El demonio de la violencia patriarcal hacia las mujeres parece no tener límites en este 2019, no respeta edades y el Estado se muestra muy complacido con imponer sus criterios de defensa de los violadores aún si se trata de aplicar el tormento de la maternidad forzada a una niña de 11 años. Desde 1920, el Código Penal reconoce el derecho a interrupción legal del embarazo en caso de violación, pero las autoridades tucumanas se pasaron la ley por las partes, ellos quieren mantener su caracter de Provincia Pro Vida a como dé lugar. 

Desde el momento en que una niña de 11 años queda embarazada, ni siquiera existe preguntarse si hubo o no violación ya que es evidente que poco importa revisar consentimientos y más cuando la víctima y su madre denuncian el hecho ante la autoridad competente. La niña violada fue sometida a dilaciones que la ley no evalúa para aplicar el procedimiento de interrupción del embarazo. Aquí concurrieron muchas y muy variadas instituciones y formas de perpetrar el hecho de la tortura de una menor.

Empezando por lo más alejado de los estratos del Estado, hay profesionales de la salud que se declaran objetores de conciencia, si alguien no puede aplicar un procedimiento médico sería entendible si no fuera un médico, pero que un galeno se permita elegir que procedimientos aplica y que no es una tremenda fantochada solo sostenible por el fanatismo a ideas que nada tienen que ver con la ciencia de curar. No entregan sus matrículas por ineptitud y sin embargo son los principales aliados de los antiderechos para bestialidades como forzar una cesarea a un feto inviable. Particularmente resulta nauseabundo que se tolere desde el Estado esta conducta de parte de médicos, aunque tampoco sorprende ya que aquí el Estado jugó en el mismo sentido y con un cinismo criminal.

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