Los cultores del odio en problemas en los Tribunales
No estamos ante hechos aislados ni meros desvíos administrativos, sino frente a una estrategia sistemática de persecución, ahogo presupuestario y utilización de los tribunales como trincheras partidarias.
El conflicto por la Ley 27.795 de financiamiento universitario y el activismo reaccionario desde los estrados forman parte del mismo combo de desguace institucional que el Ejecutivo impulsa y defiende a capa y espada.
La convocatoria del juez Martín Cormik (Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11) para una audiencia fijada para el próximo 21 de agosto, cuyo objetivo es destrabar el conflicto presupuestario y forzar al Gobierno a cumplir con la ley frente a su tendal de maniobras dilatorias.
Veremos también el fallo histórico del 39º Jurado de Enjuiciamiento que destituyó por unanimidad al juez federal Alfredo López por mal desempeño, tras comprobarse que sus publicaciones en la red social X cruzaron los límites de la libertad de expresión para encuadrar en discursos de odio bajo el test de Rabat.
¡Vamos a los informes!
No es que el sistema se depura por vocación democrática: nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que cuando el desmadre político y la operación judicial se vuelven insostenibles, el costo de blindar a estos personajes se vuelve demasiado alto para las propias corporaciones.
La realidad institucional y el peso de los hechos terminan arrasando con el capricho del poder de turno y de todas las castas. La protección colapsa ante el peso de las barbaridades de quiénes, a pesar de todo, exceden algún límite insalvable.
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