11 o 12 Gobernadores y el Presidente piden el Juicio Político al Presidente de la Corte Suprema

Luego del fallo que exigiera la restitución de los fondos coparticipables sustraídos a la Ciudad Autónoma para alimentar la represión con aumentos a la Policía Bonaerense, la hipocresía peronista brotó como nunca y primero dijeron que iban a pagar lo que deben en cuotas y en bonos y luego, pergeñaron una farsa de pedido de juicio político, con la excusa de que, en el delirio del Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, “Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial”. La Casa Rosada lleva el lawfare a un nuevo y exquisito nivel, solamente para expertos. Pretende voltear al Tribunal, para que acceda a sus demandas, desde la minoría de fantasía por un cargo en el Consejo de la Magistratura hasta garantizarse la impunidad con una Corte sumisa y obediente, que añoran tener desde el kirchnerismo.

De este casting de fachos, surgió un documento en el que el Presidente de la Nación y 12 gobernadores sojeros y represores famosos redactaron un documento (una nueva forma de apriete del lawfare) pidiendo primero el Juicio Político para el Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, luego piden también que se impulse el juicio político de los otros tres miembros y por último piden al Bloque de Diputados del Frente de Todos que los apoye en esta movida. Suponen que con este pedido podrán encontrar a alguien a quien echarle la culpa de su desgobierno, su sometimiento al arbitrio de los imperios y el FMI, sus ajustes y la represión consecuente con ellos. Vergüenza nunca tuvieron, Justicia nunca buscaron, solamente desean garantizar la impunidad para ellos y su posteridad y de paso no pagar por haber financiado las represión de los bonaerenses con fondos de los porteños.

Los tarifazos que arrancaron con el comienzo del año requieren que antes de que la gente saque cuentas haya culpables y que sean otros y no ellos que son los que gobiernan este descalabro que es el Estado argentino. Tal es el apuro, que incluyeron como firmante a Gustavo Bordet, Gobernador de Entre Ríos, que aseguró que no apoyaba este avance los ejecutivos sobre el Poder Judicial. En la Rosada siguen negando que ésto sea así, pero pensemos que no es la primera mentira que dicen ni siquiera sobre esta cuestión.

De no mediar un Poder Judicial más sumiso aún de lo que es al Poder Ejecutivo, las retaliaciones serán moneda corriente, y todo será pagado con fondos que le pertenecen al Pueblo y que ellos asumen como propios, solamente por quedarse con gran parte de los mismos. Aquí no hay otra víctima que no sea el Pueblo argentino en un duelo de mafiosos que los tiene como simples pagadores de los caprichos de los de arriba. Una batalla en la que último derrotado en primera y única instancia será el Pueblo en su conjunto.

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