El Gobierno de Milei y la suma de todos los odios
La maniobra oficial opera como un sistema integral de disciplinamiento.
En el plano educativo, se manifiesta en el boicot sistemático al financiamiento universitario, la negativa a cumplir con la ley ratificada en el parlamento y el desacato a las cautelares de la Corte Suprema que exigen recomponer los salarios docentes y los fondos para programas como el Progresar, una realidad expuesta sin filtros en la fallida audiencia convocada por el juez Martín Cormick.
En el plano social, esa misma negativa a reconocer derechos se traduce en una ocupación militarizada del Congreso con tropas federales y vehículos tácticos para cazar manifestantes.
Esto revela unaa sincronización perfecta entre el ahogo institucional y la violencia física: mientras los funcionarios simulan falsas instancias de conciliación en los tribunales, los medios hegemónicos montan un relato fraudulento de “destrozos” y mampostería rota para justificar el gas pimienta, las detenciones arbitrarias y la cacería de trabajadores, estudiantes y periodistas en las plazas del país.
La motosierra contra las aulas y las tanquetas contra la protesta popular responden exactamente a la misma lógica: doblegar por la fuerza y la penuria a una sociedad que se resiste a la demolición de sus derechos básicos.
¡Vamos a los informes!
Destruir la Universidad pública y reprimir al pueblo con tanquetas y gases no es equilibrio fiscal ni liberalismo; es lisa y llanamente una regresión al poder absoluto. Un gobierno que necesita vaciar de contenido al futuro en las aulas y blindarse con fuerzas de choque en las calles demuestra que su única herramienta de supervivencia es el miedo y la ilegalidad institucionalizada.
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