La Declaración Patrimonial de la Familia Presidencial
La presentación formal de las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2025 dejó al descubierto los números patrimoniales del presidente Javier Milei y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia,
Karina Milei. Según los datos oficiales informados ante la Oficina Anticorrupción, los bienes del mandatario treparon hasta los $295,2 millones, lo que representa un incremento nominal del 43,3% en comparación con los cerca de $206 millones declarados al cierre de 2024.
Milei no compró nuevas propiedades ni incorporó flota pesada a su patrimonio. De los casi $89 millones de incremento nominal bruto, unos $73 millones obedecen pura y exclusivamente a diferencias de valuación de los mismos activos que ya poseía al llegar a la Casa Rosada (una casa en la Ciudad de Buenos Aires y dos vehículos: una Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015 y un Peugeot RCZ Coupé modelo 2013).
En la misma línea, sus tenencias en moneda extranjera se mantuvieron prácticamente idénticas —unos 20.000 dólares en efectivo y cerca de 65.500 dólares en una caja de ahorro—, por lo que su patrimonio medido en dólares se mantuvo prácticamente inalterable, amortiguado por el salto en la cotización oficial del tipo de cambio.
Por su parte, el patrimonio de Karina Milei registró un salto porcentual mucho más sugestivo y agresivo al triplicarse y alcanzar los $35,3 millones, un incremento impulsado casi en su totalidad por la revaluación de su departamento en territorio porteño y la incorporación de una cuenta en una billetera virtual.
Los dibujos en cuestión muestran que el patrimonio de los dos no aumentó en términos objetivos, si no que casi exclusivamente se revaluó al ritmo de la inflación, con la salvedad de que Karina Milei parece abrir una ventana para en un futuro incorporan un blanqueo de algunos dineros a través de la cajita virtual que puso como novedad en esta declaración.
Más allá del relato de austeridad que suele rodar a estas presentaciones, este comportamiento no constituye un rasgo excepcional de moderación personal, sino el resultado obligado del diseño contable y legal de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, donde las cifras se ajustan de manera automática para reflejar las variaciones de precios y el impacto cambiario sobre un patrimonio preexistente, más que una transformación real en la capacidad de ahorro del Mandatario.
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