Una violencia estatal de nunca acabar
Les veníamos diciendo desde mayo de 2019 que el Estado se iba a resistir por múltiples motivos se iba a resistir por todos los medios a su alcance a que se cumpla la sentencia que el Pueblo Pilagá logró obtener por la Masacre de Rincón Bomba, perpetrada contra el Pueblo Pilagá en 1947, por órdenes del a la sazón Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón.
El Estado sigue sin escatimar en violencias hacia los pueblos originarios y teniendo a un admirador como Milei del dos veces Presidente de la Nación, el criminal General Julio Argentino Roca, el Estado nacional hoy más que nunca se comprometerá en pulverizar lo antes posible este fallo.
Podríamos enumerar una serie de consecuencias que el Poder observa en este fallo:
- Políticas: para nosotros la razón madre de todas las otras que no puede quedar precedente del Estado condenado de ninguna manera por abusar de minorías y cometer etnocidio, por no decir genocidio y no solamente en dictadura. Ninguna persona de las que pasaron por el Poder Ejecutivo tienen ningún interés y creemos que la pasará por el Poder Ejecutivo se han creído lo menos que sultanes y reconocerse desde esa nube de flatos como seres falibles no los convence.
- Judiciales: con tanto crimen que el Estado argentino ha cometido contra pueblos enteros, se llenarían los juzgados de reclamos que tendrían en este precedente un punto de partida muy fuerte. Sería muy costoso para el Estado atender esa demanda de causas y prefiere jugar sus últimas fichas a fondo. No hay Estado en el mundo que quiera gastar dinero en ser condenado y teniendo la verticalidad que el Poder Judicial tiene con el mismo, no hay que esperar milagros.
- Económicas: de prosperar todos los reclamos, segura consecuencia de que no aniquilen a este, el Estado deberá indemnizar a cuanto grupo pudiera haber en el pasado masacrado. Más empleos en la burocracia judicial, más gastos para el Estado que no obtendrá ningún beneficio y si mucho dinero en que gastar por ser condenado. Están gritando por las indemnizaciones a los desaparecidos de la última dictadura militar y no quieren pagar más de la de ellos, que en realidad es la nuestra.
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