El odio extremo de un individuo como Política de Estado

Durante octubre de 2026, el conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario y la Recomposición Salarial Docente y No Docente escaló a un choque institucional y callejero de máxima tensión, coronado con la quinta marcha federal universitaria del 15 de octubre.
Frente a los fallos judiciales y las medidas cautelares impulsadas tras la demanda del Consejo Interuniversitario Nacional, el Poder Ejecutivo de Javier Milei respondió con apelaciones dilatorias, decretos y desobediencia sostenida, mientras la protesta estudiantil y la movilización social chocaban con el aparato represivo y mediático.
- Inconstitucionalidad, desobediencia y el torniquete de las astreintes: El 6 de octubre de 2026, la justicia federal declaró inconstitucional el congelamiento de la ley de financiamiento universitario y el veto encubierto del decreto oficial, pero el Ejecutivo apeló escudándose en el déficit cero. El 14 de octubre, el juez Martín Cormick impuso astreintes (sanciones conminatorias acumulativas y diarias del artículo 804 del Código Civil y Comercial, no indemnizatorias ni sujetas a daño probado) de 100.000 pesos diarios a la Jefatura de Gabinete encabezada por Diego Santilli por el incumplimiento reiterado. Sin embargo, el 16 de octubre, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió con efecto suspensivo la apelación por un recurso de queja del Ministerio de Capital Humano para evitar un presunto gravamen irreparable, aunque sin dar por cumplida la cautelar ni avalar la conducta oficial.
- Calle, represión, obediencia debida y fijación contra la universidad: En torno a la marcha del 15 de octubre, mientras Milei viajaba a Estados Unidos, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello calificó de toma violenta y denunció penalmente una sentada pacífica en el Palacio Pizzurno frente a un retraso salarial docente cercano al 34%, y al cierre de la jornada policial se registraron al menos 21 detenidos. A ese escenario se sumó el encuadre mediático masivo (con C5N señalado en el análisis) buscando infiltrados o deslegitimando la protesta, mientras se marca que la obediencia debida no ampara órdenes manifiestamente ilegales ni inconstitucionales, y que el ensañamiento contra la UBA y la educación superior expresa una fijación extrema que amenaza la soberanía intelectual y la viabilidad del Estado nacional.
¡Vamos a los Informes!

Que una sala de cámara ponga en pausa un contador diario no borra el desacato ni vuelve legal lo que nace torcido: cuando el Ejecutivo gobierna a fuerza de decretos, chicanas, garrote y fijación patológica contra la universidad pública, el límite no lo marca la buena voluntad de quien se cree monarca, sino la persistencia organizada en la calle y la exigencia de que la ley y los derechos no se arrodillen ante ningún capricho de poder.
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