En su acuerdo del martes 30 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó, por unanimidad, dos planteos contra la vigencia de la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo.

En efecto, el máximo tribunal rechazó dos acciones de amparo de colectivos antiderechos contra el Estado Nacional, reclamando la inconstitucionalidad de la legislación que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en diciembre de 2020 por el Senado y que entró en vigencia el 24 de enero de 2021.

La sentencia sobre la cuestión ha quedado firme, ya que se han agotado las instancias posibles para el caso. Es posible que la tozudez de los antiderechos los lleve a intentar nuevas vías en este sentido, que mientras no pasen de ésto y tomen el cariz de los ultraviolentos antiderechos estadounidenses, solamente harán perder tiempo a las cortes en sus berrinches y no más que ello.

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