Introducción al Informe
El relato oficial: El Poder Ejecutivo sostiene que la Argentina atraviesa una crisis terminal de natalidad y culpa de manera directa a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en 2020.
La realidad estadística: Los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) desmienten esta causalidad. La caída de los nacimientos comenzó de forma sostenida en 2014 (un 47% menos en una década).
El ataque a las transferencias directas: Mientras el Gobierno exige demográficamente que la población tenga más hijos, desfinancia los mecanismos históricos de sostén a la niñez. La licuación del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) frente a la inflación y el desmantelamiento de programas de salud pública demuestran que el Estado no está dispuesto a garantizar la subsistencia de los nuevos nacimientos.
La paradoja de la prevención: Al desfinanciar programas de entrega de anticonceptivos y educación sexual, el Gobierno no solo sabotea la planificación familiar, sino que agrava las condiciones económicas de los hogares más vulnerables, forzándolos a la pobreza.
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