El Decreto 1205/2026 y la resurrección de la escoria autoritaria
Es en este marco de pasividad y equivocación colectiva donde el Poder Ejecutivo asestó el golpe institucional con el Decreto 1205/2026. Con una firma de trazo grueso, el Estado declaró bajo la categoría de Secreto Militar todas las contrataciones, compras y adquisiciones de equipamiento destinadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa.
Para armar semejante cerrojo presupuestario sin pasar por el Congreso Nacional, la burocracia desenterró el Decreto Ley 9390 de 1963 y lo empalmó con las excepciones de la Ley de Defensa Nacional. Bajo la pantalla formal de “resguardar la capacidad operativa” y “cumplir con cláusulas de confidencialidad de corporaciones extranjeras”, se le otorgó al aparato militar la potestad absoluta de eliminar las licitaciones públicas, habilitando la compra directa, la adjudicación a dedo y la discrecionalidad total en el manejo de las partidas presupuestarias.
Al mismo tiempo, se oculta la trazabilidad de los fondos, clausurando el acceso público a los montos en dólares comprometidos, las cantidades de material, los países de origen y la identidad de las empresas o intermediarios beneficiados.
Todo esto se hace extrayendo estas operaciones de la órbita de la Ley de Acceso a la Información Pública y neutralizando la fiscalización de la Auditoría General de la Nación y del Poder Legislativo.
El peligro operativo de este decreto no se agota en la corrupción económica. Al ocultarle a la sociedad qué se compra, se pierde de vista si el material adquirido es para la defensa soberana de las fronteras o si se están importando tecnologías de ciberpatrullaje, equipamiento de inteligencia y material de disuasión pensado para la contención de la protesta social interna cuando el hambre aprieta.
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