Introducción a la Emisión #114

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la centésima décima cuarta Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 8 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

¿Qué precio tiene nuestra soberanía? Mientras nos distraen con la zanahoria de un Visa Waiver que se dilata intencionalmente, el territorio se fragmenta. Entre sismos inducidos por el fracking en Vaca Muerta, la complicidad logística de Brasil con el ocupante británico en nuestras islas y el chantaje diplomático para desmantelar nuestra infraestructura estratégica, el Estado argentino y sus élites políticas parecen haber abandonado cualquier pretensión de dignidad.

Nuevamente, desnudaremos la hoja de ruta del desguace nacional: saqueo, abandono y relaciones carnales con el poder extranjero.

¿Casta? ¿Motosierra? Olvidémonos de la retórica electoral. En el corazón de la República existe una geografía donde las leyes de la física fiscal se anulan para proteger a los mismos de siempre.

Mientras el contribuyente paga los platos rotos, el Estado funciona como una propiedad privada: desde intendencias que se heredan entre cónyuges hasta periodistas señalados por conductas aberrantes que, lejos de ser castigados, son premiados con millones de pesos del erario público.

Desenmascaramos cómo el poder se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas, cinismo y chequera.

El blindaje judicial de la ultraderecha empieza a hacer agua por todos lados. Mientras el Gobierno empuja la asfixia contra las universidades mediante chicanas y desfinanciamiento, la justicia le marca la cancha con una audiencia clave para hacer cumplir la ley.

A esto se le suma la destitución unánime del juez federal Alfredo López en Mar del Plata, marcado por discursos de odio y judeofobia.

Cuando los operadores del poder cruzan la línea y se van al demonio, las propias corporaciones judiciales se quedan sin margen para salvarlos del papelón.

El tablero electoral de 2027 ya se mueve bajo el peso de la urgencia y el pragmatismo, con una casta política que, a un año de las próximas elecciones, ya se olvidó de gobernar.

Mientras el peronismo activa cumbres de emergencia para blindar su interna y el oficialismo teje alianzas estratégicas con el PRO para asegurar su supervivencia, el mensaje es claro: sus problemas y la pelea por los cargos desplazaron cualquier interés por las necesidades reales del pueblo.

Pasen y vean que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

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La reciente destitución unánime de Alfredo López, hasta ayer titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, no es una anécdota administrativa ni un simple “desborde” de un magistrado; es la desarticulación de una terminal institucional que, durante años, utilizó el despacho judicial como trinchera para operar una agenda de odio, discriminación y desestabilización democrática.

El fallo reconoce que la conducta de López ha contrariado de manera manifiesta las bases del Estado de Derecho y las garantías que por su investidura debía asegurar a todos los habitantes de la Nación. Los 15 posteos en la Red X del destituido fueron determinados como auténticos, a pesar de que el ex-Magistrado intentó ampararlos en la libertad de expresión. Al ser discursos de odio, entre otras cosas, no pueden ni deben estar amparados por ese derecho fundamental. El Jurado basó su lectura en el Test de Rabat, determinando que Alfredo Eugenio López cruzó la línea roja que separa la opinión protegida del discurso de odio proscrito. Consideraron que el destituido “dinamitó” la confianza de la ciudadanía en orden del mantenimiento de su actitud para administrar Justicia de manera imparcial.

A continuación les brindamos el extracto de las partes claves de la Resolución del Consejo de la Magistratura sobre el particular.

¡Vamos a las imágenes!

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Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.

Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.

La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.

Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.

Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la reclamar de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.

La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.

Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.

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Introducción

El horizonte electoral en la República Federativa del Brasil se perfila no como una oportunidad de renovación democrática para el Cono Sur, sino como una encrucijada donde la soberanía regional queda relegada a un segundo plano. Lejos de proponer una reconfiguración de las relaciones exteriores basada en la autonomía, el proceso político actual se encuentra capturado por una inercia de subordinación a los intereses de las potencias de la OTAN.

Esta “normalidad” geopolítica, caracterizada por la aceptación pasiva de la presencia británica en las Islas Malvinas, revela un vacío absoluto de voluntad soberanista tanto en las estructuras progresistas como en las conservadoras. La pasividad ante las amenazas externas se entrelaza con una preocupante indiferencia hacia los derechos humanos de los ciudadanos argentinos en suelo brasileño, configurando un escenario donde la hermandad latinoamericana es sustituida por una administración burocrática de la hostilidad.

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Introducción a la Emisión #30

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la trigésima Emisión Regular de El Estado de las Luchas.

Desde donde la lucha nos convoque o nos lo permita, llegamos hasta ustedes luego de 78 días desde nuestro último encuentro.

En este discurso que desde hace casi 13 años trata de visibilizar todas las luchas de nuestro pueblo y difundirlas, en forma interactiva, creando una herramienta comunicacional al servicio de la gente de bien.

Esta vez, quizás alarmados por la locura del Poder de proteger al macho hasta las últimas consecuencias, hemos de dedicar la Emisión completamente a las violencias hacia las mujeres.

A once años de aquel grito fundacional, el Ni Una Menos vuelve a las calles no como un aniversario, sino como un grito de guerra frente a un Estado que abandona y un sistema judicial que encubre.

El femicidio de Agostina Vega, de apenas 14 años, en Córdoba, es la radiografía del fracaso: un crimen anunciado, permitido por la desidia institucional y envuelto en una campaña mediática de saturación para ocultar la responsabilidad política detrás de la tragedia.

Más adelante nos adentraremos en cómo el sistema, a través del Estado, sus instituciones y sus medios revictimiza a las mujeres y defiende al macho, que cuanto más poderoso sea, más beneficiado será del encubrimiento. Les contaremos como se orquestan las victimizaciones en los Casos de Candela Arizaga y Melody Rakauskas, por que para los poderosos el Macho siempre tiene razón.

Tal es la protección que personajes siniestros como el abusador Pedro Brieger exigen indemnizaciones multimillonarias por haber sido despedidos por sus reiterados acosos. Tal el caradurismo de los machos del Poder.

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El tablero electoral de 2027 ya se mueve bajo el peso de la urgencia y el pragmatismo. Mientras el peronismo activa cumbres de emergencia para blindar las PASO y ordenar su interna bonaerense, el oficialismo y el PRO retoman las conversaciones en la Casa Rosada para tejer una alianza estratégica.

En la política argentina los extremos se mueven al mismo ritmo: o se reordenan las reglas de juego a tiempo, o el colapso del sistema electoral deja a todos a la intemperie.

Nadie quiere esperar, ya se han puesto en marcha los oráculos que nunca aciertan y que sin que sepamos a qué intereses representan nos salen a vender que nuestro futuro ya esta signado con las opciones que el sistema tolera y enriquece a diario.

Ya comienzan a olvidarse de gobernar (como si alguna vez lo hubieran hecho) y como siempre tus problemas pasarán al último plano, por que para ellos y los que los sirven directamente lo más importante es asegurar los cargos y las cajas. No queda tiempo para nada más y eso que queda todo un año donde podrían probar, por una vez al menos trabajar para su Pueblo.

Al fin y al cabo, para eso están en los cargos que ocupan, pero si el Pueblo no reclama ningún poder se siente compelido a detenerse en su voracidad.

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El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.

Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.

Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.

El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.

En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.

El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.

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Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.

Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.

Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.

Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.

RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.

Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.

Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.

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Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.

Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.

Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.

La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.

El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.

En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.

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Cada día de nuestras vidas oímos que nos niegan las consecuencias de meter mano a la Madre Tierra para sacarle plata, todo lo que sea menester en negaciones para el sacrosanto fin de conseguir dinero. El subsuelo de Vaca Muerta volvió a moverse, y la estadística no deja margen para las casualidades.

Dos nuevos sismos, confirmados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, se suman a una lista que ya alcanza los 57 eventos en lo que va de 2026. La aceleración del fracking sigue colisionando con la geología local, y el costo de esta “fiebre de oro” energética podría ser una factura geológica que la provincia todavía no sabe cómo gestionar.

Tampoco es que le interese mucho explicarlo, solamente negarlo, mientras reciben dinero fácil a costa de la vida de la gente que llevará la cicatriz de la ambición de los poderosos por varias generaciones.

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Introducción al Informe

Hola amigas y amigos:
Sean bienvenides a la centésima décima tercera Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.
Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

En la Argentina del poder, la duda es un privilegio que solo le pertenece al macho. Ante cualquier denuncia por violencia de género que involucre a figuras de la política o el establishment, el aparato mediático y estatal activa de inmediato su blindaje protector.

No es negligencia, es una decisión editorial: cuando el acusado pertenece a la casta, la víctima nunca es creída, es apenas un estorbo que hay que silenciar o invisibilizar.

Veremos cómo el poder político y la prensa adicta se coordinan para sostener el mismo manual de impunidad.

Javier Milei llegó al poder prometiendo una motosierra contra el Estado, pero lo que vemos es una monarquía disfrazada de anarcocapitalismo.

Mientras el “anarcocapitalista” asegura que destruye el aparato estatal, lo que está destruyendo sistemáticamente es la estructura social del Pueblo, utilizando el poder para proteger a la casta y a los sectores que menos lo necesitan.

Su gobierno no es una liberación; es un despliegue de violencia física y moral contra quienes se atreven a cuestionar su voluntad.

El requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita no es un hecho aislado; es el quiebre de la narrativa de “transparencia” que el ex-Jefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo como escudo durante su gestión.

La investigación no solo desnuda inconsistencias contables (que arrojan un saldo negativo de 43 millones de pesos) sino que pone en evidencia la desconexión absoluta entre el discurso público y la realidad financiera de los funcionarios libertarios.

Pasen y vean, que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

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En la mañana de hoy, 10 de agosto de 2026, el fiscal federal Gerardo Pollicita ha formulado un requerimiento de justificación patrimonial contra el exjefe de gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Esta medida constituye un paso procesal previo a un eventual pedido de indagatoria.

Esta investigación se originó a partir de diversas polémicas durante su gestión, incluyendo el uso de aviones (presidencial y privado) que generaron dudas sobre la capacidad de pago del entonces funcionario, considerando que su salario neto estaba congelado por debajo de los 3 millones de pesos.

Aunque Adorni sostuvo reiteradamente (tanto en el Congreso como ante la prensa) que su patrimonio estaba en regla, el informe de la DAFI y la investigación propia de la fiscalía, materializada en un documento de 207 páginas, detectaron inconsistencias que la justicia considera necesario auditar.

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Introducción al Informe

El relato oficial: El Poder Ejecutivo sostiene que la Argentina atraviesa una crisis terminal de natalidad y culpa de manera directa a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en 2020.
La realidad estadística: Los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) desmienten esta causalidad. La caída de los nacimientos comenzó de forma sostenida en 2014 (un 47% menos en una década).
El ataque a las transferencias directas: Mientras el Gobierno exige demográficamente que la población tenga más hijos, desfinancia los mecanismos históricos de sostén a la niñez. La licuación del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) frente a la inflación y el desmantelamiento de programas de salud pública demuestran que el Estado no está dispuesto a garantizar la subsistencia de los nuevos nacimientos.
La paradoja de la prevención: Al desfinanciar programas de entrega de anticonceptivos y educación sexual, el Gobierno no solo sabotea la planificación familiar, sino que agrava las condiciones económicas de los hogares más vulnerables, forzándolos a la pobreza.

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Ante todo queremos dejar en claro que no notamos en nuestro registro la presencia de tropa británica en el Barrio de Congreso este 6 de agosto, por lo que desde aquí no podemos entender qué tipo de desquicio llevó al Presidente de la Nación a realizar tal despliegue de violencia contra sus conciudadanos en la Autónoma durante el tratamiento en el Senado de la Nación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Mientras la tropa británica, sus barcos de guerra (Forth y Medway) y sus cafeteras voladoras (Eurofighter Typhoon) se pasean por nuestros mares como perico por su casa, el Presidente de la Nación saca a sus tropas a la calle para ejercer una violencia inusitada contra ciudadanos desarmados que reclaman y peticionan en acuerdo con la Constitución de la Nación Argentina.

El Dongfeng Mengshi CSK-131 amaneció custodiando un Congreso sitiado por las fuerzas federales tras el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mientras los medios masivos (con TN a la cabeza) instalaron la versión de supuestos destrozos para justificar los gases, quienes estuvieron en el lugar narran una historia de ocupación veloz y un arsenal desmedido contra una plaza que marcha en forma pacífica.

A la medianoche, cuando el eco de las detonaciones ya se había apagado en el Barrio de Congreso, las pantallas de los celulares empezaron a replicar una imagen espectral: la silueta verde oliva del Dongfeng Mengshi CSK-131 estacionado sobre el asfalto húmedo, rodeado de patrulleros y autos particulares.

Para muchos vecinos, la aparición de este blindado táctico 4×4 (bautizado en las calles como “tanqueta”, “aparato” o “catafalco”) fue una sorpresa de madrugada. Para quienes analizan la evolución de los operativos de seguridad, fue el cierre previsible de una jornada donde se desplegó un arsenal de guerra para combatir un riesgo que nunca existió.

Parece que el Gobierno de Milei y sus adláteres de la paranoia quieren instalar la misma idea de siempre, la de que una oposición inescrupulosa quiere acabar con ellos “desestabilizándolos” y buscando un golpe institucional. Ese “enemigo imaginario” no se condice con la realidad de una manifestación en protesta por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que hasta el mismo Gobierno recortó para que se la aprueben.

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En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.

El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.

El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.

No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.

EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.

¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!

EL ESTADO DE LAS LUCHAS

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Tal como ya se advirtió de manera sistemática al analizar la matriz de amedrentamiento y hostigamiento contra Melody Rakauskas, los dispositivos de protección corporativa y política no tardan en activar su manual de impunidad ante denuncias por violencia de género. Sin embargo, el aparato mediático y parapolicial ha roto sus propios récords de velocidad: en el caso de Candela Arizaga, se tomaron apenas horas para estructurar una operación de prensa revictimizante basada en la falsificación de los hechos.

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Introducción a la Emisión #112

Hola amigas y amigos:
Sean bienvenides a la centésima duodécima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.
Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

El Gobierno de Javier Milei transita una ruta de constante degradación política: despilfarra recursos públicos en giras partidarias mientras le da la espalda a la soberanía nacional y castiga con un ajuste criminal a la ciudadanía. Con un relato oficial que se derrumba entre sinceridios económicos y decretos persecutorios inconstitucionales, la administración se aferra a la marginación social y a la sumisión externa.

La ofensiva del gobierno nacional sobre la tierra y los recursos despierta a las asambleas y a los pueblos originarios. Con la excusa de defender una farsante propiedad privada que no hace más que privar de lo suyo al pueblo, buscan rematar el territorio al mejor postor quemando bosques nativos y entregando la soberanía. Frente a esto, la respuesta se gesta desde abajo y en las calles.

Mientras el peronismo activa todo el aparato estatal, judicial y mediático para blindar a sus barones impunes, la causa contra Fernando Espinoza deja al desnudo el manual más oscuro de la corporación política: destruir, aislar y amedrentar a la víctima que se atrevió a denunciar el poder del Patrón de La Matanza.

Pasen y vean que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

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Compañeras y compañeros, organizaciones sociales, sindicales, territoriales, estudiantiles y pueblo en general:

El actual escenario político y social nos convoca a un ejercicio urgente de balance, resistencia y movilización activa.

La coyuntura actual nos atraviesa con crudeza, profundizando las desigualdades estructurales, la precarización de la vida y los embates constantes contra las conquistas populares.

Este próximo 6 de agosto, fecha histórica de profunda significación para nuestros pueblos, no es una jornada de mera conmemoración formal, sino un espacio fundamental de lucha y reafirmación soberana.

Convocamos a construir una gran marea popular que exprese con claridad el pulso y la firmeza de nuestras reivindicaciones y fundamentalmente contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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Introducción al Informe

Analizaremos el alcance, la naturaleza jurídica y las profundas incompatibilidades constitucionales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 681/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 30 de julio de 2026.

Dicha norma “modifica” la Ley de Migraciones N° 25.871 para incorporar causales de prohibición de ingreso, cancelación de residencia y expulsión basadas en supuestos “mensajes de odio”, “actos de hostilidad” contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, y el “ultraje de símbolos patrios”.

Para todo esto que el Presidente refiere ya existen normas y en las actuales circunstancias el DNU tiende a crear una disidencia imaginaria, poniendo esta legislación como excusa para evitar que migrantes intervengan en cosas que al Gobierno no le convengan o le molesten.

Lejos de constituir una herramienta legítima de política migratoria, el análisis preliminar de la norma evidencia que se trata de un instrumento de carácter punitivo y discrecional, carente de los recaudos constitucionales mínimos, diseñado como un mecanismo de selección ideológica y amedrentamiento.

No tiene pies ni cabeza, no tiene autoridad de aplicación y parece ser nada más que una respuesta tardía del Gobierno ante la campaña que en redes sociales se llevó a cabo contra la Selección Argentina y la población del país.

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Finalmente, y tal cual se venía anunciando, este 31 de julio el Acampe Ambientalista se plantó frente a Canal 12 de Córdoba para visibilizar las Luchas por la Pacha en esa Provincia. La permanencia en el Parque Autóctono de la Docta será hasta el día 6 de agosto cuando se incorporarán a la marcha nacional contra la extranjerización de la tierra.

Sabido es que los medios en todo el país, esconden la pauta informativa relacionada con la Pacha, respondiendo solamente a la pauta publicitaria estatal y, por eso mismo, este grupo de cordobeses han decidido enfrentar el problema y encarar a los principales cultores de este mercenario accionar.

La iniciativa de la gente de la Provincia de Córdoba contará como es habitual con nuestro apoyo y nuestra difusión, ya que SIEMPRE estaremos en la calle con les que luchan. Fieles a nuestro lema: ¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!

Como era de esperar, hubo sectores del ambientalismo local, los mismos que para luchar tienen que pedirle permiso a sus asentaderas, que por mezquindades o sectarismos ridículos no apoyan esta lucha y siguen con sus extemporáneos reclamos de copyright. Algunos, con una caradurez que no es nueva, exigieron que digan quiénes son para diferenciarse de les que luchan y no los confundan a ellos con su burocracia y su policíaca facción.

A tal efecto consultamos a los militantes allí presentes sobre el particular y a continuación les brindamos lo que nos contaron de esa primera jornada de lucha.

¡Vamos a las imágenes!

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Introducción al Informe

El presidente Javier Milei presentó en las últimas horas, a través de una cadena nacional grabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Rodeado por su Gabinete y el equipo económico, el mandatario estructuró un mensaje de alto voltaje político en el que contrastó el daño sistémico general con acusaciones concretas sobre desfalcos históricos.

Durante su alocución, el Jefe de Estado sostuvo de manera constante que la entidad funcionó históricamente como una herramienta que posibilitó el “robo” y la “estafa” de la “alta política” a través de lo que denomina el impuesto inflacionario. Con números grandilocuentes graficó el perjuicio acumulado desde la fundación del organismo en 1935, esgrimió una cifra de veinte dígitos (una inflación acumulada del 12.819.532.788.614.400.000%*), señalando que la emisión descontrolada licuó sistemáticamente los ingresos de la ciudadanía.

El tramo más punzante de la ofensiva discursiva bajó la abstracción macroeconómica a nombres y montos propios. Milei centró parte de sus reproches en la administración kirchnerista y en la reforma del año 2012, recordando puntualmente que la operatoria vinculada al Fondo del Bicentenario (bajo las figuras de la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner y la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont) implicó un perjuicio directo de 10.000 millones de dólares sustraídos de las reservas de la institución.

Nuevamente, como es costumbre en el primer mandatario, se retoman herencias extendidas a 91 años de historia para presentar a la gestión actual como redentora de un pasado del cual se exculpa. La iniciativa sigue sin poner el foco en medidas que atiendan las necesidades de los sectores más desposeídos, blindando a una casta económica de burócratas y apelando a una autonomía de la entidad que en la práctica es inviable y que será otra excusa de Estado para atender solamente los intereses de acumulación de las minorías que más tienen y menos necesitan.

* Doce trillones ochocientos diecinueve mil quinientos treinta y dos billones setecientos ochenta y ocho mil seiscientos catorce millones cuatro cientos mil por ciento. 

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La Ofensiva del Gobierno Nacional sobre la tierra ha despertado nuevamente a las Asambleas Ambientales y a los Pueblos Originarios como siempre en defensa de lo que es de todos y no es de nadie en particular. La intención del Estado es habilitar la venta de la tierra a manos de capitalistas extranjeros y nacionales que tengan con qué pagarla, blindándolos con la siempre farsante Defensa de la Propiedad Privada que es lo mismo que Privar de Propiedad al Pueblo, legítimo dueño si hubiera alguno.

Quiere el Gobierno disponer de todo lo que haya a mano para vendérselo al mejor postor y para ello necesita sublimar la canallada de quemar el bosque nativo en todo el país, como ocurrió con el Valle de Punilla cuando necesitaron pasar las topadoras para que Su Majestad la soja se tome otra Provincia que hacer plata, vendiendo las cenizas de los huesos de la abuela si es necesario.

Les venimos contando como en Córdoba las Asambleas y los Pueblos Originarios han venido marcando el camino, el que los que solamente hablan y parlamentan con un Estado sordo, ciego, mudo y bastante mentecato cuando le conviene, niegan. No es eso solo, generalmente les gustan más las visitas al Parlamento donde lanzan discursos inútiles, mientras en el Territorio los que padecen las consecuencias son los que están en lucha que queda a contramano y muy lejos de los escritorios. Eligieron las Asambleas el camino de la discusión colectiva, de la acción a cara descubierta, de las redes de solidaridad por encima de la intermediación de las burocracias y el parlamentarismo del sistema.

En este marco, no es raro que este resurgimiento de la lucha tenga su primera expresión en la Provincia de Córdoba, que hagan ellos punta sin nada que esconder desde una Ciudad como la de Córdoba, donde no hay que explicarle mucho a la gente en general la relación con la Tierra y los porqués de las acciones que allí se desarrollan.

El viernes 31 de Julio la Convocatoria de Concientización y Lucha será a través de un Acampe en el Parque Autóctono de la Docta a partir de las 10 de la mañana y hasta el día 6 de agosto, cuando se realizarán movilizaciones en todo el país en lucha contra la farsante Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Desde el vamos, desde el Estado de las Luchas no solamente apoyamos esta actividad si no que advertimos al Estado que no tiene ningún motivo para hostigar a los que allí se manifiesten y acampen. Mucho menos recurrir a la hipocresía de defender el Espacio Público, por que ni en Córdoba ni en la China ni en Singapur nadie puede creerse que justamente el Estado deba cuidar nada que sea de todos de los Defensores de la Pacha, los únicos que realmente cuidan, preservan y sobre todo no lucran con ella.

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Introducción al Emisión #66

Hola amigas y amigos:
Sean bienvenides a la Sexagésima Sexta Emisión Regular de El Irreverente.
Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 21 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

La justicia no se rinde y el blindaje empieza a resquebrajarse. Mientras que cualquier ciudadano de a pie que acumulara un procesamiento por abuso sexual, violaciones de perimetrales y hostigamiento serial estaría tras las rejas de un penal de máxima seguridad, el poder político de la Provincia de Buenos Aires operó y creemos que operará aún con total impunidad.

Hoy, la realidad choca contra el relato: la Cámara de Casación revocó el escandaloso sobreseimiento dictado a la medida del varón de La Matanza y ordenó sentarlo en el banquillo. ¿Por qué los intocables del conurbano creyeron que podían arrasar con todo? Porque para el aparato oficial, la vida, la integridad y el calvario de Melody Rakauskas valían menos que cero frente a la preservación de su propia casta.

El ultraje y el antisemitismo explícitos de los sótanos judiciales empiezan a enfrentar su límite histórico. Mientras las células reaccionarias intentan camuflar su andamiaje neonazi bajo imposturas geopolíticas de ocasión, la realidad institucional avanza sin contemplaciones.

El jury de destitución contra el juez federal suspendido de Mar del Plata, Alfredo López, puso al descubierto no solo un prontuario escandaloso de mal desempeño, hostigamiento racial y apología de quiebres democráticos, sino también la patética desesperación de un club de marginales que creyó que podía copar los tribunales a los gritos.

La impunidad de los intocables con toga se termina en el banquillo.

El relato de la prosperidad libertaria se desmorona a los cachetazos contra la cruda realidad económica y judicial. Mientras desde la cúspide del poder intentan disfrazar de gestas épicas sus cadenas nacionales de autobombo y sus sincericidios cambiarios, el andamiaje del ajuste muestra las costuras rotas.

Ya no hay cortinas de humo geopolíticas ni promesas de inversiones mágicas capaces de tapar la asfixia cotidiana de los trabajadores.

El gobierno que llegó para limpiar la casta acumula un prontuario de ineptitudes donde los negociados entre funcionarios, las causas por enriquecimiento y la preparación de una nueva devaluación masiva exponen el verdadero rostro de su estafa.

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El Arsenal de la revictimización

A lo largo de estos años, Melody Rakauskas no solo tuvo que lidiar con las secuelas del abuso denunciado en mayo de 2021, sino con una verdadera guerra de desgaste diseñada para forzar su renuncia.

El operativo desplegado para salvar a Espinoza se ejecutó en cuatro fases impecablemente coordinadas:

1. La difamación moral y el estigma de la prensa parapolicial

Ante la solidez de las primeras pruebas, las terminales periodísticas adictas al presupuesto oficial y los voceros de la defensa montaron el relato de la “extorsionadora”. Se instaló la hipótesis de una supuesta agente infiltrada encargada de seducir y chantajear dirigentes, juzgando la conducta de la víctima en los medios mientras se tapaba la gravedad del delito imputado.

2. La patologización de la víctima: “Esta chica está loca”

Cuando los informes oficiales confirmaron el daño psicológico compatible con la agresión sexual, la contramaniobra fue tildarla de inestable. Se filtraron datos de su vida privada, se la hostigó en pericias y se llegó al extremo institucional de sugerir que padecía “delirios de persecución” para restarle validez a su testimonio.

3. El amedrentamiento en el territorio

El acoso no fue solo de palabra. Rakauskas denunció seguimientos por parte de vehículos sin patente en las inmediaciones de su domicilio, llamadas amenazantes para exigirme que levantara la denuncia —origen de la causa por desobediencia que arrastra el intendente— y amedrentamientos violentos en la vía pública, incluyendo un siniestro vial no esclarecido que la terminó dejando internada en terapia intensiva.

4. La asfixia procesal y el acoso judicial permanente

Por último, el propio aparato judicial operó como brazo ejecutor del desgaste. Mientras a Espinoza le garantizaban plazos eternos, a la víctima la notificaban en su casa de causas armadas en fueros locales para obligarla a gastar recursos y tiempo en defenderse de contraacusaciones, empujándola finalmente a la trampa de la falta de patrocinio letrado que la Cámara de Casación definió acertadamente como “indigencia letrada”.

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El sincericidio de Ravier con el dólar a $1800

A pocos días de una nueva y decisiva visita de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, el oficialismo comenzó a abrir el paraguas de manera desesperada. En este escenario de extrema tensión cambiaria, el vocero Adrián Ravier protagonizó un sincericidio que tiró por la borda todo el relato previo: este 23 de julio, en el streaming oficialista CARAJO, reconoció sin anestesia que el dólar llegue a $1800 es “una posibilidad”.

Para intentar bajarle el costo político al impacto, la estrategia oficial consistió en disfrazar esta inminente devaluación de casi el 20% como una “corrección mínima” que, según sus palabras, no afectaría los bolsillos. Sin embargo, este anticipo deja al desnudo que el esquema económico llegó a un límite terminal, sirviendo el ajuste en bandeja para calmar las exigencias de los sabuesos del FMI.

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