La Casta Política a la Caza del Voto de dentro de un año

La necesidad de recomposición táctica llevó a Karina Milei y Mauricio Macri a habilitar un canal de diálogo. El pasado 13 de agosto, operadores como Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se reunieron en la Casa Rosada. Este encuentro buscó no solo votos para la agenda legislativa, sino pavimentar un camino electoral para 2027, utilizando la foto como único mensaje estratégico ante la inminencia de la disputa nacional.

El 11 de agosto, en el Hotel Emperador, se encontraron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. El objetivo fue acordar la defensa cerrada de las PASO como única herramienta para contener el caos interno tras la derrota de 2025. En medio de la rosca, no faltaron las críticas hacia gobernadores “colaboracionistas” como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), dejando en evidencia que el objetivo es evitar la desaparición del mapa institucional, más allá de cualquier supuesta reconciliación.

¡Vamos a las imágenes!

La Casta Política a la Caza del Voto de dentro de un año

La coincidencia temporal de estos movimientos desnuda la verdadera naturaleza de la política: cuando el poder siente que las reglas tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la Realpolitik.

Nos intentan vender que las necesidades de los de arriba son nuestros problemas, cuando en realidad se trata de una tregua efímera entre cúpulas que intentan sobrevivir a sus propias contradicciones.

La gran incógnita es cuánto tiempo resistirán estos armazones precarios frente a una crisis que, para el ciudadano de a pie, no ofrece ninguna salida ni respuesta.

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A modo de cierre (por ahora)

El fallo del Jurado de Enjuiciamiento es una señal de que la paciencia democrática frente al uso de cargos públicos para la incitación al odio tiene un límite. Este no es un momento de celebración, sino un acto de estricta JUSTICIA, en donde un racista, con muchos contactos en esos núcleos criminales ha debido abandonar su miserable cuota de poder.

El sistema ha demostrado que, aunque lento, el derecho puede prevalecer sobre la prepotencia de quienes creen que la investidura judicial es una patente de corso para el fascismo.

Alfredo López ha dejado de ser Juez. Con esta sentencia, se pone fin a una etapa de impunidad y se reafirma que, en la Argentina, los funcionarios que apuestan por la destrucción de la convivencia democrática deben volver al ostracismo.

Para un análisis detallado de las redes de apoyo y el prontuario documentado del exmagistrado, puedes consultar el informe de Locomoción TV aquí: La judeofobia detrás del Juez antiderechos Alfredo López.

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Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.

Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.

La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.

Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.

Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la reclamar de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.

La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.

Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.

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A modo de cierre (por ahora)

Al evaluar los modelos en pugna, resulta evidente que no existe una ruptura con el paradigma de dependencia que Brasil sostiene respecto al poder colonial y el imperialismo financiero y militar global.

• La inercia diplomática frente al enclave colonial: La continuidad de los protocolos de soporte a los buques británicos en el Atlántico Sur demuestra que el establishment brasileño opera bajo una lógica de servicios a la ocupación en Malvinas. Esta actitud no solo deslegitima los esfuerzos diplomáticos argentinos, sino que consolida al Brasil como un colaborador estratégico de facto para la permanencia de la base militar en el archipiélago.
• La persecución como política tácita: La ausencia de propuestas para revertir la criminalización de ciudadanos argentinos no es un olvido accidental, sino un componente más de la agenda de sumisión. La utilización de acusaciones de racismo como instrumento de hostigamiento refleja la ausencia de un compromiso serio con la equidad regional, permitiendo que las fuerzas de seguridad actúen con total impunidad.
• El desafío de una alternativa soberana: En última instancia, ambos candidatos han demostrado que la protección de la integridad de los argentinos y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur no forman parte de sus prioridades. Este vacío de agenda obliga a reflexionar sobre la necesidad de construir una soberanía regional que no dependa de la voluntad de las élites electorales que hoy dominan el panorama político brasileño.

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Cierre de la Emisión #30

Así llegamos al cierre de la trigésima Emisión Regular de este Discurso de El Estado de las Luchas.

Les rogamos como siempre que no dejen de registrar, nadie puede prohibírtelo, absolutamente nadie. Mientras exista el artículo 14 de la Constitución Nacional, se van a tener que apañar los mentecatos que nos dominan. Podés registrar todo, pero mucho ojo. Al momento de publicar te caben las generales de la Ley.

Hagamos lo Imposible sin heridos ni detenidos. Cuídense mucho que para la Revolución les necesitamos a todes.
Sin más que contarles, les abrazamos con el cariño de siempre.

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A modo de cierre (por ahora)

La coincidencia temporal de estos movimientos muestra la verdadera naturaleza de la política: cuando las reglas del juego tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la “realpolitik”. Ese eufemismo con el cual pretenden convencernos de que las necesidades de los de arriba son, en realidad, los problemas de todos nosotros.

El peronismo se une para no desaparecer del mapa institucional, y el oficialismo teje puentes con el PRO para consolidar su bloque de poder antes de que comience formalmente la disputa nacional.

La gran incógnita es si estos armazones de cúpula lograrán sobrevivir a sus propias contradicciones internas o si son apenas treguas efímeras en una crisis que a la gente no le da ninguna.

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El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.

Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.

Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.

El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.

En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.

El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.

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Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.

Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.

Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.

Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.

RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.

Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.

Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.

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Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.

Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.

Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.

La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.

El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.

En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.

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A modo de cierre (por ahora)

La acumulación de 57 sismos en menos de ocho meses no es una cifra que pueda esconderse bajo la alfombra de la soberanía energética. Es una señal de advertencia que el poder político y las petroleras parecen decididos a ignorar en favor de su avaricia que es lo único que no tiene límites.

El problema es que la naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación. La industria del fracking jamás podrá ser de beneficio para la estabilidad geológica y la seguridad operativa lo único importante es ganar dinero y ya.

Neuquén podría terminar enfrentando daños irreversibles. La pregunta que queda es cuánto tiempo más podrá sostenerse el mito de que en Vaca Muerta todo está bajo control, antes de que el suelo empiece a exigir respuestas que ninguna inversión pueda o quiera compensar.

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Cierre de la Emisión #113

Hasta aquí llegamos con esta centésima décima tercera Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.
Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

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Situación procesal de Manuel Adorni

Dentro del marco procesal penal argentino (y específicamente en los delitos de enriquecimiento ilícito contemplados en el Código Penal), el paso dado por el fiscal Gerardo Pollicita no es una imputación directa ni un llamado a indagatoria inmediato, sino un requerimiento de justificación patrimonial previo y obligatorio por ley.

Su dinámica jurídica y los posibles escenarios se despliegan de la siguiente manera:

• La naturaleza del requerimiento: El artículo 268 (párrafo tercero) del Código Penal establece que, antes de avanzar con una acusación formal o un llamado a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito, el fiscal debe dar la oportunidad al investigado para que justifique la procedencia legítima de sus bienes o del incremento patrimonial advertido. No se trata de una simple formalidad, sino de una garantía legal que le otorga al funcionario la posibilidad de demostrar con documentación fehaciente de dónde provienen los fondos observados.
• El plazo y la carga probatoria: Adorni cuenta con un plazo perentorio de 15 días corridos o hábiles según los términos del juzgado para presentar las pruebas y descargos correspondientes. En esta instancia, la carga probatoria recae fuertemente sobre el imputado: es él quien debe desvirtuar las inconsistencias detectadas por la fiscalía (como los 43 millones de pesos de rojo financiero o los 402.000 dólares en desembolsos no declarados o de origen dudoso) aportando papeles, contratos, extractos bancarios o registros criptográficos verificables.
• Escenario A (Justificación satisfactoria): Si la documentación aportada por Adorni logra respaldar de manera legal y coherente cada uno de los 20 puntos señalados en el documento de 207 páginas, el fiscal dictaminará en favor de la regularidad de los bienes y la causa penal se archivará en lo que respecta a ese tramo.
• Escenario B (Falta de justificación o silencio): Si vencido el plazo el exfuncionario no logra respaldar sus números, las explicaciones resultan insuficientes o decide no responder, el fiscal Pollicita interpretará que se configuran los elementos de sospecha necesarios para avanzar. En ese caso, formulará el pedido formal de declaración indagatoria.
• El rol del juez Ariel Lijo: Es fundamental remarcar que el fiscal no tiene la potestad de convocar a indagatoria por sí solo; solo los fiscales requieren y los jueces federales citan. Por lo tanto, si Pollicita eleva el pedido de indagatoria tras vencerse los 15 días sin una justificación válida, la decisión final recaerá sobre el juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar si convoca formalmente a Adorni a presentarse en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.

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A modo de cierre (por ahora)

La hipocresía gubernamental radica en exigirle a la sociedad que procree “por el futuro de la nación” mientras se le quitan las condiciones materiales mínimas para garantizar una infancia digna. El Estado se agranda y se vuelve moralista para controlar los cuerpos y prohibir derechos (apoyado por un coro digital de Les Parakes de la Ultra que deforma la realidad), pero se achica y desaparece a la hora de financiar la vida de los niños ya nacidos, transformando la paternidad en un privilegio de clase.

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Un perímetro sitiado hasta el amanecer

El accionar criminal de las fuerzas de seguridad de tomar las calles de Congreso con bandas armadas y bloquear el acceso civil al perímetro del Palacio Legislativo marca la consolidación de una doctrina de seguridad que prioriza la demostración de fuerza bruta como única respuesta institucional ante el descontento civil.

La foto enviada por los manifestantes a la medianoche es el signo más claro de esta dinámica: un despliegue de recursos bélicos costosos que permaneció sitiando el barrio mucho después de que la concentración civil se hubiera dispersado por completo.

El operativo contra la movilización por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada desnudó la distancia insalvable que existe entre la narrativa de los incidentes construida a las 18:00 horas en los estudios de televisión y la vivencia de quienes a las 17:00 sostenían la plaza con el cuerpo, sentados en los bloques de cemento que el relato periodístico oficial necesitó romper idealmente para poder justificar los gases.

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En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.

El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.

El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.

No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.

EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.

¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!

EL ESTADO DE LAS LUCHAS

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La Red de Medios por la Revictimización

La operación de revictimización “preventiva” analizada aquí no se limitó a un solo portal. Se consolidó a través de una red de amplificación en las principales cabeceras de noticias del país, que operaron en bloque para instalar el mismo relato exculpatorio. Al procesar de manera acrítica las filtraciones de las actas de calle de la Policía de la Ciudad, estos medios cometieron la grave falta periodística de presentar dichos preliminares en situación de shock como si fueran una “declaración judicial formal”, omitiendo que la víctima nunca ratificó ni prestó testimonio ante el fiscal Julián Pistone.

A continuación, se detalla el rol y el accionar de los grandes medios nacionales en esta maniobra de desinformación:

• 1. Infobae (El quiebre del secreto de sumario): Este portal fue uno de los principales encargados de darles entidad de verdad jurídica a las actas preventivas de la comisaría. Incurrieron en una flagrante violación de las etapas de reserva de la causa al publicar y desmenuzar supuestos fragmentos de un “testimonio” bajo el título de lo que la joven “declaró”, tal como puede verse en su cobertura minuto a minuto Infobae. Su estrategia consistió en fijar de manera ultra veloz en la opinión pública la premisa de que “no hubo golpes” ni “privación de la libertad”, operando de forma funcional al blindaje del acusado antes de que intervenga el debido proceso legal.

• 2. La Nación (La validación institucional de la filtración): En su artículo, el medio no dudó en titular de forma taxativa que “Declaró la presunta víctima de Facundo Moyano”, validando una falsedad ideológica desde el encabezado La Nación. Presentar comentarios espontáneos vertidos ante los efectivos policiales en la vía pública durante la madrugada del incidente como una “declaración” formal de la víctima ante las autoridades competentes es una manipulación técnica que busca restarle valor y credibilidad a cualquier futura ratificación o ampliación judicial de la afectada.

• 3. TN / Todo Noticias (La contradicción explícita y la patologización): El canal de noticias replicó idéntico libreto, pero dejando al desnudo una contradicción violenta en sus crónicas sobre los allanamientos TN: mientras su discurso afirmaba que la influencer “negó una agresión”, los datos del propio caso debían admitir que el informe de la médica legista ya había constatado físicamente la existencia de lesiones. Al igual que en la matriz de amedrentamiento observada en el caso de Melody Rakauskas, el foco se desvió deliberadamente de la prueba material objetiva hacia la supuesta “confusión” de la víctima, explotando su estado de vulnerabilidad para restarle sustento legal a la imputación de oficio de la fiscalía.

La confluencia de estas terminales informativas demuestra que la asfixia mediática actuó de manera coordinada. Ninguno de estos medios priorizó el rigor de esperar una declaración testimonial válida ni las resoluciones oficiales del expediente judicial; prefirieron montar una impunidad preventiva y causales de nulidad que colisiona directamente con los protocolos básicos de protección en casos de violencia de género.

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Cierre de la Emisión #112

Hasta aquí llegamos con esta centésima duodécima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.
Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

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LLAMADO A LA UNIDAD EN LA LUCHA

La historia se construye desde abajo y en las calles. Hacemos un llamado fraternal y combativo a articular esfuerzos, superar sectarismos y marchar con la convicción intacta de que un futuro con justicia social es imperativo e irrenunciable.

Sabemos que muchas organizaciones se habrán de movilizar cuando han apoyado (y aún lo hacen) a gobiernos extractivistas y desde ese lugar malsano han cuestionado y justificado represiones y acciones de amedrentamiento de las luchas. Igualmente les damos la bienvenida a estas luchas por la Pachamama y los recibimos con los brazos abiertos, ya que postergamos esa bronca suntuaria hasta 48 horas después de la victoria, por lo menos.

Ya vendrán otros tiempos en los que la Lucha nos lleve por distintos senderos, pero no será este 6 de agosto, fecha en la que un grito unitario deberá poner de rodillas a la Burocracia del Estado y sus adláteres y mecenas extractivistas.

¡A MARCHAR CON CONCIENCIA, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!

EL ESTADO DE LAS LUCHAS

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A modo de cierre (por ahora)

1. Nulidad de origen: El DNU 681/2026 padece de vicios formales insalvables al haber sido dictado en bypass al Congreso de la Nación en plena etapa de sesiones ordinarias.
2. Inconstitucionalidad material: La vaguedad de sus tipos y la gravedad de sus sanciones (expulsión y prohibición de ingreso por opiniones) colisionan frontalmente con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
3. Inaplicabilidad práctica ante el control judicial: Si bien la norma goza de vigencia formal y dota a la administración de un poder de policía discrecional, constituye un instrumento jurídica y constitucionalmente defenestrable, cuya aplicación arbitraria deberá ser frenada inexorablemente mediante el control de constitucionalidad y las acciones de amparo correspondientes.

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Finalmente, y tal cual se venía anunciando, este 31 de julio el Acampe Ambientalista se plantó frente a Canal 12 de Córdoba para visibilizar las Luchas por la Pacha en esa Provincia. La permanencia en el Parque Autóctono de la Docta será hasta el día 6 de agosto cuando se incorporarán a la marcha nacional contra la extranjerización de la tierra.

Sabido es que los medios en todo el país, esconden la pauta informativa relacionada con la Pacha, respondiendo solamente a la pauta publicitaria estatal y, por eso mismo, este grupo de cordobeses han decidido enfrentar el problema y encarar a los principales cultores de este mercenario accionar.

La iniciativa de la gente de la Provincia de Córdoba contará como es habitual con nuestro apoyo y nuestra difusión, ya que SIEMPRE estaremos en la calle con les que luchan. Fieles a nuestro lema: ¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!

Como era de esperar, hubo sectores del ambientalismo local, los mismos que para luchar tienen que pedirle permiso a sus asentaderas, que por mezquindades o sectarismos ridículos no apoyan esta lucha y siguen con sus extemporáneos reclamos de copyright. Algunos, con una caradurez que no es nueva, exigieron que digan quiénes son para diferenciarse de les que luchan y no los confundan a ellos con su burocracia y su policíaca facción.

A tal efecto consultamos a los militantes allí presentes sobre el particular y a continuación les brindamos lo que nos contaron de esa primera jornada de lucha.

¡Vamos a las imágenes!

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A modo de cierre (por ahora)

La iniciativa enviada al Congreso no se agota en una mera modificación técnica o contable de la autoridad monetaria; representa una jugada de profunda ingeniería política con la que el Ejecutivo busca rediseñar el mapa de poder en la Argentina. Bajo el pretexto de clausurar una etapa histórica, la norma explicita la voluntad del Poder Central de erigirse en un poder tutelar e inflexible, capaz de atar de manos no sólo a las administraciones venideras, sino también a las autonomías provinciales y municipales.

Al imponer la prohibición absoluta de asistencia financiera y condicionar la estabilidad institucional a mayorías parlamentarias extremas, el Estado nacional consolida un mecanismo de coerción macroeconómica: traslada por completo el peso del ajuste y la escasez de recursos hacia los distritos subnacionales, despojándolos de herramientas de colchón financiero y subordinándolos de manera directa a la caja central.

El aspecto más crítico de este andamiaje normativo radica en su absoluta desatención hacia los sectores desposeídos. Al consagrar por ley la imposibilidad de que el Estado utilice instrumentos de expansión o asistencia monetaria (y al despojar al Banco Central de cualquier mandato vinculado al empleo, la producción o el bienestar social), el proyecto naturaliza una matriz de exclusión sistemática.

En lugar de resolver las vulnerabilidades estructurales de los sectores más postergados, la norma los confina a una lógica de ajuste permanente, donde la estabilidad cambiaria y el equilibrio fiscal se convierten en dogmas inquebrantables sostenidos a expensas del desamparo social.

Se consolida así un modelo donde el Estado se repliega de su rol protector y abandona a su suerte a los sectores populares, transformando la austeridad fiscal en un corset definitivo que profundiza la desigualdad bajo el ropaje de la modernización financiera.

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A modo de cierre (por ahora)

Lamentablemente, por el miedo o por razones que no llegamos a comprender, las mezquindades aparecen justo antes de estas convocatorias, empujadas por sectores que pretenden ser la personificación de la Lucha. Aunque lo que correspondería hacer con esta gente es pedirle que consulten a un profesional sobre el particular, preferimos ver el lado positivo de estas reacciones, nunca tan bien puesto el nombre.

Decimos que quizás el miedo los inspire por que oponerse a iniciativas de Lucha y pedir el copyright de las mismas es por lo menos descarado. Ese miedo lleva al odio como único argumento para detener lo inevitable, que alguien salga a luchar sin pedirle permiso a nadie más, sin rendirle honores a ningún Pope y mucho menos al Estado.

Un servidor vivió esto mismo cuando hicimos el Acampe Congreso en apoyo a la Toma de Monsanto en Malvinas Argentinas en 2013. Las excusas en ese momento fueron que “nos habíamos cortado solos”, ningunearon la Lucha más importante en materia ambiental de las últimas décadas, solamente por que ellos no recibían nada a cambio por ella. Entre otras cosas nos acusaban de lúmpenes y servicios, o más bien proyectaban actuando de forma policíaca hacia los compañeros que estaban en Lucha, solamente por que no podían explicar como ellos eran ajenos a ella. Nuestro mensaje para estos despreciables seres es el mismo de siempre: no contamos con ellos para nada- Contar con ellos sería simplemente inútil.

El 22 de septiembre de 1894, José Martí dijo en el períódico Patria que “Los que no tienen el valor de sacrificarse han de tener, a lo menos, el pudor de callar ante los que se sacrifican”, refiriéndose a quienes desde la comodidad o la pasividad ante la injusticia criticaban a quienes luchaban por la libertad de Cuba. Hoy les repetimos eso mismo y los llamamos a la reflexión, por que este tipo de conductas no nos generan más que asco.

Desde El Estado de la Luchas, acompañaremos la lucha con la decencia de que quienes se ponen al servicio de la victoria de los Luchadores por la Pacha y no del lado del Estado y las patronales opresoras y extractivistas. Seremos eco y trinchera de aquellos que se deciden a tomar una iniciativa que lejos de evitarse deberían imitarse.

A las compañeras y los compañeros que participen activamente nuestro respeto y compromiso de apoyo y comunicarles que estas miserias son siempre dolorosas, pero también son esperables. Nada de ello tiene que amedrentarles, es mejor echar el lastre donde moleste a Lucha y seguir el camino con los objetivos claros y la mente alerta. Que la pólvora de la palabra del inerte no puede detener a nadie.

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Cierre de la Emisión #66

Gracias, amigas y amigos, por estar ahí. Nos vemos en la próxima emisión, la sexagésima séptima, si es que todavía no vendieron el aire que respiramos.
Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

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¿Será el final de las aberraciones para protegerlo a Espinoza?

Toda esta batería de agresiones tuvo un solo objetivo: evitar que el “Kapo” del municipio enfrente a un Tribunal.

Como sentenció la propia víctima en sus apariciones públicas: “A mí me trataron de loca, de prostituta, pidieron internarme en un psiquiátrico, dijeron que extorsionaba hombres y nada era verdad”.

El fallo de Casación que revoca el sobreseimiento express y ordena fijar fecha para el debate oral no solo es un triunfo de la denunciante, sino un mamarracho para los “komunikagadores” y operadores que usaron sus espacios para proteger al poder.

Todo el aparato que montaron durante años para ensuciarla choca hoy contra una realidad ineludible: el expediente está intacto y Espinoza tendrá que sentarse en el banquillo.

Si llegaron a estos extremos dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciando y revictimizando a Melody Rakauskas, es más creemos que el ninguneo de los últimos meses dejará paso a más virulentos y aberrantes intentos de revictimizarla.

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Del show de los gritos al colapso del relato

Lo que nos vendieron como una flotación pura fue, en los hechos, una devaluación encubierta y dosificada. Al permitir que el techo y el piso se desplazasen mes a mes, el Banco Central devaluó el peso de forma sistemática para evitar el costo político de un salto de golpe, alimentando una inercia inflacionaria constante que machacó el poder adquisitivo.

Hoy, con un esquema recesivo que agotó las divisas genuinas y con una nueva flexibilización del blanqueo de capitales lanzada para intentar rascar los dólares del colchón, aquellas risas quedaron atrás. El sincericidio de Ravier confirma que la supuesta “flotación libre” era un ancla mentirosa que acumuló un atraso monumental, dejando al descubierto que la devaluación que “no iba a existir” ya no hay relato capaz de ocultarla.

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