquel crimen histórico dejó una lección marcada a fuego: cada vez que el Estado exige “secreto” para comprar o mover armas, lo que se incuba en las sombras es la estafa, la traición geopolítica y el dolor de los de abajo.
A modo de cierre (por ahora)
Llegamos al punto donde no hay más margen para las excusas ni para la autocomplacencia. El Decreto 1205/2026 no es un accidente ni una ocurrencia repentina: es el cobro de la factura de nuestra propia negligencia colectiva.
En 1983, con el retorno de la democracia formal, la sociedad argentina debió haber exigido la derogación y la quema pública de toda la basura normativa heredada de los regímenes de facto. Decretos como los de Onganía o las leyes de secreto de la década del sesenta debieron ser incinerados para siempre.
Sin embargo, nos dormimos. Nos equivocamos dejando que esas herramientas autoritarias quedaran durmiendo en los cajones de la burocracia estatal, esperando que algún funcionario con vocación de sombras las desempolvara para usarlas contra el pueblo. Y la regla de la Historia no perdona: toda herramienta de control que el Estado no destruye, la termina reutilizando contra la sociedad civil.
No hay soberanía ni democracia real posible con presupuestos secretos, compras militarizadas a espaldas de la gente y un pueblo mirando la televisión con ojos de huevo mientras le quitan las libertades individuales.
La soberanía no es un relato para las fechas patrias ni un cheque en blanco que se entrega cada dos años en una urna; la soberanía se defiende en la calle, con la memoria despierta, la autocrítica dura y el rechazo frontal a cualquier intento de institucionalizar la sombra.
Si no nos ponemos de pie para exigir la derogación inmediata del Decreto 1205/2026 y la apertura de todos los libros del Estado, el mensaje que le enviamos a la casta política y militar es que tienen la cancha libre para el próximo zarpazo.
La lección final es una sola y no admite matices: espacio de libertad, de transparencia y de derecho que el Pueblo abandona por cansancio, error o distracción, es espacio que el aparato de coerción estatal toma, consolida y confisca para siempre.