Las brutales condiciones que el Estado les impone como venganza

Las defensas de los detenidos (con la participación de abogadas de organismos como CORREPI, entre ellas María del Carmen Verdú) y agrupaciones como la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs han denunciado públicamente que el trato judicial y penitenciario que reciben es desmedido y violatorio de los derechos humanos básicos:

• Aislamiento extremo: Se denunció que fueron ingresados bajo regímenes de “alto riesgo” (en el sector conocido como Sigpplar), permaneciendo incomunicados durante las primeras semanas, bajo un esquema de encierro de hasta 20 horas diarias en sus celdas y con restricciones severas para recibir encomiendas o visitas de sus familiares.
• Obstáculos a la defensa: Su abogada denunció que los primeros encuentros debieron realizarse con presencia física de personal policial, rompiendo el principio de confidencialidad entre defensor y asistido. Además, señalaron que el Servicio Penitenciario Federal bloqueó de manera irregular el ingreso de veedores de organismos de Derechos Humanos al penal.
• Magnitud de las carátulas: Las organizaciones denuncian un “operativo político” donde se aplican figuras penales agravadas y asimilables al terrorismo a manifestantes independientes de a pie, con el objetivo de disciplinar y desincentivar la protesta callejera frente a las medidas de ajuste.

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