El uso de la Causa Malvinas por parte de Donald Trump opera bajo una lógica de especulación y latrocinio geopolítico: se manipula una herida colonial abierta y un reclamo legítimo de soberanía argentina no para reparar una injusticia histórica, sino para coaccionar a Londres en la repartición de costos militares y geopolíticos globales.
Para la Argentina, subirse acríticamente a estas jugadas sin una estrategia soberana firme implica quedar expuesto a una manipulación donde los intereses nacionales son pisoteados en función de los tableros de ajedrez de las superpotencias.
Cuando la desmesura aniquila la impunidad de un nazi
La reciente destitución unánime de Alfredo López, ex-titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, marca la desarticulación de una terminal institucional que utilizó el despacho judicial como trinchera para operar una agenda de odio, discriminación y desestabilización democrática.
El fallo del 39° Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación determinó que el exmagistrado contrarió de manera manifiesta las bases del Estado de Derecho. Tras validar la autenticidad de 15 mensajes en la red social X y aplicar el Test de Rabat, el tribunal concluyó que López excedió los límites de la libertad de expresión al incurrir en discursos de odio que incitaron a la violencia simbólica y la discriminación contra la comunidad judía.
Esta conducta, según el fallo, “dinamitó” la confianza ciudadana necesaria para el ejercicio imparcial de la magistratura.El proceso dejó al descubierto un patrón sistemático de mal desempeño, que incluye el hostigamiento racial, el abuso de poder al utilizar su firma judicial para amparar ideologías extremistas y la obstrucción de políticas públicas mediante el uso espurio de medidas cautelares.
La sentencia reafirma que la investidura judicial no es una patente de corso para el fascismo y pone fin a una etapa de impunidad, instando al retorno al ostracismo de aquellos funcionarios que apuestan por la destrucción de la convivencia democrática.
De haber tenido cierta prudencia aún sería un peligro para la Comunidad Judía, las mujeres y la salud pública y hasta habría que agradecerle esa desmesura que lo llevó a perder la miserable cuota de Poder que poseía.
Soja o Muerte: Kicillof con Segal por Limosna Imperialista
La reunión privada de una hora y cuarto entre el gobernador Axel Kicillof y Susan Segal (presidenta de la Americas Society – Council of the Americas) en los salones del Alvear Palace Hotel no es una anomalía, sino la continuidad histórica de la subordinación al gran capital norteamericano. Demuestra que la confrontación discursiva es solo para consumo militante, mientras que la diplomacia corporativa global se activa cuando las arcas sufren ahogo fiscal.
Este pragmatismo entreguista cruza toda la historia reciente del espacio político. Desde el anuncio de la megaplanta de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba) en 2012 (frenada únicamente por la lucha de las asambleas vecinales y no por decisión oficial) hasta las recurrentes peregrinaciones por Washington DC y el FMI durante la gestión de Alberto Fernández para entregar metas a cambio de avales financieros.
Para garantizar la viabilidad de cualquier negociación con el empresariado extranjero, la administración provincial ofrece la intangibilidad del agronegocio.
Mediante la postergación sistemática de una ley seria de regulaciones de agroquímicos y la permanencia irrestricta del uso de glifosato, el Ministerio de Desarrollo Agrario evita afectar los márgenes de ganancia de las grandes cerealeras como Cargill y Bunge.
Mientras se expone a las comunidades rurales a las fumigaciones y se desatiende el impacto en la salud humana, el Estado garantiza el flujo de divisas.
La paradoja es total: se fiscalizan plataformas digitales locales mientras se le rinde tributo a Wall Street, aceptando mansamente la tutela de cualquier financista extranjero a cambio de mantener un modelo extractivista que degrada el territorio.
La soberanía no se defiende con consignas de café ni con relatos épicos declamados para la gilada, sino con decisiones políticas que pongan la vida y el territorio por encima de la renta agraria.
Cuando el peronismo cambia soberanía por limosna imperialista, lo único que se cultiva en el surco es la dependencia y la destrucción del futuro común.
Presentación del descargo (15 de septiembre): La defensa deberá entregar en el juzgado de Ariel Lijo la documentación respaldatoria para intentar contrarrestar los 20 puntos objetados por la fiscalía.
Análisis de la Fiscalía: El fiscal Gerardo Pollicita evaluará si las explicaciones logran justificar el incremento patrimonial o si persisten las inconsistencias.
Definición de la citación a indagatoria: Si el fiscal considera que el descargo es insuficiente, pedirá formalmente el llamado a indagatoria, paso que el juez Lijo deberá convalidar para convocar al imputado a Comodoro Py.
La sumisión al financista de turno como único rumbo
La coexistencia de una severa fiscalización a nivel local contra plataformas digitales domésticas (Mercado Pago, Ualá) y una mesa cordial con los representantes de Wall Street expone la ausencia de una postura ideológica real.
La premisa que rige la administración del territorio es netamente financiera: el peronismo acepta de manera previsible y pragmática la tutela de cualquier actor internacional capaz de proveer fondos o divisas, convalidando a cambio un esquema extractivista que reduce la estructura productiva al monocultivo y la degradación ambiental.
La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con la participación de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios y representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias) ha desnudado una anomalía peligrosa para nuestra democracia: el Ejecutivo nacional ha decidido que su propia agenda está por encima del Imperio de la Ley.
El encuentro, impulsado tras los recovecos judiciales que siguieron al veto presidencial al Decreto 759/25, confirmó que el Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir por motu proprio la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), a pesar de que la norma fue ratificada por el Congreso de la Nación y de que la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que exige aplicar de manera inmediata los artículos referidos a la actualización salarial docente y la recomposición de programas estudiantiles como el Progresar.
El Rule of Law es, por definición, la supremacía del derecho sobre la voluntad de los hombres. Como bien sostenía el pensamiento constitucionalista clásico, el “Imperio de la Ley” significa que el gobierno está sujeto a normas preestablecidas, no que el gobierno utiliza la norma como un obstáculo a remover según su capricho administrativo. Al ignorar una ley ratificada por el Congreso (tras el debido proceso de insistencia) y desoír los mandatos judiciales, el Poder Ejecutivo no está aplicando una política económica, está ejerciendo arbitrariedad.
La postura jacobina aquí no es un llamado al caos, sino una exigencia de igualdad ante la ley. Si el ciudadano de a pie debe cumplir con el ordenamiento jurídico, con mayor razón debe hacerlo el primer mandatario, pues él es el primer depositario de la legalidad constitucional. Cuando un gobierno decide qué leyes “le gustan” y cuáles debe “desobedecer”, el contrato social se rompe.
La libertad que proclama este gobierno carece de sustento si no se sostiene sobre el pilar del Derecho. Sin el Imperio de la Ley, no hay propiedad, no hay contratos, no hay República: solo queda el despotismo del decreto. Desafiar el financiamiento universitario (que es, en última instancia, el financiamiento del futuro del país) pisoteando los fallos judiciales y la voluntad legislativa no es liberalismo. Es, lisa y llanamente, una regresión a formas de poder absoluto que nuestra Constitución vino a enterrar.
La soberanía no está en la Casa Rosada; reside en la ley y en la voz del pueblo expresada en sus instituciones. Quienes desprecian la norma, no están salvando a la patria del gasto; están desmantelando las bases del orden democrático que nos permite convivir.
Durante su exposición en el Council of the Americas, el Presidente recurrió a una de sus habituales embestidas al mofarse de los “pañuelitos verdes” y culpar cínicamente a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la caída en la natalidad, desatendiendo por completo la profunda crisis material generada por su propio plan económico.
Esta postura deja al descubierto una hipocresía estructural:
Intervencionismo punitivo: El Estado despliega todo su poder normativo para restringir la autonomía corporal y forzar nacimientos, utilizando una retórica moralista que culpa a las conquistas de género por los desequilibrios demográficos.
Abandono y privatización: Una vez nacido el niño, el dogma libertario se desentiende de cualquier responsabilidad social. Bajo la premisa de que “el Estado no tiene por qué mantener a nadie”, se desmantelan las redes de contención y se traslada el costo total de la subsistencia a los hogares.
La familia como fusible: Al eliminar la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar como un amortiguador precario. Esto obliga a las familias a postergar o cancelar la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando paradójicamente el propio deseo demográfico del Gobierno.
En definitiva, mientras desde el atril corporativo se promueve el escarnio ideológico y se exige procreación a fuerza de dogma, el Estado desaparece al momento de garantizar condiciones mínimas para una infancia digna, transformando la crianza en un privilegio más de clase.
Los cultores del odio en problemas en los Tribunales
No estamos ante hechos aislados ni meros desvíos administrativos, sino frente a una estrategia sistemática de persecución, ahogo presupuestario y utilización de los tribunales como trincheras partidarias.
El conflicto por la Ley 27.795 de financiamiento universitario y el activismo reaccionario desde los estrados forman parte del mismo combo de desguace institucional que el Ejecutivo impulsa y defiende a capa y espada.
La convocatoria del juez Martín Cormik (Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11) para una audiencia fijada para el próximo 21 de agosto, cuyo objetivo es destrabar el conflicto presupuestario y forzar al Gobierno a cumplir con la ley frente a su tendal de maniobras dilatorias.
Veremos también el fallo histórico del 39º Jurado de Enjuiciamiento que destituyó por unanimidad al juez federal Alfredo López por mal desempeño, tras comprobarse que sus publicaciones en la red social X cruzaron los límites de la libertad de expresión para encuadrar en discursos de odio bajo el test de Rabat.
No es que el sistema se depure por pura vocación democrática: nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que cuando el desmadre político y la operación judicial se vuelven insostenibles, el costo de blindar a estos personajes se vuelve demasiado alto para las propias corporaciones.
La realidad institucional y el peso de los hechos terminan arrasando con el capricho del poder de turno y de todas las castas. La protección colapsa ante el peso de las barbaridades de quiénes, a pesar de todo, exceden algún límite insalvable.
El fallo del Jurado de Enjuiciamiento es una señal de que la paciencia democrática frente al uso de cargos públicos para la incitación al odio tiene un límite. Este no es un momento de celebración, sino un acto de estricta JUSTICIA, en donde un racista, con muchos contactos en esos núcleos criminales ha debido abandonar su miserable cuota de poder.
El sistema ha demostrado que, aunque lento, el derecho puede prevalecer sobre la prepotencia de quienes creen que la investidura judicial es una patente de corso para el fascismo.
Alfredo López ha dejado de ser Juez. Con esta sentencia, se pone fin a una etapa de impunidad y se reafirma que, en la Argentina, los funcionarios que apuestan por la destrucción de la convivencia democrática deben volver al ostracismo.
Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.
Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.
La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.
Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.
Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la reclamar de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.
La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.
Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.
Al evaluar los modelos en pugna, resulta evidente que no existe una ruptura con el paradigma de dependencia que Brasil sostiene respecto al poder colonial y el imperialismo financiero y militar global.
La inercia diplomática frente al enclave colonial: La continuidad de los protocolos de soporte a los buques británicos en el Atlántico Sur demuestra que el establishment brasileño opera bajo una lógica de servicios a la ocupación en Malvinas. Esta actitud no solo deslegitima los esfuerzos diplomáticos argentinos, sino que consolida al Brasil como un colaborador estratégico de facto para la permanencia de la base militar en el archipiélago.
La persecución como política tácita: La ausencia de propuestas para revertir la criminalización de ciudadanos argentinos no es un olvido accidental, sino un componente más de la agenda de sumisión. La utilización de acusaciones de racismo como instrumento de hostigamiento refleja la ausencia de un compromiso serio con la equidad regional, permitiendo que las fuerzas de seguridad actúen con total impunidad.
El desafío de una alternativa soberana: En última instancia, ambos candidatos han demostrado que la protección de la integridad de los argentinos y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur no forman parte de sus prioridades. Este vacío de agenda obliga a reflexionar sobre la necesidad de construir una soberanía regional que no dependa de la voluntad de las élites electorales que hoy dominan el panorama político brasileño.
El Festín de este Depredador no tiene fin. Mientras el sentido común se desangra, el sistema judicial y estatal premia a los personajes más oscuros de la Casta.
Analizamos la radiografía del Caso de Pedro Brieger: tras embolsar 78 millones de pesos de RTA en un acuerdo exprés, el “hombre fuerte de la geopolítica” del peronismo ahora reclama una actualización de intereses que elevaría la cifra a más de 400 millones.
Hagamos memoria: 19 mujeres denunciaron acoso y agresión sexual sistemática. La respuesta del Estado no fue proteger a las víctimas, sino soltar la billetera para los amigos del poder.
El no va más del cinismo y la avaricia combinadas en un solo machito.
La coincidencia temporal de estos movimientos muestra la verdadera naturaleza de la política: cuando las reglas del juego tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la “realpolitik”. Ese eufemismo con el cual pretenden convencernos de que las necesidades de los de arriba son, en realidad, los problemas de todos nosotros.
El peronismo se une para no desaparecer del mapa institucional, y el oficialismo teje puentes con el PRO para consolidar su bloque de poder antes de que comience formalmente la disputa nacional.
La gran incógnita es si estos armazones de cúpula lograrán sobrevivir a sus propias contradicciones internas o si son apenas treguas efímeras en una crisis que a la gente no le da ninguna.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.
Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.
Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.
El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.
En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.
El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.
Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.
Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.
Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.
Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.
RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.
Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.
Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.
Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.
Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.
Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.
La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.
El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.
En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.
La acumulación de 57 sismos en menos de ocho meses no es una cifra que pueda esconderse bajo la alfombra de la soberanía energética. Es una señal de advertencia que el poder político y las petroleras parecen decididos a ignorar en favor de su avaricia que es lo único que no tiene límites.
El problema es que la naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación. La industria del fracking jamás podrá ser de beneficio para la estabilidad geológica y la seguridad operativa lo único importante es ganar dinero y ya.
Neuquén podría terminar enfrentando daños irreversibles. La pregunta que queda es cuánto tiempo más podrá sostenerse el mito de que en Vaca Muerta todo está bajo control, antes de que el suelo empiece a exigir respuestas que ninguna inversión pueda o quiera compensar.
ADORNIGATE: Intimación judicial por papeles flojos
Mientras el salario neto de Adorni se presentaba ante la opinión pública como “congelado” o austero (por debajo de los 3 millones de pesos), los datos de la justicia revelan un tren de vida incompatible con esos ingresos: viajes a Aruba en efectivo, refacciones millonarias en dólares y operaciones financieras de origen incierto. La narrativa de la “austeridad” se derrumba al contrastarla con los 402,000 dólares detectados en gastos no justificados.
El argumento de las ganancias explosivas a través de criptoactivos es un recurso trillado por la nueva casta política para justificar incrementos patrimoniales imposibles de explicar por la vía convencional. La justicia ha puesto el foco exactamente ahí: en la opacidad de los movimientos y la imposibilidad de verificar una trazabilidad real de los fondos, lo que huele a una cortina de humo para legitimar dinero de origen desconocido.
Es fundamental advertir que este paso inicial no es la condena, sino un requerimiento de justificación. La carga de la prueba ahora recae sobre Adorni, quien tiene 15 días para presentar lo que, hasta hoy, ha omitido deliberadamente. Si los papeles están “flojos”, como bien titula la causa, el escenario de una declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo es el único camino lógico.
El “Adornigate” es el espejo de una gestión que pregonó el fin de la corrupción pero que, ante la primera auditoría seria de la fiscalía, presenta fisuras estructurales.
El exfuncionario no solo debe responder por números que no cierran, sino por el engaño sistemático a una sociedad a la que se le exigió sacrificio mientras, desde las altas esferas, se tejía un entramado financiero opaco.
La pelota está en la cancha de Comodoro Py. El desenlace determinará si, finalmente, la justicia se atreve a avanzar más allá del requerimiento administrativo o si este caso terminará siendo otro expediente cajoneado en los pasillos del poder.
Dentro del marco procesal penal argentino (y específicamente en los delitos de enriquecimiento ilícito contemplados en el Código Penal), el paso dado por el fiscal Gerardo Pollicita no es una imputación directa ni un llamado a indagatoria inmediato, sino un requerimiento de justificación patrimonial previo y obligatorio por ley.
Su dinámica jurídica y los posibles escenarios se despliegan de la siguiente manera:
La naturaleza del requerimiento: El artículo 268 (párrafo tercero) del Código Penal establece que, antes de avanzar con una acusación formal o un llamado a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito, el fiscal debe dar la oportunidad al investigado para que justifique la procedencia legítima de sus bienes o del incremento patrimonial advertido. No se trata de una simple formalidad, sino de una garantía legal que le otorga al funcionario la posibilidad de demostrar con documentación fehaciente de dónde provienen los fondos observados.
El plazo y la carga probatoria: Adorni cuenta con un plazo perentorio de 15 días corridos o hábiles según los términos del juzgado para presentar las pruebas y descargos correspondientes. En esta instancia, la carga probatoria recae fuertemente sobre el imputado: es él quien debe desvirtuar las inconsistencias detectadas por la fiscalía (como los 43 millones de pesos de rojo financiero o los 402.000 dólares en desembolsos no declarados o de origen dudoso) aportando papeles, contratos, extractos bancarios o registros criptográficos verificables.
Escenario A (Justificación satisfactoria): Si la documentación aportada por Adorni logra respaldar de manera legal y coherente cada uno de los 20 puntos señalados en el documento de 207 páginas, el fiscal dictaminará en favor de la regularidad de los bienes y la causa penal se archivará en lo que respecta a ese tramo.
Escenario B (Falta de justificación o silencio): Si vencido el plazo el exfuncionario no logra respaldar sus números, las explicaciones resultan insuficientes o decide no responder, el fiscal Pollicita interpretará que se configuran los elementos de sospecha necesarios para avanzar. En ese caso, formulará el pedido formal de declaración indagatoria.
El rol del juez Ariel Lijo: Es fundamental remarcar que el fiscal no tiene la potestad de convocar a indagatoria por sí solo; solo los fiscales requieren y los jueces federales citan. Por lo tanto, si Pollicita eleva el pedido de indagatoria tras vencerse los 15 días sin una justificación válida, la decisión final recaerá sobre el juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar si convoca formalmente a Adorni a presentarse en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.
La hipocresía gubernamental radica en exigirle a la sociedad que procree “por el futuro de la nación” mientras se le quitan las condiciones materiales mínimas para garantizar una infancia digna. El Estado se agranda y se vuelve moralista para controlar los cuerpos y prohibir derechos (apoyado por un coro digital de Les Parakes de la Ultra que deforma la realidad), pero se achica y desaparece a la hora de financiar la vida de los niños ya nacidos, transformando la paternidad en un privilegio de clase.
El accionar criminal de las fuerzas de seguridad de tomar las calles de Congreso con bandas armadas y bloquear el acceso civil al perímetro del Palacio Legislativo marca la consolidación de una doctrina de seguridad que prioriza la demostración de fuerza bruta como única respuesta institucional ante el descontento civil.
La foto enviada por los manifestantes a la medianoche es el signo más claro de esta dinámica: un despliegue de recursos bélicos costosos que permaneció sitiando el barrio mucho después de que la concentración civil se hubiera dispersado por completo.
El operativo contra la movilización por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada desnudó la distancia insalvable que existe entre la narrativa de los incidentes construida a las 18:00 horas en los estudios de televisión y la vivencia de quienes a las 17:00 sostenían la plaza con el cuerpo, sentados en los bloques de cemento que el relato periodístico oficial necesitó romper idealmente para poder justificar los gases.
En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.
El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.
El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.
No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.
EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.
Frente a esta burda operación, la realidad técnica del caso destruye el relato del medio revictimizante punto por punto:
Fabricación de “Declaraciones” Inexistentes: Hoy la prensa oficialista intenta clausurar el debate judicial transformando actas de intervención policial tomadas de urgencia en la vía pública en una supuesta “declaración testimonial formal”. Candela Arizaga NO prestó declaración formal ratificada ante el fiscal de la causa. Su propio abogado, Diego Storto, descalificó de forma tajante el accionar mediático advirtiendo en televisión: “¿Cómo le van a tomar declaración a una persona así? No puede ser válida una declaración, sea cual fuere, a menos de 24 horas de lo que pasó”.
Complicidad y Comisión de Delito: Aún si esta versión fuera real, la difusión deliberada de actas de procedimiento o supuestas declaraciones en sede judicial (que forman parte de una etapa de investigación reservada) constituye un delito penal grave por violación del secreto de sumario. Esto demuestra que el aparato mediático no tiene escrúpulos en quebrar la legalidad con tal de ejecutar su estrategia de encubrimiento.
Explotación de la Vulnerabilidad Médica: Utilizar el estado de confusión, shock o desorientación de una víctima asistida para instalar que ella misma “negó los golpes” equivale a la misma estrategia de patologización utilizada en el pasado para restarle validez a un testimonio. La defensa técnica confirmó públicamente que la joven “está en shock”, bajo tratamiento médico y que “no recordaba con exactitud” lo sucedido por haber atravesado una noche de extrema gravedad, por lo que el armado periodístico que busca fijar un prematuro “testimonio de inocencia” carece de todo sustento fáctico y legal.
Tergiversación Invertida de la Defensa: En una maniobra de cinismo explícito, los operadores mediáticos pretenden presentar las aclaraciones del abogado de la víctima (quien remarcó que la joven no estaba en condiciones de lucidez legal al momento del procedimiento policial) como si fuera una validación o convalidación del relato de inocencia del agresor.
La Operación del “Vicio Procesal” a través de la Filtración Provocada: El eslabón más sofisticado de esta estrategia es el que expone la perversión absoluta del aparato de defensa, que lejos de ocultarlo, dejaron trascender de manera masiva y coordinada que Facundo Moyano se negó a someterse a los peritajes de sangre y orina. Al inundar las redacciones con esta pieza clave de la intimidad penal mientras el acusado permanecía formalmente detenido, los operadores buscaron forzar un quiebre explícito del secreto de sumario. Esta maniobra persigue un doble propósito corporativo: por un lado, licuar la gravedad instalando la versión de la “alucinación” colectiva; por el otro, y fundamentalmente, sembrar las bases para hacer caer toda la causa penal mediante un planteo de nulidad técnica. La estrategia consiste en utilizar la ilegalidad de sus propias filtraciones mediáticas como un bumerán judicial, argumentando una contaminación irreversible del expediente que anula las garantías procesales del imputado.
Mientras el periodismo parapolicial peronista monta operaciones de madrugada modificando horarios digitales para blindar a sus referentes, el expediente judicial avanza de oficio sostenido por las pruebas materiales, las cámaras de seguridad de Belgrano y los peritajes tecnológicos recopilados por las autoridades judiciales independientes. La verdad no se tapa con cables de prensa editados a conveniencia. Con esta cobertura, queda demostrado que Página/12 ha inaugurado una nueva variante editorial: la perspectiva de género “Siempre firme junto al Macho”.
La revictimización y amedrentamiento del Peronismo sobre Melody Rakauskas
Un ciudadano común con causas por abuso sexual y desobediencia estaría tras las rejas. Pero como el acusado es Fernando Espinoza (Barón fuerte del peronismo y jefe de la Federación Argentina de Municipios), la maquinaria estatal, judicial y mediática se activó para protegerlo y destruir a la víctima.
Para forzar su silencio, Melody Rakauskas sufrió una brutal campaña en cuatro fases: difamación moral instalando que era una extorsionadora, intentos de patologización para tildarla de inestable, amedrentamiento territorial con seguimientos y un violento siniestro vial, y una asfixia procesal mediante causas armadas y falta de recursos.
Toda esta batería de agresiones tuvo un único propósito: evitar que el capo del municipio enfrente a un tribunal. Como sentenció la propia Rakauskas, la trataron de loca, de prostituta, pidieron internarla en un psiquiátrico y nada de eso era verdad.
El fallo de Casación que revoca el sobreseimiento express y ordena fijar fecha para el debate oral es un golpe letal a los operadores que usaron sus espacios para proteger al poder.
Conociendo los métodos de la corporación, dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciándola; es más, el ninguneo institucional dejará paso a intentos de revictimización aún más virulentos. La causa llegó a puerto, pero la impunidad estructural sigue al acecho.
