La embestida judicial y la calle acorralan al absolutismo de Javier Milei
El conflicto por el financiamiento de la educación superior escaló a un punto de no retorno. Ante el desprecio sistemático por la recomposición salarial docente y el vaciamiento presupuestario, la justicia federal intervino tras la demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La declaración de inconstitucionalidad de las maniobras del Ejecutivo y la inaplicabilidad de la excusa del “déficit cero” para suspender mandatos republicanos dejaron al descubierto una estrategia de gobierno basada únicamente en la dilación y el desacato.
- La llave de las astreintes: En una resolución determinante, el juez Martín Cormik impuso sanciones conminatorias de $100.000 diarios sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por desobedecer las cautelares vigentes. Las astreintes (figura procesal del artículo 804 del Código Civil y Comercial) no son indemnizaciones ni penas fijas: son un medio de coerción económica acumulativo, diseñado para doblar la voluntad del rebelde procesal. La rebeldía ya no sale gratis.
- El coro mediático y la represión: En paralelo al despliegue en las calles, el aparato mediático oficialista y la corrección burguesa activaron el mismo libreto perimido: la cacería del infiltrado y la estigmatización de los manifestantes. El saldo de detenidos en las movilizaciones expone a un Estado que utiliza las fuerzas de seguridad no bajo el control republicano, sino como el brazo armado de su propia ilegalidad.
- Invalidez de la “obediencia debida”: Bajo el marco normativo y los tratados internacionales, ningún protocolo dictado entre gallos y medianoche ampara la ejecución de órdenes manifiestamente ilegales contra el pueblo. El efectivo o funcionario que ejecuta el atropello inconstitucional se convierte en coautor y cómplice punible de la tiranía estatal.
- Obsesión contra la UBA: El ensañamiento contra la Universidad de Buenos Aires y el sistema universitario nacional trasciende el debate presupuestario. Revela una fijación patológica por desmantelar la soberanía intelectual y la estructura misma del Estado de derecho.
¡Vamos a los informes!
El intento de someter las instituciones al capricho de un decreto perpetuo encuentra su límite infranqueable en dos frentes: el taxímetro implacable de la justicia sobre el bolsillo de sus funcionarios y la marea humana que desborda las plazas de todo el país.
Ningún viaje de propaganda, ninguna cacería mediática ni ningún garrote policial van a torcer la convicción de un pueblo que entiende que la universidad pública no se negocia en el mostrador del ajuste.
Frente a las arbitrariedades monárquicas y los atropellos de la autocracia, la defensa de la legalidad y la resistencia en las calles son el único mandato soberano.
En una resolución dictada este 16 de octubre de 2026, la Sala Tres de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le otorgó una bocanada de aire al Gobierno nacional al suspender de manera provisoria las astreintes contra el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El tribunal hizo lugar al recurso de queja presentado por Capital Humano luego de que el juez Martín Cormick ordenara hacer efectiva la multa diaria de cien mil pesos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Al parecer, el Poder Político y sobre todo el Poder Ejecutivo nunca debe dejar de contar con aliados en el Poder Judicial, de esos agradecidos por los beneficios de pertenecerle. Duró poco.
Habrá que ver si aquí terminaron los problemas para el Gobierno, porque si no cumple, que se olvide: no le quedan más chances que efectivizar lo adeudado de forma tan miserable por Milei y su caterva.
Otra vergüenza más que involucra a políticos y jueces que recuerdan lo que dice el Talmud y sobre todo lo de: “¡Ay, de la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados!”.
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