El Caso de Rogério Tomaz Jr., la Frustración en el Maracaná y el Código Rojo de Planalto
El 12 de octubre de 2026, el militante del Partido dos Trabalhadores (PT) y operador digital Rogério Tomaz Jr. fue reembarcado hacia Brasil tras notificársele en el Aeroparque Jorge Newbery la cancelación de su residencia y la prohibición de reingreso por 5 años.
Sin embargo, su accionar venía desplegándose tiempo atrás mediante campañas de hostigamiento contra la divulgadora mendocina Kalípolis, amedrentamiento territorial y la fabricación de falsas denuncias sobre persecución a estudiantes brasileños en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, sin aportar un solo testimonio o prueba material.
- La cortina de humo sobre Malvinas y el Maracaná: El encendido de las campañas de denigración antiargentina por parte del aparato de Planalto coincide matemáticamente con dos frentes de humillación: la pérdida de la supremacía deportiva de Brasil al caer consecutivamente ante la Selección Argentina en el Maracaná, y la necesidad de desviar la atención sobre la servidumbre logística del gobierno de Lula a la Royal Navy británica, permitiendo el reabastecimiento en Río de Janeiro de los buques que sostienen la usurpación en Malvinas.
- Violencia de género y encubrimiento ideológico: La agresión en redes del operador brasileño (“E ainda voltó a molar en Mendoza”) constituyó un acoso territorial directo contra Kalípolis. Tanto la derecha libertaria —que manipuló las traducciones para montar un circo patriotero sobre el “insulto a la patria”— como la bancada oficialista brasileña desestimaron la gravedad del acoso, refugiando al agresor en la impunidad de la disputa ideológica.
- El DNU 681/2026 y el garrote liberticida: El uso del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026 para fundamentar la expulsión constituye una aberración jurídica. La introducción de tipos penales elásticos como “mensajes de odio” viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos e instaura un peligroso derecho penal de autor. Validar este instrumento de censura porque hoy se descargue sobre un esbirro de Planalto implica aceptar la herramienta con la que mañana el Estado perseguirá a cualquier disidente.
- La matriz delatora del ciberpatrullaje: La actuación de estos operadores responde a la misma genética represiva de los delatores estatales de los años 70: cambiaron las patotas de la dictadura por el linchamiento digital y el ciberpatrullaje, buscando la destrucción civil del adversario bajo el amparo y el financiamiento del Estado extranjero.
¡Vamos a las imágenes!
Reducir todo este montaje a la figura de un provocador reembarcado en Aeroparque sería morder el anzuelo más elemental del espectáculo político. Rogério Tomaz Jr. no es más que un fusible intercambiable, un peón de bajo presupuesto que sale a jactarse en Guarulhos de su propia deportación para alimentar la narrativa victimista de su empleador.
El responsable intelectual y estratégico de este dispositivo de amedrentamiento es Luiz Inácio Lula da Silva y el aparato de poder de Planalto, que utilizan la argentinofobia para tapar su servilismo colonial ante la corona británica y la carnicería cotidiana de sus fuerzas de seguridad en las favelas.
Del otro lado, el gobierno argentino responde con la mediocridad de un decreto liberticida que viola libertades fundamentales en lugar de ejercer una verdadera soberanía nacional.
La soberanía no se defiende imitando la lógica persecutoria del enemigo ni validando herramientas de censura; se defiende denunciando sin eufemismos a las potencias usurpadoras, a sus colaboradores regionales y a los aparatos paraestatales que sirven de fachada a la impunidad.
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