Los privilegios de la pertenencia a las castas dominantes
Lo ocurrido en Avellaneda es la radiografía del poder feudal más rancio. La intendenta Magdalena Sierra y su esposo, Jorge Ferraresi, han convertido la gestión pública en una empresa familiar bicéfala.
Tras “licenciarse” de su cargo, el ex-Intendente regresa mediante un decreto de su propia pareja a un puesto de asesoramiento creado a medida, con un salario millonario pagado por los vecinos. No es gestión, es la administración de la cosa pública como un negocio conyugal.
La voracidad no distingue escalas. El reciente decreto que entrega Tecnópolis al “Consorcio de la Nación” y la multinacional Live Nation pone en evidencia que los vetos y las disputas presidenciales son apenas teatro para la tribuna.
Tras bambalinas, se condonan cánones millonarios y se regalan 54 hectáreas de infraestructura estratégica por 25 años. La lección es clara: el “austericidio” es solo para el ciudadano de a pie; para los grandes amigos del poder, siempre hay un contrato jugoso esperando.
El caso de Pedro Brieger no es solo una cuestión de ética, es una prueba de la protección institucional a los verdugos de la decencia. Tras haber sido señalado por 19 mujeres por conductas de acoso y agresión sexual, el Estado, a través de RTA, no solo le pagó una fortuna millonaria para evitar el juicio, sino que ahora permite que el sistema laboral lo habilite a reclamar cientos de millones adicionales en concepto de “intereses”.
Mientras las víctimas son abandonadas, el Estado abre la billetera para financiar la impunidad de los suyos.
¡Vamos a los informes!
Lo que presenciamos no es una crisis de gestión, es la consolidación de un sistema de privilegios donde la moralidad es un costo descartable y el Estado es el financista hasta de los depredadores pertenecientes a las casta del Poder.
Ya sea en un despacho municipal, en un predio nacional o en los pasillos de los medios públicos, la matriz es idéntica: se estatizan las pérdidas, se tercerizan las responsabilidades y se premia la lealtad de la casta con el esfuerzo de la sociedad.
La casta no se fue; simplemente se mudó de sillón y actualizó sus honorarios a costa de una ciudadanía que, aparentemente, está condenada a sostener con sus impuestos este festín de impunidad y cinismo.
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