Aliarse con quienes mataron, torturaron y secuestraron (como cuando esa misma fuerza política cuelga banderas el 24 de marzo en Plaza de Mayo con la cara del represor José Ignacio Rucci) representa una traición directa a la memoria colectiva por dos monedas.
La reciente reestructuración impulsada por el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina desató una masiva movilización multisectorial encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma frente al Edificio Libertad, reclamando por el sostenimiento de la Base Aeronaval de Punta Indio (BAPI) con la excusa vil de que sin ella se les cae un pueblo entero que estuvo gobernado desde su creación en 1995 por cuanto populismo se le cruce.
Este escenario deja al descubierto una profunda contradicción política e institucional que atraviesa a la región: sectores ligados al peronismo y al sindicalismo estatal, que históricamente enarbolan falsas banderas de Derechos Humanos, marcharon con carteles exigiendo la continuidad operativa de una unidad castrense que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la Dictadura cívico-militar y cuyas costas sobre el Río de la Plata y la Bahía de Samborombón fueron escenario directo de los trágicos rastros de los vuelos de la muerte.
Fieles a nuestro lema de “Nunca Estado, Jamás Patrulla”, vemos en cualquier alianza táctica con estas estructuras militares pasarse por las partes el compromiso ético innegociable con los 30.000.
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