A modo de cierre (por ahora)
Llegamos al punto donde no hay más margen para las excusas ni para la autocomplacencia. El Decreto 1205/2026 no es un accidente ni una ocurrencia repentina: es el cobro de la factura de nuestra propia negligencia colectiva.
En 1983, con el retorno de la democracia formal, la sociedad argentina debió haber exigido la derogación y la quema pública de toda la basura normativa heredada de los regímenes de facto. Decretos como los de Onganía o las leyes de secreto de la década del sesenta debieron ser incinerados para siempre.
Sin embargo, nos dormimos. Nos equivocamos dejando que esas herramientas autoritarias quedaran durmiendo en los cajones de la burocracia estatal, esperando que algún funcionario con vocación de sombras las desempolvara para usarlas contra el pueblo. Y la regla de la Historia no perdona: toda herramienta de control que el Estado no destruye, la termina reutilizando contra la sociedad civil.
No hay soberanía ni democracia real posible con presupuestos secretos, compras militarizadas a espaldas de la gente y un pueblo mirando la televisión con ojos de huevo mientras le quitan las libertades individuales.
La soberanía no es un relato para las fechas patrias ni un cheque en blanco que se entrega cada dos años en una urna; la soberanía se defiende en la calle, con la memoria despierta, la autocrítica dura y el rechazo frontal a cualquier intento de institucionalizar la sombra.
Si no nos ponemos de pie para exigir la derogación inmediata del Decreto 1205/2026 y la apertura de todos los libros del Estado, el mensaje que le enviamos a la casta política y militar es que tienen la cancha libre para el próximo zarpazo.
La lección final es una sola y no admite matices: espacio de libertad, de transparencia y de derecho que el Pueblo abandona por cansancio, error o distracción, es espacio que el aparato de coerción estatal toma, consolida y confisca para siempre.
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