EL FRENESÍ AUTORITARIO DE MILEI ARRASA CON TODA FRONTERA
En el frente judicial interno, asistimos a una demostración del alineamiento del Poder Judicial.
La Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le concedió un recurso de queja con efecto suspensivo al Ministerio de Capital Humano, frenando las multas diarias (astreintes) de $100.000 que el juez Martín Cormick había impuesto a la Jefatura de Gabinete.
La sanción buscaba obligar al Ejecutivo a cumplir con las cautelares firmes sobre la actualización presupuestaria de la educación superior. Bajo el pretexto procesal de “evitar un gravamen irreparable”, la alzada le otorga una bocanada de aire al Gobierno y aplaca la exigencia sobre un incumplimiento presupuestario flagrante.
A este blindaje judicial se le suma la instauración del Decreto 1205/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo impone el secreto militar sobre todas las contrataciones, compras de armamento y tecnología destinadas a las Fuerzas Armadas y Defensa. Para eludir al Congreso y a la Auditoría General de la Nación, resucitaron el Decreto Ley 9390 de 1963 (dictado durante la dictadura de José María Guido.
La maniobra anula la Ley de Acceso a la Información Pública y elimina las licitaciones abiertas en favor de compras directas sin trazabilidad. Bajo la excusa de la confidencialidad estratégica, ocultan si los fondos en dólares se destinan a la soberanía o al equipamiento de ciberpatrullaje e inteligencia para la contención de la protesta social.
Mientras la opacidad se consolida internamente, la proyección internacional repite el mismo patrón de discrecionalidad. Entre el 19 y el 22 de octubre de 2026, la comitiva presidencial desplegó una gira oficial por Madrid.
Sin embargo, la agenda no se centró en gestiones bilaterales de Estado, sino en disertaciones ante foros afines (Nueva Economía Forum), encuentros académicos privados (con Jesús Huerta de Soto) y visitas de militancia partidaria a la Fundación Disenso (Vox) e Isabel Díaz Ayuso (PP).
El uso de aviones oficiales, seguridad, alojamiento y viáticos pagados por el Estado para promover la imagen político-personal del mandatario consolida la subordinación de la diplomacia profesional a una cruzada doctrinaria privada.
¡Vamos a los informes!
El verdadero peligro de este frenesí no radica únicamente en las agresiones verbales o en las giras de autopromoción por Europa a costa de los jubilados y la universidad pública. El peligro de fondo reside en el desmantelamiento sistemático de los mecanismos de control republicano.
Cuando la justicia aplica atajos para no castigar la desobediencia del Estado, cuando se desempolvan leyes de facto para cerrar los libros de contabilidad del presupuesto de defensa, y cuando el erario se confunde con la caja chica del turismo de partido, la frontera entre el estado de derecho y el arbitrio autoritario termina de borrarse.
Cada espacio de fiscalización que la sociedad abandona o tolera por cansancio es una garantía institucional confiscada para siempre. No hay soberanía posible entre compras militares bajo la sombra y discursos de barricada financiados con el bolsillo de los de abajo.
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