La farsa de la transparencia explota en las manos de quienes llegaron a limpiar la casta. Francisco Adorni, que para colmo de ironía es perito contador y exfuncionario del Consejo de la Magistratura bonaerense (es decir, alguien que sabe perfectamente cómo se dibuja y cómo se esconde un número), está en la mira del fiscal Guillermo Marijuán, quien ya empuja con fuerza el pedido de declaración indagatoria. Pero Rafecas, antes de firmar el llamado, decidió cercarle todas las salidas.

Primero, la ruta del dinero bancario. El juez le clavó un requerimiento seco al Banco Provincia para desmenuzar cómo corno Adorni canceló, entre 2024 y 2026, un crédito hipotecario de nada menos que 60 millones de pesos. Quieren saber de qué caja salieron los billetes y si coinciden con su sueldo público, o si estamos ante otra magia de la contabilidad libertaria. Segundo, le exigió a la Legislatura provincial su última declaración jurada y mandó oficios urgentes al Registro de la Propiedad Inmueble para auditar de arriba abajo la titularidad, el valor real y las dudosas formas de incorporación de dos propiedades bajo sospecha.

Pero el colmo del cinismo llega con el truco de la “herencia”. Resulta que, con la causa judicial ya en trámite y las papas quemando, Adorni metió una rectificación de urgencia alegando que le aparecieron 21 millones de pesos provenientes de una sucesión. Una jugada tardía que Rafecas mandó a cruzar con lupa porque los números no cierran con los que declaró su propio hermano, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, respecto al fallecimiento del padre de ambos. Ni para heredar se ponen de acuerdo: los montos se dan de patadas.

Y como si este barro patrimonial no alcanzara, la Cámara Federal acaba de unificar en Comodoro Py otra bomba pesada contra el diputado: una investigación por presuntas transas en un crédito escandaloso de 40.000 millones de pesos vinculado al Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas (IAF) y a la obra social IOSFA.

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