La revictimización y amedrentamiento del Peronismo sobre Melody Rakauskas

El Arsenal de la revictimización

A lo largo de estos años, Melody Rakauskas no solo tuvo que lidiar con las secuelas del abuso denunciado en mayo de 2021, sino con una verdadera guerra de desgaste diseñada para forzar su renuncia.

El operativo desplegado para salvar a Espinoza se ejecutó en cuatro fases impecablemente coordinadas:

1. La difamación moral y el estigma de la prensa parapolicial

Ante la solidez de las primeras pruebas, las terminales periodísticas adictas al presupuesto oficial y los voceros de la defensa montaron el relato de la “extorsionadora”. Se instaló la hipótesis de una supuesta agente infiltrada encargada de seducir y chantajear dirigentes, juzgando la conducta de la víctima en los medios mientras se tapaba la gravedad del delito imputado.

2. La patologización de la víctima: “Esta chica está loca”

Cuando los informes oficiales confirmaron el daño psicológico compatible con la agresión sexual, la contramaniobra fue tildarla de inestable. Se filtraron datos de su vida privada, se la hostigó en pericias y se llegó al extremo institucional de sugerir que padecía “delirios de persecución” para restarle validez a su testimonio.

3. El amedrentamiento en el territorio

El acoso no fue solo de palabra. Rakauskas denunció seguimientos por parte de vehículos sin patente en las inmediaciones de su domicilio, llamadas amenazantes para exigirme que levantara la denuncia —origen de la causa por desobediencia que arrastra el intendente— y amedrentamientos violentos en la vía pública, incluyendo un siniestro vial no esclarecido que la terminó dejando internada en terapia intensiva.

4. La asfixia procesal y el acoso judicial permanente

Por último, el propio aparato judicial operó como brazo ejecutor del desgaste. Mientras a Espinoza le garantizaban plazos eternos, a la víctima la notificaban en su casa de causas armadas en fueros locales para obligarla a gastar recursos y tiempo en defenderse de contraacusaciones, empujándola finalmente a la trampa de la falta de patrocinio letrado que la Cámara de Casación definió acertadamente como “indigencia letrada”.

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