El desacato como política de Estado
El eje del conflicto hoy no es solo la falta de fondos, sino el desprecio por la seguridad jurídica. El Congreso sancionó y ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Gobierno se niega a aplicarla.
Por eso, el reclamo de la comunidad universitaria escaló hasta la Corte Suprema: es un pedido desesperado para que la Justicia frene la arbitrariedad de un Ejecutivo que ignora una ley vigente y judicializada.
Mientras la Plaza de Mayo se colmaba de ciudadanos que ven en la universidad pública el último motor de ascenso social —con una matrícula que creció un 15% este año sin un solo peso de refuerzo presupuestario—, la respuesta oficial fue ratificar un recorte de 78.000 millones de pesos.
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