Los puntos salientes de la intimación argentina

Desde hace décadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas (a través de hitos como la Resolución 2065 y la Resolución 31/49) reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambos Gobiernos a negociar, prohibiendo expresamente modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso.
El Reino Unido persiste en su política de hecho. Ante esto, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la Nación detalla que se instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), apuntando directamente contra el proyecto petrolero “Sea Lion” y el otorgamiento de nuevos permisos en la Plataforma Continental Argentina.
Además, se fijó un plazo perentorio de dos semanas para que el Reino Unido frene estas actividades, advirtiendo que, de lo contrario, se acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar por medidas provisionales.
En la misiva se rechazó la respuesta británica ante la Asamblea General de la ONU respecto al estatus de las islas y se ordenó accionar penal y administrativamente contra la empresa Thales UK Limited por operar sin autorización argentina en la ruta aérea Malvinas – Punta Arenas.
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