La monárquica terquedad de Milei y su odio infranormal a la UBA
Introducción al informe
Que este 15 de octubre de 2026 el Primer Magistrado de la República prefiera profugarse a los Estados Unidos para sacarse fotos de utilería mientras la Justicia Federal lo acorrala por delincuente procesal y la calle se la copa la Quinta Marcha Federal Universitaria, no es un accidente de gestión: es la confirmación de un gobierno atorado en su propia megalomanía.
Javier Milei no gobierna; delira un absolutismo de opereta. Mientras se pretende monarca por encima de la Constitución y de las sentencias firmes, el fuero Contencioso Administrativo Federal le puso la firma a su ilicitud y la marea humana que desbordó las plazas de todo el país le demolió el relato.
Para que no queden dudas sobre la envergadura del descalabro institucional y represivo que vivimos en esta jornada de lucha, desmontamos los cuatro ejes centrales que la casta oficialista pretende ocultar:
- El choque institucional: La fuga presidencial a EE.UU. frente al torniquete de las astreintes (el contador implacable de $100.000 diarios sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Diego Santilli) que expone la abierta rebeldía del Ejecutivo contra el fuero federal.
- El coro mediático de los Vigilantes: C5N y el aparato mediático masivo jugando otra vez al vigilante con la caza del “infiltrado”, y las fuerzas de seguridad operando como brazo armado de la ilegalidad estatal.
- La falacia de la obediencia debida: La demolición jurídica de la impunidad de las órdenes infames y la responsabilidad penal que pesa sobre quien ejecuta el atropello contra el pueblo.
- La fijación infranormal contra la UBA: El ensañamiento patológico contra la Universidad Pública como un peligro real para la existencia misma del Estado nacional.
La terquedad monárquica y el frente judicial
Mientras las columnas de la Quinta Marcha Federal Universitaria colmaban los accesos y las avenidas principales demostrando que la sociedad civil no capitula, la respuesta del Poder Ejecutivo volvió a ser la cobardía administrativa y la fuga.
Con Milei rindiendo pleitesía en suelo norteamericano, el Gobierno pretende ignorar que la Justicia Federal le está marcando el terreno a fuerza de fallos e intimaciones.
La aplicación de las astreintes (sanciones conminatorias que corren día a día contra el patrimonio del Jefe de Gabinete por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y las cautelares vigentes) muestra a un régimen atrincherado en la ilicitud: prefiere dilapidar recursos y comprometer los bolsillos de sus funcionarios antes que someterse al imperium de los Tribunales.
El Juego del Vigilante y la Quimera de los Infiltrados
Al final de la tarde, la Policía inició el operativo represivo que dejó un saldo de al menos 21 detenidos, privados de su libertad por exigir que el Presidente deje de pasarse la Ley por las partes.
Porque Su Majestad, Javier Gerardo Milei, no admite que sus deseos no se parecen a la Ley y prefiere meter palos que hacer lo que corresponde.
Resulta sintomático ver el encuadre de la mayoría de los medios masivos (con C5N a la cabeza del coro de la corrección burguesa) jugando otra vez al vigilante.
Ante cada manifestación popular masiva y cada reclamo legítimo, la narrativa oficialista y paraoficialista activa el mismo libreto gastado: la búsqueda desesperada del “infiltrado”, la estigmatización de la juventud organizada y la victimización preventiva del aparato represivo.
Ya lo vivimos en su momento con la persecución y el armado de causas contra militantes como Milton y Enéas; hoy la fórmula se repite sin disimulo.
La policía ya no actúa como un cuerpo de seguridad bajo control republicano, sino como el brazo ejecutor de un Estado que violenta la ley de manera explícita y sistemática para garantizar el amedrentamiento.
La falacia de la “obediencia debida”
Es preciso remarcarlo desde una perspectiva jurídica y política inflexible: si alguna vez pretendió existir la “obediencia debida” para justificar el atropello contra el propio pueblo, hoy la legislación, los tratados internacionales y la Jurisprudencia la reprueban categóricamente.
Ningún uniforme, ninguna orden superior ni ningún protocolo de seguridad dictado entre gallos y medianoche pueden servir de escudo para amparar la ejecución de actos manifiestamente ilegales contra la ciudadanía o el derecho a la protesta.
Cuando el mandato de la autoridad se vuelve ilegítimo, arbitrario e inconstitucional, la ejecución sumisa de esa orden convierte al efectivo en coautor de la ilegalidad.
La obediencia ciega a una tiranía de decretos y desacatos no es un deber profesional: es una complicidad punible.
Un odio infranormal contra la Universidad Pública
La fijación del Presidente contra la Universidad de Buenos Aires y el sistema universitario nacional ha sobrepasado cualquier margen de discusión fiscal o presupuestaria; se trata de una obsesión que roza lo infranormal si es que alguna vez existió una vara de normalidad en la política argentina.
Venimos sosteniendo en estas páginas que el ensañamiento con la UBA no es una búsqueda de eficiencia: es una amenaza directa a la soberanía intelectual y a la viabilidad misma del Estado nacional.
Milei pretende dar esta batalla cultural incluso contra esa entidad fantasiosa y profundamente reaccionaria a la que los analistas de comité llaman “sentido común” (esa Doña Rosa colectiva que prefiere el desmantelamiento de las aulas antes que admitir la derrota del dogma fiscalista).
A modo de cierre (por ahora)
Ahorcado por las calles repletas en esta Quinta Marcha Federal, apretado por las sanciones conminatorias que corren como un taxímetro implacable en los tribunales federales y acorralado por el rechazo transversal de la comunidad educativa, científica y trabajadora, el Gobierno intenta la fuga hacia adelante.
Pretenden gobernar mediante el desacato sistemático, como si la voluntad de un Ejecutivo encerrado en su dogma pudiera estar por encima del mandato constitucional y de las sentencias firmes. Sin embargo, la ficción monárquica encuentra su límite infranqueable en la realidad: ni la persecución mediática ni la represión en las calles han logrado amedrentar a una sociedad que entiende que defender a la Universidad Pública es defender la existencia misma de la Nación.
Aunque las astreintes le imponen un torniquete fáctico y un costo patrimonial ahogante a la bravuconada administrativa de sus funcionarios, nadie prevé que el maula vaya a clavar las guampas por una repentina convicción republicana o un arrebato de cordura institucional. Lo hará, si acaso, cuando la acumulación de la rebeldía popular en las plazas y la presión asfixiante de la Justicia tornen absolutamente insostenible la pretensión de convertir al país en su feudo personal.
La jornada de este 15 de octubre dejó un mensaje rotundo que trasciende cualquier cálculo de gabinete: los derechos no se negocian en el mostrador del ajuste ni se entregan ante el garrote del Estado.
La historia argentina es terminante al respecto: frente a las tiranías de decreto y las órdenes infames, la resistencia del pueblo no es solo un derecho constitucional, es un mandato histórico.