El camino al conflicto y la sanción de la Ley de Movilidad
La tensión acumulada durante la primera mitad del año encontró su canal de drenaje en el Congreso, donde la oposición legislativa logró avanzar en un proyecto para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria que venía por decreto.
La ley buscaba otorgar un aumento, aunque modesto, para compensar la inflación acumulada y garantizar un piso mínimo que cubriera la canasta básica.
A medida que el proyecto avanzaba y sumaba el rechazo absoluto del Poder Ejecutivo —que argumentaba que cualquier concesión ponía en riesgo el déficit cero—, las marchas de los miércoles empezaron a ganar volumen político.
El Presidente Milei apostó a la Gran Cristina e intentó argumentar con la estupidez que les Jubilades quiebran al Estado.
Los jubilados ya no marchaban solos en los márgenes de la agenda pública; la inminencia de la sanción y la amenaza explícita del veto presidencial convirtieron las inmediaciones del Palacio Legislativo en un hervidero.
La aprobación final de la ley en el Senado no trajo calma, sino que aceleró la cuenta regresiva hacia una confrontación que se volvía inevitable.
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