por Iván Marín para Política Obrera
El fuego en la política patronal chubutense y un clima social enrarecido por reclamos salariales, la pandemia y la cuestión minera.
“¡El Estado no se acercó ni para mentirnos!”, describió a Política Obrera, con esa perspicaz ocurrencia con la que suelen acompañar sus denuncias al régimen político los sectores populares, una vecina que perdió todo en Las Golondrinas, uno de los sectores más afectados por los incendios en el paralelo 42 de la comarca andina chubutense. La sentencia es compartida por la inmensa mayoría de los pobladores de la región: la ausencia del Estado y la solidaridad del pueblo. A su vez, se completa con la denuncia al Estado y los intereses económicos que defiende en la zona, es decir al capital, como responsables del crimen social. El Estado ausente en la respuesta y presente en la responsabilidad. La “ausencia” en la respuesta evidencia su responsabilidad en el asunto. No podría ser de otro modo. Y eso lo sabe bien el pueblo chubutense, que se encuentra movilizado hace casi 4 años contra el derrumbe de sus condiciones de vida. La experiencia adquirida en la lucha en defensa de los salarios y del medioambiente desarrolló no solo su desconfianza en la dirigencia política tradicional de la provincia sino también su agudeza para no dejarse embaucar en respuestas consabidas en los despachos de publicistas a sueldos. ¿Asistimos a un embrionario sentimiento de que “se vayan todos” en un año electoral? El repudio, con escándalo nacional incluido, a la presencia de Alberto Fernández en Lago Puelo puede aportar una pista al respecto.
A 20 días de los incendios, la situación de catástrofe continúa: aún no se restablecieron los servicios de electricidad y gas en la zona; cientos de hogares permanecen a la intemperie sin viviendas cuando las condiciones climáticas recrudecen y se está a pocos días de ingresar en la temporada de lluvias; decenas de familias perdieron también sus fuentes de ingresos; y el fuego aún persiste en lugares de difícil acceso.
Si bien en la región afectada nadie duda de que los incendios fueron propiciados, es decir, de que hubo intencionalidad concreta, las investigaciones aun no arrojan resultados positivos en dicha orientación. La ausencia de resultados, por el motivo que fuere, no hace más que evidenciar la responsabilidad histórica del Estado en los incendios: primero propiciando la tala indiscriminada del bosque nativo para la industria maderera y el negocio inmobiliario y luego avalando la instalación de vegetación exótica, en especial pinos de otras latitudes, que por sus particularidades orgánicas son conductores más potentes de combustible, según la opinión de expertos, pues no es una zona preparada para esa flora. Ese explosivo escenario se ve acicateado por la falta de mantenimiento en las redes eléctricas y de gas, ya sea por parte del Estado o empresa privadas, como así también de las propias barriadas construidas en el bosque, que no cuentan con espacios de circulación adecuados que posibiliten evacuaciones en casos de peligros, pese a que los brigadistas vienen alertando al respecto hace más de una década. Ese personal, dicho sea de paso, se encuentra trabajando en muchos casos bajo condiciones de precariedad laboral, no solo por no estar efectivos sino también por no contar con el equipamiento apropiado, además de cobrar sus haberes con dos meses de retraso y sin recomposiciones salariales desde hace dos años, para el caso de los empleados de Chubut. Se precisa de una comisión de investigación independiente conformada por expertos y vecinos de la zona para logre dar con los responsables de este crimen social.
¡Fuegos, fuegos y fuegos!
La analogía entre los incendios cordilleranos y la situación convulsionada de la provincia en los últimos años fue un lugar común en la mayoría de los análisis y crónicas de las últimas semanas. Cada nuevo capítulo de la bancarrota chubutense, respondida en las calles por su pueblo movilizado, echa más leña al fuego. El batifondo entre Nación y Provincia por la virulencia con la que se trató al presidente Fernández en cordillera no se entiende solo por los pases de facturas en un año electoral entre La Cámpora, y con ella a su principal referente en Chubut, Santiago Igón, y el fascistoide ministro de Seguridad, Federico Massoni, ambos posibles candidatos en las próximas elecciones, sino también, y, sobre todo, por la creciente pauperización de las condiciones de vida de la población. Según informó el sitio Metadata, Chubut terminó el 2020 con un déficit de $ 18.920 millones, a pesar del feroz ajuste sobre la planta estatal, que no solo no cobra en tiempo y forma sino que, además, no ve una recomposición salarial desde junio 2019, último año en que se discutió paritarias.
El Gobierno se comprometió a abrir mesas paritarias en marzo pero hasta el momento viene incumpliendo, generando nuevos enconos entre los trabajadores y jubilados, que nuevamente impulsan autoconvocatorias para discutir planes de lucha, mientras se aproxima un nuevo rebrote de la pandemia de Covid-19. En las últimas semanas trascendieron nuevos endeudamientos que la Provincia no había hecho públicos, poniendo de manifiesto una vez la bancarrota de las arcas del Estado. A ello se suma, según rumores en medios de comunicación no desmentidos por el gobernador Mariano Arcioni, otro intento para tratar el proyecto de zonificación minera en abril próximo.
De volver a desarrollarse, aunque sea incipientemente, un proceso de movilización en las calles en defensa de los salarios, y ni hablar si se intenta aprobar la megaminería -la falta de respuestas del Estado en cordillera puede decantar en puebladas-, no debe descartarse que vuelva a ponerse sobre el tapete la posibilidad de un juicio político al gobernador, ya sea para negociar mayor injerencia del PJ-kirchnerismo en el gobierno como para acordar listas de cara a octubre, como así también como medida preventiva, es decir como “salida” para preservar la institucionalidad. El pueblo chubutense debe estar alerta a esas maniobras y preparar una intervención independiente en la crisis para no ser correa de transmisión de los bandos patronales en disputa. Por ello la necesidad de las autoconvocatorias en los lugares con vistas a plenarios generales de bases y asambleas populares. ¡Por la huelga general en defensa de los salarios y del medioambiente!
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