Manuel Adorni vuelve a quedar en el centro de la tormenta judicial: tras su descargo, la fiscalía de Gerardo Pollicita consideró que sus explicaciones no cierran y exigió una batería de medidas técnicas y financieras concretas para auditar su patrimonio.

Ante las explicaciones aportadas por la defensa sobre el origen de sus fondos y la evolución de sus bienes, la fiscalía profundizó la investigación con requerimientos específicos que apuntan directamente al circuito financiero y fiscal del ex-Funcionario.

Las diligencias solicitadas incluyen medidas contundentes:

• Peritaje criptográfico: Una verificación técnica a cargo de la Policía Federal sobre ocho direcciones de Bitcoin para corroborar la existencia, titularidad y correspondencia de los fondos declarados por la venta de criptoactivos.
• Antecedentes laborales y previsionales: Pedidos formales a la ANSES para reconstruir la historia laboral completa de Adorni (desde 1998) y de su pareja (desde 2000), abarcando remuneraciones, aportes y actividades autónomas.
• Información fiscal y cambiaria: Requerimientos a organismos como ARCA para detallar operaciones de compra de moneda extranjera, además del análisis de inmuebles, vehículos y la eventual participación en sociedades o asociaciones.

Cuando las justificaciones patrimoniales se chocan con peritajes a billeteras virtuales, cruces de datos fiscales y rastreos de ingresos históricos, el relato oficial se debilita. La Justicia demuestra que la rendición de cuentas exige pruebas materiales y no meros descargos de papel.

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